Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04964-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04964-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04964-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04964-01
Accionante: Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle de Cauca
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA /
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 31 de octubre de 2024, por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 16 de septiembre de 2024, el Distrito de Cali solicitó dejar sin efectos la
sentencia proferida el 29 de julio de 20241, con ocasión de la solicitud de revisión de
constitucionalidad y legalidad de unos actos administrativos dictados por el alcalde
de ese ente territorial2.
2.
Señaló que mediante el artículo 18 del Acuerdo 0573 de 5 de diciembre de 2023,
el Concejo Distrital de Santiago de Cali le otorgó a la Alcaldía -hasta el 30 de junio
de 2024- la facultad para “modificar, mediante acto administrativo motivado, el
presupuesto General del Distrito entre los agregados de funcionamiento, servicio de
la deuda e inversión y realizar las adiciones presupuestales a que haya lugar, hasta
en un treinta por ciento (30%) del monto total aprobado, previo concepto favorable
del COMFIS”.
3.
Con fundamento en ello, el alcalde expidió los Decretos Distritales
4112.010.20.0166 de 22 de marzo; 4112.010.20.0213 de 9 de abril;
4112.010.20.0214 de 9 de abril; 4112.010.20.0241 de 19 de abril; 4112.010.20.0242
de 19 de abril; 4112.010.20.0243 de 19 de abril; 4112.010.20.0244 de 19 de abril;
4112.010.20.0248 de 22 de abril; 4112.010.20.0254 de 22 de abril;
4112.010.20.0255 del 22 de abril; 4112.010.20.0256 de 22 de abril;
1 Notificada el 6 de agosto de 2024.
2 Número único de radicación 76001-23-33-000-2024-00398-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04964-01
Accionante: Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali
Accionado:Tribunal Administrativo del Valle de Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
4112.010.20.0257 de 22 de abril y 4112.010.20.0286 de 2 de mayo de 2024;
mediante los cuales se modificó el presupuesto general de rentas y recursos de
capital y apropiaciones para gastos del Distrito Especial de Santiago de Cali, para la
vigencia de 2024.
4.
El Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con los artículos 305
(numeral 10) de la Constitución Política, 117 y 118 (numeral 8º) del Decreto 1333 de
1986, y 82 de la Ley 136 de 1994; solicitó ante el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca la revisión de constitucionalidad y legalidad de los referidos decretos.
5.
Luego de haber agotado el trámite en única instancia, mediante providencia de 29
de julio de 2024 la autoridad judicial declaró la nulidad de tales actos administrativos,
al considerar que infringieron las normas constitucionales y legales en las que
debieron fundarse, en tanto el alcalde usurpó funciones que constitucionalmente
corresponden a los concejos. Afirmó que tanto la adición, como las acreditaciones y
contracreditaciones que modificaron el presupuesto eran competencia del Concejo
Distrital de Santiago de Cali y, sólo era deber del Alcalde presentar oportunamente
el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anual de rentas y gastos. Concluyó que
los Decretos vulneraron los artículos 34 del Decreto 568 de 1996 -compilado en el
Decreto 1068 de 2015-; 110 del Decreto 111 de 1996; 352 y 353 de la Constitución
Política; a la vez que desconoció la sentencia C-036 de 2023.
6.
Contra dicho proveído el ente territorial presentó solicitud de adición, aclaración
y/o corrección, la cual fue denegada mediante auto de 29 de agosto de 2024.
7.
La parte accionante adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
8.
Defecto procedimental, en la medida en que declaró la nulidad de los Decretos
demandados, a pesar de que la solicitud que elevó la Gobernación del Valle del
Cauca fue de revisión, para que decidiera sobre la validez de aquellos, en ejercicio
de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política, y
artículos 119 y 120 del Decreto 1333 de 1986.
9.
Expuso que el Tribunal decidió declarar la nulidad de los decretos, mas no su
invalidez, sin agotar el procedimiento establecido para el medio de control de nulidad
simple de que trata el artículo 137 del C.P.A.C.A., es decir se omitieron etapas
sustanciales de este proceso para llegar a la declaratoria de nulidad, afectando de
manera ostensible el debido proceso. Aspecto que fue puesto en consideración a
través de la solicitud de aclaración, pero la accionada no resolvió de fondo lo allí
plasmado.
10.
