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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04963-00

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04963-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el movimiento político Fuerza Ciudadana, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04963-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

7 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04963-00
Demandante: Movimiento Político Fuerza Ciudadana

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUITÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04963-00
Demandante: MOVIMIENTO POLÍTICO FUERZA CIUDADANA
Demandada: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La inmediatez. Medio de control
de nulidad electoral contra resolución que reconoció
personería jurídica a movimiento político.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el movimiento político Fuerza Ciudadana de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 16 de septiembre de 20241, el movimiento político Fuerza Ciudadana interpuso
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, por considerar
vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“III. PETICIÓN DE AMPARO

RECONOCERME personería para obrar como apoderado del movimiento político
FUERZA CIUDADANA en la presente acción de tutela, de conformidad con el poder adjunto.

3.1. PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales del movimiento político
Fuerza Ciudadana al debido proceso, igualdad y no discriminación, participar en la
conformación, ejercicio y control del poder público, en particular, mediante la creación,
organización y desarrollo de partidos políticos, la paz, buena fe y confianza legítima, en
concordancia con los principios democrático, participativo y pluralista en que se funda
nuestro Estado Social de Derecho.

3.2. SEGUNDA: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 7 de marzo de
2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de
la Resolución No. 5529 del 15 de diciembre de 2022, por medio de la cual el Consejo
Nacional Electoral reconoció personería jurídica al partido político Fuerza Ciudadana.

3.3. TERCERO: En su lugar, ORDENAR a la Sección Quinta del Consejo de Estado que
dicte sentencia sustitutiva de la anterior, en el sentido de negar las pretensiones de la
demanda de nulidad interpuesta por la señora Ximena Echavarría Cardona contra la
Resolución No. 5529 del 15 de diciembre de 2022 del Consejo Nacional Electoral”.

1 Índice 2 en Samai.
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Demandante: Movimiento Político Fuerza Ciudadana

2. Hechos

Del expediente, se advierte como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Carlos Eduardo Caicedo Omar solicitó el reconocimiento de
personería jurídica del grupo significativo de ciudadanos Fuerza Ciudadana.

2.2. Mediante Resolución 5529 del 15 de diciembre de 2022, el Consejo Nacional
Electoral reconoció personería jurídica a Fuerza Ciudadana por las siguientes
razones:
“en primer lugar, porque de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política quien
participe las consultas de un partido o movimiento político o en las consultas interpartidistas,
puede inscribirse por otro en el mismo proceso electoral y, porque el resultado de las consultas
es obligatorio, de manera que las agrupaciones políticas, con o sin personería que participen
de una consulta, quedan vinculadas a sus resultados; en segundo lugar, porque de
conformidad con el artículo 29 de la Ley estatutaria 1475 de 2011, el candidato una consulta
será "el candidato único de los partidos, movimientos que resulte grupos significativos de ciudadanos
que participen en ella”, en tercer lugar, porque, como señala Corte Constitucional en las
Sentencias C-257 y C-316 de 2021, en virtud de una interpretación sistemática de las
garantías de la oposición, sería un contrasentido quo, en tales casos, se reconociera la
personería jurídica solo al grupo significativo de ciudadanos del que hace parte el candidato,
pero no a las demás agrupaciones que, en condiciones similares, lo apoyaron. Una
interpretación de esa naturaleza desconocería el principio de Igualdad, pues todos los partidos
que conforman una coalición deben gozar de las mismas prerrogativas que establecen la
Constitución y la ley. Para esta colegiatura es incontrastable que GUSTAVO PETRO fue el
candidato de una coalición política que la cual formaron parte dos grupos significativos de
ciudadano, uno, COLOMBIA HUMANA, que obtuvo su reconocimiento jurídico, otro FUERZA
CIUDADANA que reclama ese reconocimiento con base en los mismos supuestos de hecho
que dieron lugar a la Sentencia C-316 de 2021 de la Corte Constitucional y a la Resolución
No. 7417 de 2021 de esta corporación que acató dicha decisión ”.

