Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04867-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04867-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04867-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
17 de octubre de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04867-00
Demandante: Diego Fernando Zambrano Macías
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04867-00
Demandante: Diego Fernando Zambrano Macías
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y otro
Temas: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: reparación directa - daño a la
salud de conscripto de la Policía Nacional. Subtema 2: caducidad del medio de
control. Subtema 3: defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por Diego Fernando Zambrano Macías en ejercicio de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Diego Fernando Zambrano Macías presentó acción de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de los autos del 21
de octubre de 2022 y el 15 de marzo de 2024, proferidos por el Juzgado Cincuenta y
Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, respectivamente, en el medio de
control de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-43-058-2022-
00204-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Pretensiones
La parte actora solicitó en el escrito de tutela:
[…] PRIMERO. - TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, notoriamente vulnerados por las autoridades judiciales
accionadas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04867-00
Demandante: Diego Fernando Zambrano Macías
Demandado: Tribunal Administrativo del Cundinamarca y otro
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO la providencia proferida por el H. Juzgado 58
Administrativo Del Circuito De Bogotá- Sección Tercera, de fecha 21 de octubre de
2022, por medio de la cual resolvió rechazar la demanda de Reparación Directa por
caducidad.
TERCERO. DEJAR SIN EFECTO la providencia proferida por el H. Tribunal
Administrativo De Cundinamarca-Sección Tercera, de fecha 15 de marzo de 2024, por
medio de la cual resolvió confirmar el auto proferida por el H. Juzgado 58 Administrativo
Del Circuito De Bogotá- Sección Tercera, que rechazo la demanda de Reparación
Directa por caducidad.
CUARTO. ORDENAR a las autoridades judiciales accionadas, emitan una nueva
decisión admitiendo la demanda de Reparación Directa […]1.
2.2. Hechos
La parte actora expuso, como fundamento de sus pretensiones, los hechos que se
resumen a continuación:
Diego Fernando Zambrano Macías, Kelly Vanessa Illeras Molina, Ariana Valentina
Zambrano Illeras, Ana Herlinda Macías Hernández, Ángela Janeth Zambrano Macías,
Sandra Milena Romero Macías, Blanca Esperanza Macías y Alfredo Frandy Macías,
en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra
de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se les
declarara responsables por los perjuicios causados al primero de estos, con ocasión
de las lesiones que sufrió como consecuencia de la onda generada por unos artefactos
explosivos, en hechos ocurridos el 20 de junio de 2015, mientras prestaba el servicio
militar obligatorio como auxiliar de policía.
El asunto correspondió conocerlo bajo el radicado núm. 11001-33-43-058-2022-
00204-01, al Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
autoridad que, con auto del 21 de octubre de 2022, rechazó la demanda al considerar
que había operado la caducidad. La parte demandante interpuso recurso de apelación
en contra de esta decisión.
En segunda instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con providencia del 15 de marzo de 2024, confirmó
lo resuelto por el a quo, porque encontró que Diego Fernando Zambrano Macías tuvo
conocimiento de sus lesiones desde el 20 de junio de 2015, por lo que el término de
vigencia del medio de control de reparación directa inició a partir del siguiente día, es
decir, el 21 de junio de 2015 y feneció el 21 de junio de 2017.
Explicó que, en la medida en que el señor Zambrano Macías radicó la solicitud de
conciliación extrajudicial el 1 de febrero de 2022 y la demanda, el 25 de julio de 2022,
resultaba evidente que esta última fue interpuesta vencido el término de 2 años
previsto para acudir a la administración de justicia, conforme lo dispone el literal i del
numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
2.3. Fundamentos de la solicitud
El tutelante consideró que sus garantías constitucionales fueron transgredidas, al
configurarse los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente en los autos del
1 Se transcribe incluso con errores.
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21 de octubre de 2022 y del 15 de marzo de 2024, proferidos dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-43-058-2022-
00204-01.
Manifestó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, toda
vez que valoraron indebidamente el acervo probatorio allegado al expediente ordinario,
pues no tuvo en cuenta que con el informe administrativo por lesiones 032/2015 no se
demostró la existencia del daño sufrido, pues fue solo hasta la práctica del «examen
de potenciales evocados auditivos de estado estable» del 29 de septiembre de 2020,
que tuvo certeza de la lesión y de la gravedad de la misma, por lo que, desde esta
última fecha se debió contabilizar el término de vigencia del medio de control de
reparación directa y no antes.
