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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04984-00

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04984-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo interpuesta por Fernando Godoy Orjuela, por ausencia de legitimación en la causa por activa, conforme a lo consignado en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 13 Expediente identificado con el número 11001-03-28-000-2023-00092-00. 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2024-04984-00 Accionante: Fernando Godoy Orjuela Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta TERCERO: REMITIR el presente expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04984-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de octubre de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04984-00
Accionante: Fernando Godoy Orjuela
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-04984-00
Accionante: Fernando Godoy Orjuela
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema: requisitos de
procedencia/legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela que presentó Fernando Godoy
Orjuela en contra de la sentencia del 2 de mayo de 2024, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad del acto de
elección de Marco Manuel Urquijo Collazos como director de la Corporación Autónoma
Regional de Guavio, CORPOGUAVIO.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos, pretensiones y argumentos de la solicitud de tutela

Fernando Godoy Orjuela presentó solicitud de amparo1 de los derechos fundamentales
al debido proceso, y a «la moralidad pública2» que consideró vulnerados por la Sección
Quinta del Consejo de Estado con ocasión de la sentencia del 2 de mayo de 2024 que
emitió dentro del proceso identificado con el radicado número 11001-03-28-000-2023-
00092-00.

Como pretensiones, pidió en al juez constitucional que: i) ampare los derechos
fundamentales invocados; ii) revoque la sentencia del 2 de mayo de 2024; y iii) ordene

1 Índice 2 de SAMAI.
2 Este derecho no se encuentra en la categoría de los constitucionales (artículo 44 de la C-P.), sino que ostenta en

términos constitucionales una naturaleza dual: (i) como principio de la función administrativa según el artíclo 209
constitucional y el atículo 39 de la ey 489 de 1998, por lo que, resulta de obligatoria observancia; (ii) como derecho
colectivo categoría en la que alcanza una connnotación subjetiva porque crea una expectativa susceptible de ser
prtegida a través de la acción popular. Sentencia del 8 de junio de 2011, expediente 25000-23-26-000-2005-01330-
01 (AP).

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a la Sección Quinta del Consejo de Estado proferir un nuevo fallo que acceda a la
nulidad del acto de elección del director de CORPOGUAVIO.

De manera subsidiaria solicitó:

[…]
se ordene a la Sala Quinta del Honorable Consejo de Estado para que esta sala a
su vez ordene al Consejo Directivo de la CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE GUAVIO, CORPOGUAVIO, que de manera inmediata y evitar
mayores perjuicios administrativos se inicie el proceso de convocatoria y elección
del nuevo directo (a) que supla el Acuerdo decaído por violación a normas
sustanciales, ya descritas […]3.

1.2. Trámite de tutela e intervenciones

1.2.1. El despacho ponente profirió, el 20 de septiembre de 2024, auto admisorio en
el que dispuso la vinculación de Raúl Moreno Jaramillo, Marcos Manuel Urquijo
Collazos y la Corporación Autónoma Regional de Guavio, CORPOGUAVIO, como
terceros con interés en las resultas del trámite constitucional, dada su condición de
partes en el proceso de nulidad electoral en el que se profirió la decisión objeto de
tutela.

1.2.2. Notificada la anterior providencia a las partes accionante y accionada y a los
vinculados, dieron respuesta en los siguientes términos:

1.2.2.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del magistrado ponente4
de la sentencia del 2 de mayo de 2024, solicitó declarar improcedente la acción porque,
afirmó, Fernando Godoy Orjuela no participó en el proceso electoral y, en ese orden,
carece de legitimación por activa para pedir la protección constitucional por afectación
al debido proceso. Agregó que, el accionante tampoco cumplió con el requisito de
relevancia, pues lo que pretende es que se revise nuevamente la decisión y se aplique
el criterio interpretativo que, a su juicio, debió usar el juez al definir sobre la legalidad
del acto acusado.

Finalmente, adujo que, no se advierte la configuración de defecto alguno y menos
vulneración del debido proceso que alegó el accionante.

1.2.2.2. Marcos Manuel Urquijo Collazos, tercero con interés, solicitó declarar
improcedente la acción, dado que, el asunto carece de relevancia constitucional pues
la discusión propuesta se limitó a aspectos de puro derecho. Destacó que la Sección
Quinta, en su labor hermenéutica, aplicó para resolver la controversia su propio
precedente sin que se advierta arbitrariedad o capricho en la actuación5.

1.2.2.3. La Corporación Autónoma Regional del Guavio, CORPOGUAVIO, tercero
con interés, luego de efectuar un resumen de la actuación llevada a cabo en el proceso
ordinario y de referir y transcribir el contenido de las normas aplicables al caso
ordinario, precisó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al resolver de fondo
la acción de nulidad electoral, no desconoció el debido proceso ni realizó

3 Se transcribe incluso con errores.
4 Índice 9 de SAMAI.
5 Índice 8 de SAMAI.

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interpretaciones erróneas de la norma sustancial como lo afirmó el tutelante. Solicitó
al juez de tutela resolver de manera desfavorable la pretensión de amparo6.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Sección Quinta del Consejo
de Estado.

2.2. Procedibilidad de la acción

En relación con las solicitudes de tutela frente a providencia judicial, la doctrina
constitucional7 ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general8 de la acción; pues, solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática que el actor plantea en función de los defectos que reprocha a
la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales9.