Adicionó que existió una confusa aplicación de las normas procedimentales a las
que acudió el Tribunal en la sentencia debatida, como quiera que, de un lado se
invocó el medio de control de nulidad simple y de nulidad por inconstitucionalidad por
considerarlos compatibles con esta acción especial, y de otro lado, resolvió bajo el
procedimiento de única instancia previsto en el numeral 5 del artículo 151 del
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Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali
Accionado:Tribunal Administrativo del Valle de Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
CPACA, impidiendo que la decisión de nulidad pueda ser apelada y revisada por el
superior jerárquico.
11.
Defecto fáctico, debido a que en la parte motiva del fallo se enunció que se
vislumbraba una usurpación de funciones por parte del Alcalde, que procedió a
modificar un presupuesto que debe ser inicialmente aprobado por el Concejo Distrital
para su posterior ejecución. No obstante, no valoró adecuadamente la prueba
documental contenida en el Acuerdo 0573 de 2023, específicamente el artículo 18,
que concedió facultades específicas y pro tempore al Alcalde para modificar el
presupuesto en el marco de unas condiciones precisas, y esa disposición se
encuentra amparada con la presunción de legalidad, tiene plenos efectos jurídicos y
no ha sido declarada nula.
12.
Manifestó que el Tribunal Administrativo del Valle al afirmar que no haría estudio
del artículo 18 del Acuerdo 0573 de 2023, con el cual se facultó temporalmente al
Alcalde para modificar el presupuesto, dejó de resolver injustificadamente sobre los
argumentos relativos a la presunción de legalidad del mencionado acuerdo.
13.
Explicó que las actuaciones del Alcalde se adelantaron en uso de las facultades
otorgadas por el Concejo Distrital de Santiago de Cali en el artículo 18 del Acuerdo
0573 de 2023 y, conforme a ley y la Jurisprudencia. Adicionó que la facultad pro
tempore del Alcalde está consagrada en el artículo 313, inciso 3° de la Constitución
Política, donde se señala que el Concejo puede autorizar al Alcalde para celebrar
contratos y ejercer pro tempore precisas funciones. Además, dicha facultad es
otorgada por tiempo limitado hasta cumplir el objeto para el que se le concedió,
conforme lo establece la Ley 136 de 1994 artículo 32 inciso 9°, modificado por la Ley
1551 de 2012 en su artículo 18 inciso 9°. Por lo anterior, afirmó que no se podía
hablar de usurpación de funciones.
14.
Defecto sustantivo: reiteró que el Tribunal accionado debió ceñirse a la causa
petendi, pues la Gobernación del Valle del Cauca solicitó una revisión de
constitucionalidad y legalidad de los decretos, pero no impetró demanda de nulidad.
15.
En consonancia con lo anterior, arguyó que el artículo 305 numeral 10 de la
Constitución Política establece como atribución del Gobernador revisar los actos de
los Concejos municipales y de los Alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o
ilegalidad remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez, en igual
sentido, el artículo 82 de la Ley 136 de 1994, remite al artículo 305 de la Constitución
Política para que el Tribunal competente cumpla con la atribución del numeral 10,
esto es, para que decida sobre su validez. La revisión constitucional es una
herramienta o mecanismo jurídico totalmente distinto al medio de control de nulidad
consagrado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
16.
Enunció que en la parte considerativa de la sentencia se argumentó que la revisión
de los decretos se haría estrictamente sobre los cargos propuestos por el
Departamento del Valle del Cauca, sin embargo, en la parte resolutiva se decidió la
nulidad de los actos administrativos acusados, por lo que se está frente a la falta
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Accionado:Tribunal Administrativo del Valle de Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
congruencia de la sentencia, en contraposición a lo regulado en el artículo 187 del
CPACA y 281 del CGP.
17.
Por otra parte, insistió que el artículo 18 del Acuerdo 0573 de 2023 guarda
armonía con las disposiciones constitucionales y legales que le permitían al Concejo
Distrital autorizar al Alcalde para ejercer pro tempore precisas funciones de las que
le corresponden a la corporación política administrativa, y fue con base en estas
facultades autorizadas directamente por la Constitución Política que el Alcalde
procedió a expedir los Decretos que modificaron el presupuesto.
18.
