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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04923-00

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04923-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Efraín Chaverra Orrego por los argumentos expuestos en este fallo. 2. Dejar parcialmente sin efectos, la sentencia del 14 de marzo de 2024, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, en el medio de control de reparación directa nro. 66001-33-33-002- 2016-00322-01 sólo en lo que respecta al no reconocimiento del daño moral al señor Efraín Chaverra Orrego. 3. En consecuencia, ordenar a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta providencia, dicte una sentencia complementaria contando con los elementos de juicio suficientes para decidir sobre el reconocimiento del perjuicio moral del señor Efraín Chaverra Orrego, dada su alegada calidad de padre del feto que estaba en gestación. Para ello deberá (i) verificar la información del registro civil de matrimonio en la página web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el indicativo serial Nro. 5752759; y de ser el caso, de manera complementaria (ii) tener como indicio del parentesco los registros civiles de nacimiento de Óscar y Efraín Chaverra Morales y valorarlos en conjunto con los demás medios de prueba. 4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 6. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04923-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

7 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04923-00
Demandante: Efraín Chaverra Orrego y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-04923-00
Demandante EFRAÍN CHAVERRA ORREGO Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PEREIRA
Temas Acción de tutela contra providencias judiciales. Medio de control de
reparación directa. Falla médica por muerte del feto. Reconocimiento
de perjuicios morales al padre. La prueba del parentesco. Defectos:
fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento
del precedente judicial.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia, la acción de tutela incoada por Efraín Chaverra Orrego y otros, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 .

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 16 de septiembre de 20241, Efraín Chaverra Orrego, Cristina Yaneth Guapacha,
Efraín Chaverra Morales, Oscar Chaverra Morales, Gloria Esneda Morales
Guapacha y Ana Sofía Morales Guapacha, a través de apoderado judicial,
instauraron acción de tutela contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda y el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la reparación y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de
la sentencia del 14 de marzo de 2024, proferida en el medio de control de reparación
directa nro. 66001-33-33-002-2016-00322-01, en el que se negó el reconocimiento del
perjuicio moral a favor del señor Efraín Chaverra Orrego. En consecuencia,
formularon las siguientes pretensiones:
«Respetuosamente solicitamos a los Honorables Magistrados del Consejo de Estado, tutelar
los derechos fundamentales de mis representados, al acceso a la administración de justicia
y tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho a la justicia y reparación e igualdad, y que,
en consecuencia:
1. Se declare la existencia de la violación de derechos fundamentales de los accionantes
por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda.
2. Se ordene al Tribunal Administrativo de Risaralda ordenar de oficio a la parte
demandante aportar nuevamente y de manera legible el registro civil de matrimonio del
señor Efraín Chaverra Orrego y la señora Cristina Yaneth Morales Guapacha, o en su
defecto se ordene incorporar al proceso el mencionado el registro civil de matrimonio
que se anexa con la presente acción constitucional.

1 Samai, índices 1 y 2.
1

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Demandante: Efraín Chaverra Orrego y otros

3. Una vez incorporado el registro civil de matrimonio legible, dar valor probatorio y aplicar
la presunción de legitimidad de que trata el artículo 213 del código civil, reconociendo
como padre de la hija que esperaba la señora Cristina Yaneth Morales Guapacha, para
el 2014, al señor EFRAÍN CHAVERRA ORREGO.
4. En consecuencia de lo anterior se ordene el reconocimiento y pago del daño moral en
(100 SMLMV) al señor Efraín Chaverra Orrego como padre de la hija que esperaba su
esposa Cristina Yaneth Morales Guapacha para el 2014.
5. Se ordene la indexación de las condenas a la fecha de pago.
6. Se de observancia y aplicación del principio no reformatio in pejus.
7. De declararse la violación de los derechos fundamentales de los accionantes ordenara
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, hacer las respectivas modificaciones
en un término prudencial de un (1) mes».2

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Efraín Chaverra Orrego (padre) y Cristina Yaneth Morales Guapacha (madre),
en nombre propio y en representación de sus hijos Efraín Chaverra Morales y
Oscar Chaverra Morales, así como los señores Rosalino Morales Morales
(abuelo materno), Luís Alfonso Morales Guapacha (tío), Gloria Esneda Morales
Guapacha (tía) y Ana Sofia Morales Guapacha (tía), a través de apoderado
judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa, demandaron
para que se declare la responsabilidad de la ESE Salud Pereira y de la
Asociación Mutual La Esperanza, Asmet Salud ESS, por los daños y perjuicios
generados, con ocasión de las presuntas fallas en el servicio médico obstétrico
de que fue víctima la señora Cristina Yaneth Morales Guapacha y que llevó a
la muerte del feto en gestación en el año 2014.