2.3. El 11 de julio de 2023, la señora Ximena Echavarría Cardona interpuso
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad de contenido electoral,
a fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 5529 del 15 de diciembre
de 2022 y se excluyera del Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos.

La demandante aseguró que aseguró que Fuerza Ciudadana no cumplió con
los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Constitución Política, esto
es, obtener una votación no inferior al 3% de los votos emitidos válidamente
en el territorio nacional en las elecciones legislativas, por lo que no cumplía
con los requisitos para obtener personería jurídica. Indicó que la resolución
adolecía de un vicio formal puesto que el Consejo Nacional Electoral dejó de
lado los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Constitución y la Ley
130 de 1994 para otorgar personería jurídica, priorizando una interpretación
amplia de la sentencia SU-316 de 2021 basada en el principio de igualdad. No
obstante, dicho criterio era inaplicable al caso.

Sostuvo que el Consejo no verificó que Fuerza Ciudadana fuera una
organización de la misma naturaleza que la Unión Patriótica, Nuevo
Liberalismo, Colombia Humana, Liga de Gobernantes y FARC, por lo que no
se cumplió con la primera de las etapas del juicio de igualdad. Concluyó que
las circunstancias de tiempo, modo y lugar de dichas organizaciones eran
totalmente diferentes a las vividas por Fuerza Ciudadana. Por ejemplo, señaló
que esta última nunca padeció del exterminio de sus militantes, por razones
de intolerancia política y tampoco goza de un derecho que devenga de los
Acuerdos de Paz.
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Señaló que la sentencia SU-316 de 2021, en la cual la Corte Constitucional
ordenó el reconocimiento de la personería jurídica al movimiento político
Colombia Humana, no era aplicable al caso, ya que las circunstancias de
Fuerza Ciudadana son distintas a la de Colombia Humana. En el caso de esta
última el señor Gustavo Petro obtuvo la segunda votación a la Presidencia de
la República por lo que el movimiento contaba con representación en el
Congreso de la República en virtud del Estatuto de la Oposición consagrado
en la Ley 1909 de 2018 y el artículo 112 constitucional.

El señor Caicedo Omar no podía realizar proselitismo político y estar a cargo
de una organización política seccional de oposición, mientras era gobernador
del departamento del Magdalena durante el periodo 2020-2023. Por lo tanto,
era improcedente que el Consejo Nacional Electoral (CNE en adelante) otorgara
personería jurídica a Fuerza Ciudadana reconociendo al señor Caicedo Omar
como representante legal, aludiendo al Estatuto de la Oposición.

Señaló que al momento de expedirse la Resolución 5529 de 2022, el período
2018-2022 había concluido. Además, para el intervalo 2022-2026, Fuerza
Ciudadana se declaró organización de gobierno en relación con la
administración presidencial de Gustavo Petro, por lo que no existía un real
fundamento para apoyarse en el derecho a la oposición política para otorgar
la personalidad jurídica.

Finalmente, manifestó que como la solicitud se había presentado después del
13 de marzo de 2022, el artículo 108 de la Constitución exige el 3% de los
votos en la elección del Congreso. Además, se precisó que no puede
extenderse el plazo de tres períodos presidenciales del Acuerdo Final para la
Paz, pues la solicitud se hizo cinco años después de firmado dicho acuerdo.
Por lo que aplicar dicho acuerdo sin regulación legislativa sería improcedente
e ilegal. La competencia para establecer esas medidas es del Congreso
mediante reforma política, ya que la Corte Constitucional no delegó tal facultad
en autoridades electorales, por lo que actualmente falta una base legal para
su aplicación.

2.4. Del asunto conoció la Sección Quinta del Consejo de Estado (Radicado Nro.
11001-03-28-000-2023-00046-00), que mediante sentencia de 7 de marzo de
2024 declaró la nulidad de la Resolución 5529 del 15 de diciembre de 2022,
por medio de la cual el CNE reconoció personería jurídica al partido político
Fuerza Ciudadana.

