Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04993-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04993-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04993-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
30 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04993-00
Accionante: Mario Arnobis Loaiza Gómez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad
humana, el debido proceso, el mínimo vital, a la igualdad, y a la
reparación administrativa.
Decisión: Declarar la improcedencia de la acción de tutela contra sentencia
de tutela por no cumplir los requisitos de la sentencia de
unificación SU - 627 de 2015.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela formulada por el señor Mario Arnobis Loaiza Gómez, en contra
de la Subsección A y B de la Sección Tercera del Consejo de Estado por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al
mínimo vital, al derecho a la igualdad, y a la reparación administrativa con ocasión
de la sentencia proferida el 28 de mayo y 30 de agosto de 2024 dentro del trámite
de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-01620-00 [01].
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Mario Arnobis Loaiza Gómez instauró acción de tutela en contra de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas por la presunta
vulneración de su derecho fundamental de petición, pues, aunque presentó una
solicitud el 14 de agosto de 2023 ante la entidad, adujo que no se le informó una
fecha, plazo o turno para el pago de la indemnización administrativa por su
condición de víctima de desplazamiento forzado, la cual fue reconocida a través
de la Resolución 04102019-955517 del 1° de diciembre de 2020.
3. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo de
Medellín, quien mediante providencia del 23 de octubre de 2023 amparó el
derecho fundamental de petición del señor Loaiza Gómez y le ordenó a la UARIV
resolver de fondo la solicitud presentada el 14 de agosto de 2023, en el sentido
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Acción de Tutela
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Accionante: Mario Arnobis Loaiza Gómez
de informarle al accionante una fecha aproximada en la cual le haría efectivo el
pago de la indemnización administrativa reconocida.
4. La decisión judicial anterior fue recurrida por la UARIV, quien mencionó que a
través del método técnico de priorización se determina la forma en que se efectúa
el pago de la indemnización administrativa, por lo que no es posible indicar una
fecha exacta de cumplimiento.
5. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la providencia
del 16 de noviembre de 2023, confirmó la decisión judicial anterior, al considerar
que la entidad debía brindar una respuesta cierta, completa, congruente y de
fondo al accionante, indicándole la fecha aproximada de pago de la
indemnización administrativa.
6. Posteriormente, ante el incumplimiento de la orden de tutela, la parte
accionante inició un incidente de desacato, el cual fue resuelto en primera
instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, mediante auto del 27
de noviembre de 2023, mediante el cual, sancionó con multa de tres (3) SMMLV
a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en calidad de directora técnica de
reparaciones de la UARIV.
7. No obstante, la UARIV manifestó la imposibilidad material de cumplir el fallo
de tutela, dado que no era factible referir los plazos aproximados de pago de la
indemnización administrativa. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó la decisión judicial recurrida el 14 de febrero de 2024, debido
a que la UARIV no acreditó el cumplimiento del fallo de tutela.
8. En consecuencia, la señora Sandra Viviana Alfaro Yara interpuso acción de
tutela contra esta última decisión, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
9. Por consiguiente, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante providencia del 28 de mayo de 2024 amparó los derechos
fundamentales invocados por la señora Alfaro Yara y dejó sin efectos los autos
de 14 de febrero y 21 de marzo de 2024, dentro del incidente de desacato
tramitado bajo el radicado 05001-33-33-004-2023-00458-00/01.
10. Adicionalmente, ordenó emitir una nueva decisión dentro de los 10 días
siguientes a la notificación de la providencia, al concluir que se configuraron las
causales específicas de procedibilidad por defecto sustantivo y desconocimiento
del precedente establecido en la sentencia SU 034 de 2018. Frente a esta
decisión, el señor Mario Arnobis Loaiza presentó memorial de impugnación.
Contra esta decisión se interpuso acción de tutela.
11. Finalmente, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a
través de la providencia del 30 de agosto de 2024, confirmó la decisión judicial
anterior en los mismos términos.
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2.2. Fundamentos jurídicos
12. El accionante manifestó que a la fecha no se ha cumplido con la orden de
tutela impartida el 17 de noviembre de 2023, así como tampoco con las
decisiones adoptadas en el incidente de desacato.
2.3. Pretensiones
13. La parte accionante solicitó:
«PRIMERO: solicito señores magistrados, que se protejan los derechos
constitucionales y fundamentales del señor MARIO ARNOBIS LOAIZA
GOMEZ, los cuales han sido conculcados y vulnerados por la UARIV
(SANDRA VIVIANA ALFARO YARA), que tienen su competencia para
cumplir las órdenes judiciales, sin embargo, las desacatan.
SEGUNDO: Le solicito muy encarecidamente señores magistrados que
se le ordene a la (UARIV), o a quien haga sus veces para que se le dé
cumplimiento al fallo de tutela que dio a favor de MARIO ARNOBIS
LOAIZA GOMEZ, por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL
DE MEDELLÍN y confirmado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA-SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN de fecha del 16 de
noviembre de 2023 con radicado 05001-33-33-004-2024-00458-01, que
a la fecha de hoy, la UARIV no ha acatado la orden que se dio a mi favor
en segunda instancia.
