Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04964-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04964-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04964-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
31 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04964-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LA PARTE ACTORA PRETENDE QUE EL JUEZ DE
TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL DE LA SITUACIÓN
FÁCTICA Y JURÍDICA DEL CASO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE
CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA Y SE ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA1.
1
En adelante el Tribunal
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04964-00
Actor: DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI2,
actuando a través de apoderada especial, en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados
por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 29 de julio
de 2024, dentro de la solicitud de revisión de constitucionalidad y
legalidad de los actos del Alcalde, identificada con el número único
de radicación 76001-23-33-000-2024-00398-00.
I.2. Hechos
Señaló que mediante el artículo 18 del Acuerdo núm. 0573 de 5 de
diciembre de 20233, el Concejo Distrital de Santiago de Cali le otorgó
la facultad a la Alcaldía para “modificar, mediante acto administrativo
motivado, el presupuesto General del Distrito entre los agregados de
funcionamiento, servicio de la deuda e inversión y realizar las
2
En adelante el Distrito Especial de Santiago de Cali.
3
“Por el cual se expide el presupuesto general de rentas, recursos de capital y apropiaciones para
gastos del Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31
de diciembre del año 2024”.
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Actor: DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO,
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adiciones presupuestales a que haya lugar, hasta en un treinta por
ciento (30%) del monto total aprobado, previo concepto favorable
del COMFIS”, la cual podía ser ejercidas hasta el 30 de junio de 2024.
Adujo que en virtud de lo anterior expidió los decretos distritales
núms. 4112.010.20.0166 de 22 de marzo; 4112.010.20.0213 de 9
de abril; 4112.010.20.0214 de 9 de abril; 4112.010.20.0241 de 19
de abril; 4112.010.20.0242 de 19 de abril; 4112.010.20.0243 de 19
de abril; 4112.010.20.0244 de 19 de abril; 4112.010.20.0248 de 22
de abril; 4112.010.20.0254 de 22 de abril; 4112.010.20.0255 del 22
de abril; 4112.010.20.0256 de 22 de abril; 4112.010.20.0257 de 22
de abril y 4112.010.20.0286 de 2 de mayo de 20244, mediante los
cuales se modificó el presupuesto general de rentas y recursos de
capital y apropiaciones para gastos del DISTRITO ESPECIAL DE
SANTIAGO DE CALI, para la vigencia de 2024.
Afirmó que el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, a través
de apoderado, solicitó ante el TRIBUNAL la revisión de
constitucionalidad y legalidad de los referidos decretos distritales, de
conformidad con el artículo 118 y siguientes del Decreto núm. 1333
de 25 de abril de 19865, el cual fue identificado con el número único
de radicado 76001-23-33-000-2024-00398-00, por lo que luego de
4
Todos, “Por el cual se modifica el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones
para gastos del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago
de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2024”.
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“Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”.
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haber agotado el trámite en única instancia, mediante providencia de
29 de julio de 2024, declaró la nulidad de los mismos.
Explicó que presentó solicitud de adición, aclaración y/o corrección
contra dicha providencia, pero que la misma fue denegada mediante
auto de 29 de agosto de 2024.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la presente solicitud de amparo cumple
con todos los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial.
Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
procedimental, fáctico y sustantivo, toda vez que, a su juicio, (i) no
debió declarar la nulidad de los citados decretos distritales en su
revisión de constitucionalidad y legalidad dentro del proceso
identificado con el número único de radicado 76001-23-33-000-
2024-00398-00, sin antes de haber agotado el procedimiento
previsto en el medio de control de nulidad establecido en el artículo
137 del CPACA, dado que solo debía verificar su validez de
conformidad con el Decreto núm. 1333 de 19866; (ii) no valoró
integralmente las pruebas y en particular el artículo 18 del Acuerdo
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“Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”.
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núm. 0573 de 2023, que otorgó al Alcalde del Distrito la facultad de
modificar el presupuesto general, el cual daba cuenta que no existió
una usurpación de funciones del Distrital de Santiago de Cali por su
parte y (iii) aplicó una norma diferente para resolver el litigio pues el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA solicitó la revisión
constitucional y legal de los decretos distritales y no su nulidad a
través del medio de control, por lo que no debió aplicar al artículo
137 del CPACA, dado que la solicitud se tramitó en virtud del Decreto
1333 de 1986.
Manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, toda vez
que “[…] declaró la nulidad de los actos administrativos demandados,
sin haber agotado el procedimiento del medio del control de nulidad
simple de que trata el artículo 137 del CPACA, sino acudiendo al
procedimiento de revisión de decretos y acuerdos consagrado en el
Decreto 1333 de 1986, que es de única instancia, lo que impide que
la decisión sea objeto de control por el superior, respecto de su
congruencia y demás defectos de que adolezca […]”.
Adujo que las actuaciones para expedir los decretos distritales se
adelantaron en uso de las facultades otorgadas por el artículo 18 del
Acuerdo núm. 0573 de 2023, las cuales estuvieron ajustadas a la Ley
y a la jurisprudencia, por lo que no existió una usurpación de
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funciones por su parte, máxime si no se estableció una prohibición
que le impidiera modificar el presupuesto.
Advirtió que el TRIBUNAL al estudiar la revisión de decretos
distritales debió limitarse a las pretensiones del DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA, que, a su juicio, era decidir sobre la validez
de los mismos conforme al artículo 305, numeral 10, de la
Constitución Política y al Decreto núm. 1333 de 1986 y no declarar
su nulidad sin agotar el trámite establecido en el artículo 137 del
CPACA, comoquiera que son mecanismos jurídicos diferentes tal y
como lo determinó la sentencia C-869 de 3 de noviembre de 19997,
proferida por la Corte Constitucional.
Indicó que la autoridad judicial accionada inaplicó el artículo 88 de la
Carta Política, dado que los actos administrativos se presumen
legales y por lo tanto el Acuerdo núm. 0573 de 2023 que otorgó las
facultades para que se modificara el presupuesto, no podía dejar de
ser valorada al proferir la providencia de de 29 de julio de 2024,
identificada con el número único de radicación 76001-23-33-000-
2024-00398-00.
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M.P. Fabio Morón Díaz.
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I.4. Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] VI. PRETENSIONES
Principales:
1. Que se otorgue amparo a los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia violentados al Distrito
Especial de Santiago de Cali con ocasión de la sentencia de única
instancia No. 183 del 19 de julio de 2024 (Radicado
76001233300020240039800)
2. Se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictar
nueva sentencia para realizar el control abstracto de los actos
administrativos objeto del proceso con radicado
76001233300020240039800, conforme a la normatividad aplicable,
valorando todas las pruebas y las normas de orden constitucional y
legal en que se fundan las facultades del Señor alcalde para la
expedición de los actos demandados. Omitiendo tanto en la parte
considerativa como resolutiva cualquier manifestación relacionada
con la usurpación de funciones por parte del alcalde Distrital de
Santiago de Cali, ya que el Distrito de Santiago de Cali expidió los
Decretos demandados fundamentado en la autorización del Concejo
Distrital prevista en el art 18 del Acuerdo 573 de 2023.
Subsidiaria
1. Se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictar
nueva sentencia bajo el medio de control de nulidad simple al cual
acudió para realizar el control abstracto de los actos administrativos
objeto del proceso con radicado 76001233300020240039800
2. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la
sentencia como en la aclaración, que se emita dentro del proceso con
radicado 76001233300020240039800, se omita en la parte
considerativa y resolutiva cualquier manifestación relacionada con la
usurpación de funciones por parte del alcalde Distrital de Santiago de
Cali, ya que el Distrito de Santiago de Cali expidió los Decretos
demandados fundamentado en la autorización del Concejo Distrital
prevista en el art 18 del Acuerdo 573 de 2023. […]”.
I.5. Defensa
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I.5.1.- El DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, tercero con
interés directo en las resultas del proceso, sostuvo que de
conformidad con los artículos 305, numeral 10, de la Constitución
Política, 86 de la Ley 136 de 1994 y 118 y 119 del Decreto 1333 de
1996, se faculta a los gobernadores de los departamentos para
realizar la revisión de los actos de los concejos municipales y de los
alcaldes y asimismo de solicitar a los tribunales competentes por
motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad la revisión de estos para
que se decida sobre su validez.
Advirtió que conforme a lo anterior ejerció dicha facultad y solicitó al
TRIBUNAL la revisión de los decretos distritales núms.
4112.010.20.0166; 4112.010.20.0213; 4112.010.20.0214;
4112.010.20.0241; 4112.010.20.0242; 4112.010.20.0243;
4112.010.20.0244; 4112.010.20.0248; 4112.010.20.0254;
4112.010.20.0255; 4112.010.20.0256; 4112.010.20.0257 y
4112.010.20.0286 de 20248, expedidos por el DISTRITO ESPECIAL
DE SANTIAGO DE CALI quien ejerció su derecho de defensa y
contradicción dentro del proceso objeto de debate y, por
consiguiente, se profirió la providencia de 29 de julio de 2024 dentro
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Todos, “Por el cual se modifica el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones
para gastos del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago
de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2024”.
