Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04899-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04899-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04899-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04899-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
20 de marzo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04899-01
Demandantes: Julián Rodrigo Amaya Solórzano y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04899-01
Demandantes: JULIÁN RODRIGO AMAYA SOLÓRZANO, ESMERALDA
SOLÓRZANO SOLER, OSCAR ADRIANO SOLÓRZANO
SOLER, MANUEL FERNANDO SOLÓRZANO RODRÍGUEZ,
ANDRÉS FELIPE QUIMBAYA SOLÓRZANO, ANA LILIA
SOLÓRZANO SOLER, LIDETH RODRÍGUEZ SOLÓRZANO,
EDGAR AUGUSTO RODRÍGUEZ SOLÓRZANO Y AMPARO
JUDITH SOLÓRZANO SOLER
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por privación injusta de la libertad. Defectos fáctico, decisión
sin motivación y desconocimiento del precedente judicial.
Incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por los demandantes, quienes actúan mediante apoderado judicial,
contra la sentencia de 9 de diciembre de 2024 proferida por la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción
de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de septiembre de 2024, los demandantes pidieron al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la defensa, supuestamente vulnerados por la
autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formula las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: DECLARAR vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la defensa del señor JULIAN RODRIGO AMAYA SOLÓRZANO y
demás accionantes, por parte del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA,
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN, al resolver el recurso de apelación formulado en el trámite del
proceso de Reparación Directa bajo el radicado 41001 33 33 705 2015 00216 01, mediante sentencia
del 20 d febrero de 2024, notificada por correo electrónico el 18 de marzo de 2024 y ejecutoriada el
01 de abril de 2024.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia objeto de la
presente acción de tutela, para que en consecuencia se ordene emitir un nuevo fallo de segunda
instancia que acoja los razonamientos que el juez constitucional (colegiado) disponga”.
2. Hechos
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04899-01
Demandantes: Julián Rodrigo Amaya Solórzano y otros
Los accionantes relataron que agentes de la Policía Nacional capturaron al señor
Julián Rodrigo Amaya Solórzano por la presunta comisión del delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes, luego de que se adelantara una persecución
en su contra por la omisión de una orden de pare cuando se transportaba en su
moto y en la que se le encontró, no solo que los documentos del vehículo no se
encontraban en regla y, además, una bolsa que contenía marihuana.
Afirmaron que en audiencia concentrada de 18 de marzo de 20121, se dispuso que
la captura se ajustó al ordenamiento jurídico, se le imputó el tipo penal de tráfico,
fabricación y porte de estupefacientes y se ordenó la medida de aseguramiento en
establecimiento penitenciario; sin embargo, en audiencia de 5 de octubre de 2012
se otorgó la libertad al señor Amaya Solórzano por vencimiento de términos y,
posteriormente, en fallo de 19 de noviembre de 2013, el Juzgado Primero Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Neiva, lo absolvió.
Indicaron que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó
demanda contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad del
Estado por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Amaya
Solórzano2.
Señalaron que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Neiva, en fallo de
31 de agosto de 2018, declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima
y negó las pretensiones de la demanda, al considerar que con la conducta temeraria
del señor Julián Rodrigo Amaya Solórzano se expuso a que fuese vinculado a una
investigación penal.
Finalmente, manifestaron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de
apelación. El Tribunal Administrativo del Huila mediante sentencia de 20 de febrero
de 2024 la revocó, pero para negar las pretensiones de la demanda, en tanto no se
demostró que la imposición de la medida de aseguramiento fuese
desproporcionada, irrazonable, ilegal o innecesaria.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora se refirió a los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, especialmente, frente a la relevancia
constitucional consideró que “se vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, derecho al acceso a la administración de justicia y derecho a la defensa,
así como también los principios del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, norma de orden público, al no haberse valorado
íntegramente los medios probatorios generando así una sentencia injusta en contra
del señor JULIAN RODRIGO AMAYA SOLÓRZANO y sus familiares demandantes,
pues de haberse hecho, se hubiera accedido a las pretensiones de la demanda por
la privación injusta de la libertad a la que fue sometido.”.
