Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04868-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04868-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04868-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04868-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
12 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04868-00
Accionante: Óscar Eduardo Maya Guerrero
Se niega el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04868-00
Accionante: Óscar Eduardo Maya Guerrero
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho /
Se niega el amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La sala decide la acción de tutela presentada por Óscar Eduardo Maya Guerrero contra
la sentencia del 27 de junio de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 20001-23-33-000-2020-00701-02. En esa providencia se revocó
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaron las pretensiones de la
demanda presentada por el accionante.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04868-00
Accionante: Óscar Eduardo Maya Guerrero
Se niega el amparo
1.- El 11 de septiembre de 20241 Óscar Eduardo Maya Guerrero presentó, en nombre
propio, una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo e igualdad. A su juicio,
dichas garantías constitucionales fueron vulneradas con la sentencia del 27 de junio de
2024 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-23-
33-000-2020-00701-02.
2.- El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
<<PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales violados expuestos en el acápite
III de la presente acción, lo anterior, sobre la base de lo especificado en el acápite II
sobre fundamentos jurídicos y facticos de la presente acción.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, QUE SE REVOQUE la sentencia del 27
de junio de 2024, proferida por el Consejo de Estado, sala de lo Contencioso
Administrativo en el marco del proceso con radicado 20001-23-33-000-2020-00701-02.
No. Interno: 4752- 2023.
TERCERO: Revocada la anterior sentencia, SE ORDENE CONFIRMAR los numerales
PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, SEXTO Y SÉPTIMO del fallo de primera
instancia proferido 23 de febrero de 2023, por el Honorable Tribunal Contencioso
Administrativo del Cesar, el marco del proceso con radicado 20001-23-33-000-2020-
00701-00.
CUARTO: Se DECLARE NULA la Resolución número 1080 del 4 de febrero de 2.020,
que nombró al señor CESAR ENRIQUE ACUÑA VERGARA, como Delegado del
Registrador Nacional del Estado Civil en el Departamento del Cesar, en mi remplazo por
ser INCONSTITUCIONAL y violatorio del derecho a la igualdad.
QUINTO: Si las anteriores pretensiones no fueren posibles, solicito se ORDENE a la
sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado proferir nuevo fallo
conforme a las pretensiones de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho,
que sea consecuente con el material probatorio y con respeto a la Constitución, la Ley y
el Precedente Judicial que aquí hemos puesto de manifiesto.
SEXTO: En caso de que se optare por ordenar un nuevo fallo, ADVERTIR a la sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que debe proferir fallo ágil teniendo
en cuenta los parámetros de la Acción de Tutela y de negarse a producirlo, o lo hiciere
tardíamente o irrespetando la Constitución, la Ley y el Precedente Judicial, tomar las
medidas necesarias donde se respete las normas de nuestro estado de derecho,
incluyendo dictar una sentencia sustitutiva o de reemplazo>>.
1
El proyecto de sentencia presentado por el consejero Alberto Montaña Plata fue derrotado en la sala de la
subsección del 19 de noviembre de 2024, por lo que pasó al despacho del magistrado ponente el 5 de diciembre de
2024.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04868-00
Accionante: Óscar Eduardo Maya Guerrero
Se niega el amparo
B. Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Mediante sentencia C-230A de 2008, la Corte Constitucional ordenó a la
Registraduría Nacional del Estado Civil (en adelante, RNEC) realizar un concurso
público de méritos para que el secretario general, los registradores distritales y 64
cargos correspondientes a delegados del registrador nacional ingresaran a la carrera
administrativa especial de esa institución.
3.2.- En cumplimiento de esa orden, la RNEC realizó la Convocatoria No. 3 de 16 de
diciembre de 2008, en la cual participó el accionante.
3.3.- A través de la Resolución No. 3159 de 22 de mayo de 2009, se publicó la lista de
elegibles, de la cual hizo parte el accionante.
3.4.- El nombramiento del accionante en el cargo de delegado departamental, código
0020-04, se efectuó mediante la Resolución No. 3264 de 27 de mayo de 2009. En la
resolución, la RNEC determinó que el nombramiento se efectuaba en cumplimiento de
la sentencia C-230A de 2008.