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del expediente identificado con el número único de radicación 76001-
23-33-000-2024-00398-00.
Finalmente, solicitó declarar la improcedencia del amparo deprecado
y que se le desvincule de la acción de tutela de la referencia.
I.5.2.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital del
proceso de revisión de constitucionalidad y legalidad de actos del
Alcalde objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente
al objeto de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
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Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
formuló petición de desvinculación en la presente acción de tutela.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
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La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA actuó
como demandante dentro de la solicitud de revisión de
constitucionalidad y legalidad de actos del Alacalde,
identificada con el número único de radicación 76001-23-33-000-
2024-00398-00, objeto del presente estudio, le asiste interés directo
en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala denegará su
solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
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no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
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derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04964-00
Actor: DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO,
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tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la parte actora pretende que se deje sin
efectos la providencia de 29 de julio de 2024, proferida en única
instancia por el TRIBUNAL, mediante la cual declaró fundadas las
observaciones de la Gobernación del DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA contra los decretos distritales núms.
4112.010.20.0166; 4112.010.20.0213; 4112.010.20.0214;
4112.010.20.0241; 4112.010.20.0242; 4112.010.20.0243;
4112.010.20.0244; 4112.010.20.0248; 4112.010.20.0254;
4112.010.20.0255; 4112.010.20.0256; 4112.010.20.0257 y
4112.010.20.0286 de 20249, expedidos por DISTRITO ESPECIAL
DE SANTIAGO DE CALI, dentro de la solicitud de revisión de
constitucionalidad y legalidad de actos del Alcalde identificada con el
número único de radicación 76001-23-33-000-2024-00398-00.
La parte actora estima que la autoridad judicial accionada incurrió en
los defectos procedimental, fáctico y sustantivo, comoquiera que, a
su juicio, (i) debió declarar la nulidad de los citados decretos
distritales a través del medio de control de nulidad previsto en el
9
Todos, “Por el cual se modifica el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones
para gastos del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago
de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2024”.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04964-00
Actor: DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO,
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artículo 137 del CPACA y no mediante la revisión de
constitucionalidad y legalidad dentro del proceso identificado con el
número único de radicado 76001-23-33-000-2024-00398-00; (ii) no
tuvo en cuenta el artículo 18 del Acuerdo núm. 0573 de 2023, que le
dio facultades al Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali para
que modificara el presupuesto general de rentas y gastos, por lo que
no existió una usurpación de funciones del Concejo Distrital; y (iii)
aplicó una norma diferente dado que la parte actora solicitó la
revisión constitucional y legal de los decretos distritales, en virtud del
Decreto 1333 de 1986 y no su nulidad a través del medio de control
previsto en el artículo 137 del CPACA.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
instancia adicional, ni su objeto puede ser el de reemplazar los
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04964-00
Actor: DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO,
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medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no
puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es
necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».11
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así, por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial […]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
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tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera del texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
en el caso bajo estudio es de carácter meramente legal, además de
recaer sobre aspectos que ya fueron resueltos por el juez natural del
asunto, sin que se observe que su actuar haya sido arbitrario.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad
porque los motivos que fundamentan la inconformidad se sustentan,
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básicamente, en que la autoridad judicial accionada no debió declarar
la nulidad de los decretos distritales a través de la solicitud de
revisión de constitucionalidad y legalidad identificada con el número
único de radicación 76001-23-33-000-2024-00398-00 sino dentro
del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA.
Precisado lo anterior, la Sala observa que a través de la providencia
cuestionada el TRIBUNAL declaró la nulidad de los mencionados
decretos distritales dentro de la solicitud de revisión de
constitucionalidad y legalidad, origen de la controversia, con base en
el siguiente análisis:
“[…] i) Caso concreto.
El Departamento del Valle del Cauca solicita la revisión de los
Decretos Nos. 4112.010.20.0166 del 22 de marzo de 2024,
4112.010.20.0213 del 09 de abril de 2024, 4112.010.20.0214 del 09
de abril de 2024, 4112.010.20.0241 del 19 de abril de 2024,
4112.010.20.0242 del 19 de abril de 2024, 4112.010.20.0243 del 19
de abril de 2024, 4112.010.20.0244 del 19 de abril de 2024,
4112.010.20.0248 del 22 de abril de 2024, 4112.010.20.0254 del 22
de abril de 2024, 4112.010.20.0255 del 22 de abril de 2024,
4112.010.20.0256 del 22 de abril de 2024, 4112.010.20.0257 del 22
de abril de 2024 y 4112.010.20.0286 del 02 de mayo de 2024,
mediante los cuales el alcalde distrital de Cali modificó el presupuesto
general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos
del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el
1° de enero y el 31 de diciembre del año 2024, por razones de
ilegalidad e inconstitucionalidad hechas por la Gobernadora del Valle
del Cauca.
