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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04912-01

Fecha
7 de marzo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04912-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Modificar el fallo de primera instancia, proferido el 28 de noviembre de 2024, por la Sección Segunda, Subsección A, de esta Corporación, el cual quedará así: PRIMERO. Amparar el derecho fundamental de petición del señor Luis Alfredo Castro Barón, de conformidad con lo expuesto. Como consecuencia, se ordena a la Presidencia de la República que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta a la solicitud del demandante, dirigida a que se remita a la Corte Penal Internacional la denuncia que instauró por la desaparición forzada del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro. SEGUNDO. Confirmar, en lo demás, el fallo impugnado. TERCERO. Remítase copia de estas diligencias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que esas autoridades determinen, de acuerdo con sus competencias, si existe mérito para abrir investigación disciplinaria o penal contra el abogado Luis Alfredo Castro Barón, conforme a lo razonado en la parte motiva. CUARTO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04912-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

7 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04912-01
Demandante: Luis Alfredo Castro Barón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04912-01
Demandante: LUIS ALFREDO CASTRO BARÓN
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE
PETICIÓN - Se concede amparo frente a la Presidencia de la República, con el fin de que
otorgue respuesta clara, oportuna y congruente con lo solicitado por el accionante.

La Sala1 decide la impugnación instaurada por el señor Luis Alfredo Castro Barón
contra el fallo de primera instancia, proferido el 28 de noviembre de 2024, por la
Sección Segunda, Subsección A, de esta Corporación, a través del cual se accedió,
parcialmente, al amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 13 de septiembre de 2024, el señor Luis Alfredo Castro Barón interpuso acción
de tutela contra el presidente de la República y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá.

2. En la solicitud de amparo se formularon las siguientes pretensiones:

PRETENSIONES PRINCIPALES

1. Ordenar a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, dejar sin efecto las
actuaciones surtidas dentro del expediente 2021-00748, a partir del 7 de
diciembre de 2021, seguido por esa Corporación contra el suscrito y una vez

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Se advierte que el 4 de febrero de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el respectivo proyecto de fallo.

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Demandante: Luis Alfredo Castro Barón

garantizados los derechos fundamentales al debido proceso, reanudar la
actuación, sin trampas, permitiendo mi participación de manera libre.

2. Ordenar al presidente de la República, dar respuesta a la anexa (sic) a las
peticiones formuladas los 4 de enero de 2024 y el 11 de octubre de 2023, por
LUIS ALFREDO CASTRO BARON, la cual debe ser, Clara: que explique de
manera comprensible el sentido y contenido de la respuesta; De fondo: que se
pronuncie de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados
en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con
el tema planteado; Suficiente: porque debe resolver materialmente la petición
y satisfacer los requerimientos del suscrito accionante; Efectiva, para
solucionar la petición y remitir a la CPI; Congruente: Que exista coherencia
entre lo respondido y lo pedido.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

Ante la no respuesta al derecho de petición y ante la vulneración de mis
derechos fundamentales tanto en la jurisdicción disciplinaria, como en las
jurisdicciones civil, penal y constitucional,

1. Decretar el Estado de cosas inconstitucional de la Justicia en Colombia, dada
la particularidad de la no vigencia del Estado de Derecho, por cuanto la justicia
está atravesada por la corrupción.

2. Convocar, por los medios legales a una Asamblea Nacional Constituyente
para reformar la Justicia y los organismos de control.

3. Las anteriores pretensiones se sustentan en los hechos narrados por el actor en
los siguientes términos:

4. Existe un supuesto complot entre ganaderos, autoridades gubernamentales,
eclesiásticas y judiciales para encubrir la desaparición forzada del señor Abel de
Jesús Barahona Castro, primo del aquí demandante, con el propósito de
arrebatarles «la posesión y propiedad de la Finca El Carmen, situada entre las calles
190 y 193 con autopista norte, en extensión de 85 hectáreas y un valor superior a
los setenta billones de pesos ($70.000.000.000) que actualmente está ocupada por
la Terminal de Transportes del Norte y el Patio de la calle 191 de Transmilenio».

5. Según el señor Luis Alfredo Castro Barón, su primo fue víctima de desaparición
forzada el 20 de noviembre de 1996 y días antes había denunciado seguimientos
ilegales por parte del entonces senador Germán Vargas Lleras. Además, el
expresidente Álvaro Uribe Vélez dio la orden al DAS, en el año 2009, «de buscar un
testigo falso para armar un montaje judicial con el fin de presentarlo como muerto
en una masacre, por lo cual el mencionado expresidente es sujeto activo de

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DESAPARICION FORZADA del Capellán de la Universidad Javeriana»; sin
embargo, no ha sido juzgado por ese delito. El Consejo Superior de la Judicatura,
por su parte, «lideró» la desaparición forzada del capellán Abel de Jesús Barahona
Castro, por cuanto remató el bien «El Cangrenal», en una especie de confabulación
entre funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y servidores de la
Procuraduría General de la Nación; además, le ordenó a la Juez 33 Penal —no
especificó la categoría ni el circuito judicial— «su secuestro».

