Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04988-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04988-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-04988-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
6 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., seis (06) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04988-01
Accionante: Leonardo Alfonso Moya Guaje
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS
EN EL MARCO DE UN CONCURSO DE MÉRITOS / Confirma declaratoria de
improcedencia por falta de subsidiariedad - existencia de otro mecanismo judicial
idóneo y eficaz – no se probó perjuicio irremediable.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 10 de octubre de 2024 por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El señor Leonardo Alfonso Moya Guaje instauró acción de tutela en busca de que
se dejaran sin efectos: (i) la Resolución EJR24-305 del 24 de junio de 2024, mediante
la cual fue excluido del XI Curso de Formación Judicial que se llevó a cabo en el
marco de la Convocatoria 27 y; (ii) la Resolución EJR24-373 del 6 de agosto
siguiente, que confirmó la decisión anterior.
2. Expuso que, a pesar de haber desarrollado todos los talleres de la subfase general,
el 10 de mayo de 2024 le fue notificado el oficio EJO24-652, a través del cual la
accionada le informó que de acuerdo al reporte suministrado por la Unión Temporal
Formación Judicial 2019, se evidenció que no había realizado las actividades de la
unidad 1 y 2 del programa de Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional,
que hacían parte del curso concurso.
3. Dentro del término de traslado concedido, remitió un escrito en el que solicitó no
ser excluido del concurso. Aportó como prueba una captura de pantalla y un video
que, según aduce, daba cuenta de haber realizado todas las actividades.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04988-01
Accionante: Leonardo Alfonso Moya Guaje
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
4. Esgrimió que posteriormente se publicaron los resultados de la prueba de
conocimiento de la subfase general, donde se evaluaron las lecturas que hacían
parte de las unidades que supuestamente no desarrolló y la cual aprobó.
5. Cuestionó que, a pesar de lo anterior, el 24 de junio de 2024 se le notificó la
Resolución EJR24-305, por medio de la cual fue excluido del XI Curso de Formación
Judicial por haber incurrido en la causal contenida en el numeral 10 1 del Capítulo X
del Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019. Como sustento de esa decisión, la accionada
señaló que de los elementos aportados junto al escrito de descargos no se
evidenciaba que el discente hubiese consumido las unidades 1 y 2 del programa de
Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional en el término establecido para
tales efectos. La captura de pantalla fue tomada el 10 de mayo de 2024, es decir,
fuera del periodo dispuesto para el consumo del programa y el video ni siquiera
mostraba una fecha que diera cuenta del momento en que fue grabado. A ello se
suma que tampoco se acreditó una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que
le hubiese impedido el consumo del contenido formativo.
6. Contra dicho acto, el actor interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto
desfavorablemente por medio de la Resolución EJR24-373 del 6 de agosto de 2024.
La accionada precisó que el Consejo Superior de la Judicatura habilitó de forma
permanente el campus virtual pero únicamente para consulta, sin que dicha
habilitación implicara la modificación del periodo de consumo establecido en el
cronograma para cada programa de la subfase general del curso. Sostuvo que el
discente no podía pretender beneficiarse de dicha consulta a efectos de simular la
realización de las actividades en el periodo establecido para ello.
7. En lo que respecta a la situación de salud de la cónyuge del accionante, resaltó
que, según lo previsto en el Capítulo VI del Acuerdo Pedagógico, las circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito deben ser manifestadas por los discentes dentro de
los cinco días siguientes a su ocurrencia y, tratándose de razones de salud, las
incapacidades deben ser expedidas o validadas por la EPS a la cual se encuentre
afiliado el discente. Sin embargo, el actor alegó la circunstancia de fuerza mayor sólo
hasta el recurso de reposición.
8. Frente a la presunta vulneración al debido proceso, refirió que el Acuerdo
PCSJA19-11400 de 2019 definió el proceso a seguir en la aplicación de las causales
de exclusión del IX Curso de Formación Judicial Inicial, el cual contempla las etapas
de defensa y contradicción, las cuales fueron atendidas por la escuela.