3.5.- Mediante la Resolución No. 1070 del 4 de febrero de 2020, el registrador nacional
declaró insubsistente al accionante, tras considerar que el cargo que ocupaba era de
libre nombramiento y remoción. Por esa razón, ese mismo día, mediante la Resolución
No. 1080, nombró a César Enrique Acuña Vergara en el cargo que ocupaba el
accionante.
3.6.- El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el
fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos referidos en el numeral
anterior y, en consecuencia, se ordenara su reintegro en el cargo que ocupaba.
3.7.- En sentencia del 23 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Cesar
accedió parcialmente a las pretensiones por considerar que la Resolución No. 1070 del
4 de febrero de 2020 se expidió con infracción a las normas constitucionales y legales
en que debía fundarse, falsa motivación y violación del derecho de audiencia y defensa.
3.8.- El tribunal sostuvo que se desconoció la sentencia C-553 de 2010, en lo atinente a
la naturaleza mixta del cargo de delegado departamental con responsabilidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04868-00
Accionante: Óscar Eduardo Maya Guerrero
Se niega el amparo
administrativa o electoral y a la motivación del acto de retiro cuando el servidor ha
ingresado por el sistema de méritos, en la medida en que la demandada consideró que
el empleo era de libre nombramiento y remoción cuando realmente no lo era.
3.9.- Ambas partes apelaron la anterior decisión. El accionante (entonces demandante)
reprochó que no se hubiera declarado la nulidad del acto de nombramiento de la
persona que lo reemplazó, mientras que la entidad demandada insistió en que el
concurso realizado no era el que había ordenado la Corte Constitucional en la
Sentencia C-230A de 2008, sino uno realizado internamente en la institución, y que los
delegados departamentales eran cargos de libre nombramiento y remoción y, por ende,
operaba la discrecionalidad para su desvinculación.
3.10.- En sentencia del 27 de junio de 2024, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado revocó la providencia apelada. Sostuvo que: (i) el acto
administrativo mediante el cual el registrador nacional del Estado Civil declaró
insubsistente el nombramiento del accionante, en ejercicio de la potestad legal de la
cual estaba investido en virtud de la naturaleza del cargo de libre remoción (artículo 6
de la Ley 1350 de 2009), sí estaba motivado y, además, (ii) no era posible predicar la
existencia de derechos de carrera administrativa especial respecto del cargo que
desempañaba el actor.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante reprocha que la autoridad judicial accionada hubiera revocado la
decisión de primera instancia y negado las pretensiones de la demanda. Afirma que
<<[e]l problema fundamental, como ya lo vimos, es que esta sentencia de segunda
instancia se produjo sin mirar las pruebas que demuestran fehacientemente que yo
entré a la Registraduría como Delegado Departamental del Cesar después de haber
superado todas las etapas impuestas por el Concurso Público de Méritos ordenado por
la Sentencia C-230A de 2.008>>.
4.1.- A su juicio, la providencia cuestionada incurrió en los siguientes defectos:
4.1.1.- Un defecto fáctico, porque <<parte de un hecho falso>>: que el cargo de
delegados departamentales en la RNEC es de libre nombramiento y remoción. Afirma
que llegó a esa conclusión como consecuencia de haber <<ignorado de forma directa el
material probatorio>>, como lo era la sentencia C-230 de 2008, la convocatoria No. 3
del 6 de diciembre de 2008, las publicaciones de prensa en los sitios web de la RNEC
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04868-00
Accionante: Óscar Eduardo Maya Guerrero
Se niega el amparo
sobre el concurso y las resoluciones No. 3159 de 22 de mayo de 2009 y 3264 de 27 de
mayo de 2009.