6. El 4 de diciembre de 2020, en el proceso 8671 de 2007, se compulsaron copias
ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Fiscalía General de la
Nación, debido al lenguaje que el accionante empleó en algunos memoriales, con
acusaciones hacia algunos magistrados. Por ese hecho se abrió en su contra la
investigación disciplinaria con radicado 748, en la cual se programó audiencia para
el 7 de diciembre de 2021, fecha en la que se encontraba privado de la libertad con
medida de detención domiciliaria, por orden de un juez penal. El 29 de octubre de
2021, el accionante pidió copia del expediente y puso de presente la imposibilidad
de notificarse personalmente; sin embargo, no recibió respuesta.

7. El día de la audiencia, el demandante recibió el enlace para asistir, de forma
virtual, pero no se le permitió el ingreso. Luego, se fijó fecha para audiencia de
pruebas, a realizarse el 8 de agosto de 2024, diligencia a la que intentó acceder
también de forma virtual; sin embargo, cuando se comunicó con su apoderado de
oficio, éste le indicó que la diligencia se había celebrado el 5 de agosto de ese
mismo año. Presentó, además, recusación contra un magistrado, a la que no se dio
trámite.

8. El 8 de enero de 2024, el señor Luis Alfredo Castro Barón radicó petición ante el
presidente de la República para que remitiera a la Corte Penal Internacional la
denuncia penal que formuló contra varias autoridades, la cual no ha sido contestada.
El 11 de octubre de 2023 había presentado una petición similar, sin recibir
respuesta.

9. Considera el demandante que el silencio del presidente de la República, al no
responder de fondo las solicitudes del 11 de octubre de 2023 y del 8 de noviembre
de 2024, además de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso,
vulnera «su derecho y el del capellán de la Universidad Javeriana a no ser
sometidos a desaparición forzada, proscrita por el artículo 12 de la Carta de 1991».

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10. Por último, se refirió a los derechos al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, «a no ser desaparecido» y a la igualdad, e hizo mención
a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas.

Trámite impartido e intervenciones

11. Mediante auto de 7 de octubre de 2024 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a las autoridades demandadas y, como terceros con
interés, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Personería de Bogotá, al Juzgado
Treinta y Tres Penal Municipal de Bogotá, al Juzgado Veintiocho Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Bogotá y al Juzgado Cuarenta y Cuatro Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado. En la misma decisión, se dispuso no decretar las
medidas provisionales solicitadas por el accionante y se requirió a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para que enviara el enlace del expediente
con radicado 11001-25-02-000-2021-00748-00.

12. Posteriormente, en auto de 12 de noviembre de 2024 se vincularon, como
terceros interesados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Unidad de
Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Fiscalía General de la Nación, la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

13. La jueza 44 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá
informó que en ese despacho se adelanta el proceso con radicado
11001600010220200027600, seguido contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y
mencionó algunas de las etapas surtidas en ese asunto. Aclaró que ese proceso no
corresponde al radicado 276 de 2000, que menciona el accionante, no guarda
relación con la finca El Carmen o con los hechos descritos en la demanda.
Mencionó, además, que no ha recibido petición del demandante y puso de presente
que el interesado puede acudir a las autoridades respectivas a denunciar las
conductas que le atribuye a esa funcionaria judicial. Por lo anterior, solicitó su
desvinculación del litigio.

14. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá relató el trámite
surtido al interior del proceso 2021-0748 y señaló que, en proveído de 23 de
septiembre de 2024, se abstuvo de proferir sentencia y declaró la nulidad de lo

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actuado en el proceso disciplinario seguido contra el accionante, a partir de la
audiencia de pliego de cargos celebrada el 5 de agosto de 2024, por cuanto se
omitió informar al investigado sobre el cambio de la fecha de la diligencia. Agregó
que el demandante ha presentado sendas recusaciones con lo cual ha retrasado
ostensiblemente el curso del proceso.

15. La Personería de Bogotá manifestó que ninguna de las pretensiones se
relaciona con esa entidad; además, aclaró que no es la autoridad competente para
disciplinar a los abogados ni para responder las peticiones presentadas ante la
Presidencia de la República. Como consecuencia, solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela, en lo que a ese ente respecta.