9. En el escrito de la tutela, la parte actora sostuvo que la entidad demandada vulneró
sus derechos fundamentales de acceso a cargos públicos y debido proceso
administrativo al excluirlo del concurso, sin un procedimiento transparente y legal,
que le permitiera controvertir la información que sustentó la decisión.
1 “Abandonar o no realizar ninguna actividad en una unidad temática en cualquiera de las subfases del curso de
formación judicial inicial.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04988-01
Accionante: Leonardo Alfonso Moya Guaje
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
10. Aseguró que apenas tuvo conocimiento acerca del cuestionamiento que se le
estaba haciendo por la omisión en la realización de ciertas actividades, tomó registro
de su sistema por medio de una captura de pantalla, así como un video, los cuales
evidenciaban que las actividades habían sido finalizadas. Sin embargo, la accionada
se limitó a señalar que no realizó ciertas unidades dentro del término establecido
para esos efectos, sin exponer argumentos o evidencias que contrarrestaran los
documentos que aportó como evidencia y los hechos que los respaldaban, que
reforzaban la credibilidad de sus afirmaciones.
11. Expuso que si bien la captura de pantalla no fue tomada en la fecha en que realizó
las actividades, lo cierto es que era imposible que hubiera desarrollado un programa
que estaba previsto para ser ejecutado en dos semanas y con un tiempo mínimo de
40 horas de lectura, en el mismo día que se le informó sobre la posible conducta en
que había incurrido, que fue el momento en que tomó la captura de pantalla.
12. Además, refirió que aunque en ese momento no se le indicó que pudiera alegar
alguna circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, ello fue puesto de presente en
la decisión de exclusión; razón por la cual en el recurso de reposición no solo insistió
en haber realizado las actividades, sino que también manifestó que durante el
periodo que estaba previsto para el desarrollo de las mismas atravesó una situación
de fuerza mayor, que lo obligó a apresurarse en el consumo de su contenido, sin que
contara con el tiempo de tomar evidencia sobre la culminación de cada una de las
actividades. Esa circunstancia se trató de dos procedimientos quirúrgicos a los que
fue sometida su esposa, los cuales, además de necesitar acompañamiento,
requirieron de sus cuidados y la atención exclusiva de su hija menor de edad.
13. Noobstante, bajo un exceso ritual manifiesto, la accionada afirmó de forma
contradictoria que esa situación no era valorable, en tanto debía acreditarla al
momento de la actividad para excusar su inasistencia, cuando lo cierto es que su
argumento principal se centró en haber culminado las actividades antes de que
acaeciera ese suceso, que únicamente se puso de presente con la finalidad de
demostrar que le demandó un esfuerzo y una carga adicional que le impidió tener la
precaución de registrar las evidencias de haber desarrollado las actividades en
tiempo.
14. A su juicio, lo que correspondía valorar era la razón por la cual la captura de
pantalla que sustentó sus descargos no se tomó el día de la culminación de las
actividades, pues no era una obligación para el discente y existía una confianza en
los sistemas y aplicativos implementados para el desarrollo de las mismas.
15. También adujo que desacreditar la situación de salud de su esposa comporta un
exceso ritual manifiesto, pues la misma se probó con los documentos que daban
cuenta de los procedimientos quirúrgicos, la historia clínica, las incapacidades, entre
otros, que evidenciaban de forma directa su afectación debido a esa situación.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04988-01
Accionante: Leonardo Alfonso Moya Guaje
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
16. Esgrimió que la interpretación literal de la causal de exclusión que fue aplicada en
su caso contraría el principio pro homine.
17. Para fundamentar el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad, señaló
que no cuenta con otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para obtener la protección
de los derechos objeto de reclamo, pues la controversia no versa sobre un cargo
específico que le pueda ser restablecido en un momento determinado, sino que se
trata de una exclusión en la etapa de un concurso de méritos, por lo que sus derechos
únicamente se materializan con la participación en el concurso.