2.2. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Pereira que, en sentencia del 16 de
diciembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda, porque no se
acreditó el elemento de imputación de la responsabilidad frente a las
demandadas.

2.3. La parte demandante apeló la anterior providencia. En sentencia del 14 de
marzo de 2024, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la
responsabilidad de la ESE Salud Pereira por el daño antijurídico reclamado.
Como consecuencia de ello, la condenó al pago de una indemnización por
concepto de daño moral, así: 100 SMLMV para la madre del feto en gestación,
50 SMLMV para los dos hermanos y 50 SMLMV para el abuelo.

En la sentencia se negó el reconocimiento de los perjuicios a favor del señor
Efraín Chaverra Orrego porque no se acreditó la calidad de progenitor
invocada en la demanda frente al feto en gestación. El tribunal accionado
argumentó que para tal fin solo se aportó el registro civil de nacimiento del
señor Chaverra Orrego y un registro civil de matrimonio ilegible.

En la acción de tutela se indicó que la sentencia se notificó el 19 de marzo de
2024, información que coincide con la registrada en Samai3.

2 Páginas 7 y 8 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
3 Samai para tribunales administrativos. Proceso nro. 66001-33-33-002-2016-00322-01, índice 15.
2

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3. Fundamentos de la acción

3.1. En el escrito de tutela se indicó que la solicitud de amparo supera el
presupuesto de inmediatez porque la sentencia acusada fue notificada el 19
de marzo de 2024 y la acción fue promovida el 16 de septiembre de este año,
es decir, dentro de la pauta temporal establecida en la jurisprudencia
constitucional. Además, destacaron que se cuestiona una providencia de
segunda instancia, contra la que no proceden recursos ordinarios y que el
asunto tiene relevancia constitucional porque el Tribunal Administrativo de
Risaralda desconoció los derechos fundamentales que invocaron en el escrito
de tutela. A este respecto, mencionaron que la omisión de decretar pruebas
de oficio para confirmar la paternidad de Efraín Chaverra Orrego afectó
directamente sus derechos fundamentales, lo que justifica la procedencia de
la acción de tutela.

3.2. En cuanto al fondo del asunto alegaron la concreción del defecto fáctico,
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del
precedente judicial.
Sobre el defecto fáctico dijeron que, el Tribunal Administrativo de Risaralda no
decretó pruebas de oficio para obtener el registro civil de matrimonio legible
que probara la paternidad de Efraín Chaverra Orrego, a pesar de que el
documento fue aportado en la demanda y no fue tachado como falso.
Agregaron que el registro civil de matrimonio aportado con la demanda era
parcialmente legible y de éste se podían extraer algunos datos relevantes
como el indicativo serial, la firma de la denunciante y que la unión fue
registrada en la Notaría Tercera del Círculo Notarial de Pereira, por lo que en
uso de sus poderes probatorios de oficio la accionada podía corroborar quien
era el esposo de la señora Cristina Yaneth Morales, madre del feto murió en
el útero. Al respecto, en el escrito de tutela, se lee:
«Con la presentación de la demanda se ANEXÓ el “REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO” de
los señores EFRAÍN y CRISTINA YANETH, indicativo serial número 5752759 de la Notaria
Tercera del Círculo de Pereira, el juez de primera instancia lo incorporó al proceso y la parte
demandada no lo tacho como falso, ni se alegó falta de legitimación en la causa, ahora bien,
el juez de segunda instancia TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, no le da valor
probatorio toda vez que evidencia que es ilegible, desconociendo la facultad oficiosa de
decretar pruebas y ordenar a la parte demandante aportarlo nuevamente de manera legible,
de tal forma que pudiera compararlo con el ya existente en el expediente y determinar si el
señor Efraín era en verdad el esposo de la señora Cristina Yaneth y padre de la bebe muerta
in útero para la época de los hechos, tal como se afirma en la demanda (…)».
En suma, consideran que el tribunal no desplegó las acciones a disposición
para aclarar esta prueba crucial y que esta omisión es determinante, pues de
haber ejercido sus poderes probatorios de oficio, el señor Efraín Chaverra
Orrego hubiera obtenido su justa indemnización en calidad de padre del feto
en gestación. Estiman que la situación descrita, también comporta un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto que afectó los derechos
fundamentales de ese demandante.
Finalmente, alegaron que la accionada soslayó la jurisprudencia que obliga a
los jueces a decretar pruebas de oficio cuando hay incertidumbre sobre
aspectos relevantes para la decisión judicial, como la prueba del parentesco
en este caso. A ese respecto, recordaron que, la Corte Constitucional ha
establecido que los jueces deben actuar oficiosamente para garantizar los
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derechos fundamentales de las partes y relacionaron las siguientes
providencias para justificar el cargo: sentencia T-817 de 2012, la sentencia T-
113 de 2019 y la sentencia SU768 de 2014.
4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 19 de septiembre de 2024, el despacho ponente admitió la acción
de tutela presentada por los señores Efraín Chaverra Orrego, Cristina Yaneth
Guapacha, Efraín Chaverra Morales, Oscar Chaverra Morales, Gloria Esneda
Morales Guapacha y Ana Sofía Morales Guapacha, quienes actúan a través
de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del Risaralda y el
Juzgado Segundo Administrativo de Pereira.

