Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04871-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04871-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04871-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04871-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
10 de octubre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Demandante: GUILLERMO LEÓN VALENCIA LÓPEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA QUE
DECLARÓ IMPROCEDENTE UN HABEAS CORPUS.
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTIUCIONAL
Síntesis del caso: en términos generales, la parte actora cuestionó la providencia de segunda
instancia, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró improcedente la acción
de habeas corpus, pues, a su juicio, debió impartírsele trámite y ordenarse su libertad inmediata
por cuanto su captura y reclusión se dio en virtud de una sentencia penal que no estaba
ejecutoriada. Sin embargo, se declarará improcedente el mecanismo tras verificarse que los
reparos planteados fueron objeto de estudio en el marco del habeas corpus y con ocasión de
varias solicitudes de nulidad procesal y de libertad formuladas por el apoderado del actor.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el señor Guillermo León Valencia
López, por intermedio de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de
Boyacá para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, defensa,
contradicción y libertad personal consagrados en los artículos 28 y 29 de la Constitución
Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 16 de agosto de
2024, mediante la cual se confirmó la improcedencia del habeas corpus.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1
Mediante escrito radicado el 15 de agosto de 2024.
2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
1) El 17 de julio de 2019, el Juzgado Veintitrés Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá emitió sentido del fallo absolutorio por el delito de homicidio
doloso, fecha en la cual la fiscalía y del apoderado de las víctimas anunciaron la
interposición del recurso de apelación.
2) El 5 de agosto de 2019, los recursos de apelación fueron repartidos al despacho del
Magistrado Juan Carlos Garrido Barrientos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá.
3) En Sala del 13 de febrero de 2024 se aprobó sentencia de segunda instancia, mediante
la cual se revocó la decisión absolutoria y, en su lugar, fue condenado por el delito de
homicidio y el 14 siguiente se convocó para la lectura de dicha decisión.
4) El 8 de marzo de 2024, mediante Oficio no. 0269-LCHL-T8, la Secretaría de esa
Corporación remitió las comunicaciones a la dirección de correo electrónico de quien
entonces era su apoderado, sin embargo, esta no fue exitosa debido a un error en la
transcripción de la dirección de correo electrónico.
5) Con el mismo propósito, mediante Oficio no. 0267-LCHL-T8, la misma Secretaría
remitió nuevamente mediante correo certificado la citación, la cual tampoco resultó
exitosa, como consta en el certificado de devolución de 23 de febrero de 2024, elaborado
por la empresa de correo 4-72, dado que la dirección ya no correspondía al lugar de
residencia del entonces apoderado.
6) El 7 de marzo de 2024 se llevó a cabo audiencia de lectura de sentencia de segunda
instancia en la cual fue encontrado responsable del delito endilgado, por ende, fue
condenado a 252 meses de prisión, 240 meses de inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas, así como a 26 meses y 21 días de privación del derecho
a conducir vehículos automotores2.
2
“Primero. Revocar la sentencia, del 17 de julio de 2019, proferida por el Juzgado Veintitrés Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
»Segundo. Condenar a GUILLERMO LEÓN VALENCIA LÓPEZ, como autor de homicidio, a 252 meses de
prisión, a 240 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y a 26 meses y 21
días de privación del derecho a conducir vehículos automotores.
»Tercero. Negar la concesión, a GUILLERMO LEÓN VALENCIA LÓPEZ, de la suspensión de la ejecución
de la pena y de la prisión domiciliaria, así como declarar que, a esta data, no tiene derecho a la libertad
3
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
7) En la misma diligencia, se estableció que la orden de captura quedaba supeditada a
la ejecutoria de la sentencia y se negaron los subrogados penales de libertad condicional
y prisión domiciliaria.
8) En la misma fecha, la Secretaría del despacho sustanciador elaboró una constancia
secretarial en la cual informó sobre los términos de ejecutoria de la sentencia y la
posibilidad de interponer el recurso de impugnación especial, sin haberlo notificado
personalmente.
9) Relató que debido al desconocimiento de la sentencia condenatoria no interpuso el
recurso de impugnación especial.
10) La Secretaría Penal del Tribunal emitió una constancia de ejecutoria y envió el
proceso a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para
la vigilancia de la pena, así como las correspondientes comunicaciones a la Policía
Nacional para hacer efectiva su captura, las cuales consideró que no debieron librarse
por cuanto estaban sujetas a la ejecutoria de la sentencia y esos efectos aún no se habían
surtido porque no fue notificado debidamente de la sentencia que lo condenó.
11) El 5 de julio de 2024, fue capturado por la Policía Nacional, recluido en la cárcel de
Guateque (Boyacá) y puesto a disposición del Juzgado 32 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá para la vigilancia de pena.
12) Solicitó a la Secretaría Penal del Tribunal que reanudara los términos para interponer
el recurso de impugnación especial por encontrar que la ejecutoria constituía una clara
violación sus derechos fundamentales por no haberlo notificado personalmente de la
decisión que lo condenaba, proceder que le cercenó la posibilidad de recurrir esa
decisión.
condicional ni a la prisión domiciliaria en los términos del artículo 38G del Código Penal. Se librará orden
de captura para el cumplimiento intramural de la prisión impuesta.