TERCERO: Consecuencialmente le solicito señores magistrados se
amparen todas las garantías constitucionales y se revoque la decisión
tomada en el fallo de tutela en referencia con radicado 11001-03-15-
000-2024-01620-00 calendado el 28 de mayo de 2024 en lo referente a
dejar sin efecto los autos del 18 de diciembre de 2023 y del 14 de febrero
de 2024 por desacato a fallo de tutela, ya que la orden judicial sigue
siendo desacatada por la entidad accionada sin ningún reparo.
Nuestro deseo no es que se les aplique la sanción a la funcionaria de la
UARIV (SANDRA VIVIANA ALFARO YARA) ya referida, si no que le
den cumplimiento al fallo de tutela a favor del señor MARIO ARNOBIS
LOAIZA GOMEZ, para que el derecho a la reparación no se quede en
el limbo; sin ninguna solución de fondo». (Sic a toda la cita)
2.4. Trámite procesal
14. La parte accionante presentó acción de tutela en contra del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, el mínimo vital, la igualdad, así como
también, al principio de dignidad, ocurrida con ocasión de la expedición de la
providencia del 28 de mayo de 2024 dentro del proceso de reparación de víctimas
con radicado 11001-03-15-000-2024-01620-00.
15. La acción de tutela fue admitida mediante el auto del 20 de septiembre de
2024, a través del cual se ordenó notificar a la Sección Tercera, Subsección B
como accionado, y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, al Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, y al Tribunal
Administrativo de Antioquia como terceros interesados en el resultado del
proceso.
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Accionante: Mario Arnobis Loaiza Gómez
16. El 17 de octubre de 2024 se discutió el proyecto de la tutela de referencia.
Sin embargo, en esta misma fecha, el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez
manifestó encontrarse incurso en la causal de impedimento consagrada en el
numeral 5.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que
sostiene una amistad íntima con la magistrada María Adriana Marín, quien
suscribió la providencia objeto de cuestionamiento.
17. En consecuencia, mediante auto del 23 de enero de 2025 se declaró fundado
el impedimento manifestado por el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez.
18. Finalmente, mediante auto del 8 de abril de 2025 se ordenó vincular a la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado por ser esta quien
profirió la decisión judicial que resolvió el trámite de tutela.
2.5. Intervenciones
19. El magistrado ponente de la Subsección B1, de la Sección Tercera del
Consejo de Estado solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por
no cumplir con los requisitos de procedencia de tutela contra sentencia de tutela
prevista en la sentencia SU 627 de 2015.
20. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas solicitó su desvinculación por cuanto no tiene injerencia en las
decisiones judiciales2.
21. No se presentaron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
22. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
23. Si bien la parte accionante dirigió la acción de tutela en contra de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, lo cierto es que la
decisión judicial que resolvió definitivamente el trámite de tutela cuestionado fue
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
providencia del 30 de agosto de 2024, por lo que de cumplirse los requisitos de
procedibilidad del mecanismo constitucional contra providencia judicial, esta Sala
únicamente se abordará el estudio de esta última providencia.
1 Índice 8 del aplicativo SAMAI.
2 Índice 10 del aplicativo SAMAI.
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Acción de Tutela
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Accionante: Mario Arnobis Loaiza Gómez
3.3. Problema jurídico
24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
establecer si se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial. En el evento en que así sea, se procederá a
establecer si la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a
través de la providencia del 30 de agosto de 2024 vulneró los derechos del señor
Mario Arnobis Loaiza Gómez al debido proceso, al mínimo vital, al derecho a la
igualdad, y a la reparación administrativa.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
25. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306
de 1992 y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
28. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
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constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
29. Ahora bien, es preciso poner de presente que, después de un largo período
en el que se determinó la improcedencia absoluta de la tutela contra sentencia
de tutela, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 627 de 2015, estableció el
carácter excepcional de este mecanismo de protección constitucional cuando se
pudiera constatar que se trata de un caso de fraude. En la referida providencia
señaló:
«4.3.1. Entre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales está el de que no se trate de una
sentencia de tutela. En la Sentencia SU-1219 de 2001, a partir de un
caso en el cual se cuestiona que la acción de tutela fallada por un juez
era improcedente, este tribunal planteó el siguiente problema
jurídico: “¿Puede interponerse una acción de tutela contra una
sentencia de tutela, alegando que se ha incurrido en una vía de
hecho?”. La respuesta fue negativa. Sin embargo, conviene no perder
de vista las particularidades del caso, que el propio tribunal destacó al
unificar su jurisprudencia sobre la materia, en los siguientes términos:
(…)
4.3.2. En este contexto, que es imprescindible para comprender la
Sentencia SU-1219, este tribunal fija la regla de la no procedencia de
la acción de tutela contra sentencias de tutela, que se funda en la
consideración de que es importante evitar que la sentencia de tutela
pueda ser objeto de la acción de tutela, pues con ello “la resolución del
conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la
seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos
fundamentales”. Así, pues, admitir una nueva acción de tutela “sería
como instituir un recurso adicional ante la Corte Constitucional para la
insistencia en la revisión de un proceso de tutela ya concluido”, lo que
es contrario a la Constitución y a las normas reglamentarias en la
materia. Y lo es, porque una vez ha concluido el proceso de
selección “opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional”, que
tiene un trato diferente respecto de la cosa juzgada no constitucional
(…)
4.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
sentencias de tutela en casos de fraude
4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la
regla de que la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede
ser absoluta. El principio de cosa juzgada no puede entenderse en
términos absolutos, pues en ciertas circunstancias, como cuando está
de por medio el principio de fraus omnia corrumpit, puede entrar en
tensión con el principio de justicia material, a partir del cual es posible
desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del
juez.