Sea lo primero mencionar que la Constitución Política establece el
principio de la unificación del sistema presupuestal, consistente
en que sus principios y disposiciones concerniente al presupuesto, se
aplica no solamente a la Nación y sus entidades descentralizadas sino
también, en lo pertinente, a las entidades territoriales, para la
elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto, según la regla
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contenida en los artículos arts. 352 y 353 ibidem, los cuales
constituyen la estructura y funcionamiento de los presupuestos de
rentas y gastos, nacionales y territoriales y de ellos se desprende el
principio de la unificación del sistema presupuestal.
Conforme a lo reseñado en las consideraciones y lo expuesto hasta
este punto, se tiene que, como principio general, cualquier
modificación del presupuesto (entiéndase adiciones,
acreditaciones y contracreditaciones) debe ser aprobado por las
corporaciones públicas de elección popular mediante la ley, las
ordenanzas y los acuerdos municipales o distritales, en el caso
concreto, por el Concejo distrital de Santiago de Cali.
En consecuencia, cualquier delegación, no puede implicar en ningún
caso el suplantar de las competencias asignadas directamente en la
Constitución Política, salvo casos particulares como los estados de
excepción [20], situación que no ocurre en el caso sub – examine.
Así las cosas, se vislumbra por tanto una usurpación de funciones por
parte del Alcalde distrital de Santiago de Cali que procedió a modificar
un presupuesto que como se dijo anteriormente, debe ser
inicialmente aprobado por el concejo distrital para su posterior
ejecución.
Así las cosas, para efectos metodológicos, se procede a relacionar uno
por uno los decretos demandados mediante los cuales el alcalde
distrital de Santiago de Cali adiciona, acredita y contra acredita
el presupuesto general de rentas y recursos de capital y
apropiaciones para gastos del Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, para la
vigencia comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del
año 2024, señalando que la procedencia de la objeción radica en que
tanto la adición como las acreditaciones y contra acreditaciones que
modifican el presupuesto, son competencia del Concejo Distrital de
Santiago de Cali.
Decreto No. 4112.010.20.0166 El alcalde realiza una modificación
del 22 de marzo de 2024. del presupuesto cuando la facultad
para ello radica en el concejo
Contra acredita el presupuesto de distrital de Santiago de Cali.
gastos de inversión del
Departamento Administrativo de Es decir, realiza traslado de
Desarrollo e Innovación recursos de gastos de
Institucional (Artículo 1) y funcionamiento requeridos para
Acredita el presupuesto de gastos “Mesadas pensionales a cargo de
[20] Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C – 036 de 2023 dispuso que “(i) resultaba
compatible con la restricción del principio de legalidad presupuestal a los tiempos de normalidad
institucional según el artículo 345 superior; (ii) las disposiciones estatutarias que regulan los estados
de excepción, particularmente los literales l) y ll) del artículo 38 de la Ley Estatutaria de los Estados de
Excepción; (iii) el otorgamiento de la facultades se adelantó mediante un decreto legislativo; (iv) la
medida respetaba la autonomía de las entidades territoriales; y (v) respondía a las particularidades de
la crisis derivada de la pandemia Covid-19, cuyos efectos no se consolidaron en un momento concreto
ni resultaba uniformes para todo el territorio.”
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de inversión de la Secretaría de la entidad” por valor de
Gobierno (Artículo 2) $1.400.000.000, Fondo
1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de
Libre Destinación, al proyecto
BP26003011, relativo a gastos de
inversión “Implementación de
estrategia de comunicación
institucional clara y transparente
en Santiago de Cali.
Traslado interno entre diferentes
secciones del presupuesto,
asuntos con diferente finalidad,
improcedente conforme a la
sentencia C - 036 de 2023 de la
Corte Constitucional en el sentido
de indicar que el traslado entre
diferentes secciones del
presupuesto debe pasar por el
Concejo Distrital, siendo ilegal el
otorgamiento de facultades
extraordinarias en este sentido al
alcalde distrital.