Frente a la interpretación que realiza el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
de la sentencia C-036 de 2023 de la Corte Constitucional, sustentó que desconoce
que dicha providencia individualiza dos numerales de los artículos 19 y 119 de la Ley
2200 de 2022, sin vincular en su resuelve las delegaciones que en esta materia se
conceden a los distritos o municipios por parte de sus corporaciones administrativas,
es decir, no hay lugar a aplicar la analogía pues las facultades otorgadas al Alcalde
mediante el Acuerdo 0573 de 2023, devienen directamente de los postulados
constitucionales y no de una ley ordinaria.
19.
Arguyó que el acuerdo 0573 de 2023, cumple con cada uno de los 3 presupuestos
requeridos para solicitarle al Concejo la delegación de trasladar sus funciones
temporalmente al Alcalde, y que se derivan directamente del tenor literal del artículo
313 numeral 3 de la Constitución, pues tiene un criterio temporal, de precisión y son
funciones propias del Concejo. De ahí que se haya desconocido esa norma
constitucional, así como el artículo 88 del CPACA relativo a la presunción de
legalidad de los actos administrativos, en este caso del Acuerdo 0573 de 2023.
B. Sentencia de primera instancia
20.
En fallo de 31 de octubre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo. Explicó que el asunto no superaba el requisito
general de relevancia constitucional al tratarse de una controversia meramente legal,
además de recaer sobre aspectos que ya fueron resueltos por el juez natural del
asunto, sin que se observara que su actuar hubiese sido arbitrario.
21.
Arguyó que en efecto la providencia cuestionada está debidamente motivada y en
la misma se explicaron todos los puntos que ahora pretende controvertir el actor
mediante el presente mecanismo constitucional, por lo que el hecho de que la parte
actora no comparta la tesis allí dispuesta, no significa que la decisión sea arbitraria,
sino que, de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, el Tribunal encontró fundadas las observaciones presentadas por la
Gobernadora y declaró la nulidad de los decretos distritales objeto de revisión.
C. La impugnación
22.
La parte accionante insistió en la mayoría de los argumentos del escrito de tutela
inicial. Además, expuso que el asunto tiene relevancia constitucional ya que observó
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en todo momento los parámetros fijados por la jurisprudencia señalados en la
Sentencia C-590 de 2005, reiterada en el fallo de unificación de 5 de agosto de 2014;
el asunto se trata de la violación flagrante de los derechos fundamentales del Distrito
Especial de Santiago de Cali; no se utilizó como una tercera instancia para reabrir el
debate judicial decidido previamente y; no se orientó a resolver cuestiones
puramente legales o discusiones estrictamente económicas.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Análisis del caso concreto
23.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19913.
24. En virtud de lo anterior, anticipa que se confirmará la decisión de primera instancia,
pues se coincide con el a quo en que el asunto carece de relevancia constitucional.
25. Lo primero por indicar respecto al alegado defecto procedimental, es que el mismo
se sustenta en una premisa errada, según la cual el juicio de validez es
diametralmente distinto al de nulidad, y en la medida que lo que se hizo fue este
último, el procedimiento aplicado fue errado. La parte accionante plantea la señalada
discusión sin entender que la nulidad es en esencia un juicio de validez, por lo que
carece de cualquier sentido exigir una u otra cosa.
26. La validez de una norma se predica, en tanto cumpla con los requisitos formales
y materiales, necesarios para pertenecer al ordenamiento jurídico. La validez formal
está referida a aspectos adjetivos como la autoridad que profirió la norma y el
procedimiento a través del cual se adoptó, mientras que la material se refiere a la
correspondencia con otras normas de nivel superior en un sistema jerarquizado. El
juicio de validez comporta la verificación de esos aspectos. El estudio de la nulidad
no es más que un juicio de validez de actos administrativos, en el cual se puede tener
como parámetro de referencia la ley y la Constitución.
27. En tal sentido la distinción que pretende marcar el accionante resulta
intrascendente, pues sea que empleara un término u otro, en últimas, la función del
Tribunal accionado era verificar la correspondencia de los decretos demandados con
las normas superiores, y fue justamente lo que hizo.
28. Así, la parte accionante omitió especificar cuál es la distinción de los dos términos
y, sobre todo, en qué radica la vulneración de los derechos fundamentales
invocados, al haberse dicho que los decretos demandados se declaran nulos y no
inválidos. Más allá de usar una u otra palabra, no se expone cuál es la relevancia
sustantiva de la discusión.
3 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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29.
