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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04946-00

Fecha
5 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04946-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por Juan Carlos Ramírez Erazo contra la Subsección B de la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin3. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04946-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

5 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 5 de noviembre de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04946-00
Accionante: Juan Carlos Ramírez Erazo
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera -
Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Desconocimiento del
precedente - Niega

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia que resolvió un recurso de
insistencia.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Juan Carlos Ramírez
Erazo contra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 16 de septiembre de 2024, Juan Carlos Ramírez Erazo presentó una
acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales de petición y debido proceso, con ocasión de la
Sentencia de 3 de septiembre de 2024, mediante la cual se resolvió un
recurso de insistencia, que se tramitó bajo el radicado No. 25000-23-41-000-
2024-01488-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“PRIMERO: Tutelar los derechos al acceso a pruebas, el debido proceso y
derecho de petición.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04946-00
Accionante: Juan Carlos Ramírez Erazo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega
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SEGUNDO: Modificar la decisión adoptada en el fallo dictado el 3 de
septiembre de 2024 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B, únicamente del ordinal primero, y en
consecuencia ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B, que profiera otro fallo mediante el cual se
acceda a la petición de entrega del INFORME DEL ANÁLISIS PSICOMÉTRICO, de
fecha 21 de junio de 2024 y en consecuencia se ordena a la EJRLB lo
correspondiente.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, el
Consejo Superior de la Judicatura convocó el proceso de selección para la
provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

5. 2) El Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PCSJA19-
11400 de 19 de septiembre de 2019, adoptó el Acuerdo Pedagógico que
regiría el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de
Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades,
Promoción 2020- 2021”, aclarado mediante el Acuerdo PCSJA19-11405 del
25 de septiembre de 2019. Con fundamento en ese acuerdo, se desarrolló
la evaluación sumativa en línea de la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, el 19 de mayo y 2 de junio de 2024.

6. 3) Mediante Resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024, la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB) publicó los resultados de la
subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

7. 4) El 27 de junio de 2024, Juan Carlos Ramírez Erazo presentó una
petición ante la EJRLB en la que solicitó que se le remitiera una copia del (se
trascribe) “informe de análisis psicométrico de fecha de 21 de junio de 2024”,
mencionado en la parte motiva de la Resolución No. EJR24-298 de 21 de
junio de 2024. Igualmente, pidió que si se negaba el acceso a la información
solicitada, se diera trámite al recurso de insistencia.

8. 5) Por medio del oficio denominado (se trascribe) “Respuesta masiva
a derecho de petición presentado por discentes del IX Curso de Formación
Judicial Inicial” de 16 de julio de 2024, la EJRLB negó el acceso al análisis
psicométrico de los diversos peticionarios que solicitaron información
relacionada con el concurso, dentro de los cuales se encontraba el señor
Ramírez Erazo. Para negar el acceso al mencionado informe, manifestó que
se trataba de un documento con carácter reservado, a la luz de lo dispuesto
por el artículo 164 de la Ley 270 de 1996.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04946-00
Accionante: Juan Carlos Ramírez Erazo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega
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9. 6) La EJRLB remitió el recurso de insistencia al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca para que definiera si debía accederse o no a lo solicitado
por la parte actora.

10. 7) La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante Sentencia de 3 de septiembre de 2024, negó
la solicitud de entrega del análisis psicométrico requerido por la parte
actora, tras considerar que toda la documentación que constituya el
soporte técnico de las pruebas que se apliquen en los concursos para
proveer cargos de carrera judicial tienen carácter reservado, sin que exista
una excepción del acceso a la información respecto de los concursantes o
terceros que carezcan de interés en el asunto.

11. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que la autoridad judicial accionada incurrió en una violación directa de
la Constitución y, específicamente, de los artículos 23 (derecho de petición
y 29 (derecho al debido proceso), al haber determinado que la respuesta
negativa de la EJRLB a la solicitud de acceso del informe de análisis
psicométrico estuvo conforme con el derecho.