Decreto No. 4112.010.20.0213 Adición debe ser realizada por el
del 09 de abril de 2024. Concejo Distrital, resulta
inconstitucional el otorgamiento
Adiciona al presupuesto de de tales facultades extraordinarias
ingresos del Departamento al alcalde conforme a la sentencia
Administrativo de Hacienda C–036 de 2023.
(Artículo 1) y adiciona al
presupuesto de gastos de la
Secretaría de Infraestructura
(Artículo 2)
Decreto No. 4112.010.20.0214 Adición debe ser realizada por el
del 09 de abril de 2024. Concejo Distrital, resulta
inconstitucional el otorgamiento
Adiciona al presupuesto de de tales facultades extraordinarias
ingresos del Departamento al alcalde conforme a la sentencia
Administrativo de Hacienda C – 036 de 2023.
(Artículo 1) y adiciona al
presupuesto de gastos de la
Secretaría de Movilidad (Artículo
2).
Decreto No. 4112.010.20.0241 Adición debe ser realizada por el
del 19 de abril de 2024. Concejo Distrital, resulta
inconstitucional el otorgamiento
Adiciona al presupuesto de de tales facultades extraordinarias
ingresos del Departamento al alcalde conforme a la sentencia
Administrativo de Hacienda C – 036 de 2023.
(Artículo 1) y adiciona al
presupuesto de gastos del
Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente –
DAGMA (Artículo 2).
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Actor: DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI
Decreto No. 4112.010.20.0242 Adición debe ser realizada por el
del 19 de abril de 2024. Concejo Distrital, resulta
inconstitucional el otorgamiento
Adiciona al presupuesto de de tales facultades extraordinarias
ingresos del Departamento al alcalde conforme a la sentencia
Administrativo de Hacienda C – 036 de 2023.
(Artículo 1) y adiciona al
presupuesto de gastos de la
Secretaría de Infraestructura
(Artículo 2).
Decreto No. 4112.010.20.0243 El alcalde realiza una modificación
del 19 de abril de 2024. del presupuesto cuando la
competencia para ello radica en el
Contracredita el presupuesto de concejo distrital de Santiago de
gastos de funcionamiento del Cali.
Departamento Administrativo de traslado, que si bien se hace entre
Desarrollo e Innovación dos rubros que pertenecen a la
Institucional (Artículo 1) y misma sección -gastos de
acredita el presupuesto de gastos funcionamiento-, no se hace entre
de funcionamiento de la los mismos programas,
Secretaría de Educación (Artículo quebrantando lo dispuesto en el
2) artículo 34 del Decreto 568 de
1996[21], compilado en el Decreto
1068 de 2015, la Corte
Constitucional en la sentencia C-
036 de 2023, sostiene que no se
pueden hacer traslado entre
programas y subprogramas por
parte del alcalde distrital siendo
competencia exclusiva del
concejo.
Decreto No. 4112.010.20.0244 El alcalde realiza una modificación
del 19 de abril de 2024. del presupuesto cuando la facultad
para ello radica en el concejo
Contracredita el presupuesto de distrital de Santiago de Cali.
gastos de funcionamiento del
Departamento Administrativo de Se realizan traslados entre
Desarrollo e Innovación diferentes programas de la misma
Institucional (Artículo 1), acredita sección del presupuesto -
el presupuesto de gastos de programa de mesadas pensionales
funcionamiento del Departamento a entidades del gobierno en el
Administrativo de Hacienda caso de los artículos 1 y 2, y
(Artículo 2), contra acredita el traslado entre diferentes
presupuesto de gastos de servicio secciones del presupuesto -
de la deuda del Departamento servicio a la deuda a
Administrativo de Hacienda funcionamiento- en el caso de los
(Artículo 3) y acredita el artículos 3 y 4, debe ser avalado
presupuesto de gastos de por el concejo distrital, siendo
[21] ARTÍCULO 34.- Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada
sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los
subprogramas de inversión aprobados por el Congreso, se harán mediante resolución expedida por el
jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas
modificaciones al anexo del decreto de liquidación se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o
Consejos Directivos.
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funcionamiento del Departamento ilegal el otorgamiento de tales
Administrativo de Hacienda facultades extraordinarias.
(Artículo 4).
Decreto No. 4112.010.20.0248 Adición debe ser realizada por el
del 22 de abril de 2024. Concejo Distrital, resulta
inconstitucional el otorgamiento
Adiciona al presupuesto de de tales facultades extraordinarias
ingresos del Departamento al alcalde conforme a la sentencia
Administrativo de Hacienda C – 036 de 2023
(Artículo 1) y adiciona al
presupuesto de gastos de
inversión de la Secretaría de
Educación (Artículo 2).
