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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04969-01

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04969-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del del 22 de octubre de 2024, por medio del cual, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado declaró improcedente la acción constitucional de la referencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04969-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

23 de enero de 2025

Demandante: Elisa Marina Asprilla de Ortiz
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04969-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04969-01
Demandante: ELISA MARINA ASPRILLA DE ORTIZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la accionante contra el
fallo del 22 de octubre de 2024, por medio del cual, la Subsección C, Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción constitucional de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Elisa Marina Asprilla de Ortiz, quien actúa a través de apoderado judicial,
presentó solicitud de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital y el principio de legalidad.

Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión del auto del 27
de junio de 2024 dictado por la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio
del cual confirmó el proveído del 12 de agosto de 2022, proferido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual rechazó el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por la accionante, radicado con el
número 76001-23-33-0002022-00489-00/01.

1.2. Las pretensiones

En el escrito petitorio, la accionante solicitó:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA AL MÍNIMO VITAL,
Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA, rechazo la demanda interpuesta contra el juzgado

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Demandante: Elisa Marina Asprilla de Ortiz
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04969-01

Dieciocho (18) Administrativo del Valle del Cauca. JUZGADO DIECIOCHO (18)
ADMINISTRATIVO DEL Valle del Cauca.- mediante providencia del 12 de agosto de
2022 rechazo la demanda, al considerar que opero la caducidad del medio de control,
en el presente caso se presenta porque va en contra del principio del “Principio de
Legalidad Administrativa”, por la interpretación que le otorgo el Magistrado Ponente y
la Sala, aunque hubo un salvamento de voto; a lo manifestado erróneamente por el
Despacho del Juzgado 18 Administrativo de Cali, en providencia del 18 de mayo del
2017, quien sin apegarse a lo establecido en la Ley y sin haber estudiado el proceso
en profundidad opto por declarar “LA CADUCIDAD DE LA ACCION”, cuando se estaba
dentro del término de ley que establece la Norma; para adelantar la correspondiente
demanda, la cual fue presentada el día nueve (9) de Enero del año dos mil trece (2013).
Prueba fehaciente de lo anterior es de fecha once (11) de enero del año dos mil trece
(2013), el despacho de la Juez LUXANDRA ESCOBAR LOPEZ, dirigió un oficio a la
secuestre informándole el “El Levantamiento de las Medidas Cautelares”, que pesaban
sobre el inmueble.

El Juzgado Quince (15) Civil del Circuito de Cali, Las pruebas aportadas en el
plenario, donde se solicitaba la Reliquidación del Crédito, elaborada por un perito
contable y auxiliar de la justicia; del Crédito otorgado en diciembre de 1993, y se inició
su cobro a partir de enero del año 1994; crédito que se pagó religiosamente desde la
fecha de inicio hasta el mes de mayo del 2003. El juzgado 15 Civil del Circuito cometido
varios delitos de Privadito por acción, representado por varios hechos tales como :
Ordeno al Banco AV VILLAS, que presentara la liquidación del crédito a partir de Enero
del año de 1994; no tuvo en cuenta la Constancia de Desglose suscrita por la Juez
Tercera Civil Del Circuito de Cal-Valle del Cauca; quien estableció que a Marzo del
2003 el crédito estaba al día, lo que origino el desistimiento de la entidad demandante
al estar al día la obligación al mes de Marzo de 2003. Es por eso que se establece que
la Juez LUXANDRA ESCOBAR LOPEZ, tenía algún contubernio o acuerdos con
bancos de la ciudad, porque no se entiende que un juzgado le envié una notificación
comunicándole una situación consolidada y esta acepte y prosiga con una demanda
ejecutiva hipotecaria.

El Banco AV VILLAS, De los años 2000 abusando de su posición dominante, logro
que por medios de argucia, mentiras y fallos amañados, en complicidad con el Juzgado
Quince Civil del Circuito de Cali; se le quitara el inmueble a la señor ELISA MARINA
ASPRILLA DE ORTIZ, lo que la hace culpable en primer lugar y la ley debe aplicarle
todo el peso de la Ley; no se debe cobrar lo que no se debe si se hace en un robo
descarado por lo tanto, se demostró con la reliquidación del crédito que no se le debía
por el contrario el Banco AV VILLAS debe pagarle a la señora los cobros en exceso
originados durante la vida del crédito hipotecario.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 01 de febrero de 2018,
proferida por el Tribunal de Bogotá Sala Laboral dentro de proceso ordinario laboral.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal de Bogotá Sala Laboral, que, en el término de esta
providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso ordinario Laboral
promovido, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la
jurisprudencia que versa sobre la presente Litis.

