Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04983-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04983-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04983-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04983-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
25 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04983-00
Solicitante: LOURDES DE JESÚS FRANCO BORREGO
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO- SECCION SEGUNDA-SUBSECCION B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. INMEDIATEZ-
Su desconocimiento desvirtúa el carácter urgente del amparo.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Lourdes de Jesús Franco Borrego
contra la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado .
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 17 de septiembre de 2024, Lourdes de Jesús Franco, en nombre propio, interpuso
acción de tutela con el fin de obtener la protección a sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso, a la salud, a la tercera edad y a la seguridad social
que alegó vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B al
proferir la sentencia 29 de abril de 2021 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho1 que interpuso contra la Universidad del Atlántico.
En virtud del amparo solicita que se deje sin efecto la sentencia reprochada y se
ordene a la autoridad judicial que dicte una sentencia sustitutiva en la que se ordene
a la Universidad del Atlántico el reconocimiento y pago de la pensión suplementaria
de jubilación por convención.
1
Identificado con rad. nº. 08001-23-33-000-2014-00187-01
2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04983-00
Accionante: Lourdes de Jesús Franco Borrego
Acción de tutela – Sentencia de primera Instancia
2. Hechos relevantes
La señora Lourdes de Jesús Franco Borrego interpuso el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad del Atlántico para que
se deje sin efectos el acto ficto o presunto ante el silencio de la administración
respecto del derecho de petición que presentó ante la Universidad del Atlántico, a
través del cual solicitó el reconocimiento y pago de la pensión suplementaria
convencional.
El asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Atlántico
que, mediante sentencia de 30 de marzo de 2016 accedió a las pretensiones de la
demanda y condenó a la Universidad del Atlántico, con cargo al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
conforme a la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en 1976, bajo la figura de
la compatibilidad pensional.
Inconforme con la decisión, la Universidad del Atlántico presentó recurso de
apelación, al considerar que la demandante no se podía beneficiar de normas
convencionales al estar cobijada por el régimen de prima media con prestación
definida, lo cual impide que su pensión pueda ser compartida con los beneficios
contemplados en la Convención Colectiva de trabajo.
Al conocer del recurso de apelación, el Consejo de Estado-Sección Segunda
Subsección B revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar negó las
pretensiones de la demanda. Estimó que la señora Franco Borrego no tiene derecho
a que se le reconozca la pensión con fundamento en una convención colectiva del
trabajo, o que se ordene la compatibilidad pensional, toda vez que la situación
prestacional no quedó convalidad al tenor de lo señalado en el artículo 146 de la
Ley 100 de 1993.
3. Fundamentos de la solicitud
La accionante indicó que la autoridad judicial le vulneró los derechos fundamentales
invocados al negar el reconocimiento de la pensión suplementaria de jubilación por
3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04983-00
Accionante: Lourdes de Jesús Franco Borrego
Acción de tutela – Sentencia de primera Instancia
convención, al desconocer las disposiciones de carácter procesal y sustancial
debido a que su derecho pensional se le había consolidado de conformidad con el
artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues al 30 de junio de 1995 ya cumplía con 20
años de servicio en la Universidad del Atlántico, según lo dispuesto en el literal c)
del artículo 9° de la Convención Colectiva de Trabajo de 1976 (vigente), por ello
tiene derecho al reconocimiento prestacional.
Sostuvo que debido a la intangibilidad de los derechos adquiridos de los
pensionados por jubilación del orden territorial, antes de la expedición de la Ley 100
de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por
disposiciones Municipales y Departamentales, deben seguir vigentes, con lo cual se
desarrolla el mandato constitucional que ampara los derechos adquiridos, ya que
las situaciones que se consolidaron bajo el amparo de la legislación preexistente no
son susceptibles de ser alteradas o modificadas por la nueva Ley.
Adujo que la sentencia objeto de reproche desconoce la Sentencia de Unificación
del 29 de septiembre de 2011, Radicación No. 08001-23-31-000-2005-02866-03
(2434-10), proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado. Asimismo, señala que la sentencia hizo caso omiso a lo que estipula el
Sistema General de Pensiones para los Servidores Públicos Departamentales,
Municipales y Distritales y de sus Entidades Territoriales y que entró a regir el 30 de
junio de 1995, tal como lo señalan los artículos 151 de la Ley 100 de 1993 y 2 del
Decreto 691 de 1994, agregando que los dos años que trata el inciso segundo del
artículo 146 de la Ley 100 de 1993 vencen el 30 de junio de 1997, según la prórroga
y extensión otorgada por el Consejo de Estado.
Señaló que con la decisión del Consejo de Estado se le negó la pensión
suplementaria por convención incurriendo en un defecto sustantivo al no analizar su
situación particular, toda vez que consolidó su derecho a la luz de la Convención
Colectiva de trabajo de 1976.