»Cuarto. Advertir a la víctima sobre la posibilidad que tiene de promover el incidente de reparación integral,
en los términos indicados atrás.
»Quinto. Remitir copias de la sentencia a las autoridades mencionadas en las consideraciones.
»Contra esta decisión cabe el recurso extraordinario de casación, en los términos previstos en el Código
de Procedimiento Penal, y la impugnación especial de primera condena emitida en segunda instancia,
conforme lo señaló la Corte Suprema de Justicia en el auto del 3 de abril de 2019, proferido con ponencia
del magistrado Eyder Patiño Cabrera, dentro del proceso de radicación 54215”.
4
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
13) Tras revisar los trámites de notificación, la Secretaría de la Sala Penal de esa
Corporación reconoció el error cometido y, en consecuencia, anuló la ejecutoria de la
sentencia, por lo que el 1 de agosto de 2024, mediante despacho comisorio, procedió a
notificarlo personalmente en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad (EPMSC) de Guateque, donde se encuentra actualmente recluido.
14) El 6 de agosto de 2024, la Secretaría Penal del Tribunal le corrió traslado de 5 días
para interponer el recurso de impugnación especial, el cual interpuso y con el que
consideró que suspendieron los efectos jurídicos de la sentencia, en consecuencia,
solicitó su libertad ante el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
15) Sin embargo, mediante correo electrónico, dicha autoridad le informó que la
Secretaría Penal del Tribunal había requerido de manera urgente la devolución del
expediente, por lo tanto, no podía estudiar la petición presentada.
16) Por consiguiente, le solicitó a la Secretaría del Tribunal que resolviera su petición, no
obstante, esta fue rechazada desfavorablemente con base en que la negativa de
concesión de subrogados penales se traducía en la orden de captura inmediata, sin
considerar la nulidad presentada en la actuación ni el reciente pronunciamiento de
unificación de la Corte Suprema de Justicia en el que se determinó que “la aprehensión
que se ordena en el momento de realizar el anuncio del sentido del fallo no es inmediata
ni automática, y que, por el contrario, está mediada por deber de motivación mínimo, que
no se agota con la negativa de subrogados”.
17) El 8 de agosto de 2024, radicó una acción pública de hábeas corpus, la cual le
correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, quien
declaró improcedente el amparo por considerar que las controversias relacionadas con
su libertad debían ser resueltas por el juez penal o de ejecución de penas, ya que ese
mecanismo no podía ser utilizado para discutir aspectos propios del proceso penal, tales
como la notificación de la sentencia condenatoria o los recursos interpuestos contra ella
y, en todo caso, su reclusión obedecía al cumplimiento de una pena impuesta y no
encontró que la privación de la libertad fuera ilegal ni que se hubiera prolongado de
manera arbitraria.
18) El 12 de agosto de 2024, presentó impugnación sobre la base de que el juez de
primera instancia no había comprendido adecuadamente el problema jurídico planteado
5
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
y alegó la existencia de presunta información falsa remitida por el escribiente de la
Secretaría del Tribunal, la cual indujo en error al a quo por no informar que la ejecutoria
de la sentencia había sido anulada por ser violatoria de sus derechos fundamentales, lo
que consecuentemente, en su criterio, anulaba todo lo actuado con posterioridad a esta.
19) Mediante providencia del 18 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá
confirmó la decisión que declaró improcedente la solicitud de habeas corpus, en
consideración a que la privación de la libertad se fundamentó en la pena impuesta y que
la interposición del recurso de impugnación especial no suspendía los efectos jurídicos
de la sentencia.
20) Además, la irregularidad procesal de notificación indebida de la sentencia
condenatoria debía ser resuelta por el juez natural del proceso penal, ya que “las
eventuales nulidades que se presentaron en el proceso no convierten en procedentes la
garantía de la libertad por vía de la acción constitucional de Hábeas Corpus, pues ello
refiere a un asunto relacionado con el debido proceso y no al objeto de esta acción”.
Fundamentos de la vulneración
En primer lugar, el actor alegó que la providencia del 18 de agosto de 2024 adolece de
un defecto sustantivo por interpretar de manera irrazonable la sentencia STP 8591-2023,
en la cual la Corte Suprema de Justicia estableció que la privación de la libertad no debe
ser automática tras anunciarse el sentido de un fallo condenatorio, sino que debe existir
un mínimo de justificación para ello.
No obstante, en la providencia cuestionada se adoptó una interpretación que favorece la
privación de libertad sin la debida motivación, con lo cual se contrarió el principio de pro
libertate que exige una justificación para que se dé ese supuesto.
En segundo lugar, señaló que se aplicó la sentencia AP2877-2020 de la Corte Suprema
de Justicia, la cual no era pertinente para el caso en estudio, puesto que allí se estableció
que la interposición del recurso de impugnación especial no suspende los efectos
jurídicos de una sentencia condenatoria, lo cual no ocurrió porque en este caso la
ejecutoria de la sentencia condenatoria inicialmente fue anulada, de modo que cualquier
acción posterior, en su parecer, incluida la captura, carecía de toda validez y, de contera,
la privación de su libertad resulta ilegal y arbitraria.