4.1.2.- Un defecto sustantivo, porque la sentencia <<ataca>> el artículo 266 de la
Constitución Política basándose en normas de menor jerarquía y que son anteriores al
Acto Legislativo No. 1 de 2003, a saber: <<la Ley 96 de 1985, la Ley 443 de 1998, la
Ley 573 del 7 de febrero de 2000, el Decreto Ley 3492 de 1986, y los decretos leyes
1010, 1011, 1012, 1014>>. El accionante alega que la sentencia objeto de tutela se
basó en esas normas que <<erróneamente clasifican el cargo de Delegados del
Registrador como de libre nombramiento y remoción>>. Además, asegura que en la
sentencia se le impuso la carga sobre pertenecer a la carrera administrativa, cuando
esa responsabilidad recae sobre la Gerencia de Talento Humano y del Consejo
Superior de la Carrera, lo cual constituye un exceso ritual manifiesto. Por otro lado,
afirma que la autoridad judicial accionada se <<extralimitó su función judicial y entró en
el campo de lo legislativo>> porque posibilitó la libre remoción de la carrera
administrativa especial de la RNEC. Finalmente, sostiene que en la sentencia se
concluyó erróneamente que la Resolución No. 1070 de 2020 fue motivada porque el
cargo de Delegado Departamental implica responsabilidad directiva.
4.1.3.- Un error inducido por parte de la RNEC, pues esa entidad, en su contestación a
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, afirma que el accionante
participó en un proceso <<meritocrático>> diferente al ordenado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-230A de 2008, y la autoridad judicial accionada <<le
prestó mucha atención a ese relato>> para proferir la decisión cuestionada.
4.1.4.- Una decisión sin motivación, como producto del defecto fáctico y el error
inducido, pues asegura que la autoridad judicial accionada <<evade la Constitución
Política al no producir una motivación real y de fondo sobre el nombramiento del
funcionario de reemplazo>> e <<ignoró su obligación legal y constitucional de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad o los otros mecanismos>> para estudiar la nulidad de
ese nombramiento.
4.1.5.- Desconocimiento del precedente establecido por las sentencias C-230A de 2008
y C-533 de 2010 de la Corte Constitucional, según las cuales: (i) <<los funcionarios
provisionales tienen una especial protección, lo que a su vez lleva a establecer por
simple lógica que, de esa misma protección e inclusive mayor, deben gozar los
funcionarios de carrera>> y (ii) la facultad del registrador nacional para ejercer la libre
remoción de los funcionarios públicos que ejerzan cargos de responsabilidad
administrativa y electoral <<no puede llevarse a cabo de modo irrazonable o arbitrario,
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04868-00
Accionante: Óscar Eduardo Maya Guerrero
Se niega el amparo
sino que en todo caso debe ser compatible con la garantía de los derechos
constitucionales de que son titulares los servidores públicos y con el cumplimiento de
los fines del Estado […]>>.
4.1.6.- Violación directa de la Constitución, pues, en su concepto, la sentencia
cuestionada viola directamente los artículos 266, 125, 13, 25 y 29 de la Constitución
Política.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Registraduría Nacional del Estado Civil (tercero con interés) solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela porque la autoridad judicial accionada garantizó el
debido proceso durante la acción de nulidad y restablecimiento. Subsidiariamente,
solicitó su desvinculación del trámite constitucional por considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva porque los reproches de la tutela están dirigidos
contra la sentencia proferida dentro del proceso 20001-23-33-000-2020-00701-02 y la
RNEC <<no fungió como juez dentro del proceso administrativo en el que se profirieron
las decisiones cuestionadas>>.
6.- El Tribunal Administrativo del Cesar (tercero con interés) envió el link del expediente
digital del proceso 20001-23-33-000-2020-00701-00, pero no rindió informe.
7.- La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado (accionada),
mediante el magistrado encargado del despacho ponente de la sentencia del 27 de
junio de 2024 presentó un resumen de las actuaciones del proceso de nulidad y
restablecimiento y de los argumentos en los cuales se basó para proferir la sentencia
cuestionada. Solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo o, en su
defecto, negar las pretensiones. Afirmó que no se advierte ninguna vulneración de los
derechos fundamentales del accionante y que, por el contrario, se encuentra que <<la
solicitud de amparo está encaminada a proponer un debate como si se tratara de una
tercera instancia, pues lo planteado en su petición ya fue considerado, controvertido y
juzgado en el escenario que correspondía, esto es el del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho>>.