12. Alegó que había desconocido el precedente establecido en la
Sentencia de 13 de septiembre de 2012 de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, identificada con radicado (se trascribe) “No. 11001-03-25-000-
2009-00014-00 (0410-09)”, en la que supuestamente se determinó que
cuando la exclusión de un concurso en cargos de carrera se produce como
consecuencia de información de carácter reservado, debe entenderse que
la reserva no opera frente a los directamente interesados, sino frente a
terceros.

13. Además, afirmó que la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca había ignorado el precedente contenido
en la Sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional, en virtud de la
cual las pruebas a las que hace referencia el parágrafo 2 del artículo 164 de
la Ley 270 de 1996 son las relativas a los exámenes que se practican para
efectos de los concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera.

14. En esa misma línea, indicó que había desconocido el precedente de
la Sentencia de 5 de agosto de 2024, proferida en el marco de proceso No.
25000-23-41-000-2024-01339-00 por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se señaló que (se
trascribe) “[l]a reserva es exclusiva respecto de las pruebas que se van a
practicar en la fase del concurso y los soportes técnicos que dan cuenta de
su elaboración y validación, para que no se puedan filtrar y otorguen

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04946-00
Accionante: Juan Carlos Ramírez Erazo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega
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ventajas a ciertos participantes y se vulneren los principios de igualdad,
mérito y transparencia en el acceso a cargos públicos.”

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2

15. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca presentó informe en el que manifestó que no había incurrido
en ninguna contradicción para adoptar su decisión y que lo realmente
pretendido por la parte actora con la solicitud de amparo era que se
modificara lo decidido y, en su lugar, se le permitiera acceder a la
información solicitada. Por tal razón, afirmó que la intención del señor
Ramírez Erazo era convertir la acción de tutela en una instancia adicional.

16. Solicitó que se negara el amparo pretendido, ya que no había
vulnerado ningún derecho fundamental de la parte actora y lo que
buscaba, de acuerdo con lo expresado en el escrito de tutela, era acceder
a una documentación que tiene reserva legal. De esa forma, precisó que
toda la documentación que constituya el soporte técnico de las pruebas
que se aplican en los concursos para proveer cargos de carrera judicial
tienen carácter reservado y su entrega podría vulnerar el derecho a la
intimidad de los participantes del concurso.

17. La EJRLB señaló que lo solicitado por la parte actora contenía
información relacionada con la estructuración, construcción, soporte
técnico, contenido y calificación de las pruebas practicadas, las cuales
estaban cobijadas por la reserva legal de que trata el parágrafo 2 del
artículo 164 de la Ley 270 de 1996, cuya aplicación no constituye una
prerrogativa de la administración, sino una obligación de carácter legal.

18. Añadió que, como el informe psicométrico requerido por el señor
Ramírez Erazo tenía carácter reservado, no era posible permitirle el acceso
a la información allí contenida. Por lo tanto, solicitó que se declarara
improcedente o se negara el amparo solicitado, en razón a que no se
cumplían los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. Soportó tal aseveración en que el recurso de insistencia
presentado ante la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca había sido decidido conforme con el
derecho y no había contrariado lo establecido en la Sentencia SU-067 de
2022 de la Corte Constitucional ni en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996.

2 Mediante el Auto de 18 de septiembre de 2024, el despacho sustanciador resolvió (1) admitir la acción de tutela

de la referencia, (2) tener como parte demandada a la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y (3) vincular, en calidad de tercero interesado, a la EJRLB.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04946-00
Accionante: Juan Carlos Ramírez Erazo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Cuestión previa. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Verificación de defectos alegados y/o
afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.