También vinculó, en calidad de terceros con interés en el proceso
constitucional, a la Previsora S.A. compañía de seguros, a la Asociación
Mutual La Esperanza Asmet Salud ESS (en liquidación), y a la ESE Salud
Pereira, autoridades que actuaron como demandadas dentro del proceso de
reparación directa nro. 66001-33-33-002-2016-00322-00/01.

Adicionalmente, solicitó al juzgado que conoció la primera instancia del
proceso la remisión del expediente digitalizado para que haga parte de esta
acción de tutela.

4.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda, por conducto del ponente de la
sentencia acusada, solicitó que se declare la improcedencia de la petición de
amparo porque se toma la tutela como una instancia adicional para prolongar
el debate probatorio que fue debidamente concluido en las instancias del
proceso ordinario.

Advirtió que los medios de prueba aportados al proceso sub examine no
acreditaban que Efraín Chaverra Orrego fuera el padre de la hija por nacer de
Cristina Yaneth Morales Guapacha. Precisó que, el registro civil de matrimonio
presentado era ilegible y no se aportaron otras pruebas documentales o
testimoniales que acreditaran la paternidad.

En esa vía, agregó que la carga de la prueba recae en la parte demandante y
que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, quien afirma un hecho
debe probarlo. En este caso, la parte demandante no cumplió con su onus
probandi, lo que llevó a la desestimación de su pretensión de indemnización
por daño moral.

Finalmente, indicó que la sentencia acusada no incurrió en un defecto fáctico
ni en un defecto procedimental por exceso de rigor manifiesto, pues la prueba
aportada fue valorada adecuadamente, pero se encontró insuficiente para
acreditar la calidad del demandante.

4.3. La Previsora SA Compañía de Seguros, por conducto del representante
legal judicial y extrajudicial de la sociedad, solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela interpuesta por Efraín Chaverra Orrego y
otros porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Para la
aseguradora, en la tutela se expone un simple alegato de instancia que
propone una valoración diferente del material probatorio, pero no evidencia un
escenario de vulneración de derechos fundamentales.

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De manera subsidiaria, solicitó que se niegue el amparo dado que la sentencia
de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Risaralda fue
debidamente motivada y no vulneró los derechos fundamentales invocados.
Precisó que la facultad oficiosa del juez no puede suplir la carga probatoria de
las partes, en su consideración, la actora debió demostrar diligencia en la
presentación de pruebas y no esperar que el juez supliera sus omisiones.

Agregó que, la carga de la prueba recaía en la parte actora, quien debía haber
presentado un registro civil de matrimonio legible o pruebas testimoniales que
acreditaran la paternidad de Efraín Chaverra Orrego.

