Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04944-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04944-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04944-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
17 de octubre de 2024
Demandante: Jorge Andrés Otero Sandoval
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2024-04944-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04944-00
Demandante: JORGE ANDRÉS OTERO SANDOVAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas: Tutela contra acto administrativo. Declara carencia actual de
objeto por situación sobreviniente. Improcedencia por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la solicitud de amparo interpuesta
por el accionante, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución
Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
Mediante escrito remitido a través de correo electrónico el 16 de septiembre de 2024,
el señor Jorge Andrés Otero Sandoval promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander, en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo y la igualdad.
En criterio del actor, la trasgresión de las anteriores garantías constitucionales se
materializó con la expedición de las Resoluciones 0112 y SG 0123 del 21 de agosto
y 11 de septiembre de 2024, respectivamente, proferidas por la Sala de Gobierno del
Tribunal Administrativo de Santander.
1.2. Pretensiones
Conforme lo anterior, la parte actora planteó las siguientes pretensiones:
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Por la cual se resuelve una solicitud de licencia no remunerada
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Por la cual se resuelve recurso de Reposición contra una decisión que niega la continuidad de una
licencia no remunerada.
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Demandante: Jorge Andrés Otero Sandoval
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2024-04944-00
[…]
SEGUNDA: En consecuencia, se ordene despojar de efectos jurídicos las decisiones
adoptadas por la autoridad accionada, contenidas en las resoluciones No. 011 del 21
de agosto de 2024 y SG No. 012 del 11 de septiembre de 2024, y, en su lugar, se
ordene a la Sala de Gobierno del Tribunal Administrativo de Santander, que mediante
acto administrativo, conceda al accionante una licencia no remunerada a partir del 28
de septiembre de 2024, conforme lo dispuesto en el parágrafo del artículo 142 de la
ley 270 de 1996.
TERCERO: En el evento en que, con ocasión al vencimiento de la licencia no
remunerada concedida mediante No. 12 del 27 de septiembre de 2022, el accionante
haya tenido que renunciar al cargo de Oficial Mayor o Sustanciador adscrito a la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander, y que, mediante acto
administrativo la Sala Plena de esta Corporación la hubiere aceptado, se ordene a la
referida autoridad administrativa dejar sin efectos lo así decidido.4
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Jorge Andrés Otero Sandoval se encuentra vinculado en propiedad como
oficial mayor de la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander, habiéndosele
concedido licencia no remunerada a partir del 27 de septiembre de 2022 y hasta el
27 de septiembre de 20245. Lo anterior, a efectos de ocupar el cargo de Juez Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja6.
Manifestó que el 13 de junio de 2024 radicó ante la Sala de Gobierno de la citada
corporación, solicitud de licencia no remunerada por dos años más, computados a
partir del 28 de septiembre de 2024 a efectos de continuar ejerciendo como juez de
la República.
Mediante Resolución 11 del 21 de agosto de 2024, se negó la anterior solicitud. Al
respecto, se precisó que: «[…] no es posible que, de forma anticipada a su
vencimiento, ejerza una función propia de su cargo de carrera y solicite una nueva
licencia sin que previamente se hubiese reincorporado al cargo, toda vez que, este
derecho solo puede ejercerlo estando desempeñando el cargo del cual es titular en
carrera, supuesto en el que, se insiste, no se encuentra el Dr Jorge Otero, pues
solicita la licencia ocupando el cargo en provisionalidad.»
Contra la anterior decisión el accionante interpuso recurso de reposición en el que
insistió en que su petición era totalmente procedente. A su turno, la accionada dictó
4
Transcripción original del texto con posibles errores.