2.1. Cuestión previa

19. Se advierte que, si bien la parte actora manifestó que la decisión
enjuiciada había incurrido en 2 defectos, por un lado, violación directa de
la Constitución, y por el otro, desconocimiento de precedente
jurisprudencial, la Sala centrará su análisis en este último, ya que todos los
argumentos esbozados en el escrito de tutela están encaminados a dar
cuenta de la no aplicación de lo decidido en precedentes que, para el
señor Ramírez Erazo, debieron tenerse en consideración para permitirle
acceder al informe de análisis psicométrico solicitado a la EJRLB.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

20. La Sala considera que la acción de tutela es procedente porque: (1)
No existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar los
reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados. (2) Hubo un plazo razonable entre la fecha en
que se notificó la decisión enjuiciada (13/9/2024) y la interposición de la
presente tutela (16/9/2024). (3) No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relaciona con una sentencia proferida en un recurso de
insistencia. (4) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible
los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. (5) La controversia
tiene relevancia constitucional, por tratarse de la presunta afectación de los
derechos fundamentales de petición y debido proceso, con ocasión de una
providencia que, según el actor, desconoció el precedente fijado en las
Sentencias de 13 de septiembre de 2012 de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, identificada con radicado (se trascribe) “No.11001-03-25-000-
2009-00014-00 (0410-09)” y C-037 de 1996 de la Corte Constitucional, así
como en la Sentencia de 5 de agosto de 2024, proferida dentro del proceso
No. 25000-23-41-000-2024-01339-00 por la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, la controversia no
versa sobre un aspecto de simple legalidad ni denota un interés económico
por parte del accionante.

2.3. Fijación de la controversia

21. Corresponde a la Sala determinar si la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la Sentencia
de 3 de septiembre de 2024, mediante la cual tuvo por bien negada la

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Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
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solicitud de acceso al informe de análisis psicométrico presentada por Juan
Carlos Ramírez Erazo ante la EJRLB, desconoció el precedente fijado en la
Sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional y las Sentencias de 13
de septiembre de 2012 de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
identificada con radicado (se trascribe) “No.11001-03-25-000-2009-00014-00
(0410-09)” y de 5 de agosto de 2024, proferida dentro del proceso No. 25000-
23-41-000-2024-01339-00 por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

22. La Sala negará la solicitud de amparo, por no encontrar configurado
el desconocimiento del precedente.

23. (1) Sea lo primero advertir que el accionante precisó que se había
ignorado el precedente fijado en la Sentencia de 13 de septiembre de 2012
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, identificada con radicado
(se trascribe) “No. 11001-03-25-000-2009-00014-00 (0410-09)”, en la que,
según él, se estableció lo siguiente (se trascribe):

“En este orden de ideas, como afirma la accionante en su escrito, carece de
justificación invocar dicha reserva ante quien ha sido expresamente sustraído
de ella por el legislador. El motivo es obvio: de no ser excluidos de la reserva
impuesta, y garantizado su efectivo acceso y conocimiento del contenido de
las pruebas presentadas por cada uno en particular, el derecho de
reclamación de quienes tomaron parte en los procesos devendría inocuo;
quedaría reducido a una mera formalidad, vaciando por completo de
contenido el derecho de contradicción y defensa que la Constitución garantiza
a los particulares en toda actuación administrativa.

Mutatis mutandi en este supuesto puede resultar aplicable la regla sentada por
la Corte Constitucional en la sentencia T-1023 de 2006, en la cual los
demandantes, todos funcionarios del INPEC en carrera, afirman haber sido
retirados del servicio con fundamento en informaciones, motivos o razones de
conveniencia que nunca les fueron reveladas, a pesar que algunos de ellos
formalizaron mediante derecho de petición su interés en conocer los motivos
de la administración para adoptar la determinación de separarlos del cargo. En
aquella ocasión la Corte manifestó que su jurisprudencia ha sido clara en que
“cuando el retiro por inconveniencia o la exclusión de un concurso en cargos
de carrera se produce como consecuencia de información de carácter
reservado, debe entenderse que tal reserva no opera para los directamente
interesados. Se trata de una reserva que sólo puede alegarse frente a
terceros20” (negrillas y subrayado fuera de texto). Y añadió lo siguiente sobre la
forma como se debe garantizar el debido proceso y el derecho de defensa a
personas –vinculadas a la carrera administrativa- cuando se invoca en su contra
información reservada:

(i)se debe permitir al afectado conocer y controvertir el informe reservado; (ii)
se debe respetar a cabalidad el procedimiento fijado por las normas aplicables;
(iii) la evaluación a la que se somete el funcionario debe ser objetiva, basada
en razones sólidas y explícitas a fin de evitar que meras consideraciones
subjetivas generen el retiro del servidor público; (iv) se debe informar al

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funcionario las razones de la exclusión o del retiro, -que deben ser por demás
expresas-, en la medida en que el carácter de información reservada solo
puede alegarse frente a terceros.

