Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04983-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04983-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04983-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04983-01
Accionante: Lourdes de Jesús Franco Borrego
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
declaratoria de improcedencia por falta de inmediatez – la demanda no se presentó
en un término razonable
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 25 de octubre de 2024 por la Sección Tercera, Subsección
C del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 17 de septiembre de 2024, la señora Lourdes de Jesús Franco Borrego instauró
acción de tutela en busca de que se dejara sin efectos la sentencia del 29 de abril de
20211, proferida por la autoridad accionada, al interior del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho2 que promovió contra de la Universidad del Atlántico,
con el propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el
cual se le negó el reconocimiento y pago de la pensión suplementaria convencional.
2. En la referida providencia, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado revocó la decisión de primera instancia3 que accedió a las pretensiones de la
demanda. La autoridad judicial consideró que a la actora no le asistía el derecho a
que se le reconociera la pensión con fundamento en la Convención Colectiva de
1976 dirigida a los empleados de la Universidad del Atlántico, ni a que se ordenara
la compartibilidad pensional en virtud de la misma, pues si bien al 30 de junio de
1997 ya tenía más de 45 años de edad y había prestado más de 21 años de servicio
1 Notificada por correo electrónico el 28 de junio de ese mismo año.
2 Identificado con número de radicado: 08001-23-33-000-2014-00187-01.
3 El fallo del 30 de marzo de 2016 expedido por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04983-01
Accionante: Lourdes de Jesús Franco Borrego
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
a la institución educativa, lo cierto es que todavía no se había retirado del servicio,
requisito exigido para obtener el derecho a la pensión establecida en la referida
convención.
3. Precisó que los reconocimientos pensionales como el pretendido únicamente
podían ser convalidados en los términos del artículo 1464 de la Ley 100 de 1993, si
se consolidaron hasta el 30 de junio de 1997, considerando la fecha de entrada en
vigencia de dicha norma en el nivel territorial -30 de junio de 1995- y que el aparte
de la disposición que concedió el plazo adicional de dos años para extender sus
efectos, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-410 de 1997, con efectos hacia el futuro.
4. Como fundamento de sus pretensiones, la accionante sostuvo que la autoridad
demandada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso,
seguridad social, salud, "tercera edad", así como el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, toda vez que incurrió en un defecto sustantivo al
desconocer lo previsto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
5. Aseveró que su derecho pensional se consolidó antes de la fecha de entrada en
vigencia de esa disposición, comoquiera que para ese momento ya había cumplido
más de 20 años de servicio, acorde a lo dispuesto en la aludida convención colectiva
de trabajo.
6. También alegó una omisión en la aplicación de los artículos 14, 16 y 21 del Código
Sustantivo del Trabajo, en la medida en que pasó por alto la situación que le era mas
favorable a la demandante para pensionarse. Adujo que, además, hizo caso omiso
al Sistema General de Pensiones en los niveles departamental, municipal y distrital,
que empezó a regir a partir del 30 de junio de 1995 e ignoró que la competencia para
regular el régimen prestacional de los empleados públicos es compartida entre el
congreso y el gobierno Nacional.
7. Esgrimió que el fallador se apartó de la sentencia de unificación del 29 de
septiembre de 2011 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 5 al
desconocer los derechos adquiridos de la actora con anterioridad a la expedición de
la Ley 100 de 1993.
4 “Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en
disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de
empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus
organismos descentralizados, continuarán vigentes. También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales
disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los
dos años siguientes los requisitos exigidos en dichas normas.”
5 Dentro del expediente 08001-23-31-000-2005-02866-03.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04983-01
Accionante: Lourdes de Jesús Franco Borrego
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
8. Afirmó que la accionada le otorgó un trato discriminatorio y desigual en relación
con otras personas que se encontraban en igualdad de condiciones fácticas6, frente
a las cuales se aplicó el principio de favorabilidad en materia pensional.
9. A efectos de acreditar el cumplimiento del requisito general de inmediatez,
argumentó que existen razones que justifican la tardanza en la interposición de la
solicitud de amparo. Explicó que desde hace años reside fuera del país como
protegida en razón a que fue víctima de amenazas, pero que ya logró retornar al país
para solucionar su situación pensional. Que durante la pandemia generada por el
Covid-19 se vio obligada a estar encerrada por orden del gobierno del país en el que
reside en la actualidad y que en el marco de esa emergencia sanitaria también se
ordenó el aislamiento preventivo para todas las personas en el territorio colombiano.
10. Expuso que “por desconocimiento en leyes y confiando en el conocimiento y la
buena fe” de su apoderado en el proceso ordinario cuestionado, nunca se le informó
acerca del estado del proceso. Que se enteró que en el año 2023 dicho abogado se
vinculó como contratista a la Universidad del Atlántico, “motivo que lo indujo a dejar
su proceso de Nulidad y restablecimiento del Derecho abandonado”. A ello se suma
que la vulneración de los derechos que alega continúa vigente en el tiempo.
