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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04885-01

Fecha
10 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04885-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 11 de octubre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, salvo el numeral primero. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Eduard Orley Polo Méndez, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 10 Radicado: 11001-03-15-000-2024-04885-01 Demandante: Eduard Orley Polo Méndez Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-04885-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

10 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04885-01
Demandante: Eduard Orley Polo Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D

Temas: Tutela contra providencia judicial / Retiro del servicio retiro por
disminución de la capacidad psicofísica / Desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución Política

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Eduard Orley Polo Méndez, en contra
de la sentencia proferida el 11 de octubre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Eduard Orley Polo Méndez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, debido proceso y
estabilidad laboral reforzada, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 21 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-42-047-2019-
00304-01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con
el fin de cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se
ordenó su retiro por disminución de la capacidad psicofísica de la institución policial.

ii) El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en

1 Ver índice 2 de Samai en el expediente 11001031500020240488500. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_FIRMADAFINALTUTELACO(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04885-01
Demandante: Eduard Orley Polo Méndez

sentencia del 31 de marzo de 2023 negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que los actos administrativos no están viciados de los cargos de nulidad
propuestos. Decisión contra la cual interpuso recurso de apelación.

iii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D en
sentencia del 21 de marzo de 2024 confirmó la decisión del a quo, al considerar que
el proceso médico laboral y su consecuente desvinculación, se llevó a cabo de forma
legal y por la autoridad competente.

iv) Sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la autoridad judicial
demandada al incurrir en violación directa de la Constitución Política, y en
desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional2 relativo a la
reubicación laboral cuando la pérdida de la capacidad laboral es inferior al 50%.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales A LA IGUALDAD, DERECHO A LA
IGUALDAD EN LAS DECISIONES JUDICIALES, AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y AL TRABAJO , por cuanto la sentencia
proferida por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA- SUBSECCIÓN “D” el 21 de marzo de 2024, notificada el 01 de abril de 2024;
incurrió por lo menos en 2 defectos o casuales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela contra sentencias judiciales: 1. Desconocimiento del precedente judicial y 2
violación directa de la constitución.

2. Se DEJE SIN VALOR NI EFECTO la sentencia del 21 de marzo de 2024 y en su lugar
se ORDENE al EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA- SUBSECCIÓN “D”, que en el término que el Juez de tutela considere
prudente, profiera una nueva sentencia, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos
por la ley, el precedente judicial y los propios del fallo de la presente tutela.

3. CONMINAR a la Sala del EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “D”, para que aplique las sentencias de unificación
proferidas por el Consejo de Estado, toda vez que las mismas son obligatorias para las
autoridades, pues así lo dispone los artículos 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011, por los
efectos vinculantes de las mismas […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá3 solicitó su desvinculación del asunto al considerar que no es el llamado a
ser extremo pasivo de la litis, toda vez que la petición de amparo se dirigió a su
superior jerárquico, por lo que no vulneró los derechos fundamentales del
demandante.

2 Al respecto citó las sentencias: i) T-328/22; ii) T-440/17; iii) T-382/14
3 Ver índice 9 de Samai en el expediente 11001031500020240488500. Archivo denominado
«11RECIBEPRUEBAS_11001315000120240488(.pdf) NroActua 9»

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04885-01
Demandante: Eduard Orley Polo Méndez

Además, de que no se satisface el requisito de inmediatez para cuestionar la decisión
proferida en primera instancia el 31 de marzo de 2023, independientemente de que
haya sido confirmada o no.

1.2.2. La Policía Nacional4 solicitó que se negara el amparo pretendido ante la
inexistencia de vulneración a derecho fundamental alguno, toda vez que la decisión
de no decretar la nulidad del Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía No. TML18-2-752 del 16 de noviembre de 2018, a través de la cual se
concluyó que el actor no era apto para la actividad policial sin de reubicación laboral,
se profirió de conformidad con los hechos, normatividad y pruebas allegadas al
plenario, los cuales dieron cuenta que gozaba de legalidad.

