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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04861-00

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04861-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Declarar improcedente la tutela instaurada por el señor Jairo Enrique Chaparro Cepeda, de conformidad con lo expresado en la motivación precedente. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Radicado: 11001-03-15-000-2024-04861-00 .

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04861-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de octubre de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04861-00
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04861-00
Accionante: Jairo Enrique Chaparro Cepeda
Accionados: Municipio de Sogamoso y otro

Temas: Acción de tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa, por no notificar en
debida forma el comparendo y resolución sanción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Jairo Enrique Chaparro
Cepeda, en nombre propio, en contra del municipio de Sogamoso y el Instituto
de Tránsito y Transporte- INTRASOG.

ANTECEDENTES

El señor Jairo Enrique Chaparro Cepeda instauró acción de tutela, en aras de
que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa,
los cuales considera vulnerados por las entidades antes mencionadas.

HECHOS

Manifestó que “varios años después de ocurrido el hecho” ingresó a la página
www.simit.org.co, donde se enteró que le habían impuesto el comparendo núm.
1715, el cual no pudo recurrir, dado que nunca se le notificó como lo establece el
artículo 22 de la Ley 1383 de 2010 y, tampoco se le envió el formulario único
nacional, como lo establecen los artículos 135 inciso 5 y 137 inciso 2.° de la Ley
769 de 2002.

Que debido a ello, elevó petición ante la Secretaría de Tránsito de Sogamoso

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(sic), donde le informaron que el comparendo se notificó por aviso dos veces.

Considera que las entidades accionadas le transgreden sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, ya que no notificaron en debida
forma el comparendo, desconocieron que en el sistema aparecía su dirección de
residencia y número telefónico y pese a ello decidieron hacerlo por aviso.

Solicitó que antes de declarar improcedente la acción de tutela se tenga en
cuenta que, en vista de que no se notificó en debida forma el procedimiento
administrativo no tuvo conocimiento de la decisión y, por ende, no pudo recurrir
la misma y mucho menos interponer demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho dentro del plazo de 4 meses, el cual ya venció. Pidió tener en cuenta los
siguientes fallos T-1035 de 2004, T–267 de 2013 y T-094 de 2013.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, se ordene
a la Secretaría de Tránsito de Sogamoso revocar el Comparendo núm. 1715 y la
resolución sancionatoria.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 12 de septiembre de 2024 se dispuso la admisión y se ordenó notificar
al municipio de Sogamoso y al Instituto de Tránsito y Transporte- INTRASOG.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El municipio de Sogamoso allega informe donde solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, pues es el Instituto de Tránsito y
Transporte de Sogamoso – INTRASOG, el encargado en materia de tránsito y
transporte en el municipio.

Por otro lado, señala que la acción de tutela resulta improcedente por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad, pues se cuenta con el medio de control

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de nulidad y restablecimiento del derecho.

El Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso – INTRASOG allega
informe donde señala que dio respuesta a la solicitud presentada por el actor el
28 de agosto de 2024, adjuntando copia de la resolución de mandamiento de
pago, la cual se notificó por aviso y la Resolución sanción núm.
99999999000002871715 que se notificó por estrados.

Afirmó que el Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso dentro de su
jurisdicción no cuenta con sistemas de foto-detección; que el comparendo al actor
se impuso de manera personal y el señor Jairo Enrique Chaparro Cepeda firmó
la notificación: por lo que el Consejo de Estado ha defino la orden de comparendo
como una citación por parte de la autoridad de tránsito, para que el presunto
infractor acuda a la autoridad con el fin de pagar la sanción derivada de dicha
violación o a su discusión en audiencia pública -en la que se podrá solicitar
practica de pruebas-, la que, por su parte, culmina mediante fallo absolutorio o
sancionatorio que se notifica en estrados.

Que contra dicha determinación, procede recurso de reposición o apelación
según el caso, en razón de la cuantía de la multa o de la naturaleza de la sanción
impuesta.

Que sin embargo el actor optó por dejar pasar los términos para posteriormente
solicitar la prescripción del comparendo en mención, solicitud que fue negada,
toda vez que el debido proceso se realizó con apego a la norma de tránsito
vigente.

Agregó que la notificación por correo certificado que señala el inciso 3.° del
artículo 22 de la Ley 1383 de 2010 hace referencia a las órdenes de comparendo
impuestas a los vehículos de servicio público, lo cual no aplica al caso, pues se
trata de un vehículo de servicio particular.

Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, pues INTRASOG
atendió de manera oportuna y de fondo la petición que elevó el actor.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

A efectos de decidir la presente acción, se abordarán los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) acción de tutela contra acto
administrativo; III) debido proceso administrativo y IV) caso concreto.

I) Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. Es un mecanismo autónomo, subsidiario y
sumario.

II) Acción de tutela contra acto administrativo

La Corte constitucional1 ha definido, por regla general, que la acción de tutela
es improcedente para controvertir actos administrativos, en atención a la
presunción de legalidad que los reviste, a la existencia de mecanismos judiciales
de los medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las
actuaciones de la administración en el ordenamiento jurídico. También ha
señalado que en vigencia de la Ley 1437 de 2011 la procedencia de la tutela es
aún más excepcional ante la posibilidad de que, se soliciten medidas cautelares
o provisionales de urgencia, lo cual genera que dichos medios de control
establecidos sean idóneos y eficaces para la protección de los derechos
fundamentales.