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Según Resolución No. 12 del 27 de septiembre de 2022 proferida por la Sala de Gobierno del
Tribunal Administrativo de Santander
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Según Resolución No. 206 del 22 de septiembre de 2022 proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Santander
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la Resolución SG No. 012 del 11 de septiembre de 2024 en la que mantuvo incólume
su decisión. En dicha oportunidad, se consideró lo siguiente:
Con fundamento en lo expuesto, esta Sala declara infundados los argumentos
planteados por el recurrente, en el entendido de que no es cierto que ante una misma
situación haya brindado un trato desigual o discriminatorio, pues, la decisión
administrativa que pone de presente no fue adoptada por esta autoridad nominadora,
sino por un juez unipersonal en un caso y por otra Corporación Judicial en ejercicio de
la autonomía que le confiere el artículo 143 de la Ley 270 de 1996. Por lo tanto, ni es
posible concluir que se ha vulnerado el derecho a la igualdad, así como tampoco,
acoger una posición que adoptó otro nominador en ejercicio de sus competencias
legales.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
Como primer argumento, explicó que las decisiones adoptadas por la autoridad
accionada constituyen una violación al debido proceso y el principio de legalidad,
respecto a la interpretación del artículo 142 de la Ley 270 de 1996. Lo anterior, en la
medida que, en criterio del actor, la disposición en comento no introduce una
prohibición frente a la concesión de una nueva licencia al empleado o funcionario que
actualmente se encuentre haciendo uso de una de éstas.
Asimismo, enfatizó que la norma tampoco establece la condición o requisito a que
hace mención la Sala de Gobierno del Tribunal Administrativo de Santander, esto es
que la persona que ocupa un cargo en carrera deba retornar al mismo para solicitar
el otorgamiento de una nueva licencia.
Del mismo modo, consideró que se incurre en un error interpretativo del contenido
de la disposición y la situación administrativa en la que se encuentra inmerso el
accionante, pues se hizo una distinción inexistente entre «hallarse en propiedad» y
«hallarse en ejercicio del cargo».
Finalmente, reprochó que, como fundamentos de la decisión del recurso de
reposición, se hubiese utilizado un concepto del Departamento Administrativo de la
Función Pública que, en sentir del señor Otero Sandoval, no fue estudiado en los
términos sobre los cuales recayó su solicitud, es decir, el otorgamiento de una nueva
licencia y no una prórroga de la primera que le había sido previamente concedida.
En segundo lugar, alegó la vulneración del derecho a la igualdad por cuanto no se le
brindó el mismo trato que se le ha dado a otros empleados pertenecientes a otros
distritos judiciales o corporaciones, en los que la autoridad nominadora sí ha
accedido al otorgamiento de la licencia sin que exista la obligatoriedad de
reintegrarse en el cargo en carrera.
Acto seguido, invocó el desconocimiento del precedente, basado en que no se tuvo
en cuenta las sentencias del 23 de abril de 2024 del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Magistrado Ponente
César Palomino Cortés, radicación No. 11001-03-15-000-2024-01300-00 y del 17 de
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abril de 2024 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Magistrado Ponente
Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, Radicación No. 17001-11-02-000-2019-
00376-01.
Por último, puso de presente que su derecho al trabajo se ve afectado como
consecuencia de los actos administrativos de marras, en la medida que el beneficio
solicitado solo se predica de aquellas personas que ocupan cargos al interior de la
rama judicial en carrera y, por ende, su negación afecta la citada garantía
constitucional.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 26 de septiembre de 20247 se admitió la solicitud de amparo
constitucional, se ordenó la notificación de la autoridad accionada y, por último, se
negó la medida provisional deprecada con el escrito introductorio.
1.6. Intervención8
El Tribunal Administrativo de Santander9 por conducto de la presidenta de la
Corporación explicó que en el presente asunto se debía declarar la carencia actual
de objeto, por cuanto el señor Jorge Andrés Otero Sandoval presentó renuncia al
cargo de oficial mayor que ocupaba en carrera al interior de la citada autoridad.
Conforme lo anterior, indicó que dicha circunstancia apareja la imposibilidad de
conceder una licencia no remunerada a favor de una persona que actualmente no
goza de ninguno de los derechos de carrera.