Luego, mencionó que “los hechos que dieron origen a la presente tutela fueron la
indebida valoración probatoria por parte del Juez de primera instancia y la ausencia
total de valoración probatoria del Tribunal Administrativo del Huila, en segunda
instancia, a la hora de proferir las correspondientes sentencias; incumpliendo el
deber de valorarlas en forma conjunta - principio de valoración racional y unidad de
la prueba”.
1
Diligencia adelantada ante el Juzgado único Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Rivera.
2
Con sustento “en los artículos 90 de la constitución política, la Ley 270 de 1996, art. 16 de la Ley 446 de 1998, arts. 162 del
C.P.A.C.A y la Sentencia de Unificación de la Sección Tercera del Concejo de Estado de fecha 28 de agosto de 2014”.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04899-01
Demandantes: Julián Rodrigo Amaya Solórzano y otros
Agregó que la conducta de la Policía Nacional fue ilícita, por la contradicción en los
relatos de los agentes de policía, al punto que el procurador delegado envío copias
del proceso penal con el fin de que fueran investigados.
Posteriormente, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico, por “falta de valoración probatoria”, en tanto “no tuvo en cuenta la totalidad
de los reparos y la integralidad de las pruebas”, lo que impactó en la decisión, pues
debió estudiarse en debida forma la captura, la medida de aseguramiento y la falta
de pericia del investigador.
Por otro lado, aseguró que en la sentencia objetada incurrió en defecto por decisión
sin motivación, toda vez que el Tribunal accionado “se centró en la razonabilidad
de la medida sin explicar exhaustivamente cómo se ajustaban los aspectos legales
y procedimentales a la denegación de la demanda”.
Por último, manifestó que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial,
pues la autoridad judicial accionada debió determinar si el actuar de la Fiscalía
General de la Nación a partir de lo establecido en la sentencia C-221 de 1994,
relacionada con la posesión de pequeñas cantidades de drogas para consumo
personal no afecta el bien jurídico de la salubridad pública y, por tanto, no debía ser
penalizada.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La abogada adscrita a la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal
pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en
consecuencia, se ordene la desvinculación de la entidad. Adicionalmente, solicitó
que se negaran las pretensiones de la acción de tutela al no evidenciarse la
vulneración de los derechos fundamentales alegados por los accionantes.
Agregó que la parte actora utiliza el mecanismo constitucional para revivir el litigió,
es decir, a la manera de una instancia adicional al proceso ordinario.
4.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos solicitó que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y la improcedencia de la
acción de tutela, toda vez que no se cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional.
Resaltó que los accionantes no cumplieron con la carga de sustentar las causales
especiales de procedencia en la que incurrió la sentencia objetada ni acreditó la
configuración del defecto fáctico. Por consiguiente, no se demostró la vulneración
del derecho fundamental al debido proceso alegado por la parte actora.
4.3. Respuesta de la Policía Nacional
La asesora del Área Jurídica pidió que negaran las pretensiones de la acción de
tutela, por resultar improcedente al no evidenciarse la vulneración de los derechos
fundamentales alegados.
Señaló que en el proceso de reparación directa no se allegó prueba que permitiera
determinar la existencia de una presunta responsabilidad a cargo de la Policía
Nacional como consecuencia de la privación de la libertad, a la cual se vio sometido
el señor Julián Rodrigo Amaya Solórzano. Por el contrario, se evidencia que el
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04899-01
Demandantes: Julián Rodrigo Amaya Solórzano y otros
Tribunal accionado realizó un completo y armónico análisis de los hechos y pruebas
allegadas por las partes, con el fin de proferir una decisión conforme a las
disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso.
Para terminar, resaltó que la parte actora no demostró que en el presente asunto se
hubiese configurado un perjuicio irremediable que ameritara la procedencia del
mecanismo constitucional.
4.4. El Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Neiva, a pesar de que se les notificó en debida forma del auto
admisorio, guardaron silencio.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado en fallo de 9 de
diciembre de 20243, declaró improcedencia la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de la relevancia constitucional.