Decreto No. 4112.010.20.0254 Adición debe ser realizada por el
del 22 de abril de 2024. Concejo Distrital, resulta
inconstitucional el otorgamiento
Adiciona al presupuesto de de tales facultades extraordinarias
ingresos del Departamento al alcalde conforme a la sentencia
Administrativo de Hacienda C – 036 de 2023.
(Artículo 1) adiciona al
presupuesto de gastos de
inversión de la Secretaría de
Educación (Artículo 2)
Decreto No. 4112.010.20.0255 El alcalde realiza una modificación
del 22 de abril de 2024. del presupuesto cuando la facultad
para ello radica en el concejo
Contracredita el presupuesto de distrital de Santiago de Cali.
gastos de funcionamiento del Este traslado entre diferentes
Departamento Administrativo de secciones del presupuesto -gastos
Desarrollo e Innovación de funcionamiento a gastos de
Institucional (Artículo 1) y inversión-, debe pasar por el
acredita el presupuesto de gastos Concejo Distrital, por lo que se
de inversión de la Secretaría de quebranta la regla prevista en
Salud (Artículo 2). el artículo 34 del Decreto 568
de 1996, hoy compilado en el
Decreto 1068 de 2015, y lo
dispuesto en la sentencia C-036
de 2023 de la Corte
Constitucional, según la cual no se
pueden hacer traslado entre
diferentes secciones del
presupuesto.
Decreto No. 4112.010.20.0256 El alcalde realiza una modificación
del 22 de abril de 2024. del presupuesto cuando la facultad
para ello radica en el concejo
Contracredita el presupuesto de distrital de Santiago de Cali.
gastos de la deuda del
Departamento Administrativo de Traslado de recursos de gastos de
Hacienda (Artículo 1) y acredita el funcionamiento requeridos para
presupuesto de gastos de la “Mesadas pensionales a cargo de
Secretaría de Desarrollo la entidad” por valor de
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Económico (Artículo 2). $6.819.506.279, Fondo
1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de
Libre Destinación, al proyecto
BP26004119 “Construcción y
dotación del parque tecnológico de
innovación San Fernando en
Santiago de Cali”, traslado entre
diferentes secciones del
presupuesto, el cual debe pasar
por el Concejo Distrital, en
consecuencia, se quebranta lo
dispuesto en el artículo 34 del
Decreto 568 de 1996, hoy
compilado en el Decreto 1068 de
2015, y lo dispuesto en la
sentencia C-036 de 2023 de la
Corte Constitucional.
Decreto No. 4112.010.20.0257 El alcalde realiza una modificación
del 22 de abril de 2024. del presupuesto cuando la facultad
para ello radica en el concejo
Contracredita el presupuesto de distrital de Santiago de Cali.
funcionamiento del Departamento
Administrativo de Desarrollo e Traslado entre diferentes
Innovación Institucional (Artículo secciones del presupuesto, se
1) y acredita el presupuesto de hace un contracrédito con un
gastos de inversión de la rubro del funcionamiento -
Secretaría de Gobierno (Artículo sección 2.1.3.07.02.001.02- y el
2). crédito es un gasto de inversión -
2.3.2.02.02.008.
Se quebranta lo establecido en el
artículo 34 del Decreto 568 de
1996, hoy compilado en el
Decreto 1068 de 2015, y lo
dispuesto en la sentencia C-036
de 2023 de la Corte
Constitucional.
Decreto No. 4112.010.20.0286 Adición debe ser realizada por el
del 02 de mayo de 2024. Concejo Distrital, resulta
inconstitucional el otorgamiento
Adiciona al presupuesto de de tales facultades extraordinarias
ingresos del Departamento al alcalde conforme a la sentencia
Administrativo de Hacienda C – 036 de 2023.
(Artículo 1), adiciona el
presupuesto de gastos de Contraacreditación (traslado) de
inversión de la Secretaría del recursos de gasto de servicios a la
Deporte y la Recreación (Artículo deuda por valor de
2), contracredita el presupuesto $1.500.000.000., Sección 2.2.
de gastos de servicio de la deuda Servicio a la deuda, ítem
del Departamento Administrativo 2.2.2.02.02.002.02.03 Banca
de Hacienda (Artículo 3) y acredita comercial, al BP-26004726
el presupuesto de gastos de “Desarrollo de eventos deportivos
inversión de la Secretaria del y recreativos de innovación
Deporte y la Recreación (Artículo locales, nacionales e
4). internacionales en Santiago de
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Cali”, es decir, traslado entre
diferentes secciones del
presupuesto.