4.4. La sociedad ASMET SALUD EPS SAS, por conducto de apoderada judicial,
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, ya que no se evidenció
una vulneración a ningún derecho fundamental que le sea atribuible. Además,
dijo que no se superó el presupuesto de subsidiariedad debido a que la
demandante tenía la posibilidad de promover el recurso extraordinario de
revisión, pero no lo hizo y reprochó que la acción de tutela no se promovió en
un plazo razonable.

En cuanto al fondo del asunto, mencionó que los demandantes no cumplieron
con la carga de la prueba respecto del parentesco del señor Efraín Chaverra
Orrego con el feto en gestación debido a la falta de pruebas documentales
legibles.

4.5. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira, por conducto
de la secretaria del despacho, informó la ubicación en Samai del expediente
digitalizado del medio de control de reparación directa nro. 66001-33-33-002-
2016-00322-00.

4.6. El despacho sustanciador emitió auto del 22 de octubre de 2024 en el que
ordenó a la Secretaría General de esta Corporación surtir debidamente la
notificación de esta acción de tutela frente a la ESE Salud Pereira, dado que
los correos electrónicos a los que se envió el mensaje de datos no coincidían
con los publicados en la página web de esa entidad4.

4.7. La ESE Salud Pereira, condenada en el proceso ordinario analizado, no
presentó informe frente a la acción de tutela, aunque fue debidamente
notificada sobre su existencia5.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo

4 Cfr. https://www.saludpereira.gov.co
5 La notificación del auto admisorio de la tutela se surtió en los siguientes buzones electrónicos de la ESE:
notificaciones.judiciales@esepereira.gov.co y correo@esepereira.gov.co
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Por tratarse de una acción de tutela contra una sentencia, la Sala debe en primer
lugar, analizar si aquella cumple con todos los requisitos generales de procedencia.
En caso de superar este primer examen, la Sección deberá determinar si la
sentencia del 14 de marzo de 2024, proferida por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en defecto fáctico, en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y en desconocimiento del precedente
judicial al negar el reconocimiento del daño moral frente al señor Efraín Chaverra
Orrego, en el proceso de reparación directa nro. 66001-33-33-002-2016-00322-01.
4 La acción de tutela cumple con todos los requisitos generales de
procedencia cuando se interpone contra providencias judiciales
La Sala encuentra satisfechos en este caso los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esto debido a
que la petición de amparo: (i) tiene relevancia constitucional, ya que acusa la
vulneración de los derechos fundamentales del señor Efraín Chaverra Orrego ante
la omisión del tribunal accionado de desplegar sus poderes probatorios de oficio
para dar luz en relación con su parentesco con la bebé que estaba por nacer; (ii) se
realizó una descripción clara de los hechos y pretensiones de la demanda; (iii) contra
la providencia no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios que permitan la
garantía de los derechos fundamentales invocados; (iv) la petición de amparo se
presentó en un plazo razonable, considerando que la sentencia acusada se profirió
el 14 de marzo de 2024 y se notificó en correo electrónico enviado a los sujetos

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procesales el día 19 de ese mes y año7, mientras que la petición de amparo se
promovió el 16 de septiembre de 2024; y (v) no se discute una sentencia de tutela.

En cuanto al presupuesto de subsidiariedad debe agregar esta Sala que el recurso
extraordinario de revisión no es idóneo para pretender la garantía de los derechos
invocados por la parte actora, porque los argumentos expuestos en la acción de
tutela no se enmarcan en ninguna de las causales de revisión consagradas en el
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Luego, se descarta la prosperidad de este
argumento de improcedencia invocado en varios de los informes de respuesta a
esta acción de tutela.

5 El fallo del 14 de marzo de 2024 vulneró el derecho fundamental al debido
proceso de Efraín Chaverra Orrego

5.1. La Sala analizará los defectos invocados de forma conjunta porque todos ellos
se fundamentan en la alegada omisión del Tribunal Administrativo de Risaralda
de decretar pruebas de oficio para esclarecer la verdad respecto del
parentesco del señor Efraín Chaverra Orrego con el feto en gestación y que
murió el 29 de julio de 2014.