Por último, indicó que el juez constitucional puede flexibilizar el término de la
inmediatez cuando la situación es antigua y actual. En ese sentido, sostuvo que la
tardanza en la interposición de la acción de tutela, obedece a que se encontraba
4
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04983-00
Accionante: Lourdes de Jesús Franco Borrego
Acción de tutela – Sentencia de primera Instancia
viviendo en el exterior por amenazas a su integridad y la de su familia y durante la
pandemia del COVID 19 estuvo encerrada. Además que, su abogado no le entregó
informes del estado del proceso, por ello, solamente se enteró de la sentencia hasta
el año 2023.
4. Trámite procesal
El 20 de septiembre de 2024 se admitió la acción de tutela, se ordenó su
notificación a la autoridad judicial accionada, así como a la Universidad del Atlántico
como tercera interesada en el resultado de esta acción.
En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección
B sostuvo que la sentencia reprochada, tuvo en cuenta la decisión de la Corporación
en torno al cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos en la Convención
Colectiva. Así mismo, indicó que acción de tutela se pretende utilizar como una
instancia adicional del proceso ordinario.
La Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico envió copia digital del
expediente ordinario.
La Universidad del Atlántico guardó silencio.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
de 29 de abril de 2021 de la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado
que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
que el accionante interpuso contra la Universidad del Atlántico.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
5
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04983-00
Accionante: Lourdes de Jesús Franco Borrego
Acción de tutela – Sentencia de primera Instancia
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia
constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio
irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una
irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la
solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela3.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Inmediatez
La acción de tutela es una acción judicial residual para la protección inmediata de
derechos fundamentales y de aplicación urgente. Si la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la
2 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
3
Ibidem.
6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04983-00
Accionante: Lourdes de Jesús Franco Borrego
Acción de tutela – Sentencia de primera Instancia
jurisprudencia constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia que se impugna en tutela4
Caso concreto
Según el aplicativo SAMAI, la sentencia del Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B se dictó el 29 de abril de 2021 y se notificó mediante
correo electrónico el 28 de junio de 2021 (índice 23, proceso ordinario). De
conformidad con lo anterior, los seis meses que la jurisprudencia ha previsto
como un plazo razonable para su interposición se agotaron el 29 de diciembre
siguiente. Como la acción de tutela se interpuso el 17 de septiembre de 2024,
no cumple con el requisito de inmediatez, por lo que es improcedente.
La solicitante sostiene que no pudo interponer la acción de tutela en un término
razonable porque se encontraba fuera del país, estuvo encerrada durante la
pandemia por Covid 19 y su abogado no le rindió informe acerca del estado del
proceso. Para la Sala ese argumento no tiene vocación de prosperidad, en la
medida en que la accionante no acreditó su condición de vulnerabilidad. Al respecto,
se advierte que de conformidad con el artículo 167 CGP, aplicable por remisión del
artículo 4 del Decreto 306 de 1992, incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Sobre el
particular, la Corte Constitucional ha resaltado que:
«(…) resulta inadmisible, como varias veces lo ha recalcado esta misma Sala,
(…) que el fallador se precipite a negar o a conceder la tutela sin haber llegado a
la enunciada convicción objetiva y razonable; que resuelva sin los mínimos
elementos de juicio; que parta de prejuicios o enfoques arbitrarios o
contraevidentes, o que ignore las reglas básicas del debido proceso»5.
La Sala considera que no es posible flexibilizar el requisito de inmediatez pues, en
casos como este, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, existe
una mayor protección y rigidez al requisito de inmediatez, el cual garantiza el
cumplimiento del principio de seguridad jurídica y cosa juzgada. Al respecto, la Corte
ha señalado que:
4
Corte Constitucional, sentencia T-422 de 2018, C.P. Carlos Bernal Pulido.
5
Corte Constitucional, Sentencia T-576 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
7
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04983-00
Accionante: Lourdes de Jesús Franco Borrego
Acción de tutela – Sentencia de primera Instancia
El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá
interponerse “en todo momento y lugar”. La Corte Constitucional ha entendido que
por esa razón no es posible establecer un término de caducidad de la acción de tutela,
pues ello sería contrario al artículo citado. Con todo, ha aclarado que lo anterior no
debe entenderse como una facultad para presentar la acción de tutela en cualquier
momento, ya que ello sería contrario a la seguridad jurídica y desnaturalizaría la
acción, concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una
protección efectiva y actual de los derechos invocados.
Por lo anterior, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término
razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente. No existen reglas
estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que es
al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, lo que constituye un término
razonable.
La jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a evaluar, en
cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se
relacionan con: (i) La situación personal del peticionario, (ii) el momento en el que se
produce la vulneración, (iii)la naturaleza de la vulneración, (iv) los efectos de la tutela
y (v) la actuación contra la que se dirige la tutela.
Sobre esta última, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como
vulneradora de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado
que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el requisito de inmediatez tiene
una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias judiciales, de
manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en otros
casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la
incertidumbre indefinidamente (…)6
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Lourdes de Jesús
Franco Borrego contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B.
6
Corte Constitucional, Sentencia SU-391de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
8
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04983-00
Accionante: Lourdes de Jesús Franco Borrego
Acción de tutela – Sentencia de primera Instancia
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la presente providencia ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.