CUARTO: ORDENAR a la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, que,
en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso
ordinario Laboral promovido. Teniendo en cuenta las nuevas pruebas que se aportan
al presente escrito de tutela1.

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Transcripción original del texto con posibles errores.

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1.3. Hechos

Los supuestos jurídicamente relevantes en el asunto de la referencia, pueden
sintetizarse de la siguiente manera:

La señora Elisa Marina Asprilla de Ortiz interpuso demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la
declaratoria de nulidad de la sentencia No. 114 del 26 de julio de 2006, dictada por
el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali – Valle del Cauca en el proceso ejecutivo
con radicado núm. 76001-31-03-15-2003-00442-00; mediante la cual se decretó la
venta en pública subasta de un inmueble dado en garantía hipotecaria, para que,
con su producto, se pagara a la parte demandante el crédito adeudado.

El proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
con el radicado núm. 76001-23-33-0002022-00489-00/01. Mediante auto del 12 de
agosto de 2022, la corporación rechazó la demanda por configurarse el fenómeno de
la caducidad, argumentando que los hechos que sirven de fundamento de las
pretensiones son del año 2006, en la medida en que la sentencia censurada fue
proferida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali el 26 de julio 2006. Contra
esta providencia se interpuso recurso de apelación.

Al resolver el recurso de alzada, mediante proveído de 27 de junio de 2024, la
Sección Primera del Consejo de Estado confirmó el auto que rechazó la demanda,
pero con fundamento en que la providencia demandada no es susceptible de control
judicial.

La corporación señaló que «de acuerdo con las pretensiones, el acto acusado
corresponde a la sentencia que profirió el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali el 26 de
julio de 2026 dentro del proceso ejecutivo hipotecario tramitado bajo el radicado número 76-
001-31-03-15-2003-00442, mediante la cual se decretó la venta en pública subasta de un
bien inmueble que fue entregado para garantizar un crédito hipotecario, acto que no es
susceptible de enjuiciamiento, por no haber sido expedido en ejercicio de funciones
administrativas, sino corresponder a una providencia dictada dentro de un trámite judicial».

1.4. Sustento de la petición

La tutelante argumentó que la decisión proferida por el juez colegiado vulnera sus
garantías fundamentales por las razones que se exponen a continuación:

Señaló que el auto que rechazó la demanda por caducidad del medio de control
nulidad y restablecimiento del derecho por lesividad, se presentan dos importantes
situaciones que se debieron tener en cuenta por el tribunal accionado y esta
corporación: (i) la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial interrumpe
el termino de caducidad, incluso en asuntos no conciliables; y (ii) el medio de control
pasó por diferentes despachos judiciales, con diferentes radicados.

Aseguró, además, que este medio de control puede ser ejercido cuando no sea
posible ejercer la revocatoria directa de los actos por parte de la entidad que lo
expidió. Agregó que en el presente caso procede la demanda porque «va en contra
del principio de legalidad en materia administrativa».

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Insistió en que la demanda se presentó dentro de los términos de ley (9 de enero del
año 2013), dado que a fecha 11 de enero del año 2013, el procedo ejecutivo
continuaba en curso, ya que el despacho conocedor dirigió un oficio a la secuestre
informándole el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre el
inmueble.

1.5. Actuación procesal

Mediante auto del 23 de septiembre de 2024, en primera instancia, la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado adoptó las siguientes decisiones: i)
admitió la acción de tutela contra el auto del 27 de junio de 2024 dictado por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por medio del cual confirmó el proveído del
12 de agosto de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante el cual rechazó el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuesto por la accionante, radicado con el número 76001-23-33-
0002022-00489-00/01; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y de la Sección Primera del Consejo de Estado;
iii) requirió a la parte actora para que aportara el poder otorgado en legal forma y
para que explicara los fundamentos en los que soportaba las pretensiones
promovidas contra el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Manifestación de la parte actora

