Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04913-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04913-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04913-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
25 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04913-00
Accionante: Jorge Javier Román Yáñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Derecho fundamental de petición
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de
amparo constitucional formulado por Jorge Javier Román Yáñez en contra del
Tribunal Administrativo del Atlántico y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 13 de septiembre del año en curso, el señor Jorge Javier Román Yáñez presentó
demanda de tutela, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
2.
De acuerdo con su relato, el 30 de noviembre de 2011 el Tribunal Administrativo
del Atlántico profirió sentencia condenatoria al interior del proceso de reparación
directa2 que promovió junto con otros en contra de la Nación – Fiscalía General de
la Nación. Esa decisión fue modificada por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado a través del fallo del 3 de abril de 2020, en el sentido de
incrementar los montos reconocidos por concepto de perjuicios.
3.
Sostuvo que con el fin de reclamar el pago de la sentencia otorgó poder a un
profesional del derecho, quien solicitó al Consejo de Estado copia del oficio del 12
de agosto de 2020, mediante el cual se devolvió el expediente al Tribunal de origen,
dado que este último no lo encontraba, ni le había otorgado información acerca del
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Tramitado con número de radicado: 08001-23-31-006-2009-0422-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04913-00
Accionante: Jorge Javier Román Yáñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
proceso. Dicha solicitud fue atendida por esta Corporación remitiéndole la
documentación pertinente.
4.
Aseguró que en diferentes oportunidades ha tratado de consultar el proceso en el
aplicativo web Samai, pero la búsqueda ha sido infructuosa. En razón de ello, solicitó
a la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Atlántico información y
actualización del referido proceso.
5.
A su vez, el 7 de mayo de 2024 elevó una petición ante el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, con el fin de que se le informara: (i) si la cartera ministerial había
girado dineros por concepto de pago de esa sentencia y, (ii) si existía algún trámite
pendiente por solicitud de pago de la misma. Además pidió que, de ser el caso, se le
entregara copia de los actos administrativos relacionados con el cumplimiento del
fallo.
6.
Afirmó que, en respuesta a dicha solicitud, la cartera ministerial le brindó
información parcial, indicándole que pronto le brindaría una contestación de fondo.
7.
Cuestionó que para la fecha de interposición de la acción constitucional, ni la
Secretaría General del Tribunal Administrativo del Atlántico, ni el Ministerio de
Hacienda le habían otorgado una respuesta de fondo frente a las solicitudes antes
referidas, omisión que considera comporta una vulneración a los derechos
fundamentales que invoca.
8.
En ese sentido, las pretensiones están encaminadas a que se ordene: (i) al
Tribunal actualizar el expediente 08001-23-31-006-2009-0422-01 para que pueda
visualizarse en el aplicativo web Samai y; (ii) al Ministerio de Hacienda que atienda
de forma concreta y precisa la solicitud elevada por el accionante el 7 de mayo de
2024.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
9.
Mediante auto de 19 de septiembre de 2024, se dispuso: (i) admitir la acción de
tutela; (ii) notificar de su presentación a las accionadas; (iii) vincular a la Secretaría
del Tribunal Administrativo del Atlántico y a la Fiscalía General de la Nación3, en
calidad de terceros con interés; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado; (v) requerir al Tribunal Administrativo del Atlántico para
que remitiera copia digital del expediente con radicado número 08001-23-31-006-
2009-00422-01 y; (vi) requerir al accionante para que allegara la constancia de
radicación o envío de la petición que alegó haber presentado ante el Tribunal.
3 La determinación de vincular a la Fiscalía General de la Nación obedeció a que junto a la demanda se aportó
copia de un oficio a través del cual el Ministerio de Hacienda remitió al ente acusador la petición presentada por
el accionante el 7 de mayo de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04913-00
Accionante: Jorge Javier Román Yáñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
10.
Durante el curso del proceso, se allegaron las siguientes intervenciones:
(i) Tribunal Administrativo del Atlántico4
11.
El titular del despacho que tuvo a su cargo el proceso objeto de búsqueda informó
que, una vez verificado el buzón del correo electrónico del despacho, no se encontró
registro alguno de la solicitud que afirmó haber radicado el accionante ante esa
Corporación. Sin perjuicio de ello, el 27 de septiembre de 2024, remitió copia digital
del expediente en cuestión al correo electrónico señalado por el demandante en el
escrito de tutela. A su vez, indicó que, en esa misma fecha, la Secretaría de la
Corporación registró el proceso en el aplicativo Samai.
(ii) Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico5
12.