Se quebranta la regla prevista
en el artículo 34 del Decreto
568 de 1996, hoy compilado en
el Decreto 1068 de 2015, y lo
dispuesto en la sentencia C-036
de 2023 de la Corte Constitucional
en el sentido de indicar que el
traslado entre diferentes
secciones del presupuesto -gastos
de servicio a la deuda a gastos de
inversión-, debe pasar por el
Concejo Distrital, siendo ilegal el
otorgamiento de facultades
extraordinarias en este sentido al
alcalde distrital.
Sobre los traslados realizados, resulta pertinente citar lo dispuesto en
el artículo 2.8.1.5.6. del el Decreto 1068 de 2015:
“Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no
modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus
apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los
programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso
de la República, se realizarán mediante resolución expedida por el
jefe del órgano respectivo”. (Resaltado fuera de texto)
De suerte que, los actos administrativos que realizan
contracreditaciones entre diferentes secciones del presupuesto y
entre diferentes programas de una misma sección son ilegales porque
la potestad de realizar estos cambios es competencia del
Concejo Distrital.
Lo anterior, gira también en concordancia con lo establecido en el
numeral 5 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia el
cual establecen las competencias de los concejos y los alcaldes, y
prevén que la misma Constitución y la ley pueden asignarles otras.
Su lectura atenta, muestra cómo las funciones del Alcalde consisten
fundamentalmente en el caso concreto, a presentar
oportunamente al Concejo el proyecto de acuerdo sobre el
presupuesto anual de rentas y gastos, y al Concejo expedirlo
(Art. 313 Num. 5 ibidem).
Además de lo anterior, en la elaboración del presupuesto debe
respetar los principios que rigen el sistema presupuestal el principio
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de universalidad [22], unidad de caja [23], especialización [24],
coherencia macroeconómica [25], etc, que se encuentran
definidos en la ley orgánica, arts. 12 y ss. siendo estas razones
suficientes para avalar las objeciones propuestas por la Gobernadora
del Valle respecto al Decreto acusado y en virtud de ello, declarar la
nulidad de los decretos demandados.
En ese mismo contexto debe entenderse el artículo 110 del Decreto
111 de 1996, que al referirse a la capacidad de los representantes
legales y jefes de las entidades del Estado para contratar y ejecutar
el presupuesto, señala expresamente que dichas facultades se
ejercerán teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública y en las
disposiciones legales vigentes.
Así pues resulta forzoso para esta instancia declarar la nulidad de los
Decretos Nos. 4112.010.20.0166 del 22 de marzo de 2024,
4112.010.20.0213 del 09 de abril de 2024, 4112.010.20.0214 del 09
de abril de 2024, 4112.010.20.0241 del 19 de abril de 2024,
4112.010.20.0242 del 19 de abril de 2024, 4112.010.20.0243 del 19
de abril de 2024, 4112.010.20.0244 del 19 de abril de 2024,
4112.010.20.0248 del 22 de abril de 2024, 4112.010.20.0254 del 22
de abril de 2024, 4112.010.20.0255 del 22 de abril de 2024,
4112.010.20.0256 del 22 de abril de 2024, 4112.010.20.0257 del 22
de abril de 2024 y 4112.010.20.0286 del 02 de mayo de 2024,
mediante los cuales el alcalde distrital de Cali modificó el presupuesto
general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos
del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el
1° de enero y el 31 de diciembre del año 2024, por usurpación de
funciones otorgadas a los concejos distritales y por infringir las
normas constitucionales y legales en las que debieron sujetarse los
Decretos demandados (inciso 2 del Art. 137 del CPACA) […]”.
De los apartes transcritos de la sentencia objeto de tutela, se
evidencia que la autoridad judicial accionada consideró que se
encontraban fundadas las observaciones presentadas por la
[22] ARTICULO 15. UNIVERSALIDAD. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que
se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá
efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en
el presupuesto (Ley 38/89, artículo 11. Ley 179/94, artículo 55. inciso 3o. Ley 225/95, artículo 22).
[23] ARTICULO 16. UNIDAD DE CAJA. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se
atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación.
(…)
[24] ARTICULO 18. ESPECIALIZACION. Las operaciones deben referirse en cada órgano de la
administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron
programadas (Ley 38/89, artículo 14, Ley 179/94, artículo 55, inciso 3o.)
