Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04948-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04948-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04948-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04948-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
17 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
Demandada: Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) mínimo vital, iii)
igualdad, iv) seguridad social y v) dignidad humana
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Amira del Carmen Hurtado
Ledesma contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 12 de junio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
2
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 700013333007201900431-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, presentó demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Armada Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que: i) “[…] se declare la nulidad de los
actos administrativos Nos. 2808 DPSOC-177 del 28 de octubre de 2004; 2290 del
27 de octubre de 2010 y 20190042360073821 1MDN-COARC-SECAR-JEDHU
DPSOC.1 del 19 de febrero de 2019, mediante los cuales, se niega el
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por la muerte de su hijo, el
(sic) IMAR HÉCTOR SANTOS PINEDA HURTADO […]”; ii) “[…] se ordene a la
parte demandada, le reconozca y pague la pensión de sobreviviente, de acuerdo
con la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-010-2018 […]”.
4. Manifestó que, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo,
mediante sentencia de 4 de febrero de 2022, negó las pretensiones de la demanda.
5. Indicó que, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre,
mediante sentencia de 12 de junio de 2024, resolvió:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia adiada 4 de febrero de 2022, proferida
por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, conforme lo
expuesto. […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] En el presente asunto, el A-quo, niega a favor de la demandante, señora Amira
del Carmen Hurtado Ledesma, la pensión de sobreviviente prevista en la Ley 100 de
1993, dado que no demostró el requisito de la dependencia económica respecto de
su hijo fallecido.
A su vez, la parte demandante en alzada, sostiene que se le vulneran sus derechos
y principios constitucionales, pues, su hijo el IMAR Héctor Santos Pineda Hurtado
ingresó a las Fuerzas Militares en busca de una oportunidad, con la esperanza de
3
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
ayudarla económicamente; también se desconoce el principio de iura novit curia, al
someter su decisión en la prosecución de la dependencia económica total o absoluta,
desconociéndose lo previsto en el artículo 230 Superior, debiéndose emitir el fallo en
el sentido común de la justicia y la Ley.
Pues bien, verificado el expediente, NO se extrae del acervo probatorio, que el
fallecido Héctor Santos Pineda Hurtado - Infante de Marina Regular de la Armada
Nacional -, brindaba apoyo económico a su madre.
En efecto, la demandante afirma en el libelo genitor que es una adulta mayor y que
debido a su edad, mantenía la esperanza en su hijo para la protección y manutención
en la vejez; afirmación que corrobora que la accionante solo tenía una expectativa
frente a la ayuda económica que le pudiera brindar su hijo a futuro, pero que descarta,
la materialización de ese hecho a la fecha de su fallecimiento.
Y lo como lo señaló el A-quo, al momento del deceso del joven IMAR Héctor Santos
Pineda Hurtado, la accionante no tenía edad suficiente para ser considerada como
adulta mayor, ni tampoco se acreditó que fuera tratada como tal, ya que para el 12 de
agosto de 2003 (fecha del deceso), la señora Amira del Carmen tenía la edad de 46
años.
A parte de lo anterior, al proceso no se allegaron pruebas (testimoniales,
certificaciones, constancias u oficios, etc.) que dieran cuenta del aludido requisito,
exigido expresamente por la norma aplicable al caso, para que proceda el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuando se alega la calidad de madre
del causante.
En tal sentido, ni los criterios mínimos establecidos en el marco normativo por vía
jurisprudencial se demuestran en este asunto, por ende, las pretensiones están bien
negadas
En ese orden de ideas, se concluye, que al no acreditarse el requisito de la
dependencia económica, a la señora Amira del Carmen Hurtado Ledesma, en calidad
de madre del fenecido IMAR Héctor Santos Pineda Hurtado, no le asiste el derecho
a que la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, le reconozca y pague una
pensión de sobreviviente, de conformidad con lo preceptuado en el régimen general
de pensiones, contenido en la Ley 100 de 1993; por lo que, en ese sentido, se itera,
habrá de confirmarse la sentencia recurrida. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. SE TUTELEN mis derechos fundamentales a la seguridad social – pensión
de sobreviviente, amparo constitucional que se invoca en protección de los derechos
fundamentales a la vida (adulto mayor) en condiciones dignas, al mínimo vital y móvil,
a la seguridad social, la dignidad humana, la igualdad y el debido proceso, vulnerados
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE SALA PRIMERA DE DECISIÓN
Magistrado Ponente: RUFO ARTURO CARVAJAL ARGOTY, con fundamento en que
la referida autoridad incurrió en un defecto fáctico y una decisión sin motivación al
proferir la sentencia de segunda instancia el doce (12) de junio de dos mil veinticuatro
(2024), que CONFIRMO la sentencia del 4 de febrero de 2022, proferida por el
4
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 70-001- 33-33-007-2019-00431-
01.