En primer lugar, la Sección Quinta de esta Corporación indicó que la
Resolución 5529 infringió los artículos 13, 40 y 108 de la Constitución Política,
puesto que el CNE había reconocido a Fuerza Ciudadana como partido político
basado en un criterio de igualdad, comparándolo con las situaciones de los
partidos Unión Patriótica, Nuevo Liberalismo, Colombia Humana, Liga de
Gobernantes Anticorrupción y FARC, y aplicando las excepciones
jurisprudenciales establecidas en las sentencias SU-257 y SU-316 de 2021 de
la Corte Constitucional.

Sin embargo, la autoridad judicial consideró que Fuerza Ciudadana no se
encontraba en las mismas circunstancias excepcionales que motivaron el
reconocimiento de personería jurídica a esos otros partidos. Según los
antecedentes, Fuerza Ciudadana participó en las elecciones legislativas de
2022 con una lista cerrada para el Senado, alcanzando 431.166 votos,
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insuficientes para superar el umbral de 509.709 votos. Aunque logró una curul
en la Cámara de Representantes por Magdalena con 71.075 votos, esta cifra
no cumplía el requisito constitucional establecido en el artículo 108, que exige
que el porcentaje de votación sea válido en todo el territorio nacional.

El Consejo de Estado, Sección Quinta consideró que la participación electoral
de Fuerza Ciudadana no justificaba el uso de los caminos excepcionales para
adquirir personalidad jurídica. En su criterio, el desempeño electoral y el
reconocimiento en las urnas del partido reflejaban el funcionamiento normal de
los mecanismos de participación democrática, sin requerir la aplicación de
medidas extraordinarias.

Subrayó que Fuerza Ciudadana no había enfrentado los mismos niveles de
violencia política que otras organizaciones. La comparación con Colombia
Humana, por ejemplo, se consideró inadecuada. La personería jurídica de
Colombia Humana fue otorgada por el derecho a la oposición política en el
Congreso, derivado de haber obtenido la segunda mayor votación en las
elecciones presidenciales de 2018. Dicha prerrogativa, según la Sección
Quinta, fue concedida de forma excepcional para asegurar el derecho de
oposición y su aplicabilidad no se extendía a Fuerza Ciudadana, ya que esta
organización no participó en esas elecciones presidenciales de forma directa.

La Sección Quinta también se refirió a los argumentos de participación de
coaliciones y consultas interpartidistas contenidos en la Resolución 2295,
refiriéndose a la participación del movimiento Fuerza Ciudadana en la consulta
popular interpartidista del 11 de marzo de 2018, con el objeto de seleccionar
al candidato de la coalición para el cargo de presidente de la República 2018-
2022. En opinión del CNE, dicha participación, sumada al apoyo a Petro en la
contienda presidencial, justificaba la personería jurídica bajo el principio de
igualdad y en consonancia con los precedentes de la Corte Constitucional en
las sentencias SU-257 y SU-316 de 2021.

No obstante, la Sección Quinta sostuvo que este enfoque era improcedente.
La norma del artículo 262 de la Constitución establece el umbral de votación
como un requisito para la conservación de la personería jurídica, aplicable solo
a partidos previamente reconocidos, y no para adquirirla por primera vez. El
Consejo de Estado enfatizó que el caso de Fuerza Ciudadana no cumplía esta
condición pues, aunque participó en coalición, no superó el umbral electoral
por sí misma en las elecciones al Congreso de 2022, requisito establecido en
el artículo 108 de la Constitución.

Asimismo, concluyó que el CNE interpretó de forma errónea el derecho a la
personería jurídica y las reglas de conservación de este estatus, aplicando de
manera inapropiada una interpretación hermenéutica para ajustar el caso de
Fuerza Ciudadana a condiciones excepcionales que no eran aplicables en su
situación particular.