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En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva, es posible
distinguir dos partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la
orden específica y necesaria para garantizar el goce del derecho
protegido”. Respecto de la decisión, “el principio de cosa juzgada se
aplica en términos absolutos conforme a la inimpugnabilidad que la
caracteriza”, mientras que respecto de la orden, “se ha dicho que
puede ser complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo”.
En este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido
formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en
esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que
implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad”.
Este fenómeno es más grave cuando el fraude es cometido
directamente por el juez o con su anuencia. Con este fundamento, al
constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela que no fue
objeto de revisión, para evitar que esta se materialice, este tribunal
advirtió que si bien “no puede revocar esa providencia, lo que
implicaría hacer un análisis de fondo de la misma y transgredir las
consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite de revisión
en esta Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104
de 2007, “hacer que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún
valor jurídico, respetando la prohibición del non bis in ídem,
fundamentando su actuación en el precepto fraus omnia corrumpit”.
Esta medida – dejar sin efecto la sentencia del dos mil seis (2006) -,
para este caso particular, no supondría una afectación
desproporcionada a la cosa juzgada, pues la decisión disciplinaria
adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, data
del diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). Así, han
pasado menos de cinco años entre esa resolución y la presente
decisión. Igualmente, pasaron menos de cinco años entre el momento
de exclusión de revisión de la sentencia proferida por el juzgado de
Magangué y la fecha de selección para revisión de la acción de tutela
instaurada en el dos mil nueve (2009). En efecto, el auto de exclusión
fue proferido el diez (10) de abril de dos mil siete (2007), mientras que
esta causa fue seleccionada el once (11) de junio de dos mil diez
(2010). Como se observa, ambos términos son muy inferiores al
máximo que la legislación permite para el recurso extraordinario de
revisión en materia civil. Por lo mismo, a juicio de esta Sala, no existe
fundamento para considerar que esta medida, que protege al erario y
a la dignidad de justicia de un evidente fraude, sea excesiva frente a
la cosa juzgada. Finalmente, la Sala no se está refiriendo a si les asiste
o no derecho a recibir la pensión gracia a los demandantes, solo se
pronuncia sobre una causa específica en la cual se evidencia la
necesidad de aplicar el precepto que establece que el fraude lo
corrompe todo.
(…)
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando
se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si
ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una
actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la
regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia
ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o
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sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede
el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse
ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o
tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además
de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada;
(ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso
de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas
acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y
consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar,
notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda
de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se
trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha
sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener
la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en
el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional»3.
30. Realizado el análisis del escrito de tutela, en concordancia con los requisitos
previamente establecidos, se observa que el único argumento planteado por la
parte accionante deriva de su inconformidad con la decisión judicial adoptada.
31. Además, el señor Loaiza Gómez no identificó una causal específica que
justifique la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, ni
expuso circunstancias de fraude o cosa juzgada fraudulenta que puedan
evidenciar la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Situación
que tampoco es advertida por esta Sala de decisión.
32. En consecuencia, se recuerda al accionante que la improcedencia de la
acción de tutela frente a una providencia de la misma naturaleza se deriva del
criterio jurisprudencial consolidado, que ha reiterado la imposibilidad de
impugnar, mediante la acción constitucional, una sentencia dictada en el marco
de una acción de tutela previa.
3Corte Constitucional, sentencia SU 627 de 2015, magistrado ponente: Mauricio González
Cuervo.
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Accionante: Mario Arnobis Loaiza Gómez
33. Lo anterior, dado que aceptar una postura contraria implicaría que la
resolución del conflicto se extendiera de manera indefinida, en detrimento tanto
de la seguridad jurídica como del efectivo goce de los derechos fundamentales,
principios fundamentales orientados a garantizar una protección clara, estable y
oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales se encuentren
vulnerados o amenazados.
34. En virtud de lo anterior, al no acreditarse el cumplimiento de los requisitos
previamente señalados, esta Sala de Subsección procederá a declarar la
improcedencia de la acción de tutela, en atención a las consideraciones
expuestas.
35. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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