Además, alegó el desconocimiento de los pronunciamientos jurisprudenciales del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la materia.
2.4. Trámite procesal
El Despacho ponente, mediante auto del 13 de septiembre de 20242, admitió la
demanda de tutela; ordenó la notificación del Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo
del Circuito de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B; vinculó como terceros interesados a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional, a Kelly Vanessa Illeras Molina, Ariana Valentina
Zambrano Lleras, Ana Herlinda Macías Hernández, Ángela Janeth Zambrano Macías,
Sandra Milena Romero Macías, Blanca Esperanza Macías y al señor Alfredo Frandy
Macías3.
2.5. Intervenciones
El Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá4 solicitó que
se declarara la improcedencia de la tutela, al considerar que en la decisión cuestionada
se efectuó una valoración adecuada del acervo probatorio, con pleno respeto de las
garantías procesales de las partes, que permitió concluir que se configuró la caducidad
del medio de control de reparación directa.
La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional5 pidió su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no realizó
alguna acción que vulnerara los derechos fundamentales del demandante, pues, no
es la autoridad que profirió las decisiones objeto de controversia.
La Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y
los terceros vinculados guardaron silencio.
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04867-00, índice 5, certificado C2A01A25694779D1 068F39BE349CE630
4DDC7562DFD918F4 8DAFE2D929CA9368.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04867-00, índices 8 y 9.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04867-00, índice 10, certificado E829B2EEAA30D9F5 27293903C83EFD66
3D8DE28C81202290 1C2ECB5ED33B8D87.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04867-00, índice 11, certificado 3335F70C22BD684B C8843396B52B4D52
F8CF031E83E5BEE2 36CC9A8279988D07.
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III. Consideraciones
3.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3.2. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa por activa de Diego Fernando Zambrano Macías se
encuentra acreditada, por cuanto el auto del 21 de octubre de 2022, que fue confirmado
en providencia del 15 de marzo de 2024, declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa que interpuso. Estas decisiones son objeto de tutela y, por lo tanto,
el señor Zambrano Macías es el titular de los derechos fundamentales cuyo amparo
pretende.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Cincuenta
y Ocho Administrativo de Bogotá y de la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la medida en que fueron las autoridades
que emitieron las providencias que, afirmó el tutelante, vulneraron sus derechos
fundamentales.
De la solicitud de desvinculación de la Policía Nacional
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales
cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, tal como lo establece el artículo 13 del
Decreto 2591 de 19916.
La Corte Constitucional7, en relación con la legitimación en la causa por pasiva en los
trámites de tutela, ha considerado lo siguiente:
[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que
haya lugar a ello.
6 Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad
pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o
aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse
la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
7 Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2006.
8 Corte Constitucional, sentencia T-025 de 1995.
9 Corte Constitucional, sentencia T-416 de 1997.
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La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional solicitó su desvinculación
al considerar que no está llamada a responder por la alegada vulneración de los
derechos fundamentales de la parte accionante.
Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de
tercero con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción. En
ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como autoridad accionada, no es
posible declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Por lo motivos
expuestos, se negará su solicitud.
3.3. Cuestión preliminar
La Subsección advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionaron las
decisiones proferidas por el Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, los argumentos que sustentan sus pretensiones son los mismos
respecto a una y otra.
Por lo anterior y en atención a que el auto del 21 de octubre de 2022 fue recurrido y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B desató
lo pertinente a través de la providencia del 15 de marzo de 2024, el reclamo
constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto fue la que
puso fin al asunto.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional11 ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes: i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia
constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial (subsidiariedad); iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo
razonable y proporcionado (inmediatez), iv) que si se trata de una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión
objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los
hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se
aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra
sentencia de tutela.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
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requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que
se configure, al menos, uno de las siguientes causales o defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que la
configuración de los defectos que expuso la parte actora puede comprometer y afectar
sus derechos fundamentales, para cuyo amparo acudió a esta acción constitucional.
El accionante no cuentan con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios
para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias
respectivas dentro del proceso de reparación directa en el que se profirió la decisión
objeto de tutela.