Respecto de la aplicación del Acuerdo de Paz, indicó que este no puede
utilizarse como fundamento para desligar el umbral de votación en las
elecciones al Congreso para obtener la personería jurídica. Aunque reconoció
la importancia del Acuerdo Final de Paz (AF) como política pública para la paz
y la participación política, especialmente en la creación de partidos a nivel
regional, señaló que este Acuerdo no tiene fuerza normativa directa ni es
aplicable de forma automática por autoridades administrativas, pues requiere
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una implementación legislativa para incorporarse al ordenamiento jurídico. Así
lo ha subrayado la Corte Constitucional en la sentencia C-630 de 2017,
indicando que el Acuerdo Final carece de valor normativo per se y su ejecución
depende de la adopción de leyes que respeten los principios constitucionales.

El Consejo de Estado concluyó que cualquier cambio en los requisitos para
obtener personería jurídica, distinto al umbral de votación, debe ser
establecido mediante ley, tras debate democrático en el Congreso, para
garantizar igualdad y estabilidad en el sistema de partidos, evitando que el
CNE asuma funciones exclusivas del legislador.

La Sección Quinta también indicó que el acto del CNE que otorgó personería
jurídica a Fuerza Ciudadana adolece de vicio de falsa motivación por todas las
razones anteriormente expuestas. Explicó que el CNE aplicó de forma
indebida el principio de igualdad y el Estatuto de la Oposición. Utilizó el caso
de la Unión Patriótica y el Nuevo Liberalismo, que recuperaron su personería
por situaciones de violencia y persecución para justificar su decisión,
ampliando incorrectamente el alcance del artículo 108 constitucional sobre el
umbral de votación. Asimismo, de manera inapropiada, igualó a Fuerza
Ciudadana con Colombia Humana y el partido Liga, distorsionando la norma y
relativizando el requisito de votos necesarios para adquirir personería jurídica.
La Sala concluyó que esta motivación fue insuficiente y carente de base
normativa real.

Por lo expuesto, la Sección Quinta declaró la nulidad de la Resolución 5529
del 15 de diciembre de 2024 y moduló los efectos del fallo, entendiendo que
son sólo hacia el futuro, desde la ejecutoria de dicha providencia.

3. Fundamentos de la acción

Tras argumentar que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora sostuvo que, al proferir la
sentencia del 7 de marzo de 2024, el Consejo de Estado, Sección Quinta incurrió
en los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa a la Constitución, por las razones que se expondrán a continuación.

3.1. Defecto sustantivo: el actor aseguró que la sentencia del Consejo de Estado,
Sección Quinta se basaba en la aplicación errónea del umbral del artículo 108
de la Constitución, el cual exige que los partidos políticos superen el 3% del
total de la votación válida nacional para mantener o adquirir personería
jurídica.

Según el accionante, la interpretación realizada por la Sección Quinta era
exegética y formal, sin tener en cuenta la normativa superior derivada del
Acuerdo de Paz de 2016. Este último, incorporado al orden jurídico colombiano
a través del Acto Legislativo 2 de 2017, establece un marco especial para la
participación política de partidos y movimientos, con el fin de garantizar una
apertura democrática. La Corte Constitucional, en la sentencia C-674 de 2017,
determinó que el Acuerdo de Paz es vinculante para el Estado, por lo que las
disposiciones sobre los derechos políticos, como las relacionadas con la
personería jurídica de partidos, deben aplicarse teniendo en cuenta este marco
normativo superior. De esta manera, el accionante señaló que el umbral del
artículo 108 no podía aplicarse de manera rígida y que la Sección Quinta
ignoró las reglas especiales establecidas jurisprudencialmente para el
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reconocimiento de personería jurídica, desconociendo el impacto del Acuerdo
de Paz y el contexto de la apertura democrática.

3.2. Defecto fáctico: el actor manifestó que se incurrió en ese defecto porque el
Consejo de Estado desestimó la evidencia que acreditaba la existencia y
vocación de permanencia de Fuerza Ciudadana. Señaló que la sentencia
controvertida invalidaba el acto que reconocía la personería jurídica del partido
bajo el argumento de no cumplir con los requisitos necesarios, pese a que los
estatutos, la plataforma ideológica y la vocación de permanencia del partido
estaban debidamente acreditados en el expediente.