6
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
En último lugar, manifestó que se violó de manera directa la Constitución Política por
cuanto el habeas corpus fue inapropiadamente rechazado con base en que existían otros
recursos judiciales disponibles, en desconocimiento de que la naturaleza de esa acción
constitucional es principal y no subsidiaria, por lo que su rechazo constituyó una violación
del derecho fundamental a la libertad personal consagrado en el artículo 30 de la
Constitución.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“Respetuosamente solicito a la Sala de Decisión de Tutela que declare la
vulneración del derecho fundamental de Hábeas Corpus, debido proceso,
libertad y presunción de inocencia de Guillermo León Valencia López. En
consecuencia, pido que se declare la nulidad de la providencia emitida el 16 de
agosto de 2024, notificada el 18 de agosto del mismo año, y que se ordene al
Magistrado Diego Mauricio Higuera Jiménez, del Tribunal Administrativo de
Boyacá, Despacho No. 3, en su calidad de Juez Constitucional, que resuelva el
caso con estricto apego a la importancia de la garantía alegada”.
Actuación procesal
Mediante auto de 13 de septiembre de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
la notificación al presidente e integrantes del Tribunal Administrativo de Boyacá, así como
la vinculación del titular del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja,
los magistrados integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá y el titular del Juzgado 23 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bogotá, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio
de la acción.
Posteriormente, con auto del 2 de octubre de 2024, se ordenó la vinculación del Juzgado
32 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
Intervenciones de las autoridades demandadas
El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja informó que
le correspondió en primera instancia el conocimiento de la acción de habeas corpus
presentada por el actor con el objeto de obtener su libertad inmediata, por considerar que
la sentencia que ordenó su captura no se encontraba ejecutoriada.
7
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
Por consiguiente, a través de auto del 8 de agosto de 2024, dispuso la admisión del
mecanismo y requirió a la Secretaría Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja, al Juzgado 32 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá y a la Cárcel EPMSC de Guateque para que informaran sobre la
situación jurídica del accionante.
Luego de recibidos los informes, profirió sentencia de primera instancia del 9 de agosto
de 2024, a través de la cual declaró improcedente la acción con base en que, en esencia,
le corresponde al juez penal o de ejecución de penas decidir sobre la libertad de quien
está condenado, por cuanto más allá de que tenga o no derecho al beneficio de la libertad,
la naturaleza de la acción de habeas corpus no permite que el juez constitucional abordar
y definir situaciones que son del resorte del juez natural, decisión que fue confirmada por
sentencia de 16 de agosto de 2024.
La Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca solicitó su desvinculación y envió copia digital del expediente
correspondiente a la acción de habeas corpus no. 15001-33-33-007-2024-00135/01.
La magistrada Yenny Patricia García Otalora de la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá manifestó que no adoptó la sentencia condenatoria ni
ordenó convocar la audiencia de lectura de sentencia, sin perjuicio de ello, remitió la
acción de tutela al despacho del magistrado Juan Carlos Garrido Barrientos, quien tiene
a su cargo el asunto.
Por su parte, el magistrado Juan Carlos Garrido Barrientos de la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá destacó que hubo errores en las
citaciones para la lectura de la sentencia, toda vez que por un error en la transcripción de
la dirección de correo electrónico del defensor el procesado no fue notificado, sin
embargo esa situación fue corregida el 1º de agosto de 2024, cuando el Juzgado
Promiscuo Municipal de Guateque lo notificó personalmente en su lugar de reclusión.
También informó que el defensor del accionante solicitó la nulidad de la legalización de
la captura y las órdenes de encarcelamiento, basándose en la supuesta suspensión de
los efectos de la sentencia debido a las irregularidades en las notificaciones, sin embargo,
remitió el asunto al juzgado de primera instancia por no ser el competente para decidir
sobre la solicitud de libertad.
8
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
Finalmente, aclaró que no tuvo conocimiento directo de las providencias emitidas en la
acción de habeas corpus, ya que no fue vinculado a ese proceso.
El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó declarar improcedente la acción de tutela
por incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional, inmediatez y
legitimación por activa.
El Juzgado 23 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá informó
que el 27 de septiembre del presente año dictó providencia en la cual negó las solicitudes
de nulidad procesal y libertad del actor deprecadas por el apoderado del actor.
El Juzgado 32 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá argumentó
que la captura y encarcelamiento fueron realizadas de acuerdo con la ley, en virtud de
una orden emitida tras la condena por homicidio y con respeto de los derechos del
capturado, de igual forma, sostuvo que no ha vulnerado los derechos fundamentales del
actor y que no tiene competencia para pronunciarse sobre las pretensiones, por tanto,
debe declararse su desvinculación del presente trámite.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) las solicitudes de desvinculación,
y 3) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
9
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
Las solicitudes de desvinculación
El Juzgado 32 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y la Secretaría
de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca solicitaron
su desvinculación del presente trámite por carecer de legitimación por pasiva, por cuanto
el objeto de la demanda no está relacionado con sus competencias y funciones.