2. DECLARAR que la sentencia de segunda instancia del doce (12) de junio de dos
mil veinticuatro (2024), proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
SALA PRIMERA DE DECISIÓN Magistrado Ponente: RUFO ARTURO CARVAJAL
ARGOTY, que CONFIRMO la sentencia del 4 de febrero de 2022, proferida por el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 70-001-33-33-007-2019-00431-
01, vulneró mis derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo
vital , a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y a la dignidad.
3. En consecuencia, a los derechos tutelados se me reconozca la pensión de
sobreviviente por la muerte de mi hijo el IMAR HÉCTOR SANTO PINEDA HURTADO
en actos del servicio […]”.
6.1. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente1:
“[…] El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE SALA PRIMERA DE DECISIÓN
Magistrado Ponente: RUFO ARTURO CARVAJAL ARGOTY, incurrió en un defecto
fáctico al omitir valorar las pruebas y peticiones allegados al plenario que permitían
acreditar el PERJUICIO IRREMEDIABLE, en ocasión a la negación de la PENSIÓN
DE SOBREVIVIENTES, en la cual no tuvo en cuenta las razones de equidad y
favorabilidad, e ignoro mi situación de debilidad manifiesta como madre del Infante de
Marina de la Armada Nacional HÉCTOR SANTO PINEDA HURTADO. […]”.
[…]
“[…] 3. Ignora este Tribunal, el acápite normativo y jurisprudencial del Consejo de
Estado, en casos similares, en aplicación del derecho fundamental a la igualdad y con
el objeto de proteger el núcleo familiar del soldado que fallece en el servicio activo,
con el objeto de reconocer a los soldados, la pensión de sobrevivientes prevista en
dicho régimen.
[…]
“[…] 3.2. No tuvo en cuenta este Tribunal, que soy una mujer cabeza de hogar que
trabaje y debido a mis patologías no pudo laborar, demostré la calidad de madre del
causante, y al no demostrase la existencia de cónyuge ni hijos, era procedente el
reconocimiento de la pensión solicitada, pues no se requiere acreditar ninguna otra
condición, como lo sería la dependencia económica, tal como lo ha señalado el
Consejo de Estado, entre otras sentencias, en la proferida el 17 de octubre de 2019,
dentro del proceso radicado con el No. 85001-23-33-000-2013-00122-01(0538-1 y
radicado:13001-2333-0002015-00435-01(0814-2021).
No tuvo en cuenta este Tribunal la Sentencia SU082/22 EL PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD Y APLICACIÓN RETROSPECTIVA DE LA LEY EN EL RÉGIMEN
PENSIONAL DE LA FUERZA PÚBLICA-No vulneración por omisión legislativa sobre
pensión de sobreviviente en favor de familiares de conscriptos y soldados voluntarios.
1 Transcripción literal del texto.
5
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
5. El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE SALA PRIMERA DE DECISIÓN,
incurrió en un defecto fáctico y, por tanto, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social y a la igualdad de la suscrita AMIRA DEL
CARMEN HURTADO LEDESMA, al omitir tener encuenta las declaraciones extrajucio
que expresaban la dependencia económica, las cuales reposan el Expediente
Prestacional en digital del ex IMAR HECTOR SANTOS PINEDA HURTADO. Que dio
origen de la compensación por muerte de mi hijo, a efectos de acceder a la pensión
de sobrevivientes reclamada. […]”.
[…]
“[…] El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE SALA PRIMERA DE DECISIÓN,
incurrió en violación directa de la Constitución Política y, por tanto, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la igualdad de
la suscrita AMIRA DEL CARMEN HURTADO LEDESMA, al negarme el acceso a la
pensión de sobrevivientes reclamada por el fallecimiento de mi hijo, ocurrido el dia
13 de agosto del 2003, mientras prestaba su servicio militar obligatorio y en
cumplimiento de una misión del servicio, al sostener bajo el argumento que no se
demostró la dependencia económica del hijo fallecido, sin prever el acceso a dicha
prestación y sin contemplar la posibilidad de aplicar normas pensionales distintas,
en virtud del mandato de favorabilidad.