Destacó los logros electorales de Fuerza Ciudadana en el ámbito
departamental de Magdalena y en el municipal de Santa Marta, así como su
participación en la coalición interpartidista en las elecciones presidenciales de
2018.

A pesar de esta evidencia, la Sección Quinta decidió anular la resolución que
otorgaba la personería jurídica sin considerar el amplio respaldo popular del
partido en estos territorios. Por lo tanto, el accionante afirmó que el Consejo
de Estado dejó de lado hechos relevantes que demostraban el cumplimiento
de los requisitos necesarios para la personería jurídica, lo que constituye un
defecto en la valoración de las pruebas presentadas.

3.3. Desconocimiento del precedente judicial: el accionante sostuvo que el
Consejo de Estado, Sección Quinta no tuvo en cuenta las excepciones que la
Corte Constitucional reconoció en sentencias como la SU-257 y SU-316 de
2021. Afirmó que en dichas decisiones se estableció que en casos en los que
un partido político sufre circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad,
como persecuciones políticas o desigualdades frente a otros partidos, no es
aplicable el umbral del artículo 108 superior para mantener la personería
jurídica.

Indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado no reconoció la fuerza
vinculante de estos precedentes, argumentando que no había una analogía
estricta con el caso de Fuerza Ciudadana. Según el accionante, este
desconocimiento del precedente constituyó una violación al derecho al
precedente y a la igualdad de trato entre partidos en circunstancias similares.

3.4. Violación directa de la Constitución: el accionante manifestó que las
autoridades estatales tenían la obligación de promover la apertura democrática
y garantizar el pluralismo político, eliminando obstáculos como el umbral del
artículo 108.

Además, en las sentencias SU-257 y SU-316 de 2021, la Corte Constitucional
reiteró esta obligación, exhortando al Congreso a implementar un sistema que
desligara la obtención de la personería jurídica de los resultados electorales
nacionales y que reconociera el desempeño de los partidos a nivel territorial.
Dado que el Congreso no había cumplido con estos exhortos, el accionante
consideró que el Estado no podía trasladar las consecuencias de esta omisión
legislativa a los partidos, especialmente a aquellos que promovían la
democracia territorial y regional.

Aseguró que Fuerza Ciudadana, con una fuerte presencia en el ámbito local y
regional, debía ser protegida en el ejercicio de sus derechos políticos, en línea
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con los principios participativos y pluralistas consagrados en la Constitución.
La decisión del Consejo de Estado, al aplicar de manera estricta el umbral y
desconocer la apertura democrática promovida por el Acuerdo de Paz, vulnera
directamente los derechos constitucionales de la colectividad y su participación
en la vida política del país.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. El actor presentó memorial en el cual expuso argumentos adicionales con el
propósito de fortalecer la defensa de los derechos fundamentales invocados.

Con respecto al defecto sustantivo indicó que la Corte Constitucional en su
sentencia C-630 de 2017 indicó que el Acuerdo Final debía ser implementado
como política de Estado, vinculante para todas las autoridades, en especial en
lo concerniente a derechos fundamentales y derecho internacional
humanitario, aplicables de forma inmediata.

Por lo anterior, consideró que la Sección Quinta del Consejo de Estado erró al
aplicar formalmente el umbral electoral del artículo 108 superior para resolver
sobre el reconocimiento de la personería jurídica de Fuerza Ciudadana,
ignorando que dicho requisito debía ser inaplicado conforme al Acuerdo de
Paz, el cual busca promover el pluralismo político y la ampliación de la
democracia. En este sentido, argumentó que la postura de la Sección
resultaba anacrónica, pues se basaba en reformas políticas anteriores al
Acuerdo de Paz, lo cual obstaculizaba el surgimiento de fuerzas políticas
alternativas.