1.2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D5 luego de hacer un reencuentro de las actuaciones jurídico-
procedimentales surtidas al interior del proceso contencioso, solicitó que se negara
la petición de amparo, pues, no se configuraron los defectos endilgados en razón a
que la decisión enjuiciada fue proferida de conformidad con la jurisprudencia y
normatividad aplicable al caso.

En cuanto a las sentencias que invocadas como precedente desconocido, refirió que
no tienen un asunto similar al que ahora se discute, por cuanto las condiciones de
salud de cada uno varían sustancialmente.

1.3 Sentencia de primera instancia6

El Consejo de Estado, Sección Cuarta en sentencia del 11 de octubre de 2024 negó
la solicitud de desvinculación del Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá,
y declaró improcedente la tutela al considerar que no acreditó el requisito general de
procedibilidad de la relevancia constitucional, toda vez que la verdadera intención del
demandante es convertir la tutela en una tercera instancia, pues, la discusión
propuesta es similar a aquella desatada en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, referente a que debió ser reubicado en la Policía Nacional.

1.4. Escrito de impugnación7

Eduard Orley Polo Méndez impugnó la decisión del a quo, para lo cual indicó que el
asunto tiene relevancia constitucional, en razón a que se involucró la amenaza o
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, afectación al principio de legalidad, estabilidad laboral

4 Ver índice 10 de Samai en el expediente 11001031500020240488500. Archivo denominado
«15RECIBEMEMORIAL_GS2024026230SEGENpdf(.pdf) NroActua 10»
5 Ver índice 10 de Samai en el expediente 11001031500020240488500. Archivo denominado

«20RECIBEMEMORIAL_Memorial_TCONTRADESP202404885(.pdf) NroActua 12»
6 Ver índice 15 de Samai en el expediente 11001031500020240488500. Archivo denominado

«22Sentencia_2DR20240488500Eduard(.pdf) NroActua 15»
7 Ver índice 21 de Samai en el expediente 11001031500020240488500. Archivo denominado

«25_MemorialWeb_Recurso-ImpugnacionFallode(.pdf) NroActua 21»

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04885-01
Demandante: Eduard Orley Polo Méndez

reforzada y al trabajo, en razón a que la providencia enjuiciada incurrió en cada uno
de los defectos endilgados.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20199, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema11. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y
analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde
verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente»
como se indica en aquella decisión.

8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04885-01
Demandante: Eduard Orley Polo Méndez

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo12, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14, el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales15.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir si: ¿el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D vulneró los
derechos fundamentales de Eduard Orley Polo Méndez con ocasión de la sentencia
del 21 de marzo de 2024, mediante la cual confirmó la decisión de negar las
pretensiones de nulidad de los actos administrativos por los cuales se ordenó su retiro
de la institución policial, por disminución de la capacidad psicofísica, con la que
incurrió, presuntamente, en desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución Política?

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04885-01
Demandante: Eduard Orley Polo Méndez

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado por
el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.

Expuesto lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de
la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide
lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial

En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que
un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que
los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si
existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

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Demandante: Eduard Orley Polo Méndez

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los
precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivara de la desobediencia al precedente.

2.4.3. Violación directa de la Constitución Política

Se recuerda que fue concebida, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual
se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las
sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 200516 de la Corte Constitucional.

Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de 2018,
señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de aplicar
la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta que
antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual puede
configurarse por dos hipótesis17:

La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en estudio,
lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso (a) se dejó
de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (c)
en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución.

La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales

2.4.4. Sobre el caso concreto

Eduard Orley Polo Méndez acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 21 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D que confirmó la decisión de negar las pretensiones
de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se ordenó su retiro de la
institución policial, por disminución de la capacidad psicofísica.