18. Por lo tanto, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no
resulta idóneo ni eficaz, pues las decisiones judiciales se adoptarían mucho tiempo
después de haber finalizado el concurso y no podría retrotraerse la actuación
administrativa para que tuviera la posibilidad de continuar en el concurso.
Considerando, además, que esa acción requiere agotar un trámite de conciliación
previa, que puede tardar hasta tres meses y que la siguiente etapa del concurso
empezaba el 16 de noviembre de 2024. Por lo que de llegar a exigirse acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo se constituiría un perjuicio irremediable.
B. Sentencia de primera instancia
19. Mediante sentencia del 10 de octubre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela al estimar que no cumplía el
presupuesto de subsidiariedad, en la medida que la parte actora cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para debatir la legalidad de los actos
administrativos objeto de reproche, esto es, el medio de control de nulidad y
restablecimiento, escenario en el cual además puede solicitar la adopción de
medidas cautelares.
20. Además, señaló que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
puesto que de los reparos formulados por el actor no se advertía una vulneración a
su mínimo vital o al de su familia con ocasión de la decisión de exclusión del
concurso.
C. La impugnación
21. La parte actora alegó que el A quo desconoció el carácter fundamental de los
derechos de acceso a cargos públicos y debido proceso al afirmar que el mecanismo
de amparo sólo procede de manera transitoria cuando se demuestra una afectación
al mínimo vital, pues ello implica que cuando se pretenda el amparo de los primeros,
además de probar una inminente afectación respecto de aquellos también se debe
acreditar una posible transgresión al mínimo vital.
22. Aunado a lo anterior, reprochó que no se analizaron los argumentos expuestos en
el escrito de tutela orientados a sustentar el cumplimiento del presupuesto general
de subsidiariedad en el caso concreto.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04988-01
Accionante: Leonardo Alfonso Moya Guaje
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
23. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
E. Análisis del caso concreto
24. La Sala confirmará el fallo impugnado, pues coincide con el a quo en que la
solicitud de amparo no satisface el requisito de subsidiariedad.
25. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
únicamente procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una
solicitud de tutela, el interesado debió haber agotado todos los recursos -idóneos y
eficaces- que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación que
amenaza o lesiona sus derechos. De lo contrario, la tutela deviene improcedente.
26. Esta regla de procedencia se torna aún más estricta cuando se busca cuestionar
actos administrativos, en tanto la acción de tutela no es el escenario idóneo para
atacarlos ya que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio
de legalidad, pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento
de manifestarse a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales
y legales a las que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto
administrativo se presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo
que aquel se apartó, sin justificación alguna, del ordenamiento jurídico, debate que
se debe adelantar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo 2.
27. Lo propio ocurre tratándose de actos administrativos proferidos en el marco de
un concurso de méritos, siempre que sean susceptibles de control judicial. En este
escenario, se debe identificar la naturaleza de la actuación a la que se le atribuye la
vulneración alegada, a efectos de verificar si existe o no un mecanismo judicial que
permita demandar la protección de los derechos fundamentales que se invocan,
pues no todos los actos que se expiden dentro de un concurso de méritos pueden
ser sometidos a escrutinio judicial, como aquellos de trámite o de ejecución3.
28. Lo anterior, no significa que, una vez determinada la existencia de otros medios
judiciales, la solicitud de amparo se torne improcedente de forma automática.
Resulta imperativo que el juez constitucional examine la idoneidad y eficacia del
2 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
3 Al respecto, ver sentencias SU-067 de 2022, T-081 de 2022, entre otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04988-01
Accionante: Leonardo Alfonso Moya Guaje
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
mecanismo identificado para conjurar la posible afectación de los derechos
fundamentales objeto de reclamo de cara a las circunstancias particulares del caso.
29. En el evento de encontrar que el instrumento judicial no es idóneo y eficaz se
activa la procedencia de la acción de tutela como mecanismo definitivo. La
intervención del juez constitucional también se habilita cuando se advierte que,
siendo idóneo y eficaz, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable4,
caso en el cual la solicitud de amparo procede de forma transitoria.