II. CONSIDERACIONES
8.- La sala negará el amparo porque no se advierte que la autoridad judicial accionada
haya incurrido en los defectos propuestos por el accionante.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04868-00
Accionante: Óscar Eduardo Maya Guerrero
Se niega el amparo
9.- También negará la solicitud de desvinculación formulada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil en tanto esa entidad fue vinculada al proceso en calidad de
tercero con interés, por haber sido la parte demandada en el proceso ordinario en el
cual se profirió la providencia cuestionada, y no como accionada.
E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
10.- Los requisitos se cumplen así: i) el accionante indicó de manera clara los hechos
y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente relevancia
constitucional porque se afirma la vulneración de los derechos fundamentales debido
proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo e igualdad, y se identifican los
vicios o defectos en los que habría incurrido la providencia acusada (defecto fáctico,
defecto sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución); iii) se encuentra cumplido el
requisito de subsidiariedad porque el accionante utilizó todos los mecanismos
judiciales a su alcance para obtener la protección de sus derechos fundamentales; iv)
la solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión
acusada se notificó el 30 de julio de 2024, y la tutela se presentó el 11 de septiembre
de 2024, es decir, dentro del término de los seis meses precisado tanto por esta
corporación2 como por la Corte Constitucional3; y v) no se trata de una decisión
proferida en sede de tutela.
F.- No se configuraron los defectos alegados por el accionante en la providencia
cuestionada
11.- Tras analizar el escrito de tutela, la sala entiende que los seis cargos formulados
giran en torno a un mismo reproche, a saber: al negar las pretensiones de la
demanda, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró las
garantías constitucionales del señor Maya Guerrero porque desconoció que el cargo
de delegado departamental de la RNEC –que ocupaba el accionante– no era un cargo
de libre nombramiento y remoción y, por lo tanto, el acto por el cual fue declarado
insubsistente era nulo. Lo anterior, en contravía de lo dispuesto en el Acto Legislativo
No. 1 de 2003 y en las sentencias C-230A de 2008 y C-533 de 2010 de la Corte
Constitucional, de acuerdo con los cuales el nombramiento del accionante se había
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201- 01(IJ),
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04868-00
Accionante: Óscar Eduardo Maya Guerrero
Se niega el amparo
dado en el marco de un concurso público de méritos.
12.- En relación con la naturaleza del cargo de delegado departamental de la RNEC, el
artículo 6 de la Ley 1350 de 2009, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de
la Constitución Política, determina que <<[l]os empleos de la planta de personal de la
Registraduría Nacional del Estado Civil tendrán el carácter de empleos del Sistema de
Carrera Especial de la Registraduría Nacional>> excepto por los empleos de libre y
nombramiento y remoción, dentro de los cuales están <<[l]os cargos de responsabilidad
administrativa o electoral que conforme con su ejercicio comportan la adopción de
políticas o realización de funciones de dirección, conducción, asesoría y orientación
institucionales>>. A su vez, el séptimo elemento de la lista de dichos cargos de
responsabilidad administrativa o electoral –contenida en el literal a del artículo en
mención– es el cargo de delegado departamental. Además, la clasificación del cargo de
delegado departamental como uno de los que es, excepcionalmente, de libre
nombramiento y remoción dentro de los empleos de la RNEC, ya estaba prevista en el
literal a del artículo 3 del Decreto Ley 1014 de 2000 y en el literal h del artículo 6 del
Decreto Ley 3492 de 1986.