16 Pese a lo anterior, en la Sentencia T-086 de 2007 la ausencia de motivación, el desconocimiento

del precedente y la violación directa de la Constitución Política se tratan como parte integrante del
defecto sustantivo; y, en la Sentencia T-178 de 2012 sucede lo mismo en relación con los dos primeros
defectos. En otras providencias, por su parte, se abordó este aspecto desde la violación de una norma,
situación de la cual se derivó que podían configurarse tres vicios: defecto sustantivo, defecto orgánico
y defecto procedimental [Al respecto ver, entre otras, la Sentencia T-701 de 2004].
17 Sobre el particular, consultar la sentencia T-888 de 2010.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04885-01
Demandante: Eduard Orley Polo Méndez

Lo anterior, según se insistió en el escrito de impugnación, al considerar que la
referida decisión judicial incurrió en violación directa de la Constitución Política al
vulnerar sus derechos fundamentales, y en desconocimiento del precedente judicial
de la Corte Constitucional relacionado con el derecho a la reubicación laboral, cuando
la pérdida de la capacidad laboral es inferior al 50%.

Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D en lo referente al
retiro por disminución de la capacidad psicofísica del demandante sin lugar a
reubicación laboral, así:

«[…] 4.4. En lo que concierne a la presunta falsa motivación de los actos acusados por no
haberse considerado la reubicación laboral en actividades administrativas, la Sala
analizará las pruebas obrantes en el expediente, a fin de dilucidar si efectivamente se
incurrió en dicho cargo de nulidad, teniendo en cuenta que el demandante considera que
la entidad accionada no analizó adecuadamente la posibilidad de reubicarlo, ni tuvo en
cuenta que para el momento del retiro se encontraba desarrollando actividades
administrativas. […]

Para tal efecto, se procede inicialmente con el análisis de la Historia Clínica expedida por
la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, donde se señala, que desde el 8 de mayo
de 2009, el señor Eduard Orley Polo Méndez fue tratado por trastorno de ansiedad y
depresión, momento para el cual le comentó al médico “REFIERE PTE IDEA SUICIDA
HASTA HACE 1 MES REFIERE QUE TIENE “PROBLEMAS” CUADRO DEPRESIVO 1
A~O CASADO CON 2 HIJOS. DISFUNCIÓN DE PAREJA EN TTO TERAPIA PAREJA
“LA PSICÓLOGA LE RETIRO EL ARMAMENTO” PTE COLABORADOR, HABLA
ESPONTÁNEAMENTE, NI IDEA SUICIDA”.

Además, se observa que desde esa época y hasta antes de la valoración de la Junta
Médica Laboral del 23 de agosto de 2012, el demandante fue tratado por psiquiatría por
crisis de ansiedad, momento a partir del cual empezó a presentar incapacidades médicas,
como se advirtió en líneas precedentes al exponer las incapacidades obrantes en el
expediente administrativo del actor, por “TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR EPISODIO
DEPRESIVO PRESENTE LEVE O MODERADO”

Ahora bien, como quiera que el actor considera que debe ser reubicado en labores
administrativas por tener capacidad para ello, se analizaran inicialmente los antecedentes
médicos que dieron lugar a que el 4 de octubre de 2018 el Director de Sanidad de la
Policía Nacional convocara al Tribunal Médico de Revisión para la modificación de la
valoración de la Junta Médica del 23 de agosto de 2012 […]

Asimismo, se evidencia que el demandante no asistió a varios controles, no solo por
psiquiatría, sino a otras especialidades […]

De otra parte, si bien es cierto que la Junta Médico Laboral que emitió el dictamen de
fecha 23 de agosto de 2012, determinó al actor una disminución de la capacidad laboral
del 20.50%, no apto, con reubicación laboral, y que en virtud de dicha decisión la entidad
demandada dispuso la reubicación laboral en actividades administrativas,
desempeñándose en la MEBOG y en CASUR, en Archivo y Gestión Documental, resulta
evidente que específicamente para el año 2018, el señor Polo Méndez tuvo una
modificación notoria en su estado emocional, que lo llevó a estar internado en la Clínica
La inmaculada y permanecer incapacitado durante más de 5 meses.

Así entonces, desde la fecha en que se practicó la Junta Médico Laboral y aquella en que
se llevó a cabo la revisión por parte del Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía,

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04885-01
Demandante: Eduard Orley Polo Méndez

transcurrió un lapso de más de 6 años, periodo en el cual el demandante laboró en
actividades administrativas, no obstante, siguió presentando episodios que dieron lugar a
múltiples incapacidades médicas, situación determinante para que el Director de Sanidad
de la Policía Nacional convocara al Tribunal para la modificación de la patología calificada
por la Junta en 2012, toda vez que tenía la facultad para solicitarla, en razón a que el
uniformado continuó prestando el servicio, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del
artículo 25 del Decreto 094 de 1989.