La parte actora allegó memorial mediante correo electrónico el 25 de septiembre de
2024, mediante el cual: i) aportó poder debidamente conferido para demandar el
auto del 27 de junio de 2024 dictado por la Sección Primera del Consejo de Estado,
por medio del cual confirmó el proveído del 12 de agosto de 2022, proferido por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual rechazó el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por la accionante,
radicado con el número 76001-23-33-0002022-00489-00/01; ii) solicitó: «la
declaratoria de Nulidad de la Sentencia de Primera Instancia No. 114 de fecha 26 de
julio de 2006, Radicado No. 76001-31- 03-15-2003-00442, por medio de la cual se
declaró la venta en pública subasta del inmueble ubicado en la Carrera 1AG No. 59
– 64, casa 16 Bloque 15 Almendros II, Matricula Inmobiliaria No. 370 - 216863 de la
Oficina de Instrumentos Públicos»; iii) solicitó: «la devolución inmediata del inmueble
o en su defecto, se le pague a la señora ELISA MARINA ASPRILLA DE ORTIZ C.C.
No.31.385.536 expedida en buenaventura-Valle del Cauca, la suma de Ochocientos
noventa millones Quinientos sesenta mil pesos ($890.560.000) Mcte, más los
intereses corrientes a partir del año 2003 hasta la fecha que se le pague a la
agraviada».

1.5.2. Informe de la Sección Primera del Consejo de Estado

El titular del despacho sustanciador de la providencia cuestionada manifestó que, lo
que se pretende es un análisis de fondo del asunto que se ventiló en un primer
momento ante la jurisdicción ordinaria y posteriormente, ante la contenciosa

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administrativa, y no un asunto de naturaleza constitucional, dado que el debate
planteado se circunscribe a censurar las actuaciones adelantadas ante los jueces
civiles dentro de un proceso ejecutivo en el cual la actora actúo como parte.

1.6. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, mediante providencia de
22 de octubre de 2024, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar
que los argumentos expuestos no comportan la fuerza suficiente para superar el
requisito de relevancia constitucional, pues las inconformidades expuestas se
refieren a un aparente error judicial y al desconocimiento de la condición más
beneficiosa, aspectos que no encuentran ninguna relación con la motivación de las
decisiones atacadas.

Frente a las pretensiones dirigidas contra Tribunal Superior de Bogotá y la Corte
Suprema de Justicia, no efectuó pronunciamiento alguno, en consideración a que, la
actora no había subsanado las falencias del escrito de amparo frente a esos puntos.

Además, señaló que no estudiaría la solicitud de nulidad de la sentencia 114 del 26
de julio de 2006, proferida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali y del pago
de $890.560.000, elevada por el accionante en escrito presentado con posterioridad
a la presentación de la demanda de tutela.

1.7. Impugnación

La parte actora expuso que la decisión de caducidad tomó como referencia la fecha
de la sentencia del proceso ejecutivo (26 de julio de 2006), olvidando que pueden
presentarse los recursos de ley como el de casación o el de revisión; por tal razón,
aseguró que los dos años comenzaban a correr a partir del 11 de enero de 2011,
fecha en que se le ordeno a la secuestre que procediera con unas medidas
cautelares.

Trajo a colación pronunciamientos, que según indica, se refieren a la condición más
beneficiosa, dictados por la Corte Constitucional2, en los que se protege el derecho
al debido proceso y a la vivienda digna, a los deudores hipotecarios en pactados en
UPAC.

1.8. Trámite en segunda instancia

La magistrada Gloria María Gómez Montoya, presentó impedimento para conocer
del asunto de la referencia, por considerar que se configuraba la causal del numeral
5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por disposición del
artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.

Mediante providencia de la fecha, se declaró infundado el impedimento en atención
a que la situación narrada por la magistrada no coincidía con el supuesto de hecho
de la causal invocada.

2
Corte Constitucional, sentencia C – 955 de 2000.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de impugnación presentado por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida en el expediente de la
referencia, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20153, así
como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

La parte actora, en su escrito de amparo, elevó sus pretensiones contra el Tribunal
Administrativo del Valle de Cauca, el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema
de Justicia. No obstante, realizó manifestaciones respecto de varias providencias
dictadas por diferentes autoridades judiciales, entre ellas el Juzgado 18
Administrativo de Cali y el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali.

El juez constitucional de primera instancia, admitió la acción de amparo contra la
Sección Primera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle de
Cauca, con fundamento en las pretensiones elevadas en el escrito introductorio.
Además, solicitó a la parte actora que aportara el poder subsanado, indicando las
autoridades y providencias demandadas y los cargos de violación esgrimidos contra
el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia.