El Secretario de dicha corporación señaló que aunque no logró constatar la
radicación de la petición que adujo haber presentado el actor ante esa dependencia,
el 2 de octubre de 2024, por medio de correo electrónico, procedió hacer envío del
expediente digital con radicado 08001-23-31-006-2009-00422-01, precisando que el
mismo se encuentra disponible para consulta en el aplicativo Samai.
(iii) Ministerio de Hacienda y Crédito Público6
13.
Sostuvo que no vulneró en forma alguna el derecho fundamental de petición de la
parte actora, pues mediante el oficio No. 2-2024-024886 del 9 de mayo de 2024,
contestó de forma oportuna y de fondo la solicitud que presentó el 7 de mayo anterior.
Para tales efectos, le indicó que carecía de competencia para atender la misma, toda
vez que no le corresponde efectuar pagos por concepto de obligaciones en cabeza
de otras entidades, razón por la cual su solicitud había sido remitida a la Fiscalía
General de la Nación en esa misma fecha, a través del oficio 2-2024-024883.
(iv) Fiscalía General de la Nación7
14.
Alegó que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, comoquiera que
carece de competencia para atender lo pretendido por la parte actora y tampoco ha
incurrido en alguna acción u omisión que derive en una vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
(v) Accionante
4 Intervención digital contenida en 3 folios.
5 Intervención digital contenida en 1 folio.
6 Intervención digital contenida en 12 folios.
7 Intervención digital contenida en 6 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04913-00
Accionante: Jorge Javier Román Yáñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
15.
En respuesta al requerimiento hecho en el auto admisorio, el accionante manifestó
que “el derecho de petición no pudo ser radicado ante la secretaria del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO porque el expediente no se encuentra en las
páginas virtuales de esta entidad para poder ser radicado de forma virtual, y que
además el suscrito no reside en el país de Colombia para radicarlo de forma física”.
II. CONSIDERACIONES
C. Derecho de petición
16.
De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política “toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución”. Así, el derecho de petición tiene
una finalidad doble; por un lado, permite que los interesados presenten peticiones
respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una contestación oportuna,
eficaz, de fondo y congruente con los requerimientos que plantea el peticionario.
17.
En esa línea, la Corte Constitucional ha señalado que el núcleo esencial del
derecho de petición conlleva los siguientes elementos: (i) la posibilidad real, cierta y
efectiva de presentar peticiones respetuosas; (ii) el otorgamiento de una respuesta
de fondo, clara, precisa y de acuerdo a lo solicitado por el peticionario; (iii) contestar
oportunamente, es decir, dentro del término legalmente establecido para tal efecto
y; (iv) la comunicación pronta de la contestación al peticionario; sin perjuicio de que
el contenido de la respuesta sea favorable o desfavorable a lo solicitado.
D. Caso concreto
18.
En el escrito de tutela, el demandante le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales, por un lado, al Tribunal Administrativo del Atlántico, ante la supuesta
omisión en la respuesta frente a una solicitud que aseguró haber presentado a la
Secretaría de dicha Corporación, con el fin de obtener información acerca del
expediente con radicado número 08001-23-31-006-2009-00422-01 y; por otro lado,
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por la falta de una respuesta de fondo
respecto a la petición que radicó ante esa entidad el 7 de mayo de 2024, relacionada
con el pago de la sentencia proferida al interior del referido proceso.
Sobre el reproche formulado en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico
19.
Como se indicó en precedencia, en la demanda el accionante afirmó haber
solicitado a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico información y
actualización del expediente antes referido, pero que no se le había otorgado una
respuesta al respecto. Como soporte de ello, aportó copia de un documento dirigido
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04913-00
Accionante: Jorge Javier Román Yáñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
a esa dependencia sin fecha, ni constancia de radicado o recibido. Por consiguiente,
en el auto admisorio se le requirió para que remitiera prueba de envío o radicación.
20.
Sin embargo, en respuesta a dicho requerimiento, el actor refirió que la solicitud
en comento no pudo ser radicada de forma virtual ante el Tribunal, debido a que el
expediente no aparecía en el aplicativo Samai y tampoco de manera física por cuanto
reside fuera del país. En los informes allegados al presente trámite, el magistrado
del despacho que tuvo a su cargo ese proceso y el Secretario de la Corporación
también coincidieron en anotar que no encontraron registro de esa petición.
21.
En ese escenario, se hace evidente la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales que se invocan, pues la parte actora no acreditó haber presentado la
petición cuya falta de respuesta reclama ante la autoridad accionada.
22.