B. Sentencia de primera instancia
11. Mediante sentencia del 25 de octubre de 2024, la Sección Tercera, Subsección C
del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no
cumplir con el requisito de inmediatez. Señaló que la providencia cuestionada fue
notificada por correo electrónico el 28 de junio de 2021, mientras que la demanda se
presentó el 17 de septiembre de 2024, es decir, por fuera del término de los 6 meses
que se ha considerado jurisprudencialmente como plazo razonable para acudir al
juez de tutela.
12. Además, estimó que no era posible flexibilizar dicho presupuesto, toda vez que la
parte actora no acreditó la condición de vulnerabilidad que alegó para justificar el
ejercicio tardío de la acción de tutela
C. La impugnación
13. La demandante impugnó la decisión de primera instancia para que “sea revisada
minuciosamente y teniendo en cuenta el principio de congruencia y el principio de
Constitucionalidad”.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
6 Para tales efectos, trajo a colación cuatro sentencias proferidas por esta Corporación en el marco de procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho en los que fungía como parte la Universidad del Atlántico.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04983-01
Accionante: Lourdes de Jesús Franco Borrego
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
14. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
E. Análisis del caso concreto
15. Esta Subsección confirmará el fallo impugnado, pues la revisión de los
planteamientos aducidos en el escrito de tutela lleva a la conclusión de que la
solicitud de amparo no se presentó en un término razonable.
16. Esta Corporación ha señalado que el plazo razonable para interponer la acción
de tutela contra providencias judiciales es de seis meses contados desde la
notificación de la decisión que se cuestiona, debido a que es desde ese momento
que la parte actora conoce la decisión y puede advertir la posible vulneración de
derechos fundamentales.
17. La providencia objeto de reproche en el presente asunto fue notificada por correo
electrónico el 21 de junio de 20217. No obstante, la demanda de tutela fue formulada
solo hasta el 17 de septiembre de 2024, es decir, más de tres años después, lo que
excede considerablemente el término que esta Corporación de manera unificada,
pacífica y reiterada ha entendido como plazo razonable para acudir al juez
constitucional.
18. A lo anterior, se suma que la parte actora no ofreció alguna razón que justifique
de forma suficiente su inactividad durante el tiempo que transcurrió desde que se
notificó la decisión cuestionada y la interposición de la solicitud de amparo, lo que
impide flexibilizar el presupuesto de la inmediatez.
19. La demandante alegó que, desde hace años, reside fuera del país debido a que
sufrió amenazas y que, durante la pandemia, se vio obligada a confinarse. Sin
embargo, no aportó elemento alguno que acreditara dicha situación. Además, omitió
explicar de qué manera el hecho de residir en otro país y haber estado confinada
impidió que conociera la decisión objetada o que acudiera de forma oportuna ante
el juez de tutela. Esta explicación se echa de menos aún más si se tiene en cuenta
que la sentencia enjuiciada fue notificada por medios electrónicos y que, para ese
momento, el Consejo Superior de la Judicatura ya había puesto en funcionamiento
un aplicativo web para la recepción de acciones de tutela denominado “tutela en
línea”, el cual, cabe resaltar, fue el canal a través del cual la parte actora radicó la
demanda de la referencia.
20. Esacarencia argumentativa también se predica del alegato según el cual la
vulneración de los derechos invocados es permanente y actual, ya que la accionante
7 Según consta en el aplicativo web Samai.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04983-01
Accionante: Lourdes de Jesús Franco Borrego
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
se limitó a hacer esa afirmación, sin esgrimir algún argumento adicional que le
sirviera de sustento. En todo caso, no se advierte que la transgresión alegada sea
continua, ni actual, pues el hecho que se considera lesivo de los derechos
fundamentales cuya protección se reclama ocurrió en un solo acto, esto es, con la
adopción de providencia objeto de reproche.
21. Elargumento relacionado con la omisión de su abogado de rendirle informe
acerca del estado del proceso dentro del cual se profirió la sentencia que se
cuestiona tampoco está llamado a prosperar. El hecho de conferir mandato a un
profesional del derecho para que ejerza la representación de un tercero en un
proceso judicial, no exime a este último de desligarse o desentenderse del proceso
como si fuera ajeno al mismo, pues el apoderado está actuando en defensa de sus
intereses. Por ende, también debe existir cierto grado de interés y diligencia de su
parte de cara al proceso mientras este se encuentre en curso.
22. Lo anterior, no pretende desconocer el deber que le asistía a su abogado de
comunicarle oportunamente cualquier actuación que se llevara a cabo en el proceso,
conforme lo previsto en el artículo 78 del CGP. No obstante, su incumplimiento no
es un asunto que deba ser debatido en sede de tutela.
23. Por lo expuesto en precedencia, la Sala confirmará la sentencia del 25 de octubre
de 2024, proferida por la Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación, que
declaró la improcedencia de la demanda de tutela por no haber sido presentada
oportunamente.
24. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 25 de octubre de 2024 por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04983-01
Accionante: Lourdes de Jesús Franco Borrego
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
8 VF
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