Por otra parte, puso de presente que el asunto debatido por el actor en el presente
caso no goza de relevancia constitucional, en la medida que la inconformidad radica
en lo que el accionante denominó una correcta interpretación de una norma de la Ley
270 de 1996.
Finalmente, evidenció que no se hace evidente la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la adopción de una medida de carácter transitorio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por el
accionante, en los términos del Decreto 2591 de 1991. Así como en atención a las
7
Índice 8 de Samai
8
La accionada fue notificada mediante oficio 267177 del 26 de septiembre de 2024 remitido a los
buzones de correo electrónico: sgtadminnstd@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminnstd@notificacionesrj.gov.co; stectadminnstecd@cendoj.ramajudicial.gov.co; y
prestastd@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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reglas de reparto establecidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y el escrito de contestación,
corresponde a la Sala abordar el siguiente interrogante:
• ¿Se vulneraron los derechos fundamentales del señor Jorge Andrés Otero
Sandoval, con ocasión de las Resoluciones 011 y 012 del 21 de agosto y 11
de septiembre de 2024, respectivamente, proferidas por la Sala de Gobierno
del Tribunal Administrativo de Santander?
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) el carácter subsidiario del mecanismo
constitucional y su procedencia excepcional frente a actos administrativos
susceptibles de control ante el juez contencioso administrativo, (iii) la carencia actual
de objeto, y (iv) el análisis del caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable10.
2.4. El carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia
excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez
contencioso administrativo
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del
Decreto Ley 2591 de 1991.
10
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de
cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la
jurisprudencia.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un asunto de su competencia11.
El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de
donde se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores
judiciales deben cumplir su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad,
de constitucionalidad y de legalidad.
Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a
la existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de los
artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 201112.
Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el
mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la
protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que,
pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte
absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el
núcleo esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de amparo
se torna procedente y desplaza al mecanismo principal para conjurar la afectación
de las garantías superiores.
11
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de
la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de
cada una de las jurisdicciones.”
12
La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del
Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-
33-000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-
2016-00293-01.
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Finalmente, es preciso mencionar que, esta acción constitucional podría ser
procedente, de manera transitoria, para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. En este evento, le corresponde al juez de tutela verificar que concurran
los elementos identificados por la Corte Constitucional, así se requiere que: i) el daño
sea inminente, esto descarta la mera posibilidad de que se va a producir el perjuicio;
(ii) el perjuicio sea grave, esto implica que la afectación sea de gran intensidad sobre
la persona afectada; (iii) se requiera la adopción de medidas urgentes para evitar que
ocurra; y (iv) que sean impostergables, pues si se aplazaran la protección sobre los
derechos se tornaría ineficaz por inoportuna
2.5. De la carencia actual de objeto
La Sala ha explicado en varias ocasiones13 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.
No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i)
hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación sobreviniente.
Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 201614, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por
lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
13
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido
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bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido
o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un
peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que
permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el
particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno
previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i)
“hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a
desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente15.
Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido
que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.16
En palabras de la Corte Constitucional, la «(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el
supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada,
se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la
afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de
tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada
ha dejado de desconocer»”17
En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta
de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los
derechos fundamentales.
En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese Tribunal.18
15
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
16
Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17
Sentencia T-481 del 1.09.16 M.P. Carlos Bernal Pulido
18
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
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En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:
En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para
Corte en sede de Revisión,19 incluir en la argumentación de su fallo el análisis
sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda.
Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir
observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención
sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para
condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes, si así lo considera”.20 Según la jurisprudencia de la Corte, lo que
sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la
demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir que
se demuestre el hecho superado21”.22 (Negrita y subrayado fuera de texto).
Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para formular
un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta Corporación en cita
ha dicho lo siguiente:
Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las acciones
u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción
de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por
parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho ya no se
encuentra en riesgo23.