Asimismo, alegó un defecto fáctico al afirmar que la Sección Quinta no valoró
adecuadamente las pruebas sobre la solidez electoral, vocación de
permanencia y base ideológica de Fuerza Ciudadana, aspectos esenciales
para mantener su personería jurídica. En este punto, la parte actora denunció
que el Consejo de Estado realizó una interpretación literal del artículo 108, sin
tener en cuenta su propia jurisprudencia2 que aboga por una lectura más
flexible y coherente con el modelo de Estado Social de Derecho.

Respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial, reafirmó que en
las sentencias SU-257 y SU-316 de 2021 se reconoció la necesidad de aplicar
las excepciones al régimen general de personería jurídica a partidos que han
sufrido actos de persecución política o se han coaligado en campañas
presidenciales.

El accionante señaló que la Sección Quinta no solo desconoció estas
excepciones, sino que también incurrió en un error al aplicar de manera estricta
el régimen general del artículo 108, sin considerar las particularidades de
Fuerza Ciudadana como un movimiento político alternativo, activo en
oposición y que ha enfrentado situaciones de violencia política.

De igual manera, se refirió a las sentencias C-089 de 1994 y C-490 de 2011,
en las que la Corte Constitucional subrayó la importancia de fortalecer la
democracia local y la participación de partidos con vocación regional. Estos
precedentes reivindican la existencia de agrupaciones políticas que
representen intereses territoriales y abogan por un umbral electoral
2 Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 4 de julio de 2013, Exp. 11001-03-28-000-2010-00027-
00.
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diferenciado o un sistema de adquisición progresiva de derechos para estas
colectividades. El accionante argumentó que la Sección Quinta no tuvo en
cuenta esta línea jurisprudencial que protege el pluralismo y la autonomía
territorial, fundamentales para ampliar la participación democrática en el país.

La acción de tutela, por tanto, busca una intervención correctiva que garantice
la aplicación coherente de los precedentes constitucionales en el
reconocimiento de la personería jurídica de Fuerza Ciudadana.

4.2. En auto del 24 de septiembre de 2024, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el Fuerza Ciudadana contra el Consejo de Estado, Sección
Quinta; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes.

A su vez, se ordenó notificar en calidad de terceros (i) al Consejo Nacional
Electoral (autoridad que actuó como demandada dentro del medio de control de nulidad
electoral); (ii) a la señora Ximena Echavarría Cardona (quien actuó como
demandante); (iii) a la Fundación Comité de Veeduría del Atlántico, a la señora
Ingrid Johana Aguirre Juvinao y al señor Walter Ortegón Bolívar (quienes
presentaron escritos de coadyuvancia dentro del medio de control); (iv) a la Registraduría
Nacional del Estado Civil (autoridad que actuó como tercero con interés) y (v) a los
demás demandantes, demandados y terceros que participaron dentro del
medio de control Nro. 11001-03-28-000-2023-00046-00.

4.3. El Consejo Nacional Electoral manifestó que de su parte no ha existido
vulneración o amenaza a los derechos fundamentales del accionante; motivo
por el cual aseguró que carece de legitimación en la causa por pasiva y por lo
cual solicitó su desvinculación del trámite de tutela.

4.4. La Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que carece de
competencia para pronunciarse sobre lo pretendido, pues lo solicitado por la
parte actora no se encuentra dentro de sus competencias y porque la
providencia controvertida fue producto de la autonomía e independencia
judicial del Consejo de Estado, Sección Quinta. Por esa razón, ante su falta de
legitimación en la causa por pasiva, solicitó ser desvinculado del trámite de
tutela.

4.5. La Sección Quinta del Consejo de Estado aseguró que la solicitud
presentada resultaba improcedente al no cumplir con los requisitos generales
de procedibilidad, especialmente el de relevancia constitucional, exigidos para
que un amparo judicial de este tipo prospere. La Corte Constitucional, en su
sentencia SU-215 de 2022, establece que la acción de tutela no puede ser
utilizada como una instancia adicional que permita revivir controversias
resueltas previamente en la jurisdicción ordinaria.