En reiterada jurisprudencia8, la Corte Constitucional ha sido enfática en precisar
que si bien toda persona tiene derecho a elevar peticiones respetuosas ante la
administración o los particulares, cuando se pretende invocar su protección es
requisito ineludible demostrar, así sea de forma sumaria, la presentación de la
solicitud. De manera que no basta con la simple afirmación de no haber obtenido una
respuesta, sino que es necesario que esta se encuentre respaldada con elementos
que permitan sustentar lo dicho, carga que no fue acreditada en el caso bajo estudio.
23.
En el expediente únicamente obra copia del escrito contentivo de la solicitud
dirigido al Tribunal, pero no hay evidencia de que la misma efectivamente se haya
presentado ante esa Corporación. A ello se suma que el mismo accionante en
memorial allegado con posterioridad a la interposición de la acción constitucional
reconoció no haberla radicado, lo que a su vez fue confirmado por los servidores del
Tribunal.
24.
En tales condiciones, no puede predicarse la existencia de algún actuar omisivo
por parte del Tribunal accionado que derive en una vulneración a los derechos
fundamentales invocados por el demandante, en tanto la solicitud que
supuestamente dio origen a la omisión alegada nunca fue radicada ante dicha
autoridad. Por consiguiente, en lo que respecta al Tribunal, se negará la solicitud de
amparo.
25.
Lo anterior, sin perjuicio de que dicha autoridad, una vez tuvo conocimiento de la
acción de tutela, en un actuar diligente haya procedido a digitalizar el expediente en
el aplicativo web Samai, que era el fin perseguido por el actor con el mecanismo de
amparo y con la supuesta solicitud.
Sobre los reparos dirigidos en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
8 Al respecto, ver sentencia T-1160 de 2001, T-997 de 2005 y T-329 de 2011, entre otras.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04913-00
Accionante: Jorge Javier Román Yáñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
26.
Por otra parte, la vulneración endilgada al Ministerio de Hacienda se fundó en la
falta de respuesta de fondo frente a la petición elevada por el accionante el 7 de
mayo de 2024, relacionada con el pago de la sentencia proferida al interior del
proceso 08001-23-31-006-2009-00422-01.
27.
De la revisión del acervo probatorio, se observa que el accionante acreditó haber
presentado dicha solicitud ante la cartera ministerial. Para el efecto, aportó copia del
correo electrónico mediante el cual se confirmó la recepción de la petición y el
radicado que le fue asignado, lo que a su vez encuentra respaldo en la
documentación allegada por la entidad. Sin embargo, el demandante alegó que el
Ministerio le contestó de forma parcial, limitándose a indicar que pronto daría una
contestación de fondo, pero nunca obtuvo esa respuesta.
28.
De manera que en este acápite lo que corresponde determinar a la Sala es si la
contestación otorgada por el Ministerio de Hacienda satisface el derecho
fundamental de petición o si, por el contrario, constituye una transgresión a dicha
garantía.
29.
En concreto, el peticionario solicitó a la cartera ministerial que informara: (i) si
había girado dineros por concepto de pago de la mencionada sentencia y; (ii) si
existía algún trámite pendiente por solicitud de pago de la misma. Además pidió que,
de ser el caso, le entregara copia de los actos administrativos relacionados con el
cumplimiento del fallo.
30.
En respuesta a dicha solicitud el Ministerio de Hacienda informó al peticionario,
por medio del oficio 2-2024-024886 del 9 de mayo de 2024, que si bien una de sus
funciones es la asignación de recursos de forma global a las entidades que hacen
parte del Presupuesto General de la Nación, quien realiza el pago de tales recursos
a los beneficiarios finales es la entidad a la que se le giran los mismos, que para el
caso concreto se trata de la Fiscalía General de la Nación, la cual fue condenada en
el mencionado proceso ordinario.
31.
En ese sentido, precisó que únicamente le corresponde expedir el acto
administrativo en el que se reconoce al beneficiario final el pago de las obligaciones
originadas en las providencias a cargo de las entidades estatales, pero una vez estas
últimas han solicitado los recursos correspondientes. No obstante, una vez
consultada su base de datos, no encontró que el accionante obrara como beneficiario
dentro de los actos administrativos que han sido expedidos por la cartera ministerial
para situar recursos a la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual debía
dirigirse ante este ente a solicitar información sobre el estado del pago de la
sentencia que fue reconocida a su favor.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04913-00
Accionante: Jorge Javier Román Yáñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
32.
Sin perjuicio de lo anterior, a través del oficio 2-2024-024883 del 9 de mayo de
2024, trasladó la solicitud a la Fiscalía General de la Nación para que atendiera la
misma en el marco de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el
artículo 21 de la Ley 1755 de 2015.
33.