El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la providencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B el 15
de marzo de 2024 se notificó a las partes el 14 de junio de 2024 14, y la demanda de
tutela se presentó el 11 de septiembre de 202415, esto es, dentro del plazo de seis (6)
meses establecidos por la jurisprudencia Constitucional16 y el Consejo de Estado17
como razonable.
La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los hechos
y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos fundamentales, y
estos no consisten en una irregularidad procesal. Finalmente, la providencia
reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela.
De acuerdo con lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales
específicas en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales de la parte
demandante. En particular, deberá establecer si incurrió en los defectos fáctico y de
desconocimiento del precedente judicial en el auto del 15 de marzo de 2024, que
confirmó la decisión que declaró la caducidad del medio de control de reparación
13 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14 Samai, exp. 11001334305820220020401, índice 10.
15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04867-00, índice 2, certificado D156EAFADE446CF1 D276E581E9B5A24D
520EC835EE489714 1994BF036BC87FF2.
16 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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directa promovido por Diego Fernando Zambrano Macías y algunos de sus familiares
en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
Para el efecto se estudiará: (i) generalidades de los defectos alegados; (ii) la
caducidad del medio de control de reparación directa; y (iii) el caso en concreto.
3.5.1 Generalidades de los defectos alegados
El Defecto fáctico
De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto fáctico
cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión»18. Este vicio en la valoración probatoria debe
ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión»19
objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra
negativa.
La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia y da
valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una
valoración por “completo equivocada”»20. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»21.
En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso22.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el análisis
del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia
judicial23, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, por qué el juez
ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse en una
18 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
22 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
23 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
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instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»24.
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por lo
menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión judicial
cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en cada
caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]25.
El desconocimiento del precedente judicial
El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas.
Al respecto, la Corte Constitucional26 ha considerado que el precedente se define como
«la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su
pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo».
Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede clasificar
en dos clases, a saber: «(i) el precedente horizontal, el cual hace referencia a las
decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el
mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones
adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia»27.
Así, el precedente horizontal supone que, en principio, un juez individual o colegiado
no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias, por lo que su
carácter vinculante se deriva del respeto por la línea argumentativa y decisoria que ha
establecido previamente, en atención a los principios de buena fe, seguridad jurídica y
confianza legítima e igualdad28, lo cual no impide que los jueces según al asunto
sometido a su conocimiento puedan exponer de forma clara, suficiente, y razonable
24 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
28 Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2013.
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los argumentos que justifican separarse del sentido de sus decisiones previamente
proferidas.
Por su parte, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar
la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial
del juez, comoquiera que debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas
cortes o de los tribunales.
En este orden, toda decisión previa adoptada por los órganos de cierre de las
diferentes jurisdicciones que se dirija a resolver un problema jurídico originado con
similares circunstancias fácticas y jurídicas, al que debe resolver el juez, debe ser
tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad, especialmente,
el contenido de la ratio decidendi, «ya que además de ser el fundamento normativo de
la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica determinada, la correcta
interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una norma»29, salvo si existan
razones jurídicas particulares que impongan modificarlo.
Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a
los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.
3.5.2. Marco legal y jurisprudencial del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional sobre la caducidad en el medio de control de reparación directa
El medio de control de reparación directa tiene sustento en el artículo 90
Constitucional, según el cual el Estado debe responder patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables30, y está reglado en el artículo 140 de la Ley 1437
del CPACA como el medio para que las personas demanden la reparación de dichos
daños.
Ahora bien, el literal i del numeral 2° del artículo 164 del CPACA, prevé que el término
para presentar una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
es de 2 años, contados «a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u
omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia».