También se destaca, que en las diferentes citas médicas con varios de los especialistas,
el actor manifestó su deseo de no pertenecer más a la institución, porque consideró que
no tenía las condiciones para prestar sus servicios, debido a los constantes traslados a
los que era sometido. […]

En ese sentido, las razones expuestas en el Acta No. TML 18-2-752 del 16 de noviembre
de 2018 emitida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía para no
sugerir la reubicación laboral del actor, resultan suficientes para la decisión final de retiro
por disminución de la capacidad laboral del actor, por lo que la entidad demandada no
incurrió en falsa motivación, ni indebida valoración probatoria y no se desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos acusados […]» [sic].

Como se observa, la autoridad judicial demandada realizó un estudio in extenso del
material probatorio allegado al plenario, en conjunto con los cargos de nulidad
planteados por el demandante, y la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso,
lo cual le llevó a concluir que los cargos no estaban llamados a prosperar, toda vez
que, de acuerdo con lo acreditado en el proceso, eran claras razones del por qué la
no reubicación laboral, en razón a los impedimentos de carácter psicofísico
padecidos.

La Sala no desconoce que el reproche principal del demandante es que, según su
decir, su porcentaje de pérdida de capacidad laboral era inferior al 50%, por lo que
correspondía su reubicación, sin embargo, en la sentencia enjuiciada se explicó
amplia y detalladamente las razones por las que, si bien inicialmente se le reconoció
una disminución de la capacidad laboral del 20.50% con reubicación, lo cierto es que
trascurridos 6 años tuvo una modificación notoria en su estado emocional con
múltiples incapacidades médicas, de las que se pudo establecer una afectación al
servicio, y sumado a ello, se trató de un paciente con patología psiquiátrica activa
dentro de una institución de índole policial.

Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia aplicable, precisó que si la autoridad
judicial competente, en este caso el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar, lo
certifica así, es procedente el retiro del policial, en razón a la importancia de las
funciones que desempeñan los miembros de la fuerza pública.

Ahora bien, frente al presunto desconocimiento del precedente judicial de la Corte
Constitucional18, relativo a la reubicación laboral, la Sala aclara que dicho defecto no
está llamado a prosperar, toda vez que las decisiones que el demandante adujo como
desconocidas no corresponden a sentencia de unificación ni de constitucionalidad,
sino de tutela, cuyos efectos son inter partes, sin que se puede pretender que se

18 Al respecto citó las sentencias: i) T-328/22; ii) T-440/17; iii) T-382/14

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04885-01
Demandante: Eduard Orley Polo Méndez

hagan extensivos sus efectos a todos los casos similares, pues, cada uno tiene sus
propias particularidades que ameritan un estudio en concreto por el juez de la causa.

De conformidad con lo descrito y de acuerdo con los antecedentes del caso, se
encuentra, que las actuaciones de la autoridad judicial demandada, lejos de incurrir
en violación directa de la Constitución Política o desconocimiento del precedente
judicial, fueron realizadas conforme a la jurisprudencia y normas de su función
judicial, debido a que se apoyó en el material probatorio obrante en el proceso para
efectuar la interpretación que consideró más ajustada al caso concreto, frente a lo
cual, se debe advertir que el juez natural del asunto goza de autonomía funcional y
se presume la buena fe en sus decisiones, en consecuencia, las diferencias en el
estudio de las pruebas aportadas no constituyen una indebida valoración.

En esas condiciones, y en razón a que lo que existe es una inconformidad con el
resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela,
en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se
impone negar la solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo
no puede convertirse en una tercera instancia.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión del a
quo, salvo el numeral 1, para, en su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Eduard Orley Polo Méndez en la solicitud de tutela presentada
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 11 de octubre de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, salvo el numeral primero. En su lugar, negar el amparo de
los derechos fundamentales de Eduard Orley Polo Méndez, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04885-01
Demandante: Eduard Orley Polo Méndez

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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