Señaló que la parte accionante i) no cumplió con la carga argumentativa necesaria
para determinar los motivos por los cuales el asunto tenía trascendencia
constitucional, ii) pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre una
situación definida y consolidada y iii) hubo una ausencia de carga argumentativa,
pues algunos reparos no tenían relación directa con la sentencia proferida por la
autoridad judicial accionada.
Afirmó que evidenció una falta de carga argumentativa, pues si bien se mencionó la
sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional, lo cierto es que dicha decisión
no se invocó con el fin de atacar la privación de la libertad, sino que pretendió
cuestionar el tipo penal imputado al accionante, aspecto que escapa de la órbita de
estudio del juez de lo contencioso administrativo.
Indicó que no era necesaria la intervención del juez de tutela en un asunto que ya
fue resuelto por el juez natural, quien puso de presente las razones por las cuales
consideró que no había lugar a acceder a las pretensiones de condena por la
privación de la libertad de que fue objeto el demandante.
Por último, manifestó que las diferencias interpretativas que existieren entre los
demandantes y el juez natural de la causa, no constituyen una justificación para que
el juez de tutela revise las decisiones del juez ordinario.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso lo siguiente:
Afirmó que en el escrito de tutela se explicó con claridad los argumentos que
sustentan la vulneración de sus derechos fundamentales, además que “el hecho de
que en el acápite de ‘Relevancia Constitucional’ se haya realizado una mención
sucinta de los derechos vulnerados y la justificación correspondiente, no significa
que ello pueda tenerse como carga argumentativa incompleta o deficiente y que por
ello limite el estudio de la acción, declarándola improcedente, pues en el resto del
texto se hizo alusión tanto en los hechos como en la justificación de los demás
3
El magistrado Martín Bermúdez Muñoz salvó el voto. Consideró que se debió conceder el amparo, pues incluso si la medida
de aseguramiento fue impuesta en debida forma (falla en el servicio), en todo caso se debió estudiar el caso bajo un régimen
de responsabilidad objetivo por daño especial. Aclaró que esta metodología ha sido aplicada por la subsección desde la
sentencia de 25 de abril de 2022 (radicado No. 25000-23-36-000-2010-00849-01).
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04899-01
Demandantes: Julián Rodrigo Amaya Solórzano y otros
requisitos de procedibilidad, sobre la necesidad de la intervención del juez de tutela,
cumpliendo de esta forma la carga argumentativa mínima para que procediera el
estudio de fondo de la acción”.
Sostuvo que el amparo se debió conceder, tal como lo indicó el salvamento de voto
de la sentencia objeto de impugnación, “por cuanto la demanda tramitada ante la
autoridad judicial competente debió estudiar el caso bajo el título de imputación de
daño especial que corresponde al régimen de responsabilidad objetiva y no bajo el
imperio de la responsabilidad subjetiva como se hizo, pues hay pronunciamiento del
Consejo de Estado en donde en casos en los que, aun descartando la falla del
servicio en la imposición de una medida de aseguramiento, el juez administrativo
debía verificar la existencia o no de un daño especial”.
Resaltó que en el escrito de tutela se indicó que, con el actuar del Tribunal
accionado se vulneraron sus derechos fundamentales por la falta de valoración de
las pruebas y por la indebida escogencia del régimen de responsabilidad subjetivo,
sin que pueda interpretarse como una estrategia para revivir el debate probatorio.
Luego, en un escrito adicional, la parte actora mencionó que el tema no se limita a
una simple cuestión legal, sino que involucra derechos fundamentales, en tanto se
discute si el Tribunal accionado tenía la facultad para imputar al demandante una
conducta punible no procesada penalmente y se plantea la posibilidad de una
actuación arbitraria, “al deducir que el demandante causó su propia privación de la
libertad, basándose en una posible conducta punible que no fue imputada ni
probada penalmente, lo que parecería violar al debido proceso”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 9 de diciembre de 2024 de la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir el presupuesto general de relevancia constitucional y, en
caso afirmativo y que cumpla con los demás requisitos generales de procedencia,
si la autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
defensa de los accionantes.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones4.