En cuanto a la solicitud del juzgado, la Sala considera que no se debe acoger, ya que su
vinculación se dio en calidad de tercero con interés, lo cual se debe a su participación en
el proceso penal que ha dio lugar al habeas corpus y a la presente acción de tutela,
además, su vinculación era necesaria para garantizar que todas las pruebas relacionadas
con las actuaciones judiciales que llevaron a la privación de libertad del accionante sean
valoradas por esta Sala.
Por el contrario, frente a la solicitud de la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca considera la Sala que debe accederse toda vez que
de los hechos expuestos se observa que no participó en el proceso penal ni en el de
habeas corpus
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Boyacá con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, defensa, contradicción y libertad personal,
presuntamente vulnerados con la providencia del 16 de agosto de 2024, mediante la cual
dicha autoridad confirmó la decisión que declaró improcedente el habeas corpus con
radicación no. 15001-33-33 007-2024-00135-01.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por las siguientes razones:
1) En suma, la parte demandante señaló que la providencia proferida del 16 de agosto
de 2024, adolece de un defecto sustantivo por i) interpretarse de manera irrazonable la
sentencia STP 8591-2023, por cuanto se adoptó una interpretación que favorece la
privación de libertad sin la debida justificación y ii) aplicarse la sentencia AP2877-2020,
la cual, según adujo, era inaplicable para la resolución del caso, porque en aquella se
10
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
determinó que no era posible suspender los efectos de la sentencia condenatoria,
situación distinta a la acontecida en el presente asunto, en el cual hubo una irregularidad
en la notificación de la sentencia que posteriormente conllevó a que se anulara la
ejecutoria de la decisión, por tanto, debían suspenderse los efectos jurídicos de la misma.
2) Asimismo, se presentó un defecto por violación directa de la Constitución por
haberse declarado improcedente el mecanismo en consideración a que existen otros
recursos judiciales, en desconocimiento de que su naturaleza es principal o preferente.
3) Para resolver la controversia, lo primero que conviene señalar es que, respecto a la
procedencia de la acción de tutela para controvertir providencias proferidas en la acción
de habeas corpus, en diversos pronunciamientos3, la Corte Constitucional ha establecido
que su procedencia es excepcionalísima y que, si bien con este mecanismo de amparo
no puede volver a debatirse lo que se discutió en el marco de aquel proceso, esto es, si
existió o no una privación ilegal de la libertad, es posible examinar si la providencia que
decidió ese recurso incurrió en algún tipo de defecto que se traduzca en la violación de
los derechos fundamentales, siempre y cuando se cumpla con unas estrictas
condiciones.
4) Al respecto, en la sentencia SU-350 de 2019 la Corte Constitucional señaló:
“65. En esta ocasión, la Corte consideró que en razón a la importancia
superlativa del habeas corpus como primera herramienta de protección de uno
de los derechos fundamentales más importantes de la Constitución Política,
como es la libertad personal, la acción de tutela solo podría ser posible bajo
estrictas condiciones: i) debe cumplir, en primera medida, los requisitos
genéricos y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Con todo, ii) cuando se trata de controvertir, en
específico, la decisión que concede esta acción constitucional, su
procedencia es excepcionalísima.
66. Al respecto advirtió que la constatación de la excepcionalidad de las
circunstancias que habilitan la acción de tutela contra la decisión que concede
el habeas corpus debe ser valorada en cada caso concreto, a fin de evidenciar
actuaciones judiciales manifiestamente irrazonables o fraudulentas”.
5) A partir de las anteriores directrices la Sala considera que en el presente asunto no se
encuentra configurado el requisito de relevancia constitucional, por las siguientes
razones:
3
Corte Constitucional, sentencia T-491 de 2014, MP Mauricio González Cuervo; Corte Constitucional,
sentencia T-487 de 2019, MP Carlos Bernal Pulido.
11
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
6) Para el caso concreto, según expresa la parte demandante, la providencia cuestionada
incurrió en los defectos anotados en precedencia, en suma, porque a) no tuvo en cuenta
que hubo una grave irregularidad procesal en la notificación de la sentencia condenatoria,
b) lo que le impidió interponer oportunamente el recurso de impugnación especial,
además, c) aunque posteriormente, se anuló la ejecutoria de la sentencia condenatoria y
se realizó con éxito la notificación, ello no quita que su captura y privación de la libertad
fueron ilegales por cuanto se dieron antes de que la sentencia fuera ejecutoriada, lo que
de suyo prolongó injustamente su libertad y d) se basó en información errónea
proporcionada por la Secretaría del Tribunal, por cuanto sostuvo en la providencia
cuestionada que la sentencia estaba ejecutoriada, cuando en realidad no lo estaba.
7) No obstante, para la Sala resulta claro que tales fundamentos, sobre los cuales se hizo
referencia en antelación, se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que ya
fueron expuestos en la impugnación que se presentó en contra del fallo que en primera
instancia declaró improcedente la acción constitucional de habeas corpus e inclusive en
el marco del proceso penal.