13.- En el estudio de constitucionalidad del literal a) del artículo 6 de la Ley 1350 de
2009, la Corte Constitucional, en la sentencia C-533 de 2010, determinó que esa norma
era exequible, en el entendido de que los cargos de autoridad administrativa o electoral
allí regulados son de libre remoción y no de libre nombramiento, por lo cual deberán ser
provistos exclusivamente por concurso público de méritos. Para arribar a esa
conclusión, la Corte se refirió a la sentencia C-230A de 2009 –a través de la cual había
ordenado exhortar al Congreso de la República para que dispusiera las normas que
regularan la carrera administrativa especial de la RNEC, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 15 del Acto Legislativo 1 de 2003– y determinó que (i) el legislador cumplió
con definir los cargos que considera que tienen tales funciones de direccionamiento
institucional, pero (ii) incurrió en un exceso de su facultad constitucional, pues confirió
el carácter de libre nombramiento a tales empleos, cuando por expreso mandato
constitucional el ingreso a los mismos debe estar mediado por concurso público de
méritos.
14.- La sala advierte que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado no desconoció las sentencias C-230A de 2009 y C-533 de 2010. Por el
contrario, se refirió a ellas ampliamente en la providencia cuestionada para concluir que
el cargo de delegado departamental <<es considerado de responsabilidad electoral y/o
administrativa cuyo ingreso al ser mediante concurso, para efectos de su
desvinculación el nominador cuenta con la facultad discrecional de la libre remoción>>.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04868-00
Accionante: Óscar Eduardo Maya Guerrero
Se niega el amparo
En ese sentido, no se configuraron los defectos fáctico, ni sustantivo, ni el
desconocimiento del precedente judicial, el error inducido, la violación directa de la
Constitución ni la decisión sin motivación que alega el accionante.
15.- En cuanto al argumento relacionado con que la autoridad judicial accionada
equivocadamente determinó que la Resolución No. 1070 de 2020 fue motivada, en la
sentencia C-533 de 2010, la Corte Constitucional establece que, mientras el legislador
expide la regulación del régimen exceptivo para la desvinculación de los servidores que
ejercen empleos de autoridad administrativa o electoral en la RNEC, el registrador
nacional conserva la facultad para ejercer la libre remoción de dichos servidores. Si
bien la Corte determinó que el acto de retiro debe contener <<criterios de motivación>>
y que la motivación debe ser explícita, no estableció cuáles eran esos criterios. Sin
embargo, sostuvo que el acto de desvinculación <<no puede llevarse a cabo de modo
irrazonable o arbitrario, sino que en todo caso debe ser compatible con la garantía de
los derechos constitucionales de que son titulares los servidores públicos y con el
cumplimiento de los fines del Estado; sin que pueda tornarse en vehículo que ampare la
desviación de poder, las prácticas clientelistas o, en general, toda forma de ejercicio
ilegítimo o carente de sustento de la potestad de remoción>>.
16.- La autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto sustantivo relacionado con
la equivocada interpretación de la motivación de la Resolución No. 1070 de 2020, pues
determinó que el acto administrativo <<indicó los supuestos normativos que
sustentaban la declaratoria de insubsistencia del demandante>>. De acuerdo con lo
expuesto en el numeral anterior, si el accionante pretendía cuestionar la motivación de
la resolución por la cual fue retirado del cargo que ostentaba, debía demostrar que el
acto fue expedido de manera irrazonable o arbitraria o que había sido utilizado con fines
de desviación de poder o clientelistas o en ejercicio ilegítimo de la potestad de
remoción.
17.- En síntesis, en el caso objeto de tutela, las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del accionante fueron negadas porque la autoridad judicial accionada,
con base en las pruebas allegadas en el proceso y de acuerdo con la mencionada
jurisprudencia de la Corte Constitucional, determinó que (i) el cargo que ostentaba el
accionante en la RNEC no era un cargo de carrera administrativa sino uno que debía
ser provisto por concurso y de libre remoción y (ii) el acto administrativo por el cual su
nombramiento fue declarado insubsistente cumplía con los criterios de motivación
necesarios. Así, no se advierte una vulneración a los derechos fundamentales del
accionante que dé lugar a acceder a la solicitud de amparo.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04868-00
Accionante: Óscar Eduardo Maya Guerrero
Se niega el amparo
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
SEGUNDO: NIÉGASE el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
accionante.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con salvamento de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.