30. El caso que ocupa la atención de la Sala se dirige a controvertir la Resolución
EJR24-305 del 24 de junio de 2024, por medio de la cual se excluyó al accionante
del XI Curso de Formación Judicial que se adelanta en el marco de la Convocatoria
27, así como la Resolución EJR24-373 del 6 de agosto siguiente, que resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra esa decisión, para lo
cual el accionante tiene a su disposición el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho5.
31. Aunque la aludida convocatoria aún continúa en trámite, la Resolución EJR24-
373 del 6 de agosto de 2024 consolidó la situación jurídica del actor como
participante en el marco de esa actuación administrativa, en tanto lo excluyó de
manera definitiva del concurso, lo que otorga a dicho acto el carácter de definitivo y,
consecuentemente, la posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para discutir su validez.
32. EstaCorporación6 ha considerado que el carácter definitivo de un acto no
depende necesariamente de hallarse situado en el final del trámite, sino de los
efectos que el mismo genere de manera concreta en cada participante. En ese
sentido, cuando un acto administrativo impide a una persona continuar en el
concurso -como acontece en el caso de marras- se considera de carácter definitivo
con respecto a ella y en esa medida es susceptible de control ante el juez de lo
contencioso administrativo.
33. Además de permitirle debatir la presunción de legalidad de los actos acusados y
obtener el restablecimiento integral de sus derechos presuntamente vulnerados a
causa de su expedición, la acción de nulidad y restablecimiento también le otorga la
posibilidad al accionante de solicitar medidas cautelares en cualquier estado del
proceso, incluso antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda, como la
4 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
5 El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, establece que “Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (…)”.
6 Al respecto, ver sentencias del 2 de octubre de 2019 (exp. 66001-23-33-000-2016-00794-01), 5 de noviembre
de 2020 (exp. 25000-23-41-000-2012-00680-01), 3 de marzo de 2023 (exp. 11001-03-15-000-2023-00415-00),
entre otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04988-01
Accionante: Leonardo Alfonso Moya Guaje
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
suspensión provisional del acto o cualquier otra medida que considere necesaria
con el fin de garantizar -provisionalmente- el objeto del proceso7.
34. Por ende, el eventual tiempo que pueda llegar a tardar en decidirse ese asunto
mientras el concurso continúa en trámite, no resulta suficiente para cuestionar la
efectividad y eficacia del medio de control, habida cuenta que durante el curso del
proceso el demandante tiene a su disposición diferentes instrumentos jurídicos para
evitar la consumación o agravación de los daños que estima provienen de la
presunta transgresión de los derechos invocados, hasta tanto se adopte una
decisión definitiva.
35. En tales condiciones, para la Sala el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se constituye como el mecanismo judicial idóneo y
eficaz para perseguir la protección de los derechos fundamentales que la parte
actora estima vulnerados con ocasión de la decisión de haber excluido del concurso
de méritos.
36. Sin embargo, en el expediente no obra evidencia de que la parte actora haya
ejercido esa acción, ni ofreció razones válidas que justifiquen saltarse las vías
ordinarias que ha dispuesto el legislador para garantizar el ejercicio pleno de sus
derechos.
37. Aunado a lo anterior, tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
transitorio. Si bien le asiste razón al accionante al afirmar que para acreditar un
perjuicio de ese tipo no necesariamente debe demostrarse una afectación al mínimo
vital, máxime cuando ni siquiera fue alegado en la solicitud de amparo, lo cierto es
que la parte actora no probó un riesgo real de afectación a los derechos
fundamentales que fueron invocados, que no sea susceptible de ser reparado sin la
intervención del juez constitucional, pues para tales efectos se limitó a cuestionar la
eficacia y efectividad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
asunto que ya fue desvirtuado en precedencia.
38. Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 10 de octubre de 2024,
proferida por la Sección Quinta de esta Corporación.
39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
7 De conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 “En todos los procesos declarativos que se adelanten
ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso,
a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el
objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (...)”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04988-01
Accionante: Leonardo Alfonso Moya Guaje
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 10 de octubre de 2024 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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