7. El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE SALA PRIMERA DE DECISIÓN,
incurrió en un defecto sustantivo al desconocer el contenido en la sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-010-2018 proferida por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativa del Consejo de Estado y, por tanto, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y la igualdad de la suscrita
AMIRA DEL CARMEN HURTADO LEDESMA, al negarme el acceso a la pensión de
sobrevivientes reclamada por la muerte del IMAR HÉCTOR SANTO PINEDA
HURTADO, mientras prestaba el servicio militar obligatorio y cumplía con una misión
del servicio. […]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 23 de septiembre de 2024: i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre; y iii) vinculó, como terceros con
interés legítimo, al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo y a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, concediéndoles el
término de tres (3) días para rendir informe.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo.
8. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional solicitó declarar
improcedente la acción de tutela. Para tal efecto manifestó lo siguiente:
“[…] Por todos los argumentos anteriormente planteados, solicitamos a Honorable
Consejo de Estado, se solicita de manera respetuosa se declare la improcedencia
6
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
de la acción de tutelada impetrada, pues no ha existido arbitrariedad, defecto
sustancial o procesal alguno por parte del Tribunal Administrativo de Sucre al decidir
el asunto que se expuso para su estudio en sede judicial. Por lo tanto, la decisión del
tribunal debe ser mantenida, y las reclamaciones de la parte accionante,
desestimadas. […]”.
9. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo solicitó declarar
improcedente la acción de tutela. Para tal efecto argumentó lo siguiente:
“[…] Así las cosas, comoquiera que el Juzgado en sus decisiones dentro del proceso
ordinario no desconoció las disposiciones procesales y los precedentes
jurisprudenciales, no hay defectos que pueda atribuírsele a la mismas, por tanto, se
pide al H. Consejo de Estado desestimar la demanda de amparo instaurada, por
cuanto, no hay violación a los derechos invocados.
En lugar de lo anterior, se solicita declarar la improcedencia de la acción, por cuanto,
no se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional y en especial,
porque la señora Amira del Carmen Hurtado Ledesma pretende que el juez de tutela
realice el mismo análisis jurídico y fáctico que ya fue abordado en el trámite del
proceso ordinario, razón por la que, su intención es continuar con el mismo debate
ante la jurisdicción constitucional. […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, lo que busca, la accionante es reabrir el debate concluido por el
juez ordinario, por cuanto, no se advierte prima facie una actuación arbitraria o
ilegítima de la autoridad judicial. […]”.
10. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre guardó
silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20194, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
Generalidades de la acción de tutela
12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
13. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
14. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; v) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi)
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad
social; vii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a
la dignidad humana; viii) análisis del caso concreto y finalmente las ix) conclusiones
de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
15. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
8
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
16. Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
17. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
9
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
19. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
21. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
22. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201410, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
10 Ut supra página 6.
10
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [14].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
11
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [17]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
23. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado18:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”19
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
18 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
12
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”20
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
24. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.
25. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202221 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
20 Ibidem.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
13
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
14
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
26. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
27. Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
28. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
22 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
15
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
29. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
30. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
16
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
31. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos” […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital
32. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.
33. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al
mínimo vital, ha dicho:
“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
17
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana
34. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general […]”. (Resaltado por la Sala).
35. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha establecido que el derecho a la
dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y
iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este
Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un
valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un
principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental
autónomo […]”.
Análisis del caso concreto
36. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 12 de junio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
18
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 700013333007201900431-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.
37. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
38. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
39. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
39.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 700013333007201900431-01.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
40. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente23:
“[…] El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE SALA PRIMERA DE DECISIÓN
Magistrado Ponente: RUFO ARTURO CARVAJAL ARGOTY, incurrió en un defecto
23 Transcripción literal del texto.
19
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
fáctico al omitir valorar las pruebas y peticiones allegados al plenario que permitían
acreditar el PERJUICIO IRREMEDIABLE, en ocasión a la negación de la PENSIÓN
DE SOBREVIVIENTES, en la cual no tuvo en cuenta las razones de equidad y
favorabilidad, e ignoro mi situación de debilidad manifiesta como madre del Infante de
Marina de la Armada Nacional HÉCTOR SANTO PINEDA HURTADO. […]”.