Los accionantes consideran que, ante la ilegibilidad del registro civil de
matrimonio aportado en la demanda, con el que se pretendía acreditar la unión
marital entre Cristina Yaneth Morales Guapacha (madre del feto) y Efraín
Chaverra Orrego (padre), correspondía a la autoridad judicial accionada
decretar pruebas de oficio y disponer que se allegara el medio de prueba con
contenido legible para proceder con el análisis del parentesco alegado en la
demanda.

Estiman que esa omisión conllevó a que la sentencia del 14 de marzo de 2024
esté afectada por defecto procedimental en el ámbito de exceso ritual
manifiesto, de defecto fáctico en su dimensión negativa y de desconocimiento
del precedente judicial que ha establecido el alcance de los poderes
probatorios de oficio del juez de lo contencioso administrativo.

5.2. En cuanto al alcance del defecto procedimental, la Corte Constitucional ha
indicado que encuentra fundamento en los artículos 29 y 228 de la
Constitución Política en los que se consagran los derechos al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del
derecho sustancial.

Este defecto tiene dos modalidades: el procedimental absoluto y el
procedimental por exceso ritual manifiesto. La primera de ellas se materializa
cuando el proceso se tramita sin respetar las formas propias de cada juicio. La
segunda (por exceso ritual manifiesto) ocurre cuando el juez limita el derecho
sustancial al no aplicar correctamente la norma procesal correspondiente, o
cuando sobrepasa las formalidades procesales, haciendo nugatorio un
derecho8.

7 Óp. Cit. Nro. 3.
8 Corte Constitucional. Sentencias T-268 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-301 de 2010, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, T-893 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Sentencias T-327 de 2011, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-591 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-213 de 2012, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
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A ese respecto, aclara que, en tales situaciones, la aplicación de los
procedimientos por parte del juez actúa como un obstáculo para la efectividad
del derecho sustancial, lo que conlleva a una denegación de justicia debido a
la exigencia rigurosa e inflexible de requisitos formales o a una excesiva
severidad en la evaluación de las pruebas.

Para la Corte Constitucional, el exceso ritual manifiesto, cuando se analiza en
materia probatoria, puede comportar también un defecto fáctico si es que el
juez de la causa omitió el decreto y práctica de una prueba de oficio que sería
crucial para esclarecer un aspecto difuso del litigio.

En específico, al analizar el exceso ritual manifiesto en eventos relacionados
con las facultades probatorias de oficio del juez, en la jurisprudencia
constitucional se ha indicado que se presenta cuando, a pesar de la existencia
de dudas sobre hechos determinantes del litigio, cuya veracidad puede
inferirse de manera razonable a partir del acervo probatorio, el juez no ordena
la práctica de las pruebas que podrían demostrar dichos hechos.

En la sentencia T-113 de 2019, la Corte Constitucional se refirió a la
caracterización de los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual
cuando el juez de la causa no despliega sus facultades probatorias para
acreditar el parentesco.

5.3. Establecido lo anterior, se recuerda que, en la sentencia del 14 de marzo de
2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda revocó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda promovida por Efraín
Chaverra Orrego y otros, para, en su lugar, declarar la responsabilidad de la
ESE Salud Pereira por la falla en el servicio médico obstétrico determinante
en la muerte fetal alegada.

Como consecuencia de la anterior declaración, la autoridad judicial reconoció
y liquidó el perjuicio moral a favor de algunos de los demandantes, así: (i) 100
SMLMV para la madre del feto en gestación; (ii) 50 SMLMV para los hermanos
y (iii) 50 SMLMV para el abuelo.
En la sentencia se indicó que la calidad de madre de la señora Cristina Yaneth
Morales Guapacha se acreditó con la historia clínica y con el «estudio
antatomopatologico posmortem de feto y placenta» de la hija por nacer. La calidad
de los hermanos del feto en gestación se probó con los registros civiles de
nacimiento aportados al proceso donde registra que son hijos de la señora
Morales Guapacha y la calidad de abuelo materno del señor Rosalino Morales
Morales se probó con el registro civil de nacimiento de la señora Morales
Guapacha.
De otra parte, el Tribunal Administrativo de Risaralda negó el reconocimiento
del perjuicio moral al señor Efraín Chaverra Orrego porque no se probó su
calidad de padre de la hija por nacer. Al respecto, en la sentencia se indicó:
«En cuanto al parentesco del señor Efraín Chaverra Orrego, como padre de la hija por nacer
de la señora Cristina Yaneth Morales Guapacha, no obra prueba alguna, ni documental, ni
testimonial que dé cuenta de la calidad de progenitor que invoca en la demanda, pues como
anexo únicamente se aportó el Registro civil de nacimiento de este y un registro civil de
matrimonio ilegible, razón por la cual no hay lugar a reconocimiento de indemnización por
concepto de daño moral en su favor.»