En relación con lesiones causados a la salud de las personas, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 29 de
noviembre de 2018, decantó como regla que los 2 años de vigencia del medio de
control de reparación directa iniciaban al día siguiente de acaecido el hecho dañoso,
siempre y cuando las afectaciones psicofísicas puedan ser vislumbradas «al instante,
29 Corte Constitucional, reiterado en la sentencia SU-354 de 2017.
30 ARTÍCULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.
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con rapidez y dejan secuelas permanentes»; o desde que el interesado tuvo
conocimiento del daño, en aquellos eventos en que la lesión solo es conocida de
«forma certera y concreta con el discurrir del tiempo»31.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 17 de
junio de 202232, explicó que «no puede confundirse el diagnóstico definitivo de una
afectación de salud con valoraciones médicas posteriores que determinen su
magnitud, el impacto de sus efectos en la capacidad laboral del paciente o que
determinen tratamientos médicos adicionales», toda vez que estas valoraciones
buscan cuantificar o cualificar las consecuencias de la afectación médica, pero no la
determinación científica de la afectación.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo del 16 de
agosto de 202233, acotó sobre el tema que el término de 2 años de vigencia del medio
de control tiene como punto de partida el diagnóstico médico que le permite a la
persona conocer con certeza el daño sufrido, con lo que descartó que el mencionado
término inicie desde el momento en que se dictamina la pérdida de capacidad laboral.
Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-659 de 2015, sostuvo frente
al medio de control de reparación directa que, en caso de duda, el principio pro
damnato implicaba que el término de caducidad fuera analizado en atención a las
siguientes reglas:
[…] a) ante la duda sobre el inicio del término de caducidad, la corporación judicial está
obligado a interpretar las ambigüedades y vacíos de la ley en concordancia con los
principios superiores del ordenamiento, entre ellos, los de garantía del acceso a la
justicia y reparación integral de la víctima b) el momento en que las víctimas adquieren
información relevante sobre la posible participación de agentes del Estado en la
causación de los hechos dañosos; c) la oportunidad en que se conozca el daño, porque
hay eventos en los cuales el perjuicio se manifiesta en un momento posterior; d) la
fecha en el cual se configura o consolida el daño, porque en algunos casos la
ocurrencia del hecho, la omisión u operación administrativa no coinciden con la
consolidación del daño o se trata de daños permanentes, de tracto sucesivo o que se
agravan con el tiempo; y e) frente a conductas constitutivas de violaciones a los
derechos humanos, no debe aplicarse el término del artículo 136, numeral 8 de la
C.C.A., en cumplimiento de los compromisos internacionales.
Sin embargo, la Corte Constitucional, al resolver distintas tutelas presentadas en
contra de decisiones que declararon la caducidad del medio de control de reparación
directa, se ha preocupado por analizar las particularidades de cada caso a fin de definir
el momento en el que el demandante efectivamente tuvo conocimiento cierto del
daño34, lo cual implica establecer si ese daño «es temporal o permanente y su
gravedad», situación diferente en todo caso de la determinación de la magnitud del
daño. En ese orden, explicó en la sentencia T-340 de 2023:
De ahí que en algunas ocasiones la Corte hubiese concluido que no era admisible tener
como punto de partida para el término de caducidad la notificación del dictamen de la
pérdida de capacidad laboral, mientras que en otras sí. Es decir, en lugar de señalar
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 54001-23-31-000-2003-01282-02 (47308).
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 27001-23-31-000-2011-00015-01 (53280).
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 17001-23-31-000-2010-00327-01 (52116).
34 Corte Constitucional, sentencias T-301 de 2019, T-271 de 2020 y T-347 de 2020.
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un único momento o punto de partida para el cómputo de la caducidad, la Corte, al igual
que el Consejo de Estado, ha optado por establecer que el análisis debe hacerse en
cada caso concreto, para identificar el momento en el que el afectado conoció de
manera cierta el daño.
[…]
En síntesis, la Corte Constitucional ha considerado necesario flexibilizar el cómputo del
término de caducidad de la acción de reparación directa, en el sentido de evitar imponer
un momento específico y único a partir del que deba contabilizarse la caducidad, pues
reconoce que en algunos casos la víctima tiene conocimiento cierto del daño con
posterioridad a la ocurrencia de este. En consecuencia, el juez debe analizar las
particularidades de cada caso y valorar en conjunto el acervo probatorio para identificar
el momento en el que el demandante tuvo certeza del daño cuya reparación reclama.
Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia anteriormente citada, al definir el
caso concreto, indicó que la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales
de los tutelantes, pues la fecha que se debió tomar para contabilizar el término de
vigencia del medio de control de reparación directa, correspondió a la consulta del
médico especializado que, luego de todas las valoraciones y exámenes practicados,
determinó con certeza el tipo de lesión y sus características, ya que en ese momento
«se le informó el diagnóstico definitivo y esto le permitió conocer de manera cierta
y concreta el daño» (Negrilla fuera de texto).