Así las cosas, con base en este precedente constitucional y en los
razonamientos anteriores se puede concluir que la negativa tajante de la CNS
y la USBM de permitir acceder a sus hojas de respuestas a quienes participaron
en las pruebas practicadas en el marco de la Convocatoria No. 128 de 2009,
en tanto que directamente interesados y afectados por ellos por ello, resulta
contrario a la garantía del debido proceso y a sus derechos de defensa y
contradicción, lo mismo que a su derecho de acceso a los documentos
públicos, instrumentalmente ligado a los anteriores […]”.

24. Sin embargo, logró evidenciarse que el extracto al que hizo referencia
la parte actora corresponde a la Sentencia de 13 de diciembre de 2012,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el proceso No.
25000-23-42-000-2012-00492-01(AC) y no fue posible identificar la
providencia proferida dentro del proceso No. 11001-03-25-000-2009-00014-00
(0410-09) por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Por tal motivo,
deberá negarse el amparo solicitado en relación con el desconocimiento
de la providencia enunciada por el señor Ramírez Erazo.

25. Si llegará a entenderse que la providencia cuyo desconocimiento se
alegó fue la proferida 13 de diciembre de 2012 por la Sección Primera del
Consejo de Estado dentro del proceso No. 25000-23-42-000-2012-00492-
01(AC), tampoco habría lugar a conceder el amparo deprecado, en
consideración a que las circunstancias fácticas y jurídicas analizadas en esa
ocasión por esta Corporación fueron sustancialmente distintas a las que se
predican del ahora accionante. En esa providencia se discutió el alcance
del inciso 3 del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, de
conformidad con el cual (se trascribe): “Las pruebas aplicadas o a utilizarse
en los procesos de selección tienen carácter reservado, solo serán de
conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio
Civil en desarrollo de los procesos de reclamación”.

26. En dicha oportunidad, la Sección Primera del Consejo de Estado
señaló que no tenía sentido invocar la reserva ante quien había sido
expresamente sustraído de ella por el legislador, en razón a que si no se
excluía a quienes habían participado en los procesos de selección, se
vaciaría por completo la posibilidad de ejercer de manera adecuada las
garantías de contradicción y defensa, subyacentes al derecho fundamental
al proceso. De modo que, aparte de ser un precedente fijado en sede de
acción de tutela, que naturalmente tiene efecto inter partes, se trata de un
asunto que no guarda identidad fáctica ni jurídica con el de la referencia.

27. (2) En relación con el supuesto desconocimiento del precedente
establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-37 de 1996, la

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Decisión: Niega
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parte actora alegó que, de manera puntual, se había obviado la siguiente
regla (se trascribe):

“La presente disposición acata fehacientemente los parámetros fijados por el
artículo 125 superior y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el
sentido de que el concurso de méritos, como procedimiento idóneo para
proveer los cargos de carrera, debe cumplir una serie de etapas que garanticen
a las autoridades y a los administrados que el resultado final se caracterizó por
la transparencia y el respeto al derecho fundamental a la igualdad. (Art. 13
C.P.). Por ello, al definirse los procesos de convocatoria, selección o
reclutamiento, la práctica de pruebas y la elaboración final de la lista de
elegibles o clasificación, se logra, bajo un acertado sentido democrático,
respetar los lineamientos que ha trazado el texto constitucional. Con todo, debe
advertirse que “las pruebas” a las que se refiere el Parágrafo Segundo, son
únicamente aquellas relativas a los exámenes que se vayan a practicar para
efectos del concurso.”