La Sección Quinta observó que los argumentos presentados por la parte
actora en la tutela coincidían con los que fueron ya examinados en el proceso
electoral. Esto evidenciaba una clara intención de utilizar la tutela como un
medio para reabrir el debate, situación que atentaría contra los principios de
autonomía judicial, debido proceso y legalidad, al tiempo que excedería los
límites de la función jurisdiccional.

Precisó que los supuestos defectos invocados por el accionante no constituían
fallos sustantivos, fácticos o de desconocimiento de precedentes. Con
respecto al alegado defecto sustantivo, la Sección Quinta señaló que en el fallo
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cuestionado se aplicó correctamente el artículo 108 de la Constitución Política,
al ser el fundamento normativo para decidir sobre la personería jurídica de los
partidos políticos. El análisis de este artículo fue necesario, ya que en él se
establecen los umbrales de votación requeridos, y no resultaba posible omitir
su aplicación en aras de interpretar los requisitos señalados en la Ley 130 de
1994 de manera autónoma e independiente del marco constitucional.

En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que los elementos relativos a los
estatutos, la plataforma ideológica y la organización interna de Fuerza
Ciudadana eran aspectos complementarios que solo cobran relevancia una
vez se cumple con el umbral de votación estipulado en el artículo 108 de la
Constitución. Es decir, estos requisitos no debían considerarse como criterios
separados para el otorgamiento de la personería jurídica, sino que su análisis
formaba parte del procedimiento administrativo a seguir si se acreditaba el
umbral necesario.

La Sección destacó también que la vocación de permanencia y el respaldo
popular del movimiento Fuerza Ciudadana, aunque significativos, no
constituían condiciones legales para el reconocimiento de la personería
jurídica de un partido político.

En el mismo sentido, aseguró que tampoco se incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, puesto que las sentencias SU-257 y SU-316 de 2021 de
la Corte Constitucional fueron debidamente consideradas y analizadas en el
fallo objeto de reproche.

En particular, se concluyó que la situación de Fuerza Ciudadana no era
comparable a la del partido Colombia Humana, que obtuvo personería jurídica
debido a su posición como segundo partido más votado en la elección
presidencial de 2018 y su derecho a ejercer la oposición.

La Sección Quinta enfatizó que Fuerza Ciudadana no participó en dichas
elecciones presidenciales, y en las elecciones de 2022 tampoco presentó
candidato propio, ya que el entonces candidato Gustavo Petro fue inscrito por
la coalición “Petro Presidente", compuesta por Colombia Humana y el partido
MAIS.

A su vez, mencionó que la sentencia SU-316 de 2021 permitió el
reconocimiento de la personería jurídica de la LIGA, partido que obtuvo la
segunda votación en las elecciones de 2022 y aceptó curules de oposición en
el Congreso, situación distinta a la de Fuerza Ciudadana.

Por otra parte, sostuvo que tampoco se incurrió en violación directa de la
Constitución, pues el Acuerdo Final de Paz de 2016, aunque de gran
importancia como política pública, carece de fuerza normativa y no se
incorpora automáticamente al ordenamiento jurídico, por lo que no resultaba
viable aplicarlo directamente al caso en cuestión.

Con base en lo expuesto, concluyó que i) no se cumple el requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, relativo a
la relevancia constitucional; y ii) si en gracia de discusión este se encontrara
satisfecho, no se configura ninguno de los defectos alegados por la parte
actora.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.

3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional

3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

Precisado lo anterior, corresponde a la Sala de manera preliminar establecer si se
cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedencia de este mecanismo
contra providencias judiciales, concretamente el de la inmediatez.

Solo en caso de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos
generales de procedibilidad, la Sala determinará si al proferir la sentencia del 7 de
marzo de 2024 el Consejo de Estado, Sección Quinta, incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la
Constitución propuestos por la parte actora.

4. Alcance del requisito general de procedibilidad de la inmediatez

Uno de los requisitos generales para que la tutela contra providencias judiciales
proceda es que se acredite que la acción se interpuso en un plazo razonable. Este
requisito se conoce como inmediatez.