3.5.3. Sobre el caso concreto
Diego Fernando Zambrano Macías consideró vulnerados sus derechos fundamentales
con el auto del 15 de marzo de 2024, emitido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, pues sostuvo que la referida decisión
judicial incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, con
desconocimiento del precedente sobre la materia, en tanto no se tuvo en cuenta que
el informe administrativo por lesiones 032/2015 no demostró la existencia del daño
sufrido, y que solo hasta la práctica del examen de «potenciales evocados auditivos
de estado estable» del 29 de septiembre de 2020, logró tener conocimiento cierto de
la gravedad de sus afecciones físicas, momento a partir del cual se debió contabilizar
el término de vigencia del medio de control de reparación directa y no antes.
Revisadas las pruebas aportadas al trámite de tutela, la Sala observa que la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
fundamentó su decisión del 15 de marzo de 2024 en el literal i del numeral 2 del artículo
164 del CPACA y en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de
Estado del 29 de noviembre de 2018.
Además, el Tribunal citó el informe administrativo por lesiones 032/2015 del
comandante del Departamento de Policía de Putumayo, notificado el 14 de febrero de
2017, que estableció que el señor Zambrano Macías, «al parecer» resultó afectado en
su parte auditiva en hechos ocurridos el 20 de junio de 2015 mientras se desempeñaba
como patrullero auxiliar de policía, motivo por el que calificó dichas lesiones como
«consecuencia del servicio».
También citó la sentencia del 6 de mayo de 2020 dictada por el Juzgado Laboral del
Circuito de Mocoa, que resolvió una tutela interpuesta por Diego Fernando Zambrano
Macías en contra de la Policía Nacional con la pretensión de que fuera reintegrado al
«subsistema» de salud de las fuerzas militares y que la junta médica calificara su
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enfermedad.
De la mencionada providencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca destacó
que el juez constitucional, en el acápite de hechos, relacionó que el señor Zambrano
Macías afirmó que el 20 de junio de 2015 sufrió una lesión grave que le ocasionó la
pérdida total de la audición, «por lo que lo dieron de baja el 14 de agosto de 2016». A
su vez, que la entidad lo desvinculó del sistema de salud sin brindarle atención integral;
y, que el 13 de mayo de 2019 inició el estudio laboral en el que se le practicaron
exámenes que lo diagnosticaron con pérdida total de la audición sin que haya sido
posible recibir el respectivo tratamiento.
Asimismo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó, del acápite del «CASO
CONCRETO», la siguiente consideración que el Juzgado Laboral del Circuito de
Mocoa expuso en su sentencia de tutela:
Se verificó en los documentos anexos al libelo tutelar que la parte actora aporta una
copia de la orden médica de la Clínica Crear Visión Ltda., del 26 de mayo de 2019,
para la adaptación de audífonos Digital Bilateral; allega el informe de remisión o
interconsulta de la Policía Nacional Dirección de Sanidad del 22 de julio de 2019, donde
se anota paciente valorado por audiología - audiometría tonal y logoaudimetria, no
compatibles respuestas inconsistentes, se sugiere potenciales evocados de estado
estable corroborar diagnóstico y el resultado de potenciales evocados auditivos de tallo
cerebral, del 24 de septiembre de 2019, practicados por el doctor Ricardo Valenzuela
Cortes (sic), de la Unidad de Neurofisiología Medico, en el cual, de acuerdo al estímulo
click, rarefacción, audífonos de copa, frecuencias entre 1000 y 4000 H<Z, con prueba
convencional a 90 dBm, se encuentra prolongación de la latencia de la onda V en oído
derecho y ausencia de potenciales en oído izquierdo, como también se encuentra curva
latencia intensidad entre 90 y 30 dB, con prolongación de la latencia de todas las ondas
en oído derecho, ausencia de ondas en oído izquierdo y concluye estudio anormal
compatible con Hipoacusia neurosensorial severa en oído izquierdo crónica e
Hipoacusia conductiva en oído derecho35.
Luego de las referencias que la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca hizo del informe administrativo por lesiones 032/2015
del comandante del Departamento de Policía de Putumayo y de la sentencia de tutela
del 6 de mayo de 2020, concluyó que Diego Fernando Zambrano Macías tuvo
conocimiento del daño producto del hostigamiento en la subestación de policía del
corregimiento de Puerto Limón, Putumayo, desde el momento de «la desvinculación
de la institución».