Pero antes de efectuar el análisis de procedibilidad, el juez debe verificar que, quien
acude a este mecanismo constitucional de protección, se encuentre legitimado para
accionar, o para intervenir como accionado, según el caso, pues esta exigencia no se
puede superar aún en esta clase de acciones.

Por tal razón, a continuación, la Sala procede a realizar el estudio que corresponda
para establecer si a Fernando Godoy Orjuela le asiste interés y, por ende, tiene
legitimación en la causa por activa en el presente asunto.

6 Índice 11 de SAMAI.
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
8 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier

acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los
siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara los hechos y los fundamentos de
la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia
constitucional; (iv) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los
que cuenta la persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue
una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general, (vii) no procede
elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.
9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente
constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la
Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
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2.2.1. Legitimación en la causa

Por activa.

Para la Corte Constitucional10, la legitimación en la causa por activa en los procesos
de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos y por tal razón, solo el
titular de un derecho de naturaleza fundamental se encuentra habilitado para solicitar
el amparo constitucional, bien sea directamente, o por intermedio de su representante
legal o apoderado. Así, si no existe vínculo la tutela se torna en improcedente toda
vez que, el derecho para cuya protección se interpone la acción debe tener la
naturaleza de fundamental y propio del demandante11.

En punto a este requisito en acciones de tutela, la Corte Constitucional ha señalado lo
siguiente12:

[…] no obstante, la informalidad que se predica de la acción de tutela, la misma debe
cumplir con unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de ellos se encuentra el
de legitimación por activa o titularidad para promoverla.

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido como regla general,
solamente el titular de un derecho fundamental se encuentra habilitado para solicitar el
amparo constitucional del mismo, bien sea que lo haga en forma directa o por
intermedio de su representante o apoderado.

Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser
promovida por cualquier persona cuando sus derechos constitucionales fundamentales
resulten vulnerados o amenazados ya sea por sí misma o por medio de un tercero
quien actúe en su nombre. En el mismo sentido, según las prescripciones del artículo
10 del Decreto 2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen sus
derechos fundamentales puede ejercer la acción de tutela por sí misma o por medio de
representante. En esta disposición también se contempló la posibilidad de la agencia
de derechos ajenos, de tal forma que, en aquellos eventos en que el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa, podrá un tercero
presentar acción de tutela en su nombre.

La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es la legitimación en la
causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los
derechos fundamentales, amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la
Constitución y el Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite
cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los
presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en
los procesos de tutela.

En resumen, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela puede ejercerse de las siguientes maneras: i) en forma directa; ii) por intermedio
de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos,
interdictos y personas jurídicas); iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con
poder judicial o mandato expreso) o iv) a través de agente oficioso (cuando el titular

10 Corte Constitucional, sentencia T-552 de 2006.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-173 de 2015.
12 Corte Constitucional, sentencia T-552 de 2006. Criterio reiterado entre otras en la T-292 de 2021.

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del derecho no está en condiciones para promover su propia defensa). Asimismo, esta
norma señala que tanto el defensor del pueblo como los personeros municipales
estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.

En el asunto bajo estudio, Fernando Godoy Orjuela radicó escrito de tutela en el que
solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y a la «la moralidad
pública», que dijo le fueron vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado al
negar las pretensiones de nulidad del Acuerdo 09 del 23 de octubre de 2023 que
declaró elegido a Marco Manuel Urquijo Collazos como director de la Corporación
Autónoma Regional del Guavio, CORPOGUAVIO, para el periodo 2024-2027-.

En efecto la Sección Quinta conoció de la demanda de nulidad en contra del acto
administrativo referido, pero, consultado en Sistema de Gestión Judicial, SAMAÍ13, esta
Sala constitucional pudo verificar que el aquí accionante Fernando Godoy Orjuela no
participó como parte demandante o demandada, ni tampoco fue vinculado como
tercero en la actuación, o coadyuvó la misma.
En ese orden de ideas, en principio, los legitimados en la causa por activa para
promover el presente mecanismo constitucional, y cuestionar la sentencia del 2 de
mayo de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del medio
de control de nulidad electoral con radicado número 11001-03-28-000-2023-00092-00,
son las partes que integraron dicho proceso ordinario, esto es, Raúl Navarro Jaramillo
como demandante; Marcos Manuel Urquijo Collazos, como demandado; y la
Corporación Autónoma Regional del Guavio, CORPOGUAVIO, como vinculada. Es
decir que, el aquí accionante al no haber participado en el proceso ordinario de
naturaleza electoral, no tiene legitimación para reclamar la afectación de su derecho
al debido proceso.

III. CONCLUSIÓN

Procede entonces declarar improcedente la acción por falta legitimación en la causa
por activa de Fernando Godoy Orjuela, toda vez que no fue parte procesal en el medio
de control de nulidad electoral en el que se emitió la sentencia que hoy es objeto de
tutela y, frente a la que reclamó la protección de las garantías ius fundamentales que
refirió en su escrito.

IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo interpuesta por
Fernando Godoy Orjuela, por ausencia de legitimación en la causa por activa,
conforme a lo consignado en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

13 Expediente identificado con el número 11001-03-28-000-2023-00092-00.

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Accionante: Fernando Godoy Orjuela
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta

TERCERO: REMITIR el presente expediente a la Corte Constitucional, para su
eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

Sejv/

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