La Corte Constitucional7 ha señalado que si bien no es posible establecer un término
de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la naturaleza
misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la
protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el
respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados8.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial.
Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de Estado9
fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un término de seis
7 Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
8 Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los
casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta
que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente”.
9 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
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meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada, por
considerarlo un término prudencial para que el interesado interponga la acción.
Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional10.
Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a “la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad”11.

Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que “además de tener como pauta el
término de seis meses, se debe analizar también: “(…) (i) si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los
derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición”. (Negrillas fuera de texto).

Sobre este punto, en la Sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que “No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo,
sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de
cada caso concreto, lo que constituye un término razonable”12. Por ende, para analizar si
este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional brindó cinco criterios: (i) la
situación personal del peticionario; (ii) si la vulneración de derechos fundamentales
se extiende en el tiempo; (iii) la naturaleza de la vulneración; (iv) la actuación contra
la que se dirige la tutela; y (v) los efectos de la tutela.
Así las cosas, tanto las reglas fijadas en la Sentencia SU-391 de 2016 como en la
providencia del Consejo de Estado son válidas para estudiar el presupuesto de la
inmediatez. Por esto, el estudio del requisito de inmediatez, además de considerar
el lapso de seis meses, debe consultar los demás criterios establecidos en la
jurisprudencia constitucional, de manera tal, que caso a caso se estudie el
cumplimiento de este requisito, atendiendo a sus particularidades, sin que el solo
paso del tiempo constituya el criterio exclusivo para efectuar ese estudio.
5. Análisis en el caso
5.1. Con base en lo anterior, la Sala advierte que en el caso examinado no se
cumple con el requisito general de la inmediatez, toda vez que la acción de
tutela se interpuso luego de superado el lapso de seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta.
La prueba de esta afirmación consiste en que la sentencia se profirió el 7 de
marzo de 2024 y se notificó de manera electrónica mediante correo enviado el
8 de marzo de 2024, por lo que notificación se entiende realizada una vez
transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, conforme lo
establece el artículo 20513 de la Ley 1437 de 2011 y, en ese sentido, la

10 Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
11 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
12 Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-391 de 2016.
13 Ley 1437 de 2011. Artículo 205: “NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. La notificación
electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas: (…) 2. La notificación de la providencia
se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”.
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inmediatez empezaría a computarse a partir del día siguiente al de la
notificación14, es decir desde el 13 de marzo de 2024. Sin embargo, la acción
de tutela se presentó el 16 de septiembre de 2024.

Lo anterior implica que, entre la notificación de la providencia cuestionada y la
interposición del amparo constitucional transcurrieron 6 meses y 3 días.
Situación que supera el plazo razonable de seis meses a que alude la
jurisprudencia de esta alta Corte.

Esto, en principio, no significa el incumplimiento del requisito de inmediatez,
ya que el solo paso del tiempo no demuestra su inobservancia. Sin embargo,
al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional15 no se encuentra acreditada una situación que
explique por qué la acción de tutela se interpuso luego de transcurrido ese
tiempo, ni tampoco se alegó por la parte interesada alguna justificación de la
tardanza en la interposición de la acción de tutela, lo que desvirtúa la urgencia
en la protección de sus garantías constitucionales.

5.2. Es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un juez
mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios
de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin
de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin
efectos y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de
los requisitos generales señalados jurisprudencialmente.

En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo.

Entonces, es condición imprescindible para analizar los defectos propuestos
por la parte actora que todos los presupuestos generales se cumplan a
cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al segundo estadio de análisis
consistente en determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en los defectos planteados por la tutelante.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia, por no cumplir a cabalidad los requisitos generales de
procedibilidad de este mecanismo contra providencias judiciales, concretamente el
de la inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

14 Al respecto, se pronunció esta Corporación en auto de unificación del 29 de noviembre de 2022, expediente
Nro. 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177), con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal
Basto.
15 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el movimiento
político Fuerza Ciudadana, por las razones expuestas en la presente
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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