La accionante, en escrito allegado como respuesta a dicho requerimiento, aportó
poder en el que indicó que las decisiones demandadas eran: el auto del 27 de junio
de 2024 dictado por la Sección Primera del Consejo de Estado y la providencia del
12 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante los cuales se rechazó el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuesto por la accionante, radicado con el número 76001-23-33-
0002022-00489-00/01. Frente a las demás autoridades judiciales no realizó ningún
pronunciamiento.

Con ese escrito manifestó lo siguiente:

1.- Se solicita la declaratoria de Nulidad de la Sentencia de Primera Instancia No. 114
de fecha 26 de julio de 2006, Radicado No. 76001-31- 03-15-2003-00442, por medio
de la cual se declaro la venta en publica subasta del inmueble ubicado en la Carrera
1AG No. 59 – 64, casa 16 Bloque 15 Almendros II, Matricula Inmobiliaria No. 370 -
216863 de la Oficina de Instrumentos Públicos.

2.- Se solicita el Restablecimiento del Derecho; por las siguientes razones : Dentro del
proceso adelantado en el Juzgado quince (15) Civil del Circuito de Cali, se presentó
por parte del perito-evaluador y auxiliar de la justicia la liquidación de los recibos de
pago hechos a la entidad demandante, los cuales arrojaron una suma alta que se le
debía devolver a la agraviada, aunado a eso los daños y perjuicios causados a partir
del año de 1993 hasta el año 2006, que se dicto la Sentencia de Primera instancia.

El juez constitucional de primera instancia no estudió los argumentos de nulidad

3
Modificado por el artículo 1. º del Decreto 333 de 2021.

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elevados contra el el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali, por considerar que
habían sido expuestos con posterioridad a la radicación de la tutela. Tampoco se
ocupó de resolver sobre las pretensiones contra el Tribunal Superior de Bogotá y la
Corte Suprema de Justicia, por no haberse subsanado los aspectos requeridos en el
auto admisorio.

Revisado el escrito de tutela, subsanación y el de impugnación, se advierte que, pese
a que la parte actora refirió en el escrito de tutela el fallo proferido por el Juzgado
Quince Civil del Circuito Judicial de Cali, ello obedeció a que aquella es la autoridad
que expidió la sentencia, cuya nulidad, fue objeto de demanda a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el núm. 76001-23-
33-0002022-00489-00/01.

Dicha lectura fue la que se dio al amparo deprecado desde el auto admisorio de la
demanda, dado que el texto introductorio resultaba muy confuso y la parte actora no
realizó una manifestación que permitiera dar otro sentido a su texto.

Aunado a ello, en el escrito de poder subsanado que aportó como respuesta al
requerimiento realizado en el auto que admitió la tutela, la actora expresó su voluntad
de instaurar la acción de tutela contra el auto del 27 de junio de 2024 dictado por la
Sección Primera del Consejo de Estado y la providencia del 12 de agosto de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso
radicado con el número 76001-23-33-0002022-00489-00/01.

En consecuencia, el estudio que hará esta sala se ceñirá a las providencias judiciales
referenciadas y contra las cuales se elevaron las pretensiones de la acción de tutela.

2.3. Problemas jurídicos

En orden a decidir si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión proferida
en primera instancia, se determinará si en este caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
(procedencia adjetiva) establecidos por la Corte Constitucional.

En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá si la
providencia cuestionada, mediante la cual se rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por la actora, con el fin de obtener la nulidad
de una decisión adoptada dentro de un proceso ejecutivo, vulnera los derechos
fundamentales de la demandante. El estudio recaerá sobre la providencia de
segunda instancia, por ser la que puso fin a la controversia de manera definitiva.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de esta
Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados, y (iii) el fondo del asunto.

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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20124,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

[…]si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.5

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su criterio
sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es
necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial
y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo
indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…]fijados hasta el momento
jurisprudencialmente[…]». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual
y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el
artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional
contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el
contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y,

4
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
5
Ibídem.

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ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, unificó los criterios respecto
del presupuesto de relevancia constitucional.

En el mencionado fallo la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial «[…]el juez de tutela debe limitarse a analizar
los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo,
enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de
procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre […]».

El alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado, por lo
que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por
el juez natural.

A su vez precisó, que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal6 (Énfasis de la Sala).

Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este postulado, en estos
eventos:

i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,
iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,

iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se

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Sentencia SU 573 de 2019.