8) En efecto, en la impugnación, el apoderado del actor sostuvo que i) contrario a lo
entendido por el a quo, la acción de habeas corpus buscaba cuestionar la legalidad de la
privación de libertad, ya que la sentencia no estaba ejecutoriada por errores de
notificación; ii) lo que impidió ejercer el derecho a impugnar la sentencia; iii) al
interponerse el recurso de impugnación especial, los efectos de la sentencia, incluida la
orden de captura, quedaron suspendidos; iv) el escribiente indujo en error al juez
constitucional por afirmar que la captura no dependía de la ejecutoria de la sentencia,
pese a que, en su criterio, ello no es así; v) el juez no verificó correctamente lo acontecido
en el proceso penal, lo que llevó a una conclusión errónea; vi) se desconoció el
precedente jurisprudencial reciente de la Corte Suprema de Justicia, según el cual la
captura tras una condena no es automática y debe estar justificada, vii) el resultado de
esos errores se tradujo en la prolongación indebida de la privación de la libertad del señor
Valencia López.
9) La impugnación fue desatada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, quien mediante
providencia del 16 de agosto de 2024, confirmó la decisión de primera instancia que
declaró improcedente dicho mecanismo, fundamentalmente por tres razones, a saber a)
la reclusión del actor fue el resultado de una condena penal, b) no existió una privación
indebida de la libertad, ya que la condena se sustentó en una sentencia debidamente
12
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
ejecutoriada, y c) aunque se alegaron algunas posibles irregularidades procesales, estas
debían ser discutidas y resueltas por el juez penal natural, ya que los errores relacionados
con el procedimiento de notificación de la sentencia o la aplicación del recurso de doble
conformidad no tenían la capacidad de hacer procedente el amparo de habeas corpus,
así:
“42. En efecto, al haberse superado la primera instancia, con resultados
adversos al enjuiciado, el único motivo válido para restringir su libertad
era el cumplimiento de una pena impuesta. Lo cual ocurre en el presente
caso, pues la sentencia de segunda instancia fue condenatoria. De acuerdo
con ello, se tiene que, en la Ley 906 de 2004 la procedibilidad de la captura
depende de que: (i) se haya emitido sentido de fallo condenatorio o dictado
sentencia condenatoria; (ii) la condena implique sanción privativa de la libertad,
y (iii) no procedan la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni penas
sustitutivas.
43. En esta misma línea argumentativa, se encuentra que, la Corte
Constitucional ha insistido en que, el derecho a la libertad no es de carácter
absoluto, sino que cuenta con limitaciones en el escenario del proceso penal,
las que son básicamente dos: la emisión de las medidas de aseguramiento y
las medidas de cumplimiento de la sentencia, como ocurre en el presente caso
con ocasión de la sentencia condenatoria proferida en segunda instancia.
44. De manera que, es dable afirmar que, no existe una privación indebida
de la libertad del señor Guillermo León Valencia López, que habilite la
procedencia excepcional de este mecanismo constitucional. Así, se
encuentra privado de la libertad en virtud de la sentencia condenatoria que
profirió el 13 de febrero de 2024 el Trib. Sup. - Sala Penal, en la que le
impuso la pena principal de prisión de 252 meses. Asimismo, su reclusión
en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Guateque obedece al cumplimiento de dicha sanción penal.
• Las irregularidades procesales y la presentación del recurso de doble
conformidad no suspenden los efectos jurídicos de la sentencia
condenatoria, incluyendo la orden de captura contra el acusado.
(…).
48. Finalmente, respecto a las irregularidades procesales advertidas en el
proceso penal –que se relaciona con una presunta indebida notificación
de la sentencia condenatoria-, además de que deben ser resueltas por el
juez natural en el proceso ordinario penal, no hacen que la acción
presentada sea procedente.
49. Así, dicha solicitud se debe poner en conocimiento del juez penal que
corresponda, agotando todos los medios de defensa judicial, y permitiendo la
valoración sustancial de lo dispuesto para resolver de fondo las anormalidades
alegadas. Puesto que, le está vetado al Juez constitucional del Habeas Corpus
usurpar las competencias de la jurisdicción ordinaria en su especialidad penal,
motivo por el que cualquier pronunciamiento, únicamente puede corresponder
al juez penal que profirió la condena o posteriormente al Juez de Ejecución de
Penas cuando el asunto es remitido a esa autoridad judicial. Asimismo, de
acuerdo a las irregularidades procesales presentadas y las condiciones
particulares del procesado, recae el deber de las autoridades judiciales
pertinentes el revisar el proceso por vía de la utilización de los medios idóneos
para tal fin.