16. La Presidencia de la República señaló que dio respuesta de fondo a las
peticiones del accionante, así: (i) la comunicación EXT23-00152496, radicada el 13
de octubre de 2023, fue contestada a través del oficio OFI23- 00192695 / GFPU
13150001 del 19 de octubre de 2023 y, en oficios separados de la misma fecha se
remitió por competencia la solicitud a la Procuraduría General de la Nación, a la
Defensoría del Pueblo, a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y a la
Fiscalía General de la Nación; (ii) la petición con radicado EXT24-00003032 fue
contestada a través de los oficios OFI24-00003685 / GFPU 13150000 de 12 de
enero de 2024 y OFI24-00216792 / GFPU 13150000 de 31 de octubre de 2024 e,
igualmente, remitió dicha petición por competencia a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, el 31 de octubre de 2024.

17. Aclaró que el sistema de trazabilidad empleado por esa autoridad, llamado
«ESCRIBE» emite una constancia que permite verificar el envío de las
comunicaciones al accionante a la dirección electrónica relacionada. Por lo
expuesto, solicitó negar la acción de tutela.

18. El Fiscal 49 Especializado de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico
de Bogotá indicó que en ese despacho se adelantó la indagación preliminar con
radicado 1100160000050201701109, con ocasión de la denuncia que presentó el
señor Luis Alfredo Castro Barón, por los delitos de desaparición forzada, abuso de
autoridad, prevaricato, utilización indebida de información e influencias derivadas
del ejercicio de la función pública, encubrimiento, falso testimonio, fraude procesal
y concierto para delinquir, por las extrañas circunstancias en las que desaparecieron
el sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro y los señores Lucila Cifuentes

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Bohórquez, Mario Otálora Cruz y Justo Pastor Arias López. Señaló que los delitos
de desaparición forzada y concierto para delinquir fueron investigados por los
Fiscales 101 y 241 de Bogotá, bajo los radicados 30.960 y 292.533,
respectivamente, de modo que no podría el Fiscal 49 iniciar una nueva
investigación.

19. Agregó que el delito de fraude procesal, y los de falsedad, invasión y concierto
para delinquir fueron investigados por la Fiscalía 79 Seccional de la Unidad de
Delitos contra el Orden Económico, a través del radicado 2005/01712.

20. Informó que esa delegada «llegó a la conclusión de que habiendo existido ya
investigaciones penales por los delitos anteriormente referidos, las cuales, teniendo
en cuenta la fecha de la ocurrencia de los hechos, se adelantaron bajo la ritualidad
prevista en la Ley 600 de 2000, esta Delegada Fiscal consideró que era
jurídicamente improcedente iniciar y/o continuar adelantando una nueva
investigación bajo el procedimiento de la Ley 906 de 2004, so pena de violar el
principio del non bis in idem. Además esta Delegada consideró que el Doctor LUIS
ALFREDO CASTRO BARON, tenía todas las herramientas jurídicas para solicitar la
Revocatoria de la Resolución inhibitoria y/o de Suspensión de la Investigación,
según el caso, como quiera que el punible de desaparición forzada es un delito de
lesa humanidad, y que por lo tanto, tiene la característica de ser imprescriptible».

21. En virtud de lo anterior, adujo que profirió orden de archivo el 26 de julio de
2024, y compulsó copias para que se investigaran las posibles conductas punibles
en las que pudieron haber incurrido los fiscales que adelantaron las pesquisas por
la desaparición del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro. La compulsa de
copias le fue asignada a la Fiscalía 12 delegada ante el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá.

22. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas manifestó
que el 14 de noviembre de 2023, en oficio UBPD-1-2023-012515, dio respuesta a
la petición del accionante -remitida por la Presidencia de la República-, a través del
correo electrónico luisalfredocastro@yahoo.es, en la que expuso que por cuenta de
su misionalidad no podía resolver todos los puntos planteados; sin embargo, le
informó sobre los avances en la búsqueda de los señores Abel de Jesús Barahona
Castro, Lucila Cifuentes Bohórquez, Mario Otálora Cruz y Justo Pastor Arias López;
adicionalmente, mencionó una reunión sostenida con el interesado en la que se

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ampliaron detalles de las desapariciones y ofreció canales de contacto para
consultas adicionales. Por lo anterior, solicitó negar la acción de tutela. Aportó copia
de la respuesta otorgada al accionante, el 14 de noviembre de 2023 y constancia
de envío de la respuesta (105).

23. La Procuraduría General de la Nación señaló que requirió a las dependencias
que pudieron tener conocimiento de los hechos y conoció que no fue incluido como
víctima del conflicto armado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas; además, refirió que ha venido adelantando la función preventiva, por
lo que solicitó negar la acción de tutela o declararla improcedente.

Sentencia impugnada

24. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia de 28
de noviembre de 2024 resolvió:

Primero: Negar la pretensión de la acción de tutela formulada por el señor Luis
Alfredo Castro Barón, en contra del Comisión Seccional de Disciplina de Bogotá
con ocasión de las providencias del 5 de agosto de 2024 y 12 de septiembre
del mismo año, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

Segundo: Amparar el derecho fundamental de petición del señor Luis Alfredo
Castro Barón. En consecuencia, se ordena a la Defensoría del Pueblo y la
Fiscalía General de la Nación que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
responda de fondo, de manera clara y precisa y notifique su respuesta a la
petición formulada por la parte accionante el 13 de octubre de 2023.