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demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

2.6. Estudio del caso concreto

En el caso bajo examen, la providencia cuestionada es el auto del 27 de junio de
2024 dictado por la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio del cual se
confirmó el proveído del 12 de agosto de 2022, proferido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual se rechazó la demanda
instaurada por la accionante, con el fin de obtener la nulidad de: la sentencia de
primera instancia No. 114 de fecha 26 de julio de 2006, dentro de un proceso
ejecutivo identificado con el radicado No. 76001-31- 03-15-2003-00442, por medio
de la cual se declaró la venta en pública subasta del inmueble ubicado en la Carrera
1AG No. 59 – 64, casa 16 Bloque 15 Almendros II, matricula Inmobiliaria No. 370 -
216863 de la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Cali, dictada por el
Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rechazó la demanda por considerar que
había operado la caducidad y, además señaló que, lo pretendido ya había sido
resuelto en anterior oportunidad, por el Juzgado 18 Administrativo de Cali, dentro del
medio de control de reparación directa tramitado bajo radicado Nro. 76001-33-33-
018-2015-00170-01, la cual también culminó con el rechazó de la demanda por
caducidad.

La Sección Primera de esta corporación confirmó la decisión apelada, pero por
considerar que el medio de control no era el adecuado para lograr las pretensiones
de nulidad de una sentencia judicial.

El juez colegiado llegó a dicha determinación, al advertir que, la decisión acusada
reviste la calidad de acto procesal al interior de un trámite judicial, y no puede
entenderse como un acto administrativo susceptible de control jurisdiccional, a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sino, eventualmente,
de reparación directa, el cual también se debe ejercer dentro de las oportunidades
previstas por el legislador. Consideró que la parte actora no podía pretender revivir
términos judiciales, modificando indistintamente el medio de control que resulta
procedente para ventilar las pretensiones ante la jurisdicción.

De lo señalado se llega a una primera conclusión referente a que, en el escrito de
tutela bajo análisis, la parte actora no planteó argumento alguno tendiente a
demostrar la trasgresión de sus derechos fundamentales como consecuencia de la
decisión cuestionada, por lo que no cumplió con la carga argumentativa necesaria
para superar el requisito de relevancia constitucional.

Adicional a lo anterior, se observa que la controversia no se origina en la trasgresión
presunta de un derecho fundamental sino en el análisis que realizaron los jueces de
instancia sobre la procedencia de la demanda en ejercicio del medio de control
elegido por la parte actora, y la inconformidad de la accionante con las conclusiones
a las que arribaron.

Por ende, la tutela no cumple el presupuesto de relevancia constitucional pues se
fundamenta en los mismos argumentos que fueron expuestos en el trámite del

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proceso ordinario. Aunado a ello, la mayoría de los argumentos expuestos se
encaminan a atacar la legalidad del proceso ejecutivo donde se dictó la sentencia
cuya nulidad pretendía a través de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Como se advierte, el debate propuesto frente a la presunta vulneración de los
postulados constitucionales invocados ya fue zanjada por el juez natural del proceso,
quien determinó que el caso de la accionante no podía estudiarse a través de dicho
mecanismo judicial.

En ese orden, lo que se pretende con la petición de amparo es la realización de un
nuevo estudio, que sea favorable a la actora y conduzca a declarar la nulidad de una
sentencia judicial a través de un medio de control no diseñado para esos efectos por
el ordenamiento jurídico.

Finalmente, se comparte la decisión de primera instancia frente a las pretensiones
elevadas por la peticionaria consistentes en que se declare, a través de la acción de
tutela, la nulidad de la sentencia de primera Instancia No. 114 de fecha 26 de julio de
2006 dictada por el Juzgado quince Civil del Circuito Judicial de Cali, pues se advierte
que, no fue elevada desde el escrito inicial de amparo, ni se formuló como una
reforma de la demanda.

Conforme a lo señalado, la petición estudiada no supera el examen de procedencia
general en los términos de los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que tiene su origen en una
controversia de orden legal, tarea que ya fue abordada por los jueces competentes
durante el proceso judicial, y no en el alcance de un derecho fundamental ni la
interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución Política.

Así las cosas, se confirmará el fallo impugnado, que declaró improcedente la acción
de tutela por falta de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del del 22 de octubre de 2024, por medio del
cual, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado declaró improcedente
la acción constitucional de la referencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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