13
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
50. Sumado a esto, se tiene que, las eventuales nulidades que se
presentaron en el proceso no convierten en procedentes la garantía de la
libertad por vía de la acción constitucional de Hábeas Corpus procede,
pues ello refiere a un asunto relacionado con el debido proceso y no al
objeto de esta acción”. (resaltado de la Sala)
10) Ahora bien, en la providencia cuestionada el tribunal también fue enfático en aclarar
que la presentación del recurso de impugnación especial no suspendía los efectos de la
sentencia condenatoria de la siguiente manera:
“27. Según el entendimiento actual de la jurisprudencia constitucional, el
derecho a la doble conformidad exige que la primera sentencia condenatoria
pueda ser revisada por una autoridad distinta a la que profirió la condena y
mediante un recurso que garantice un examen integral, que permita cuestionar
aspectos fácticos, probatorios y jurídicos, con independencia de la nominación
del medio judicial, recurso o procedimiento que se utilice. Por lo que, hace
referencia a la posibilidad de revisión de la sentencia condenatoria proferida en
segunda instancia, lo que, permite brindar mayor seguridad y protección a los
derechos del condenado ante una posible corrección de decisiones judiciales,
sin someterse a barreras o limitaciones de acceso propias de otro tipo de
recursos.
28. Tal recurso, se entiende regido por el artículo 177 del Código de
Procedimiento Penal, en el que, se establece:
Artículo 177. Efectos. La apelación se concederá:
En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profirió la
decisión objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando la
apelación se resuelva:
1. La sentencia condenatoria o absolutoria.
2. El auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión.
3. El auto que decide la nulidad.
4. El auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral; y
5. El auto que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio
oral.(…)
29. Así, la Corte Suprema de Justicia, en AP2877-2020, analizó la solicitud
de suspensión de los efectos de la sentencia condenatoria como
consecuencia de la impugnación especial. Así, estableció: En lo referente
a la petición del procesado JDRC, de suspender los efectos de la sentencia, la
Sala considera que es improcedente por los siguientes motivos: primero, como
lo ha dicho esta Corporación en varios pronunciamientos, conforme a la
naturaleza y los fines de la impugnación especial, su interposición y
trámite no suspende el cumplimiento de la providencia condenatoria.
Segundo, porque si bien, el artículo 177 del CPP establece que la apelación de
la sentencia condenatoria se concede en el efecto suspensivo, la misma norma
señala el alcance de dicho efecto, esto es, suspende únicamente la
competencia de quien profirió la decisión, pero no su contenido. Tercero, porque
en consonancia con lo anterior, el artículo 449 del CPP, norma especial
que regla la situación del acusado en libertad, prescribe que desde el
momento en que se emite sentido de fallo condenatorio en su contra, el
juez ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento, si de
conformidad con las normas del código, es necesaria su detención.
14
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
30. Por lo que, se ha estimado, jurisprudencialmente, que la presentación
y trámite de la doble conformidad, no detienen la ejecución de la
providencia condenatoria, y, en la norma, se determina explícitamente
que, dicho efecto solo suspende la competencia de quien emitió la
decisión, pero no afecta el contenido ni los efectos de la misma (…)”. (se
resalta)
11) A pesar de lo expuesto, la parte actora sustentó la vulneración de sus derechos a
partir de los mismos cargos que expuso ante las autoridades que conocieron su acción
constitucional de habeas corpus, relacionados con que hubo graves irregularidades
procesales en su caso, incluido el error en la notificación de la sentencia condenatoria, lo
que le conllevó a su privación de la libertad sin existir providencia condenatoria
ejecutoriada.
12) En esa medida, como puede advertirse, si bien el actor pretende darle el cariz de vicio
o defecto a tales situaciones, es evidente que los fundamentos que soportaron la
presentación de la acción de tutela de la referencia son una reproducción de los cargos
que planteó tanto en la propia acción de habeas corpus como en la impugnación y se
dirigen de manera exclusiva a controvertir la decisión adoptada, en el sentido de que la
restricción de su libertad fue arbitraria e ilegal por errores en el procedimiento de
notificación de la sentencia condenatoria, planteamiento que constituyen una insistencia
al cargo central de reproche que fue expuesto y debatido durante el trámite de la otra
acción constitucional.
13) Al controvertirse la decisión por vía de tutela, con idénticos argumentos a los
expuestos en la instancia ordinaria, para la Sala resulta evidente que este mecanismo de
amparo se entabló para revivir una discusión ya superada en un trámite agotado.
14) Por consiguiente, para la Sala se encuentra probado que la acción de tutela de la
referencia no es constitucionalmente relevante, por cuanto con argumentos reiterados,
pretende reabrir un debate jurídico para intentar imponer su criterio según el cual la
privación de la libertad de produjo sin que la sentencia condenatoria hubiera quedado
ejecutoriada, pese a que ello ya fue dirimido en las instancias respectivas de la acción de
habeas corpus y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que
desbordan su competencia, so pena de desconocer la estructura de la administración de
justicia, así como los principios de seguridad jurídica y juez natural.
15
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
15) En conclusión, si bien la acción de tutela constituye un mecanismo de protección de
los derechos fundamentales, la misma se torna improcedente para reemplazar o revisar
las decisiones de los jueces constitucionales cuando analizaron la supuesta privación
irregular de la libertad a través del habeas corpus, so pena de desvirtuar su carácter
especialísimo y prevalente frente al recurso de amparo previsto en el artículo 86 de la
Constitución Política, cuando se trata de los derechos de las personas privadas de la
libertad.