No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el
estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede de
revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección
se solicita24, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda conforme al
artículo 24 del Decreto 2591 de 199125 y determinar si, con atención de las
particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión objetiva de los derechos
conculcados26. Dicho análisis puede comprender: i) observaciones sobre los hechos
del caso estudiado; ii) llamados de atención sobre la situación que originó la tutela; iii)
19
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual
se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía
de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita».
20
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
21
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
22
«Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
23
«Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
24
«Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
25
«ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los
efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún
caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si
procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere
incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado
para evitar la repetición de la misma acción u omisión».
26
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
9
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el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no repetición27; y
iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección objetiva28”.29 (Negrita y
subrayado fuera del texto)
El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental
que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la
acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal Constitucional: «la segunda
de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la
vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no
es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto».30
Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela,
pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño
consumado y hecho superado.
La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho para
declarar la carencia actual de objeto:
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el
vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente
delimitada.31 (Negrita y subrayado fuera del texto).
2.6. Caso concreto
En atención a las pretensiones que fueron promovidas por el ciudadano Jorge Andrés
Otero Sandoval, la Sala estima pertinente abordar el estudio de éstas de forma
separada. Lo anterior, por cuanto, pese a buscar la salvaguarda de los derechos
fundamentales del actor, tienen finalidades disimiles en cuanto a su resolución.
El accionante solicitó a través de la acción constitucional que se dejen sin efectos
jurídicos las decisiones adoptadas en las Resoluciones 011 y SG 012 del 21 de
agosto y 11 de septiembre de 2024, respectivamente, proferidas por la Sala de
Gobierno del Tribunal Administrativo de Santander.
27
«Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
28
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
29
«Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».
30
«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
31
«Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
10
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Como fundamento de lo anterior, alegó que tales decisiones contravienen la correcta
interpretación del parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, el cual establece
lo siguiente:
PARÁGRAFO. Los funcionarios y empleados en Carrera también tienen derecho a
licencia, cuando hallándose en propiedad pasen a ejercer hasta por el término de dos
años, un cargo vacante transitoriamente en la Rama Judicial.
En sentir del señor Otero Sandoval, la exigencia establecida por la accionada, esto
es la de retornar al cargo que venía desempeñando en carrera, para solicitar
nuevamente una licencia no remunerada, socava sus garantías constitucionales,
pues le impide la posibilidad de seguir ocupando el cargo de juez en el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja para el que fue
nombrado en provisionalidad según consta en la Resolución 206 del 22 de
septiembre de 2022.
No obstante, con ocasión de la intervención presentada por la accionada y el escrito
presentado por el actor32, la Sala prontamente anticipa que las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que dieron origen a la promoción de la acción constitucional se
han modificado sustancialmente, al punto que han desaparecido los fundamentos
fácticos y jurídicos que permiten acometer un estudio de fondo al caso.
Mediante Resolución No. 232 del 27 de septiembre de 2024 el Tribunal Administrativo
de Santander aceptó la renuncia que presentó el señor Jorge Andrés Otero Sandoval
al cargo de oficial mayor de la secretaría de la corporación, lo cual, conlleva
intrínsecamente la pérdida de los derechos de carrera, entre los que se encuentra la
posibilidad de solicitar licencia para ocupar cargos vacantes transitoriamente en la
Rama Judicial.
Expuesto lo anterior, por sustracción de materia, la Sala no puede analizar la
procedencia de la acción de tutela contra los actos administrativos plasmados en las
resoluciones reprochadas, dado que, con ocasión de la pérdida del cargo en carrera
que tenía el actor, la cual se dio por su propia voluntad y con posterioridad a la
presentación de la solicitud de amparo, se da una situación sobreviniente que impide
abordar el estudio de la pretensión.
Ahora bien, en cuanto a la solicitud del accionante, enfocada en que se deje sin
efectos la decisión por medio de la cual se le aceptó la renuncia al cargo de oficial
mayor, prontamente se advierte que ésta se encuentra conminada al fracaso, por las
razones que a continuación se exponen.