4
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04899-01
Demandantes: Julián Rodrigo Amaya Solórzano y otros
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
5
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
6
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
7
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04899-01
Demandantes: Julián Rodrigo Amaya Solórzano y otros
4. Estudio y solución del caso concreto
La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado en sentencia de 9 de
diciembre de 2024, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, bajo el
argumento de que los demandantes acuden a ella sin cumplir con la carga
argumentativa mínima y pretendió revivir un debate propio del juez natural, lo que
desconoce el requisito de la relevancia constitucional.
El accionante impugnó la anterior decisión, para lo cual aseguró que el asunto
supera el precitado requisito general, toda vez que i) en el escrito de tutela desarrolló
los hechos y argumentos que demuestran la relevancia constitucional, ii) el Tribunal
accionado vulneró sus derechos fundamentales por la falta de valoración de las
pruebas y por la indebida escogencia del régimen de responsabilidad subjetivo, esto
último con sustento en el salvamento de voto de la sentencia impugnada y iii) se
discute si la autoridad judicial accionada tenía la facultar para imputar al
demandante una conducta punible que no hizo parte del proceso penal, al analizar
el actuar de la víctima como causa determinante de la privación de la libertad.
Descendiendo al caso concreto, la Sala confirmará la sentencia impugnada porque
de acuerdo con los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y el
allegado ulteriormente, no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional.
Al respecto, se observa que en el fallo de 20 de febrero de 2024, el Tribunal
Administrativo del Huila se refirió, en primera medida, al régimen de responsabilidad
por privación de la libertad bajo la perspectiva del artículo 90 de la Constitución
Política. Posteriormente, enlistó las diferentes pruebas decretadas y practicadas en
el curso del proceso ordinario. Y al resolver el caso concreto, precisó que los hechos
dañinos (medida de aseguramiento) que fundamentan la demanda de reparación
directa ocurrieron en vigencia de la Ley 906 de 2004.
Por lo anterior, el Tribunal accionado verificó el actuar de la Fiscalía General de la
Nación y del Juez de Control de Garantías que impuso la medida de aseguramiento,
y evidenció que “la medida precautoria estuvo debidamente justificada y en los
términos del precedente judicial citado, fue legal porque se ajustó a los requisitos
objetivos y subjetivos descritos en el procedimiento penal (artículos 308 y 313 CPP);
fue razonable por la gravedad de los hechos denunciados; fue proporcional porque
la conducta se encuentra tipificada con pena privativa intramural; y fue necesaria
para brindar protección a la comunidad, en razón a que fue en flagrancia según se
desprende del informe de policía y vigilancia rendido por los policiales que
capturaron al implicado”.
Igualmente, resaltó que “los elementos con los que contaba la Fiscalía y el hecho
de haber sido capturado el señor Julián Rodrigo Amaya Solórzano, en flagrancia,
pues fue producto de una persecución motorizada al no atender la señal de pare de
la autoridad policial y haberse puesto a disposición de la autoridad 404,9 grs de
marihuana, permitían la imposición de la medida de aseguramiento, desde el punto
de vista de los requisitos legales, pues sí existían indicios que comprometían su
participación como posible responsable del delito por el que fue imputado y
acusado”.
Igualmente, señaló que “los requisitos en materia probatoria para la imposición de
la medida de aseguramiento son diferentes a los exigidos por el legislador para
determinar la responsabilidad penal del procesado a través de la condena”, razón
por la cual consideró que el hecho de que en el curso del proceso se practicaran
pruebas que generara el convencimiento al juez penal de la absolución del acusado,
no genera la responsabilidad del Estado, más aún cuando en el último evento “las
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04899-01
Demandantes: Julián Rodrigo Amaya Solórzano y otros
evidencias deben estar ligadas a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, a efectos
de determinar con certeza su participación en el delito, a diferencia del manejo
indiciario que permite la definición de la situación jurídica, según se ha explicado”.
Asimismo, resaltó que “para la fase procesal en la que se impuso la medida de
aseguramiento, la realidad probatoria obligaba a las entidades demandadas a
actuar de conformidad a sus atribuciones legales (como efectivamente lo hicieron
según se describe en los actos urgentes); más aún cuando, el análisis de los
elementos de la responsabilidad (objetivos y subjetivos) que echa de menos el
recurrente, son propios de la etapa juicio (como parte de la culpabilidad), o como en
el presente caso que se dio la absolución, y no, del estudio que se les ha
encomendado en esa etapa inicial”.