En ese orden, el Tribunal aseguró que la parte actora tuvo la oportunidad de acudir en
tiempo a la administración de justicia, «desde el 21 de junio de 2015 hasta el 21 de
junio de 2017», pero que radicó la solicitud de conciliación ante la procuraduría el 1 de
febrero de 2022 y la demanda el 25 de julio de 2022, es decir, vencido el término de
vigencia del medio de control de reparación directa previsto en el literal i del numeral
2° del artículo 164 del CPACA.
Antes de realizar un análisis de fondo del defecto invocado en el escrito de tutela, es
preciso aclarar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pese a que afirmó que
el señor Zambrano conoció el daño desde su desvinculación de la institución, lo que
35 Se transcribe incluso con errores.
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ocurrió el 14 de agosto de 2016, contabilizó el término de vigencia del medio de control
desde el día siguiente al hecho dañoso, es decir el 21 de junio de 2015, lo que
constituye una imprecisión en la providencia.
Ahora bien, analizadas las pruebas aportadas al expediente de tutela, esta Subsección
encuentra que el informe administrativo por lesión 032/2015, notificado el 14 de febrero
de 2017, y la sentencia de tutela del 6 de mayo de 2020, no permiten sostener o, por
lo menos inferir, que Diego Fernando Zambrano Macías tuvo conocimiento del daño
desde el día siguiente al que sufrió la lesión, esto es, el 21 de junio de 2015.
Del primer documento mencionado, esta Sala observa que el comandante del
Departamento de Policía de Putumayo indicó que los auxiliares de policía que
estuvieron en el hostigamiento de la subestación de policía del corregimiento de Puerto
Limón, Putumayo, entre ellos el señor Zambrano Macías, «al parecer»36 resultaron
lesionados en la parte auditiva, lo que implica que, por lo menos para la autoridad que
elaboró el informe administrativo, no había claridad sobre el daño, al punto que no
refirió un diagnóstico oficial del mismo.
Además, el documento relata que la explosión ocurrida el 20 de junio de 2015 fue el
hecho que generó unas lesiones que calificó como consecuencia del servicio, sin
embargo, no refiere alguna circunstancia específica que dé cuenta que el señor
Zambrano Macías, desde el día siguiente, tuvo certeza del daño que pretendió fuera
resarcido en la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de reparación
directa.
De otra parte, la Sala advierte que el párrafo del acápite de «CONSIDERACIONES»
de la sentencia de tutela del 6 de mayo de 2020 que sirvió de sustento al auto del 15
de marzo de 2024, menciona que a ese trámite constitucional fue aportada una orden
médica del 26 de mayo de 2019 para adaptación de audífonos; un informe del 22 de
julio de 2019 de que el paciente fue valorado por audiología, audiometría tonal y
logoaudiometría «no compatibles respuestas inconsistentes»; y los resultados de
potenciales evocados auditivos del tallo cerebral del 24 de septiembre de 2019.
No obstante, los documentos enlistados en el fallo del 6 de mayo de 2020, así
expuestos, no acreditan desde qué momento Diego Fernando Zambrano Macías tuvo
conocimiento del daño, y mucho menos sirven de sustento para asegurar que fue
desde que ocurrió la explosión el 20 de junio de 2015, pues se trata de una simple
referencia que el juez de tutela hizo a esos documentos y no un análisis detallado de
los mismos que ofreciera suficientes elementos de juicio sobre la materia.
En contraste, en esa oportunidad, el juez constitucional concluyó de las referidas
pruebas:
Al respecto, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Regional de Aseguramiento
en Salud No. 2 con sede en Neiva, señaló que si bien el accionante allego potenciales
avocados auditivos del tallo cerebral, estos no son concluyentes para la toma
decisiones en la calificación de la Junta Medico Laboral y se procedió a expedir
ordenes de remisión No. 2003002480 para realización de potenciales evocados
auditivos y orden No. 2003005477 por especialidad otorrinolaringología, que una vez
36 Negrilla fuera de texto.
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se tenga los resultados y cerrados así los conceptos, deberá el interesado informar a
Medicina Laboral de esa regional dentro de los 30 días siguientes al cierre del último
concepto médico, con el fin de verificar si aplica para la Junta Medico Laboral. Es
importante resaltar que la entidad aportó copia de las órdenes de remisión No.