Adicional a lo anterior, al realizarse una lectura de la solicitud de nulidad y lo
resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se observa que la
accionada -contrario a lo afirmado por la parte actora- no se alejó de lo solicitado por
la Gobernación del Valle del Cauca, pues examinó en su integridad los reparos
legales y constitucionales que señaló este último ente territorial.
30.
Ahora, en relación con el trámite supuestamente omitido, el Distrito desconoce
que el Decreto 1333 de 1986 en su artículo 121, dispone un trámite especial para
estas solicitudes de revisión que impetran los gobernadores, el cual fue observado
por el Tribunal. Tanto esa norma como el artículo 151 numeral 3 del CPACA, señalan
que dicho trámite es de única instancia, motivo por el cual no se entiende cuál es la
discusión frente a ese reparo, cuando es claro que se trata de una simple aplicación
de la norma la que realizó la autoridad accionada.
31. En cuanto al defecto fáctico, el Distrito Especial de Santiago de Cali primero,
aseveró que no se valoró adecuadamente el Acuerdo 0573 de 2023, específicamente
el artículo 184. No obstante, para esta Sala de Subsección aquello también carece
de relevancia constitucional, toda vez que lo que le correspondía realizar al Tribunal
era un juicio de constitucionalidad y legalidad, es decir los parámetros de referencia
son normas superiores, concretamente, la Constitución y la Ley; por lo que si estima
que los actos acusados son vulneradores de dicho postulados, tal como sucedió en
el decisión acusada, no tendría que entrar a valorar Acuerdos u otro tipo de actos
administrativos de similar jerarquía. Los cargos de la Gobernación estaban referidos
al quebranto del orden legal y constitucional, no a haber excedido unas facultades
otorgadas por el Concejo.
32.
Por otra parte, en relación con el argumento de que no existió usurpación de
funciones, debido a que las actuaciones del Alcalde se adelantaron en uso de las
facultades otorgadas por el Concejo Distrital de Santiago de Cali en el artículo 18 del
Acuerdo 573 de 2023, el cual está conforme a la Ley y la Constitución Política5.
Sumado al hecho que sobre aquel se mantiene incólume la presunción de legalidad.
Se advierte que el cuestionamiento elevado por la Gobernación del Valle del Cauca
no estaba dado para que se revisara si ese Acuerdo estaba acorde o no a la
Constitución y Ley; por lo que esa discusión no debe ser abordada en esta tutela,
pues no es el objeto de debate del fallo acusado dictado el 29 de julio de 2024.
Además la presunción de legalidad de tal Acuerdo opera respecto al mismo, pero no
se extiende a los actos administrativos que se fundan en aquel, y mucho menos
obsta para que un juez administrativo desvirtúe la legalidad o constitucionalidad de
estos últimos.
33. Por ende, como la discusión planteada no tiene relación directa con el objeto de
debate del proveído judicial cuestionado, es claro que ningún espacio cabe para
realizar un análisis al respecto, generando así una falta de relevancia constitucional.
4 También lo dijo en el defecto sustantivo.
5 También lo dijo en el defecto sustantivo.
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34. Por último, en lo concerniente con el defecto sustantivo, el accionante además de
redundar sobre aspectos señalados en los anteriores defectos -respecto a los cuales
ya se hizo un pronunciamiento-, cuestionó una supuesta falta de congruencia de la
sentencia. Esta Sala observa que existe una carencia de carga argumentativa, en la
medida en que no indica de forma precisa en qué radica esa presunta incongruencia.
Es decir, si no existe armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
providencia -congruencia interna- o, si la decisión no es concordante con lo pedido
por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición -congruencia
externa-.
35.
Finalmente, se debe destacar que la decisión sometida a examen no comporta
una actuación arbitraria o abusiva y, por el contrario, se encuentra que la misma fue
proferida dentro del marco de la sana crítica, autonomía e independencia judicial,
sustentándose en disposiciones constitucionales y legales claramente aplicables al
caso concreto, sin que pueda decirse que la decisión vulnera derechos
fundamentales de la parte actora.
36.
En los términos precedentes, se estima que el debate propuesto en la demanda
de tutela no se proyecta de manera directa como una afectación a algún derecho
fundamental. Por lo expuesto anteriormente, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de
31 de octubre de 2024 proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera.
37.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el
Consejo de Estado – Sección Primera.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
6 VF
7
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Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali
Accionado:Tribunal Administrativo del Valle de Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de
validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad
de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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