Según la citada normatividad, si la autoridad a quien se dirige la solicitud carece
de competencia para conocer de la misma, deberá remitir la petición al ente
competente, dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción, en caso de que
obre por escrito, y deberá informar del oficio remisorio al peticionario.
34.
De acuerdo con lo anterior, es claro que en el escenario en que la petición se
dirige a una entidad que carece de competencia para atender la misma, la única
obligación que surge en cabeza de aquella es remitirla a la entidad que estime
competente, así como informar de ello al peticionario dentro del término previsto por
ley. Por lo tanto, cuando una entidad se percata de la falta de competencia, lo que
se debe verificar es que se haya cumplido con ese mandato, tal como acontece en
el caso que nos ocupa.
35.
En las condiciones anotadas, la Sala no encuentra que la respuesta otorgada por
la cartera ministerial comporte una transgresión al derecho fundamental de petición
del demandante, pues -ante su falta de competencia- la contestación no podía ser
otra más que comunicarle al peticionario al respecto e informarle sobre el
consecuente traslado de forma oportuna, exigencia que se cumplió. Por ende, en lo
que respecta a los reparos formulados contra el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, también se negará el amparo deprecado en la demanda.
36.
Ahora bien, debe precisarse que el traslado de la solicitud no implica que el deber
de otorgar una respuesta de fondo desaparezca. Dicho mandato se trasladó a la
Fiscalía General de la Nación, que fue la entidad a la cual se remitió la petición. Sin
embargo, en el expediente no obra evidencia de que el ente investigador haya
atendido dicha solicitud, pese a que se encontraba en la obligación de emitir un
pronunciamiento al respecto, pues además de haberse vencido el término
legalmente previsto para tales efectos9, se acreditó que tenía conocimiento de la
misma en virtud del traslado hecho por el Ministerio de Hacienda.
37.
Como soporte de ello, la cartera ministerial aportó copia del oficio de traslado,
junto con su respectiva constancia de trazabilidad, como se evidencia a continuación:
9 El artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, prevé que las peticiones de documentos e información deben resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04913-00
Accionante: Jorge Javier Román Yáñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
38.
Además, junto a la demanda, el accionante también allegó copia del oficio
remisorio, documento del cual se corrió traslado a las partes y a los terceros. No
obstante, en el informe rendido por la Fiscalía ni siquiera se hizo algún
pronunciamiento al respecto. Por el contrario, la entidad se limitó alegar una
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04913-00
Accionante: Jorge Javier Román Yáñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
supuesta falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo el argumento de no haber
incurrido en algún acción u omisión que lesionara los derechos fundamentales
invocados por el accionante, cuando lo cierto es que para ese momento ya se le
había puesto de presente que probablemente había conocido de una de las
solicitudes cuya falta de respuesta se reclamaba. Por lo que era evidente que, en
caso de constatarse que efectivamente recepcionó la petición y que no otorgó una
respuesta, podía ser la llamada a responder por la vulneración alegada.
39.
De acuerdo a lo anterior, en aras de remediar la omisión advertida, la Sala
dispondrá la protección del derecho fundamental de petición del señor Jorge Javier
Román Yáñez, para lo cual ordenará a la Fiscalía General de la Nación que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, emita una respuesta de fondo, clara y
congruente con la solicitud presentada por el accionante el 7 de mayo de 2024, que
le fue trasladada por el Ministerio de Hacienda el 9 de mayo siguiente a través del
oficio 2-2024-024883.
40.
Cabe precisar que el amparo de dicha prerrogativa no supone la concesión de lo
requerido en la solicitud, pues lo que se busca es que el peticionario obtenga una
respuesta que atienda los requisitos establecidos para que sea constitucionalmente
válida, sin perjuicio de que el contenido de la misma sea favorable o desfavorable a
lo solicitado. Lo anterior, habida cuenta que el sentido de la respuesta no hace parte
del núcleo esencial del derecho fundamental a elevar peticiones respetuosas, en
tanto es de competencia exclusiva del sujeto pasivo de la petición10.
41.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado, respecto al Tribunal
Administrativo del Atlántico y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Jorge Javier
Román Yáñez vulnerado por la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia,
ordenar a esa entidad para que, en un término no mayor a cuarenta y ocho (48)
horas, brinde una contestación de fondo, clara y de acuerdo a lo solicitado por el
actor en su solicitud del 7 de mayo de 2024.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
10 En ese mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación, en sentencia del 4 de noviembre de 2021,
exp.11001-03- 15-000-2021-05637-01, CP. Gabriel Valbuena Hernández.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04913-00
Accionante: Jorge Javier Román Yáñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
11 VF
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