Tercero: Negar la acción de tutela que interpuso el señor Luis Alfredo Castro
Barón, respecto del reproche dirigido contra la Presidencia de la República, la
Unidad Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Procuraduría
General de la Nación porque no avizora vulneración del derecho fundamental
de petición por parte de dichas entidades, de conformidad a lo expuesto
previamente. (…).

25. Para arribar a esa decisión, consideró que el defecto procedimental absoluto
derivado de la indebida comunicación al accionante de la fecha establecida para la
audiencia de pruebas, en una investigación disciplinaria seguida en su contra, fue
saneado, mediante auto de 23 de septiembre de 2024, toda vez que en esa decisión
se declaró la nulidad de lo actuado a partir del 5 de agosto de 2024, con el fin de
garantizar el derecho al debido proceso del investigado. Por consiguiente, consideró

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que no se apreciaba una actitud grosera o caprichosa que hubiera propiciado el
quebranto de los derechos fundamentales del demandante.

26. De otro lado, señaló que no podía predicarse la vulneración del derecho
fundamental de petición respecto de la unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas, ni de la Presidencia de la República o la Procuraduría General de
la Nación, toda vez que otorgaron respuestas de fondo.

27. Finalmente, expuso que la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la
Nación «vulneraron el derecho de petición con ocasión de la solicitud del 13 de
octubre de 2023 presentada por el señor Luis Alfredo Castro Barón, la cual fue
trasladada por parte de la Presidencia de la República a través de los oficios OFI23-
00192745 y OFI23-00192747 ambos del 19 de octubre de 2023, pero aun así no se
le dio una respuesta clara, precisa y de fondo a lo solicitado».

Impugnación

28. De manera oportuna, el accionante presentó escrito de impugnación. En un
extenso memorial se dedicó, nuevamente, a tildar a ciertas figuras políticas y
autoridades gubernamentales y judiciales, incluidos los magistrados que profirieron
la decisión impugnada, de incurrir en conductas «corruptas» para apropiarse del
inmueble El Carmen, así como para encubrir la desaparición de su primo, el
sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro, y su supuesto secuestro por cuenta de
ciertas medidas adoptadas en procesos penales y disciplinarios que se adelantan
en su contra.

29. En lo que concierne al fallo de primera instancia, se limitó a manifestar lo
siguiente:

El Consejo de Estado vinculó y corrió traslado a las entidades:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
UNIDAD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS
DEFENSORIA DEL PUEBLO
PERSONERIA DE BOGOTA
JUZGADO 33 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA
JUZGADO 28 PENAL DEL CIRCUITO
JUZGADO 44 PENAL DEL CIRCUITO
JUZGADO 49 PENAL ESPECIALIZADO EN CONCUSIONES Y
DESAPARICIONES FORZADAS.

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La vinculación de las entidades anteriores es una arremetida más del Consejo
de Estado para dejar en la impunidad las DESAPARICIONES FORZADAS con
sistematicidad de mi familia, en los términos señalados en la demanda de tutela
y proteger a cuatro (4) marcados y señalados grupos de asesinos y
desaparecedores: i) los del Ministerio Público (Personería de Bogotá,
Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo; ii) los de la Fiscalía
General de la Nación (Fiscalía 16 COC, Fiscalía 49 Especializada, Fiscalía 86
Seccional, Fiscalía 104 Seccional, Fiscalía 37 Seccional; Fiscalía 157
Seccional, Fiscalía 241 antisecuestro y otras) , y iii) los Magistrados de las
Comisiones Seccional y Nacional de Disciplina Judicial; iv) la de los Jueces
(juez 33 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, Juez 28 penal del
Circuito, Juez 41 Penal del Circuito, Juez 44 penal del Circuito).

Los más deletéreos, corruptos y corruptores son los terceros, quienes al dejar
en la impunidad a jueces, fiscales y abogados, legalizan las marrullas de los
otros tres grupos, con el aval doloso de los Magistrados de las ocho (8) Altas
Cortes.

Incurriendo en negacionismo, los accionados y vinculados mienten
descaradamente y los Magistrados los protegen:
(…)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA está obligado por la legislación
internacional y por la nacional como jefe del Estado a dar contestación a los
derechos de petición y a remitir a la Corte Penal Internacional los crímenes
competencia de la CPI, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del
Estatuto de Roma.