[…]
“[…] 3. Ignora este Tribunal, el acápite normativo y jurisprudencial del Consejo de
Estado, en casos similares, en aplicación del derecho fundamental a la igualdad y con
el objeto de proteger el núcleo familiar del soldado que fallece en el servicio activo,
con el objeto de reconocer a los soldados, la pensión de sobrevivientes prevista en
dicho régimen.
[…]
“[…] 3.2. No tuvo en cuenta este Tribunal, que soy una mujer cabeza de hogar que
trabaje y debido a mis patologías no pudo laborar, demostré la calidad de madre del
causante, y al no demostrase la existencia de cónyuge ni hijos, era procedente el
reconocimiento de la pensión solicitada, pues no se requiere acreditar ninguna otra
condición, como lo sería la dependencia económica, tal como lo ha señalado el
Consejo de Estado, entre otras sentencias, en la proferida el 17 de octubre de 2019,
dentro del proceso radicado con el No. 85001-23-33-000-2013-00122-01(0538-1 y
radicado:13001-2333-0002015-00435-01(0814-2021).
No tuvo en cuenta este Tribunal la Sentencia SU082/22 EL PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD Y APLICACIÓN RETROSPECTIVA DE LA LEY EN EL RÉGIMEN
PENSIONAL DE LA FUERZA PÚBLICA-No vulneración por omisión legislativa sobre
pensión de sobreviviente en favor de familiares de conscriptos y soldados voluntarios.
5. El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE SALA PRIMERA DE DECISIÓN,
incurrió en un defecto fáctico y, por tanto, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social y a la igualdad de la suscrita AMIRA DEL
CARMEN HURTADO LEDESMA, al omitir tener encuenta las declaraciones extrajucio
que expresaban la dependencia económica, las cuales reposan el Expediente
Prestacional en digital del ex IMAR HECTOR SANTOS PINEDA HURTADO. Que dio
origen de la compensación por muerte de mi hijo, a efectos de acceder a la pensión
de sobrevivientes reclamada. […]”.
[…]
“[…] El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE SALA PRIMERA DE DECISIÓN,
incurrió en violación directa de la Constitución Política y, por tanto, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la igualdad de
la suscrita AMIRA DEL CARMEN HURTADO LEDESMA, al negarme el acceso a la
pensión de sobrevivientes reclamada por el fallecimiento de mi hijo, ocurrido el dia
13 de agosto del 2003, mientras prestaba su servicio militar obligatorio y en
cumplimiento de una misión del servicio, al sostener bajo el argumento que no se
demostró la dependencia económica del hijo fallecido, sin prever el acceso a dicha
prestación y sin contemplar la posibilidad de aplicar normas pensionales distintas,
en virtud del mandato de favorabilidad.
7. El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE SALA PRIMERA DE DECISIÓN,
incurrió en un defecto sustantivo al desconocer el contenido en la sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-010-2018 proferida por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativa del Consejo de Estado y, por tanto, vulneró los derechos
20
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y la igualdad de la suscrita
AMIRA DEL CARMEN HURTADO LEDESMA, al negarme el acceso a la pensión de
sobrevivientes reclamada por la muerte del IMAR HÉCTOR SANTO PINEDA
HURTADO, mientras prestaba el servicio militar obligatorio y cumplía con una misión
del servicio. […]”.
41. Para la Sala el asunto controvertido por la actora ya fue objeto de estudio por
las autoridades judiciales accionadas y la acción de tutela contra providencia judicial
no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de los derechos fundamentales.
42. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la
causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento
adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo
en una instancia adicional.
43. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.
44. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
21
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
encuentra limitado a asuntos meramente legales cuya competencia se encuentran
en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
45. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza puramente
legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce del derecho
fundamental indicado supra.
46. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de las autoridades judiciales
accionadas, es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección
del criterio jurídico del juez natural y reabrir un debate legal y probatorio concluido
que escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la
actora alega la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el
criterio de la relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación,
sino mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o
vulneración del mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
47. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social y a la dignidad humana
enunciados por la actora, no se evidencian en el caso sub examine, toda vez que el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se adelantó ante el juez
competente, en respeto de las formas propias del proceso, y se respetó el derecho
de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre una
situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación
del juez constitucional.
48. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.
49. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora
enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo
22
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
vital, a la igualdad, a la seguridad social y a la dignidad humana, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
50. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
la actora contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
23
Núm. único de radicación: 110010315000202404948-00
Actora: Amira del Carmen Hurtado Ledesma
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.