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5.4. Al verificar la demanda de reparación directa se observa que los señores
Cristina Yaneth Morales Guapacha y Efraín Chaverra Orrego acudieron al
proceso en calidad de «padres de la bebé por nacer». Y en el acápite de pruebas
documentales aportadas se relacionó el registro civil de matrimonio contraído
entre ellos dos. A pesar de ello, al ubicar el mencionado registro en el acervo
probatorio, se corrobora que, en efecto, parte de su contenido es ilegible 9:

También es importante destacar que en el expediente obran los registros
civiles de nacimiento (legibles) de Efraín y Oscar Chaverra Morales10 en los que
consta que sus padres son Efraín Chaverra Orrego y Cristina Morales
Guapacha. Este medio de prueba también podía ser tomado como indicio de
la relación de parentesco entre el hoy accionante y el feto que estaba en
gestación (hijos de sus mismos padre y madre).

5.5. Establecido el anterior contexto, advierte la Sala que, el Tribunal Administrativo
de Risaralda debió hacer uso de sus poderes como director del proceso a fin
de corroborar el contenido del registro civil de matrimonio allegado como
prueba al proceso, a fin de establecer el parentesco entre el señor Efraín
Chaverra Orrego y el feto en gestación, ya que: (i) el documento que daba
cuenta del vínculo matrimonial con la madre del feto fue aportado al respectivo
medio de control, (ii) dicha prueba fue decretada en la audiencia de decreto
de pruebas, y (iii) existían otras pruebas indiciarias en el expediente que
podían ser valoradas de manera conjunta. Esta omisión afectó los derechos
constitucionales del hoy accionante, pues la autoridad judicial acusada se
limitó a constatar la ilegibilidad del registro civil de matrimonio en el expediente
electrónico y la supuesta inexistencia de otros medios de prueba que

9 Samai para juzgados administrativos, proceso nro. 66001-33-33-002-2016-00322-00. Samai, índice 22.
10 Ibidem.
9

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permitieran acreditar el parentesco, sin hacer ninguna constatación adicional
para establecer la verdad real de los hechos.

Aunque es indiscutible que parte del registro civil de matrimonio que aparece
en el expediente digitalizado del proceso sub examine es ilegible, también lo
es que es posible identificar con claridad el indicativo serial allí consignado.
Este dato era suficiente para corroborar el contenido del registro civil en la
página web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil 11, en
específico, pueden consultarse los datos de identificación de los contrayentes
y la fecha en que se inscribió la unión.

La Sala consultó el número serial del registro civil de matrimonio aportado al
proceso en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se
generó el siguiente certificado:

Como se ve, el juez natural pudo corroborar el contenido del medio de prueba
ilegible en la página web oficial de la autoridad que lo profirió y, para esa
gestión sólo era necesario digitar el número serial que, como se indicó, sí
aparecía legible en el medio de prueba que fue formal y oportunamente
aportado al proceso12.

Si el tribunal accionado estimaba que la única prueba idónea para acreditar,
de acuerdo con las solemnidades de Ley, la unión civil entre Efraín Chaverra
Orrego y Cristina Morales Guapacha era el registro civil de matrimonio debió
hacer la consulta de la información en la página oficial de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para corroborar el contenido ilegible del documento
legal y oportunamente aportado al proceso por la parte interesada, a fin de
hacer prevalecer el derecho sustancial y la verdad material sobre las
formalidades13.