Si el Consejo de Estado se abstiene de emplear su autoridad para obligarlo a
que conteste y defiere la responsabilidad en la Fiscalía o la Defensoría del
Pueblo, incurre igualmente en el delito de DESAPARICION FORZADA con
sistematicidad, como es la DESAPARICION FORZADA del PADRE ABEL DE
JESUS BARAHONA CASTRO y toda mi familia. Está más que demostrado que
el Estado Colombiano NO PUEDE O NO QUIERE aplicar la justicia para
judicializar a los responsables de las DESAPARICIONES FORZADAS de mi
familia, crímenes que son competencia de la Corte, de conformidad con el
artículo 7 del mencionado Estatuto de Roma. La potestad de la Corte para
investigar este tipo de LESA HUMANIDAD de DESAPARICION FORZADA
depende del Presidente de la República, en este caso de GUSTAVO PETRO
URREGO, pues así lo dispone el artículo 13, numeral a) de dicho estatuto:

“EJERCICIO DE LA COMPETENCIA: La Corte podrá ejercer su competencia
respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de
conformidad con las disposiciones del presente estatuto así.

a) Un estado parte remite al fiscal, de conformidad con el artículo 14, una
situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes.

“REMISION DE UNA SITUACION POR UN ESTADO

1. Todo estado parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca
haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir
al fiscal que investigue la situación (sic) los fines de determinar si se ha de
acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas
determinadas”.

Como se puede evidenciar, es al Presidente de la República a quien le compete
la remisión, pero tal remisión no se hará si el Consejo de Estado persiste en
deferir la Responsabilidad para contestar los Derechos de Petición a la Fiscalía
o a la Defensoría del Pueblo, caso en el cual nuevamente se dice y se insiste,

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el Consejo de Estado está incurso en la DESAPARICION FORZADA de mi
familia.

Pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación

30. Con posterioridad al fallo de primera instancia, la Fiscalía General de la Nación
radicó sendos memoriales. La Fiscal 57 Seccional de la Unidad de Gestión de
Alertas y Clasificación Temprana de Denuncias manifestó que en sus registros
obran 216 solicitudes radicadas por el accionante y no le era posible conocer la
petición sobre la cual debía pronunciarse, toda vez que no encontró la remisión
efectuada por la Presidencia de la República, a la que se alude en el proceso.

31. El asistente de la Fiscalía 49 Especializada de la Unidad de Fe Pública y Orden
Económico de Bogotá señaló que había puesto en conocimiento de la Fiscalía 58
de la Ley 600 de 2000 la demanda de tutela y el fallo de primera instancia, para que
se pronunciara, dado que a esa dependencia no se le corrió traslado del asunto y
fue la que adelantó el proceso número 853.240, relacionado con la desaparición
forzada del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro.

32. La Fiscal 54 Especializada de Bogotá expuso que en sus archivos obra la
investigación 110016000050202105930 y, luego de su consulta, envió contestación
al Juzgado 32 de Familia «para la toma de decisión de muerte presunta»; además,
«se emitió la orden a policía judicial el día 20 de noviembre de 2024 las cuales se
vencen para obtener resultados el día 20 de diciembre del presente año».

II. C O N S I D E R A C I O N E S

El derecho fundamental de petición

33. El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política,
ha sido concebido por la doctrina como «un derecho que -antes que otra función-
facilita la expresión de las personas en su relación con un determinado poder
constituido»2 y, particularmente, en su relación con el Estado de Derecho. Es, por

2 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Naturaleza jurídica del derecho de petición. En: Derecho público.

Biblioteca Jurídica Diké – Universidad Pontificia Bolivariana, 2012. p. 115.

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tanto, «una de esas formas de vinculación entre el poder público y los particulares,
para que estos ejerzan control y fiscalización sobre el Estado»3.

34. Este derecho tiene un núcleo esencial complejo que se integra por (i) la facultad
que tiene una persona de presentar peticiones respetuosas, en interés general o
particular, ante las autoridades y también ante organizaciones privadas, previa
reglamentación del legislador, y (ii) los deberes correlativos del sujeto pasivo de
recibir la petición, evitar tomar represalias por su ejercicio, otorgar una respuesta
material en el plazo dispuesto legalmente y notificarla en debida forma. La Corte
Constitucional también ha señalado que la respuesta emitida debe ser clara,
oportuna y congruente con lo solicitado.

35. En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto
de protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición. Es claro, entonces, que el hecho de obtener una respuesta negativa, o
cuando se le indica al peticionario el procedimiento administrativo que se debe
seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de estudiar
la procedencia de la solicitud son circunstancias que, por regla general, no implican
la vulneración del derecho fundamental de petición.

36. Así las cosas, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea, y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido4.

37. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la respuesta de la
autoridad debe ser:

(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii)
precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en
información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii)
congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea

3 Ibid., p. 174.
4
Sentencia T-587 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho
de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad
de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una
respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si
resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente5.