Finalmente, la autoridad judicial accionada precisó que solo es dable pronunciarse
sobre la culpa exclusiva de la víctima en los casos en que se lograra determinar la
responsabilidad del Estado por una privación injusta de la libertad, sin embargo,
como esto no ocurrió revocó la decisión de primera instancia8 que negó las
pretensiones de la demanda de reparación directa por haberse configurado el
mencionado eximente de responsabilidad y, en su lugar, negó lo solicitado con
sustento en que no se acreditó que la imposición de la medida de aseguramiento
fuera desproporcionada, irrazonable, ilegal o innecesaria.
De lo antes expuesto, Sala advierte que, a partir de los argumentos desarrollados
en la impugnación, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, en tanto la parte actora no cumplió con la carga mínima y explicativa
para abordar un estudio de fondo, toda vez que si bien es necesario que exponga
de manera clara los fundamentos, lo cierto es que en el presente asunto no se
cumple dicha carga, pues cuando se trata de tutela contra providencias judiciales,
se requiere es que se proponga un debate que trascienda al escenario
constitucional, para lo cual debe desarrollar una carga argumentativa y que esta
guarde relación con la razón de la decisión que se reprocha.
Lo anterior, en razón a que esta Sala evidencia que los reparos realizados por los
demandantes respecto a la valoración probatoria son generales, pues solo se
limitaron a manifestar que hubo una “falta de valoración probatoria” o “indebida
valoración”, sin precisar las pruebas que se dejaron de valorar o cuál fue la
valoración indebida realizada por el Tribunal Administrativo del Huila y la incidencia
de estas en el sentido del fallo.
Adicionalmente, en lo que se refiere al hecho determinante de la víctima como
generador del daño, se advierte que esta no fue la razón de la decisión del Tribunal
accionado. De hecho, es necesario recordar que, en el fallo de 20 de febrero de
2024, se negaron las pretensiones del medio de control de reparación directa,
porque la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos de proporcionalidad,
razonabilidad, legalidad y necesidad. Por consiguiente, el cargo en mención
tampoco guarda relación con la ratio decidendi de la sentencia objetada, razón por
la que el argumento en mención tampoco cumple con el requisito de la relevancia
constitucional.
8
El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Neiva declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y
negó las pretensiones, al considerar que fue el actuar del señor Julián Rodrigo Amaya Solórzano al huir cuando notó la
presencia policial, “quienes ante la salida del joven del lugar conocido como la Olla del Galán, buscaron el motivo de la misma,
y luego de una larga y peligrosa persecución de sur a norte, por vías principales e incluso circulando en contravía, que además,
puso en riesgos a otros miembros de la sociedad” culminó con la captura del antes mencionado, momento en el cual portaba
estupefacientes. Los accionantes apelaron la decisión, para lo cual, reprocharon la aplicación del eximente de responsabilidad
de la culpa exclusiva de la víctima, pues no hay pruebas que la víctima portara más de 400 gramos de marihuana, aunado al
hecho de que criticaron el procedimiento de los integrantes de la Policía Nacional y recordaron que se desconocieron los
pronunciamientos del Consejo de Estado frente a la responsabilidad del Estado por agentes en ejercicio de sus funciones y
por privación injusta de la libertad.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04899-01
Demandantes: Julián Rodrigo Amaya Solórzano y otros
Finalmente, con respecto a los argumentos relacionados con i) que la autoridad
judicial accionada aplicara el régimen subjetivo de responsabilidad y no el objetivo
y ii) que fue el actuar de la víctima como un hecho determinante en la generación
del daño, se advierte que estos alegatos no fueron planteados en esos términos en
el escrito de tutela, es decir, se trata de un alegato nuevo, razón por la cual no le es
dado al juez de tutela hacer algún pronunciamiento al respecto, en aras de
garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de la
autoridad judicial accionada.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada que declaró
la improcedencia de la acción de tutela.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 9 de diciembre de 2024, proferida por la
Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.