28. Al respecto, es del caso recordar que las sentencias de
constitucionalidad de la Corte Constitucional pueden definir los lineamientos
que deben tenerse en consideración para interpretar ciertas disposiciones
normativas, pero no resuelven situaciones concretas con el propósito de fijar
reglas que podrían replicarse en otros escenarios.

29. Además, pese a que es cierto que la Corte Constitucional determinó
que cuando el parágrafo 2 del artículo 164 de la Ley 270 de 1996 hace
referencia a “las pruebas” alude a los exámenes realizados para efectos del
concurso de méritos para proveer vacantes en cargos de carrera judicial,
también lo es que dentro de la reserva legal a la que están sometidos esos
exámenes se encuentran igualmente los documentos que le sirven de
soporte técnico, como lo es el análisis de informe psicométrico, por lo que
tampoco se evidencia un desconocimiento de precedente que vulnere las
garantías constitucionales de la parte actora.

30. (3) En lo que atañe al desconocimiento del precedente establecido
la Sentencia 5 de agosto de 2024, proferida dentro del proceso No. 25000-
23-41-000-2024-01339-00 por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sala tampoco encuentra
circunstancias que ameriten conceder el amparo solicitado, en razón de
que, a pesar de que en esa ocasión la autoridad judicial, al resolver un
recurso de insistencia, permitió el acceso a una información solicitada por la
parte actora en relación con un concurso de méritos, lo que requirió el
accionante no tenía que ver con los soportes técnicos de la prueba
practicada sino con datos generales sobre la forma en que se realizó la
misma. Por ejemplo, en ese caso el accionante pidió que le informaran
cuántas preguntas fueron netamente memorísticas, si los interrogantes de la
subfase general habían sido iguales y si se habían formulado en el mismo
orden para todas las salas utilizadas en la plataforma por medio de la cual
se realizó la prueba.

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Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega
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31. Por último, la Sala pone de presente que la parte actora allegó un
memorial el 23 de septiembre de 2024, en el que manifestó que la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca había permitido el acceso a un informe de análisis
psicométrico, al resolver un recurso de insistencia mediante la Sentencia de
12 de septiembre de 2024, proferida dentro del proceso No. 25000-23-41-000-
2024-01537-00. Sobre ese aspecto, es necesario precisar que, como no existe
un criterio unificado sobre el alcance que debe darse a la reserva contenida
en el parágrafo 2 del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, corresponde al
operador judicial, en ejercicio de la autonomía que le reconoce el
ordenamiento jurídico, decidir lo que estime pertinente, de acuerdo con las
circunstancias fácticas y jurídicas de cada caso.

32. Además, se observa que la decisión enjuiciada por la parte actora
mediante el escrito de tutela fue proferida de manera previa a la que alega
como desconocida, lo que permite corroborar que no hubo
desconocimiento alguno del precedente horizontal. De lo anterior, se colige
que mal haría esta Corporación en ordenarle a la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que falle de
la misma manera en que lo hizo la Subsección A en otro caso.

33. En síntesis, resulta claro que la autoridad judicial accionada no
desconoció ninguno de los precedentes aludidos por la parte actora en su
escrito de tutela, sino que, por el contrario, al momento de fallar aplicó de
manera rigurosa lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 164 de la Ley 270
de 1996, sobre la reserva a la que se encuentran sometidas las pruebas
aplicadas en los concursos para proveer cargos de carrera judicial y los
documentos que les sirven de soporte técnico, como lo es el informe de
análisis psicométrico al que el señor Ramírez Erazo pretendía acceder.

2.5. Conclusión

34. Por lo anterior, la Sala negará la acción de tutela, toda vez que no se
configuró el defecto de desconocimiento de precedente alegado por la
parte actora.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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Accionante: Juan Carlos Ramírez Erazo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega
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RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por Juan Carlos Ramírez
Erazo contra la Subsección B de la Sección Primera del Consejo de Estado,
por las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin3.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

3 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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