En relación con las actuaciones del trámite contravencional precisó la Corte
Constitucional2 que “cuando la entidad accionada, en un obrar negligente o
abusivo, no ponga en conocimiento del ciudadano afectado el inicio de una
actuación administrativa adelantada en su contra, el procedimiento

1 Sentencia T 149 de 2023
2 Sentencia T 051 de 2016

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administrativo queda viciado de nulidad, debido a que se impide el ejercicio del
derecho de defensa. En consecuencia, se vulnera el derecho fundamental al
debido proceso. En ese evento, deberá estudiarse si con el acto administrativo
proferido se puede ocasionar un perjuicio irremediable, de ser así resulta
procedente acudir a la acción de tutela, de lo contrario se debe acudir al medio
de control ordinario previsto por el legislador”.

III) Debido proceso administrativo

El artículo 29 de la Constitución Política prevé que el debido proceso “se aplicará
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. En relación con las
actuaciones administrativas, el debido proceso “limita los poderes del Estado y
establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de
modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades (…) dependa de su
propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos
señalados en la ley”3

La Corte Constitucional ha identificado como finalidades del debido proceso
administrativo, asegurar el ordenado funcionamiento de la administración,
garantizar la validez de sus actuaciones y resguardar el derecho a la seguridad
jurídica y a la defensa de los administrados4, los cuales se satisfacen mediante
4 componentes, esto es: a) el acceso a la justicia en libertad e igualdad de
condiciones; b) el ejercicio de la legítima defensa; c) la determinación de
trámites y plazos razonables y d) la imparcialidad en el ejercicio de la función
pública administrativa.

De igual forma, el debido proceso administrativo garantiza, entre otros, los
siguientes derechos: 1) ser oído durante toda la actuación; 2) la notificación
oportuna y de conformidad con la ley; 3) que la actuación se surta sin dilaciones
injustificadas; 4) que se permita la participación en la actuación desde su inicio
hasta su culminación; 5) que la actuación se adelante por la autoridad
competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el

3 Ver sentencias T-465 de 2009, C-980 de 2010, T-559 de 2015, T-051 de 2016 y T-595 de 2020 y T 279 de

2023.
4 Sentencia T-465 de 2009.

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ordenamiento5; 6) gozar de la presunción de inocencia; 7) el ejercicio del
derecho de defensa y contradicción; 8) solicitar, aportar y controvertir pruebas y
9) impugnar las decisiones y promover la nulidad de aquellas obtenidas con
violación al debido proceso6.

IV) Caso concreto

El señor Juan Enrique Chaparro Cepeda alega la transgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, por parte del municipio de
Sogamoso y el Instituto de Tránsito y Transporte- INTRASOG, por no notificar en
debida forma el Comparendo núm. 99999999000002871715 del 29 de mayo de
2017.

Al respecto cabe destacar que la resolución que impone una sanción por
infracción de las normas de tránsito, es un acto administrativo particular7 y para
controvertir esta clase de decisiones, el ordenamiento jurídico establece otros
medios diferentes a la acción de tutela.

No desconoce la Sala lo argumentado por el actor, en el sentido de que no pudo
agotar en tiempo, ante la administración, los recursos previstos en la ley, por la
falta de notificación del procedimiento y que bajo ese argumento, considera que
debe proceder la acción de tutela.

No obstante, la acción de tutela resulta improcedente, toda vez que, de ser cierto
lo afirmado, el actor podría controvertir el acto administrativo mediante las
acciones contencioso-administrativas, exponiendo lo aquí argumentado para
discutir la caducidad de los medios de control; así como la imposibilidad agotar
los recursos al interior de la actuación administrativa. De igual manera ha podido
ejercer su defensa al interior del proceso de cobro coactivo, una vez conoció la
existencia de este.

5 Al respecto, la Corte ha insistido en que “no cualquier irregularidad en el trámite constituye una vulneración

al debido proceso. Para que una irregularidad procesal configure una vulneración al debido proceso debe
tener la capacidad de alterar de manera grave el proceso, tornándolo en injusto, o debe resultar en una
privación o limitación del derecho de defensa”.
6 Sentencia T 279 de 2023.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera Ponente: Susana

Buitrago Valencia, Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015).

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Valga decir, al margen, que en la documentación aportada por la entidad
accionada obra el documento (comparendo) generado de manera presencial al
señor Chamorro Cepeda y suscrito por este, sin embargo indica, por una parte,
que conoció a raíz de que ingresó a www.simit.org.co, sin manifestar en qué fecha
lo hizo.

Tal situación indica que sí ha tenido la oportunidad de ejercer los medios de
defensa puestos por el ordenamiento jurídico a su disposición, sin embargo,
interpone la acción de tutela, pasando por alto que este no es un medio alternativo
de defensa, ni es supletorio de aquellos.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela por no satisfacer
el requisito de subsidiariedad, situación que impide que el juez constitucional
revise si el acto administrativo contra el que se dirige la acción de tutela; pues tal
actuación desborda las competencias propias e invade las que corresponden al
juez natural de la causa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Declarar improcedente la tutela instaurada por el señor Jairo Enrique
Chaparro Cepeda, de conformidad con lo expresado en la motivación precedente.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC

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