16) Así las cosas y teniendo en cuenta los pronunciamientos anteriores de esta
Corporación sobre el mismo asunto4, debe afirmarse que el juez de tutela no está
facultado para pronunciarse sobre los cuestionamientos planteados por el actor en contra
de la providencia objeto de reproche, dado que fue proferida dentro del trámite del
mecanismo de habeas corpus, sin que además se advierta que contiene un análisis
manifiestamente irrazonable o estén fundadas en una situación de fraude.
17) Aunado a lo expuesto, la Sala advierte a partir de los informes rendidos por las
autoridades demandadas y vinculadas en el presente trámite, que el 6 de septiembre de
2024, la parte actora solicitó ante el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja la nulidad de la legalización de
captura del señor valencia López y la consecuente libertad, sin embargo, este remitió el
escrito a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien, a su
vez, lo remitió al Juzgado 23 Penal de Circuito con Funciones de Conocimiento de
Bogotá, por haber conocido del proceso en primera instancia y ser el competente para
resolverlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Código de Procedimiento
Penal.
18) Las solicitudes de nulidad y libertad se sustentaron –en los mismos términos que en
la acción de tutela de la referencia– en que tanto la captura como la orden de
encarcelamiento se encuentran viciadas con ocasión de la nulidad de la ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia, lo cual, en criterio de la parte actora, obliga a que el
proceso deba retrotraerse al estado en que se encontraba antes de la actuación anulada
y, por ende, considera que en su caso debía emitirse la respectiva boleta de libertad.
4
Al respecto, consultar, entre otras, sentencias del 31 de octubre de 2018, expediente 11001-03-15-000-
2018-02579-01(AC), del 3 de octubre de 2019, expediente 11001-03-15-000-2019-04070-00(AC), del 12
de marzo de 2020, expediente 08001-23-33-000-2019-00834-01(AC) y del 16 de julio de 2020, expediente
11001-03-15-000-2020-02649-00.
16
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
19) Por su parte, el Juzgado 23 Penal de Circuito con Funciones de Conocimiento de
Bogotá informó que dictó providencia el 27 de septiembre de 2024, a través de la cual
negó las solicitudes de nulidad y libertad deprecadas, por considerar que, si bien existió
un error en la notificación de la sentencia de segunda instancia y este se reconoció
expresamente, esa situación fue debidamente corregida cuando se notificó
personalmente a Guillermo León en el centro de reclusión y este pudo interponer el
recurso especial de impugnación, sin que por ello hayan quedado viciadas las
actuaciones posteriores, como pretende entenderlo el actor, en los siguientes términos:
“Establecido lo anterior, se tiene que la discusión de solicitud de nulidad de la
legalización de captura de Guillermo León Valencia López, propuesta por su
representación defensiva, se sustenta en que, con ocasión de la nulidad de la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, el proceso debe retrotraerse al
estado en que se encontraba antes de la actuación anulada y por consiguiente,
se debe emitir la respectiva boleta de libertad para Guillermo León Valencia
López.
Veamos entonces que la representación defensiva del señor Guillermo León
Valencia López afirma que la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia
fue nulitada, sin embargo revisadas las diligencias se observa providencia
judicial de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá́
D.C., en dicho sentido.
Es cierto que se presentó́ una irregularidad con ocasión de la indebida
notificación de la sentencia de segunda instancia efectuada por la
Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá́ D.C., el 08 de marzo de 2024, lo que ocasionó que, culminado él
término otorgado de 05 días para recurrir la impugnación especial, el
sentenciado no pudo ejercer su derecho de defensa, por cuanto ni siquiera
tuvo conocimiento de la situación a la lectura del fallo.
Pero observa la suscrita Juez que una vez avizorado el yerro, la Secretaría de
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá́ D.C., el 1° de
agosto de 2024, comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal de Guateque, para
notificar personalmente la decisión de segunda instancia al sentenciado, quien
se encuentra recluido en EPMSC Guateque y, también por iniciativa de la
Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá́
D.C., el día 5 del mismo mes, se solicitó́ la devolución del expediente al Centro
de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Tunja, para así́, correr nuevamente el termino de cinco días
para que la representación defensiva de Guillermo León Valencia López
pudiese interponer la impugnación especial, por ello el 6 de agosto de 2024, la
defensa de Guillermo León Valencia López, interpuso el recurso de
impugnación especial (doble conformidad), dándose por superada la
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del
sentenciado.
Ahora, en relación a la solicitud de nulidad de la legalización de captura
realizada por el Juzgado Treinta y Dos de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá́ D.C., y libertad del sentenciado, como
consecuencia de que el fallo de segunda instancia aun no se encuentra
ejecutoriado, debe indicarse que la decisión de legalizar o no la captura
de la persona aprehendida deberá́ tomarse dentro de las treinta y seis (36)
horas siguientes a su materialización.