38. Recientemente, la Corte Constitucional6 reiteró la anterior postura
jurisprudencial e insistió en que otorgar respuesta de fondo a una solicitud implica:

[O]frecer respuesta clara, precisa y de fondo o material, lo que supone que la
autoridad competente ha de pronunciarse sobre la materia propia de la solicitud
de manera completa, congruente y sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados, con independencia de que la respuesta sea
favorable, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido.

39. En similar sentido, la sentencia T-132 de 2024 estableció que la respuesta a una
petición:

[…] debe ser de fondo, esto es7: (i) clara, “inteligible y de fácil comprensión”; (ii)
precisa, de forma tal que “atienda, de manera concreta, lo solicitado, sin
información impertinente” y “sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii)
congruente, es decir, que “abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado”, y (iv) consecuente, lo cual implica “que no basta con
ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que,
si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente”8.

40. Así mismo, en el evento en que la autoridad a quien se dirigió la petición no sea
competente para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de lo requerido, también
se preserva la obligación de contestar, consistente en informar al interesado sobre
la falta de capacidad legal para dar respuesta y, a su vez, remitir a la entidad
encargada de pronunciarse sobre el asunto formulado por el peticionario 9.

Análisis del caso concreto

41. En la impugnación, el accionante reprochó la decisión de dejar en cabeza de la
Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General de la Nación el deber de dar

5 Sentencia T- 610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
6
Sentencia T-192 de 2022. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
7
Cita original: Sentencia T-490 de 2018.
8
Cita original: Ibidem.
9 Sentencia T-230 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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respuesta a sus peticiones, pues consideró que es al Presidente de la República a
quien le corresponde resolver de fondo su solicitud encaminada a que se remita a
la Corte Penal Internacional la denuncia que radicó, con el fin de que se investigue
el delito de desaparición forzada del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro.

42. La Sala se limitará a resolver los motivos de la impugnación, que aluden a la
vulneración del derecho fundamental de petición por parte de la Presidencia de la
República. Los aspectos en los que se fundamentó la tutela contra la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá no serán estudiados, dado que el
accionante no manifestó inconformidad con lo resuelto en el fallo de primera
instancia frente a dicha entidad.

43. En lo que respecta a la Presidencia de la República, se afirmó en la demanda
que esa autoridad no otorgó respuesta clara, de fondo, suficiente, efectiva y
congruente a las peticiones que el demandante radicó el 11 de octubre de 2023 y el
4 de enero de 2024. La Sala pasa, así, a analizar el contenido de las peticiones en
cuestión y las respuestas otorgadas por la demandada.

44. En la petición de 11 de octubre de 2023, el demandante hizo un relato de las
acusaciones que replicó en la acción de tutela, relacionadas con la existencia de
una organización criminal con participación de funcionarios del Estado y la adopción
de decisiones judiciales arbitrarias para «acallarlo», así como para «cohonestar
[con] la apropiación ilegal del inmueble El Carmen y encubrir el desaparecimiento
forzado del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro». En esa ocasión le solicitó
al alto mandatario del Estado:

1. Anticipándome a manifestar que creo en su honestidad y transparencia,
pero habida cuenta que usted era alcalde cuando TRANSMILENIO invadió la
FINCA EL CARMEN y formulé denuncia penal sin ningún resultado,
comedidamente solicito se me informe si usted, siendo Alcalde Mayor
participó en la Desaparición Forzada del Padre Abel de Jesús Barahona
Castro, al ocupar, durante su mandato, la Finca EL CARMEN, a través de la
invasión parcial del costado occidental con buses del SITP de
TRANSMILENIO, en concreto con buses del CONSORCIO EXPRESS SAS,
en cuya composición accionaria figura ANDRES PASTRANA ARANGO.

2. REMITIR a la Corte Penal Internacional la denuncia formulada el 6 de
septiembre de 2017 en contra de sesenta personas por los delitos de
DESAPARICION FORZADA y otros, como delito de LESA HUMANIDAD, la
cual no ha dado resultado alguno.

3. Iniciar el desmonte de la dictadura, convocando, por los medios legales, a
una Asamblea Nacional Constituyente, ante la comprobación de la existencia

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de un ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA EN
COLOMBIA.

45. La Presidencia de la República contestó la petición, el 19 de octubre de 2003,
así:

Sobre el particular, es importante señalar que entendemos su punto de vista e
inconformidades, sin embargo, debe aclararse que cada una de las entidades
públicas tienen asignadas funciones, todas ellas, encaminadas al cumplimiento
de los fines esenciales del Estado. De esta forma, en virtud del artículo 6 de la
Constitución Política los servidores públicos tenemos prohibida cualquier tipo
de extralimitación de estas funciones.

Corolario, esta entidad no cuenta con facultades para investigar, vigilar o
sancionar. Dicha facultad reposa en los entes de control disciplinario de las
entidades públicas y sus funcionarios en cabeza de la Procuraduría General de
la Nación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo", modificado por la Ley 1755 de 2015, se ha dado
traslado a la Procuraduría General de la Nación, Unidad de Búsqueda de
Personas Dadas por Desaparecidas – UBPD, Defensoría del Pueblo y Fiscalía
General de la Nación, entidades legalmente facultadas, para conocer del tema
expuesto por usted en su misiva en atención.