La Resolución No. 232 del 27 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de Santander es un acto administrativo de contenido particular que
resuelve de fondo la situación de carrera del señor Otero Sandoval respecto a la
Rama Judicial, el cual, resulta susceptible del medio de control de nulidad y
32
Índice 15 de Samai. Memorial radicado el 7 de octubre de 2024.
11
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restablecimiento del derecho dispuesto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 y
que dispone lo siguiente:
Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
Asimismo, al interior del mencionado proceso es factible que el actor solicite ante el
juez natural del asunto la suspensión provisional del acto administrativo objeto de la
demanda, atendiendo los parámetros que para tal efecto dispone el artículo 231 que
indica lo siguiente:
Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de
sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o
en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis
del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como
violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente
se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá
probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
[…]
Ahora bien, es menester determinar si eventualmente de los hechos y medios de
prueba aportados al proceso, es factible evidenciar la configuración de un perjuicio
irremediable que torne necesaria la intervención del juez constitucional en defensa
de los derechos fundamentales.
En torno al concepto de perjuicio irremediable, existe copiosa jurisprudencia de la
Corte Constitucional33 que ha explicado con suficiencia el término, al respecto, el
órgano de cierre de la jurisdicción constitucional en T-1316 de 200134 explicó lo
siguiente:
En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de
ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo
para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica.
En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas
éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la
inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del
caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que
33
Entre otras, se pueden consultar: SU-772 de 2014,SU-037 de 2009, SU-713 de 2006
34
MP Rodrigo Uprimny Yepes
12
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respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un
daño antijurídico irreparable.
Dicho criterio, posteriormente fue acogido en T – 494 de 201035, en la que se acotó
esto:
Ahora bien, frente a la procedencia excepcional de la acción cuando se está frente a
un perjuicio irremediable, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que
únicamente se considerará que un perjuicio es irremediable cuando, de conformidad
con las circunstancias del caso particular, sea (a) cierto e inminente –esto es, que no
se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de
hechos ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que
lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado, y (c) de urgente
atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación
para evitar que se consume un daño antijurídico en forma irreparable.
Los anteriores considerandos resultan más que suficientes para concluir, sin
hesitación alguna, que en el presente caso no existe un perjuicio irremediable que se
cierna sobre el actor, que imponga que el juez de tutela deba impartir alguna medida
con carácter transitorio y en defensa de los derechos fundamentales invocados.
Como consecuencia de la renuncia presentada por el señor Jorge André Otero
Sandoval, se tiene que actualmente continúa ocupando el cargo de juez en el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja; es decir,
en otros términos, sigue vinculado con la Rama Judicial, pero bajo la modalidad de
provisionalidad en los términos del artículo 132 de la Ley 270 de 1996 que indica lo
siguiente:
La provisión de cargos en la Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:
[…]
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia
definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente
previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal, cuando
no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes.
[…]
Lo anterior significa que los hechos con base en los que se pretende sustentar la
existencia de un perjuicio irremediable encuentran sustento en aseveraciones
hipotéticas y eventuales, las cuales no trascienden del campo de la especulación o
la conjetura, lo cual, conforme se indicó en precedencia, impide el amparo transitorio
que solo tendría cabida de encontrarse acreditado un riesgo real e inminente, que
pueda ser catalogado como grave y que exija medidas de urgencia
En suma, la Sala declarará la carencia actual de objeto por situación sobreviniente
en lo que concierne a la pretensión segunda del escrito introductorio; y, en lo que
35
MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
13
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atañe a la pretensión tercera, se declarará la improcedencia del mecanismo
constitucional por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente,
respecto a la solicitud de amparo interpuesta contra las Resoluciones 011 y SG 012
del 21 de agosto y 11 de septiembre de 2024, respectivamente, proferidas por la Sala
de Gobierno del Tribunal Administrativo de Santander.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela contra la Resolución No.
232 del 27 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander, por no satisfacer con el requisito de subsidiariedad.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el
expediente a la CorteConstitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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