[25] ARTICULO 20. COHERENCIA MACROECONOMICA. El presupuesto debe ser compatible con las metas
macroeconómicas fijadas por el Gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la
República (Ley 179/94, artículo 7o.).
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Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca y concluyó que
los referidos decretos distritales objeto de revisión de legalidad
vulneraron los artículos 34 del Decreto 568 de 21 de marzo de
199626; 2.8.1.5.6. del Decreto 1068 de 26 de mayo de 201527; 110
del Decreto 111 de 15 de enero de 199628; y 352 y 353 de la
Constitución Política, y, además, desconoció la sentencia C-036 de
23 de febrero de 202329, proferida por la Corte Constitucional, que
declaró inexequibles el numeral 5 del artículo 19 y el numeral 50 del
artículo 119 de la Ley 2200 de 8 de febrero de 202230.
Para tal efecto, en la providencia cuestionada se explicaron los
motivos por los cuales se había arribado a la conclusión de que el
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI no tenía las
facultades para modificar su presupuesto general de rentas y
recursos de capital y apropiaciones para gastos del 2024,
comoquiera que la misma está en cabeza del CONCEJO DISTRITAL
DE SANTIAGO DE CALI y que solo le corresponde al Alcalde
presentar ante el mismo el proyecto de Acuerdo sobre dicho
presupuesto para su expedición, razón por la cual consideró que
existió una usurpación de funciones por parte del Distrito.
26
“Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del
Presupuesto General de la Nación”.
27
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”.
28
“Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman
el Estatuto Orgánico del Presupuesto”.
29
M.P. Natalia Ángel Cabo.
30
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
departamentos”.
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Igualmente, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada
también se pronunció, en el acápite de “[…] 4. ANTECEDENTES
NORMATIVOS DE LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL, LEGAL T
REGLAMENTARIO DE LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS
TERRITORIALES […], respecto a la inconformidad relacionada con
que se debía declarar la nulidad de los decretos distritales conforme
al trámite del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137
del CPACA y no el de revisión de constitucionalidad y legalidad,
establecido en el Decreto núm. 1333 de 1986, frente a lo cual
consideró lo siguiente:
“[…] la acción de revisión de ordenanzas y acuerdos territoriales es
una acción constitucional de carácter especial, sujeta a única instancia
en la que hay una legitimación especial a cargo de los gobernadores
y alcaldes, sujeta a un término muy breve y en el que el tribunal hace
un estudio de constitucionalidad y de legalidad con el fin de establecer
la validez o nulidad del acto.
De ahí que el juez natural pueda dar aplicación a los artículos 135 y
137 de la ley 1437 de 2001, en cuanto sean compatibles con esta
acción especial de carácter constitucional y legal […]
[…] es oportuno referir que el juicio sobre la legalidad de los Acuerdos
proferidos por los Concejos Municipales, se encuentra estrictamente
restringido por los cargos que señalados al momento de solicitar la
revisión al Tribunal […]
[…]
En ese orden de ideas, desde este instante se advierte que la revisión
de los Decretos se efectuará estrictamente respecto de los cargos
propuestos por el Departamento del Valle […]”.
Lo anterior pone de manifiesto que, en efecto, la providencia
cuestionada está debidamente motivada y en la misma se explicaron
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todos los puntos que ahora pretende controvertir el actor mediante
el presente mecanismo constitucional, por lo que el hecho de que la
parte actora no comparta la tesis allí dispuesta, no significa que la
decisión sea arbitraria, sino que, de conformidad con la autonomía
judicial de la que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL
encontró fundadas las observaciones presentadas por la
Gobernadora y declaró la nulidad de los decretos distritales objeto de
revisión.
Dichos aspectos, además de carecer de una perspectiva
constitucional, en la medida en que se limitan a una discusión
meramente legal que gira en torno a la inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto, fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad judicial accionada en la providencia
controvertida.
Lo precedente pone de manifiesto que el TRIBUNAL se pronunció
frente a todos los aspectos que la parte actora pretende controvertir
ahora en sede constitucional, sin que se vislumbre actuación
arbitraria o desbordamiento de los límites del principio de la
autonomía judicial, de ahí que el presente caso carezca del requisito
general de la relevancia constitucional, pues no se advierte que
se trate de un asunto de connotación constitucional, sino la
inconformidad de la parte actora con la decisión adversa a sus
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intereses.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que se itera, fueron resueltos de
forma admisible por la autoridad judicial accionada, por lo cual el juez
de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de
tutela el carácter de una instancia o un recurso más para controvertir
las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la
independencia del juez natural de la causa.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
de la referencia por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
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PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de octubre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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