11 Cfr. https://consultasrc.registraduria.gov.co:28080/ProyectoSCCRC/ Al ingresar en este enlace, debe
seleccionar la opción «usuario público». Después se deberá selección la opción «registro civil de
matrimonio» y diligenciar el número serial del registro civil y la imagen de verificación.
12 Ver Corte Constitucional. Sentencia SU 768 de 2014, relativa al deber de diligencia y proactividad que se
estepar del juez en el estado social de derecho
13 Recuérdese que la Corte Constitucional se pronunció a ese respecto en la sentencia T-113 de 2019, en la
que indicó: «(...) cuando en el proceso contencioso un juez advierte que existen indicios sobre la relación de
parentesco de los familiares con la víctima o del hecho dañoso, es preciso que ejerza sus facultades
oficiosas y solicite los registros civiles correspondientes».
10

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Lo anterior no debe interpretarse como un mandato que obligue al juez a suplir
las cargas probatorias ante la inactividad de las partes, ni como un respaldo
para activar indiscriminadamente las facultades oficiosas del juez en materia
de pruebas. Cada caso debe ser analizado por el juzgador con base en sus
particularidades. Sin embargo, en la situación específica, no se observa que
la indeterminación sobre el parentesco en cuestión se deba a la negligencia o
inacción de los demandantes, sino a que el documento que podría servir para
determinar el hecho era ilegible y el tribunal aunque podía corroborar su
información con el expediente en físico, con la consulta en la página web de la
RNEC o con el ejercicio de sus poderes de oficio, no lo hizo.

5.6. De acuerdo con lo dicho, se estima que la sentencia del 14 de marzo de 2024
incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en defecto
fáctico en la dimensión negativa, los cuales tienen un efecto determinante en
la sentencia ya que llevaron a que se negara el reconocimiento del perjuicio
moral frente al señor Efraín Chaverra Orrego, por lo que era importante
procurar su aportación al proceso para establecer la verdad del supuesto de
hecho relativo a la relación de parentesco con el feto en gestación.

5.7. Finalmente, ante la prosperidad del cargo por defecto fáctico, la Sala se
relevará del análisis del defecto por desconocimiento del precedente judicial,
pero sí reconoce que las sentencias relacionadas en la acción de tutela son
ilustrativas para que el Tribunal Administrativo de Risaralda establezca el
alcance de las facultades oficiosas del juez de lo contencioso administrativo
cuando los demandantes no aportan la prueba del estado civil14.

6 Conclusión

En virtud de lo expuesto, esta Sección concederá la protección constitucional del
derecho al debido proceso del señor Efraín Chaverra Orrego, por lo que dejará
parcialmente sin efectos la sentencia del 14 de marzo de 2024, proferida por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, específicamente, en
lo relativo a la negativa de reconocimiento del perjuicio moral al aquí accionante.

En consecuencia, se ordenará a esta autoridad judicial que dicte una sentencia
complementaria con los elementos de juicio necesarios para decidir sobre el
reconocimiento del perjuicio moral respecto del señor Efraín Chaverra Orrego, dada
su alegada calidad de padre del feto en gestación.

Para ello deberá: (i) verificar la información del registro civil de matrimonio en la
página web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el indicativo
serial Nro. 5752759; y de ser el caso, de manera complementaria (ii) tener como
indicio del parentesco los registros civiles de nacimiento de Óscar y Efraín Chaverra
Morales y valorarlos en conjunto con los demás medios de prueba.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

14 Corte Constitucional. Sentencia T-113 de 2019 y SU768 de 2014.
11

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FALLA

1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Efraín Chaverra
Orrego por los argumentos expuestos en este fallo.

2. Dejar parcialmente sin efectos, la sentencia del 14 de marzo de 2024,
proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda, en el medio de control de reparación directa nro. 66001-33-33-002-
2016-00322-01 sólo en lo que respecta al no reconocimiento del daño moral
al señor Efraín Chaverra Orrego.
3. En consecuencia, ordenar a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda que, en el término de veinte (20) días contados a
partir de la notificación de esta providencia, dicte una sentencia
complementaria contando con los elementos de juicio suficientes para decidir
sobre el reconocimiento del perjuicio moral del señor Efraín Chaverra Orrego,
dada su alegada calidad de padre del feto que estaba en gestación. Para ello
deberá (i) verificar la información del registro civil de matrimonio en la página
web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el indicativo
serial Nro. 5752759; y de ser el caso, de manera complementaria (ii) tener
como indicio del parentesco los registros civiles de nacimiento de Óscar y
Efraín Chaverra Morales y valorarlos en conjunto con los demás medios de
prueba.
4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente Aclara el voto

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

12

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