17
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución
Política, de donde se extrae que la protección judicial de la libertad de las
personas tiene un contenido doble, en la medida que por regla general es
necesario el mandamiento escrito de la autoridad judicial competente para
poder privar a una persona de su derecho de locomoción y, porque una vez se
produce la detención, la persona deberá ser puesta a disposición del juez
competente en el menor tiempo posible y en todo caso máximo dentro de las
treinta y seis (36) horas siguientes a la captura.
Así́ las cosas, se evidenció que el Juzgado de Ejecución de Penas en mención
verificó que existían motivos para la afectación del derecho a la libertad de
Guillermo León Valencia López en virtud de la orden de captura No. 2024-0915
del 11 de abril de 2024 dentro del proceso de la referencia, con ocasión de la
condena irrogada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá́ – Sala
Penal; corroborando así́ que: (a) el capturado se encuentra debidamente
identificado con cedula de ciudadanía No 4.510.275 expedida en Pereira, según
la cartilla de la Registraduría Nacional del Estado Civil; (b) que le fueron
respetados sus derechos como persona capturada, en la medida que en lo que
atañe al derecho a ser tratado dignamente dio cuenta la constancia de buen
trato y la valoración médica realizada, además que no indicó que se le hubiesen
causado lesiones y; (c) que el despacho se encontró dentro del término legal de
las treinta y seis (36) horas siguientes a la captura del 04 de julio de 2024 a las
18:30 horas en la Estación de Policía de Chivor, pues legalizó su captura siendo
las 18:15 horas del 05 de julio de 2024.
De ahí que la declaración de legalidad del procedimiento de captura se realizó
conforme a la Constitución y la Ley, en consecuencia, también la orden de
expedición de la respectiva orden de encarcelación ante el EPMSC de
Guateque.
Se agrega a lo anterior, que el apoderado de Guillermo León Valencia López no
especificó inconformidad alguna respecto al procedimiento de captura que se
implementó́ como motivación del fallador de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad para legalizar la captura del sentenciado.
Ahora, en lo que respecta a anular la legalización de captura, por cuanto
está por resolverse el recurso de impugnación especial (doble
conformidad), la suscrita Juez debe indicar que, ello no constituye
afectación alguna a los derechos fundamentales del debido proceso y
defensa de Guillermo León Valencia López y por el contrario, se trata del
cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, pues precisamente el
artículo 450 de la Ley 906 de 2004 dispone:
ARTÍCULO 450. ACUSADO NO PRIVADO DE LA LIBERTAD. Si al momento
de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare
detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de
dictar sentencia.
Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el
juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento.
A ello se suma que, en Sentencia STP12083 de 2021, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló:
Así las cosas, considera la suscrita Juez que no se ha incurrido en irregularidad
alguna pues, el ciudadano Guillermo León Valencia López fue condenado a la
pena de prisión de 252 meses y no se concedió́ ningún subrogado penal, siendo
deber entonces de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá D.C., en representación del M.P. Juan Carlos Garrido Barrientos,
disponer su aprehensión tal y como se materializó el 04 de julio de 2024,
18
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
procedimiento que fue decretado ajustado a la legalidad el 05 de julio del año
en curso.
Situación que lejos se encuentra de conflictuar o contradecir lo establecido en
los artículos 166 y 462 –numeral 2o- del Código de Procedimiento Penal, si se
tiene en cuenta que una vez se resuelva el recurso de alzada (doble
conformidad) y quede ejecutoriada la providencia que confirme la pena o
revoque y absuelva al sentenciado, el funcionario judicial que tome dicha
decisión, también le corresponderá librar las comunicaciones a las autoridades
a que hacen alusión los artículos en mención.
Es por las anteriores razones que la nulidad deprecada se despachará
desfavorablemente, consecuentemente, no emitirá boleta de libertad a favor de
Guillermo León Valencia López”. (resaltado de la Sala)
20) Así las cosas, la Sala advierte que lo pretendido por el accionante a través de esta
tutela también fue objeto de decisión en la providencia del 27 de septiembre de 2024,
proferida por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá, en la cual se desestimó la
nulidad de la captura y la solicitud de excarcelación porque, si bien hubo una irregularidad
en la notificación de la sentencia, esta fue subsanada mediante la notificación personal
llevada a cabo en el centro de reclusión, lo cual le permitió interponer el recurso especial
de impugnación y ello no conllevaba a ordenar la libertad del condenado.
21) En dicha providencia también se aclaró que la interposición del recurso de
impugnación especial no tiene la facultad de suspender los efectos de la condena, lo que
hacía legítimas tanto la captura como la reclusión, de modo que la presente tutela no
puede emplearse para reabrir un debate que ya fue debidamente zanjado por el juez
natural del proceso, razón adicional para declarar la improcedencia para declarar la falta
de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
19
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04871-00
Actor: Guillermo León Valencia López
Acción de tutela
2º) Accédase a la solicitud de desvinculación elevadas por la Secretaría de la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca por carecer de legitimación
en la causa por pasiva, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
3º) Niégase la solicitud de desvinculación del Juzgado 32 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia
4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
5°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.