Le sugerimos estar atento para recibir las respectivas respuestas. En caso de
presentar alguna inquietud, le invitamos a dirigirse directamente a esas
entidades a través de los siguientes correos electrónicos:
servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co -
quejas@procuraduría.gov.co - gestiondocumentalpqrs@fiscalia.gov.co -
asuntosdefensor@defensoria.gov.co.

Ahora bien en cuanto a la que el peticionario manifiesta "(....) Atención: Sólo
daré por contestado el presente Derecho de Petición si la respuesta está
firmada por el señor Presidente (...)" En cuanto a su petición para que sea el
Señor Presidente de la República quien dé respuesta a su escrito, se hace
necesario indicar que, de acuerdo con la estructura y administración de la
Rama Ejecutiva del Poder Público, se han creado entidades que apoyan esta
gestión, en ese orden, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República es la entidad encargada de brindar el soporte administrativo al
Primer Mandatario en cumplimiento con el Decreto 2647 del 30 de diciembre
de 2022 el cual pueden consultar en el siguiente link:

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202647%2
0 DEL%2030%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202022.pd.pdf

Del mismo modo dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República se encuentra la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano, el
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 numeral 5 del Decreto
2647 del 30 de diciembre del año 2022:

5. Realizar el control y seguimiento a la atención oportuna de peticiones,
sugerencias, quejas, reclamos o denuncias que se presenten en la entidad bajo
las directrices y políticas fijadas en materia de gestión documental y dentro de
los plazos legalmente establecidos.

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De lo anterior se concluye que el Grupo de Atención a la Ciudadanía se encarga
de atender las peticiones dirigidas al Presidente de la República y en mi calidad
de Coordinador del Grupo en mención, cuento con la responsabilidad de dar
respuesta a los peticionarios y realizar los traslados de manera oportuna a las
entidades competentes.

46. La autoridad demandada acreditó la remisión de la petición a las entidades a las
que hizo referencia en la respuesta. Además, aportó unos formatos con el fin de
demostrar el envío de la respuesta al peticionario.

47. La petición de 4 de enero de 2024 también relató la mayoría de los hechos que
se expusieron en la solicitud que le precedió y que fueron reproducidos en este
proceso. En esa oportunidad, el accionante solicitó:

Por lo anteriormente expuesto y toda vez que el Estado no quiere o no puede
investigar la DESAPARICION FORZADA del Capellán de la Universidad
Javeriana de Bogotá, el sacerdote ABEL DE JESUS BARAHONA CASTRO,
solicito remitir a la Corte Penal Internacional la denuncia adjunta, para cuyo
desarrollo me permito invocar los preceptos 11, 12 y 23 de la Constitución en
armonía con la ley 1755 de 2015; del artículo 95 y el bloque de
constitucionalidad; de la ley 1418 de 2010, aprobatoria de la “CONVENCION
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE TODAS LAS PERSONAS
CONTRA LA DESAPARICION FORZADA” y del artículo 5 de la Carta de 1991,
en consonancia con el artículo 188 de la Carta Fundamental, por virtud del cual
“El presidente de la República simboliza la unidad nacional, y al jurar el
cumplimiento de la constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los
derechos y libertades de todos los colombianos”.

48. Al proceso se allegó respuesta de la Presidencia de la República, de 12 de enero
de 2024, a las peticiones con radicados EXT24-00003032, EXT24-00003340,
EXT24-00003345, EXT24-00003347, EXT24-00003355, EXT24-00003358 y
EXT24-00003380, en los siguientes términos:

Hemos recibido las comunicaciones enviadas al Presidente de la República, en
la que nos pone en conocimiento actuaciones judiciales.

Sobre el particular, es importante reiterarle que la Presidencia de la República
no puede intervenir en temas como el expuesto en su escrito, teniendo en
cuenta la autonomía de las ramas del poder público contempladas en el artículo
113 de la Constitución Política de Colombia.

En caso de observar que se están vulnerando sus derechos y requiere
intervención en el proceso, le invitamos a dirigirse directamente a la Defensoría
del Pueblo a través de sus canales de atención o al siguiente electrónico:
asuntosdefensor@defensoria.gov.co

49. A partir del análisis de las pruebas señaladas, la Sala observa, sin mayor
esfuerzo, que las respuestas otorgadas por la Presidencia de la República no

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otorgaron una explicación clara y de fondo al principal requerimiento del accionante
-en el que centró su insistencia y ahora su inconformidad-, dirigido a que se remita
a la Corte Penal Internacional la denuncia que radicó por la desaparición forzada de
su primo, el sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro.