2003002480 y 200300547737. (Negrilla fuera de texto).
En ese orden, aunque los exámenes requeridos tenían por objeto definir la calificación
de la pérdida de la capacidad laboral y no emitir diagnóstico definitivo, resulta oportuno
destacar que el Juzgado Laboral del Circuito de Mocoa no resolvió en la sentencia del
6 de mayo de 2020 desde cuándo Diego Fernando Zambrano Macías conoció con
certeza la lesión derivada de la explosión del 20 de junio de 2015, y mucho menos
desde qué momento se debía contabilizar el término de vigencia del medio de control
de reparación directa, pues esto es un asunto que escapaba de su competencia en
ese caso concreto.
Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado abordada en el acápite 3.4.2. de esta sentencia, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca no podía relegar su obligación de establecer desde cuándo se
configuraba la caducidad, a las consideraciones que presentó el juez de tutela en la
sentencia del 6 de mayo de 2020, en la medida en que era esa corporación, como juez
natural, quien debía realizar de manera directa, la valoración de los medios de prueba
que estimaba relevantes para tal efecto, empero, no lo hizo.
IV. CONCLUSIÓN
Pues bien, para definir el asunto bajo estudio, es preciso recordar que el defecto fáctico
se configura en los eventos en que «el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»38, que su dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «[…] resuelven el caso sin
tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión»39, y que, el cuarto criterio
decantado por la Corte Constitucional para identificar este vicio en las providencias
«ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas [impertinentes, inconducentes
o ilícitas]»40.
En el caso concreto, esta Sala encontró que la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico, puesto que
careció de suficiente apoyo probatorio en su decisión del 15 de marzo de 2024 para
aplicar el supuesto legal contenido en el literal i del numeral 2° del artículo 164 del
CPACA, que establece el término de caducidad del medio de control de reparación
directa.
Puntualmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el recurso de
apelación, tomó en consideración la sentencia de tutela del 6 de mayo de 2020 y se
limitó a hacer referencia al informe administrativo de lesiones para confirmar la
decisión que declaró la caducidad del medio de control ejercido por el aquí accionante,
con lo cual incumplió la obligación de realizar una valoración propia, autónoma y
conjunta de las pruebas que acompañaron el escrito inicial, circunstancia que se
37 Se transcribe incluso con errores.
38 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
39 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
40 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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tradujo en la afectación de los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y el debido proceso de Diego Fernando Zambrano Macías y los demás
demandantes.
Lo anterior, porque los referidos documentos no le permitían al juez accionado concluir
que Diego Fernando Zambrano Macías tuvo conocimiento del daño desde su
desvinculación de la institución, como lo afirmó en el auto objeto de tutela, y menos,
para contabilizar el término de 2 años para establecer la caducidad desde el 21 de
junio de 2015.
Asimismo, la autoridad accionada desconoció la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado sobre la materia, en la medida en que no realizó
un detallado análisis probatorio para determinar en qué momento el señor Zambrano
Macías conoció el diagnóstico de la lesión que le causó la explosión ocurrida el 20 de
junio de 2015.
En consecuencia, la Sala ordenará a la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que emita una nueva providencia, en la que
decida la apelación interpuesta por la parte demandante dentro del expediente con
radicado 11001-33-43-058-2022-00204-01. Lo anterior, de acuerdo con los
precedentes emitidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre el
término de vigencia del medio de control de reparación directa, en particular, en los
fallos SU-659 de 2015 y T-340 de 2023, atinentes a la valoración probatoria que debe
realizar el juez para establecer el momento en que la víctima conoció el daño que
pretende sea resarcido.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONCEDER el amparo de tutela de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de Diego Fernando Zambrano
Macías, por los motivos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 15 de marzo de 2024, emitido dentro
del expediente con radicado núm. 11001-33-43-058-2022-00204-01, en atención a las
razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en el término de cuarenta (40) días hábiles
contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión en
la que atienda lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Policía Nacional, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
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Demandante: Diego Fernando Zambrano Macías
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QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
DACJ/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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