50. Si bien la autoridad encartada informó que no le era dable asumir atribuciones
que no estaban incluidas dentro del marco de su competencia y, por esa razón,
remitió copia de la petición de 11 de octubre de 2023 a diversas entidades públicas,
para la Sala no resulta claro, a partir de las respuestas otorgadas, si una autoridad
diferente a la Presidencia de la República sería la encargada de estudiar la solicitud
dirigida a que se remita la denuncia presentada por el accionante a la Corte Penal
Internacional y, en tal caso, cuál entidad tendría asignada esa competencia.

51. En la demanda se explicó que la solicitud en comento se soportó en lo dispuesto
en el artículo 13 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La norma
aludida es del siguiente tenor:

Artículo 13. Ejercicio de la competencia. La Corte podrá ejercer su competencia
respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de
conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:

a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una
situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes;

b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que
parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o

c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.

52. El artículo 5º de ese mismo tratado internacional estipula la competencia de la
Corte Penal Internacional para conocer de los crímenes más graves de
trascendencia para la comunidad internacional, entre ellos, los crímenes de lesa
humanidad, como la desaparición forzada.

53. Teniendo en cuenta las razones expuestas por el accionante, considera la Sala
que la obligación de dar respuesta a la reclamación que pretende el envío a la Corte
Penal Internacional de la denuncia por la desaparición forzada del clérigo Abel de
Jesús Barahona Castro, recae en la Presidencia de la República, por cuanto ante
esa autoridad se elevó tal petición y las respuestas que otorgó no permiten colegir
su incompetencia para pronunciarse al respecto. Adicionalmente, no se observa

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razón válida para trasladar ese deber a las entidades que se vincularon al proceso,
en calidad de terceras interesadas.

54. En consideración a lo anterior, se modificará el fallo impugnado y, en su lugar,
se ordenará a la Presidencia de la República entregar respuesta de fondo a la
petición del señor Luis Alfredo Castro Barón, mediante la cual pretende que se
remita una denuncia a la Corte Penal Internacional.

55. Finalmente, observa la Sala que en la demanda el accionante se expresó —se
reproducen algunos apartados— de manera sumamente irrespetuosa respecto del
Consejo de Estado, como institución judicial, y también frente a sus magistrados, al
punto de atribuirles conductas delictivas:

Es Grave que no se detenga el proceso por orden del Consejo de Estado,
porque equivale a que el órgano de cierre de la justicia de lo contencioso
administrativo, patrocina, apuntala, avala, consciente y aúpa la práctica de la
DESAPARICION FORZADA agravada, desapareciendo y matando a sus más
ilustres ciudadanos, lo cual es coreado por la prensa, cerrando el macabro
círculo de DESAPARICIONES FORZADAS, en el que están todos y cada uno
de los servidores públicos que aquí se mencionan, lo que nos muestra un
estado criminal, que ni siquiera se compara con el Estado nazi, pues aquí
detrás de las palabras se esconde la psicopatía y crueldad de los Magistrados
Colombianos. (…)

Consejeros de Estado corrompidos,
En alianza con los Representantes,
Mutilan y esfuman proveídos,
La CIA y el Consejo son farsantes.
Trabajando en llave con la Fiscalía,
con el aval de la Procuraduría.

(…) El Consejo de Estado está podrido,
Y son todos Magistrados delincuentes. (…)

Con Consejo de Estado y Presidente
Van negando matadas y despojos,
Y los jueces robando van de frente
Con palabras y cinismo, sin sonrojos,
Pretenden arrebatarnos la finquita
Enterrando del PADRE sus despojos.

56. En vista de lo anterior, se ordenará remitir copia de estas diligencias a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y a la Fiscalía General de la
Nación, con el fin de que, en el marco de sus competencias, esas autoridades
determinen si existe mérito para abrir investigación disciplinaria o penal contra el
abogado Luis Alfredo Castro Barón.

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57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Modificar el fallo de primera instancia, proferido el 28 de noviembre de 2024, por la
Sección Segunda, Subsección A, de esta Corporación, el cual quedará así:

PRIMERO. Amparar el derecho fundamental de petición del señor Luis Alfredo
Castro Barón, de conformidad con lo expuesto. Como consecuencia, se ordena a la
Presidencia de la República que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta a la solicitud del
demandante, dirigida a que se remita a la Corte Penal Internacional la denuncia que
instauró por la desaparición forzada del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro.

SEGUNDO. Confirmar, en lo demás, el fallo impugnado.

TERCERO. Remítase copia de estas diligencias a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que
esas autoridades determinen, de acuerdo con sus competencias, si existe mérito
para abrir investigación disciplinaria o penal contra el abogado Luis Alfredo Castro
Barón, conforme a lo razonado en la parte motiva.

CUARTO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.

QUINTO. Por Secretaría General, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

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JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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