RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04997-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04997-01

Acción de tutela contra providencia judicial: relevancia constitucional /

Fecha
13 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04997-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 24 de octubre de 2024, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por los señores Héctor Cabrera, Héctor Andrés Cabrera Fajardo, Juan David Cabrera Fajardo, Luisa Fernanda Cabrera Fajardo, Héctor Fabio Cabrera Gaona, Luis Germán Cabrera Gaona, Diana Marcela Cabrera Gaona, Yolanda Fajardo, Amparo Cabrera de Sáenz, Piedad del Carmen Ávila Cabrera, Maribeth Ávila Cabrera y Nancy Cabrera en contra del Tribunal Administrativo de Caquetá – Sala Cuarta de Decisión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04997-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

13 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04997-01

Accionante: HÉCTOR CABRERA Y OTROS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Relevancia constitucional /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple cuando el accionante emplea la tutela
como una instancia adicional para formular sus desacuerdos contra el fallo cuestionado /
INSTANCIA ADICIONAL – Asegura que el mecanismo de protección constitucional
preserve sus propósitos tuitivos y no se convierta en un juicio de corrección de la
providencia judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante
contra la sentencia del 24 de octubre de 2024, mediante la cual la Sección Cuarta
de esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela en relación con una
de las causales específicas de procedibilidad, y negó el amparo respecto de las
demás1.

I. A N T E C E D E N T E S
La demanda

1. El 17 de septiembre de 2024, los señores Héctor Cabrera, Héctor Andrés
Cabrera Fajardo, Juan David Cabrera Fajardo, Luisa Fernanda Cabrera Fajardo,
Héctor Fabio Cabrera Gaona, Luis Germán Cabrera Gaona, Diana Marcela Cabrera
Gaona, Yolanda Fajardo, Amparo Cabrera de Sáenz, Piedad del Carmen Ávila
Cabrera, Maribeth Ávila Cabrera y Nancy Cabrera (en adelante, los actores, los
accionantes o los demandantes) formularon, mediante apoderado, acción de tutela2
en contra de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá (en
más, TAC o el Tribunal), con el fin de que les fuesen amparados los derechos
fundamentales de libertad, debido proceso, igualdad, y acceso a la administración
de justicia.

1
Que ingresó para fallo el 28 de noviembre de 2024.
2
Índice SAMAI primera instancia, núm. 2, archivo “5ED_Demanda(.pdf)”.
1

Radicación número: 11001-03-15000-2024-04599-01
Accionante: Héctor Cabrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Hechos relevantes

2. El señor Héctor Cabrera fue procesado por los delitos de peculado por
apropiación, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y
falsedad ideológica en documento público. El Juzgado Único Promiscuo de Puerto
Rico (Caquetá) impuso medida de aseguramiento en su contra el 31 de marzo de
2011, y duró recluido hasta el 9 de agosto de 2011, fecha en que se ordenó su
libertad por vencimiento de términos. Posteriormente, el investigado fue absuelto.

3. Los accionantes iniciaron un proceso ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo para que, a través de reparación directa, se declare la
responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación y de la Nación –
Rama Judicial por la privación injusta de la libertad del señor Cabrera. En sentencia
de primera instancia del 24 de septiembre de 2021, el Juzgado Primero
Administrativo de Florencia concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.
Empero, en fallo de segundo grado del 13 de marzo de 2024, el TAC revocó la
providencia apelada y negó las súplicas de los actores.

Pretensiones

4. Los demandantes solicitaron lo siguiente [se transcribe textualmente con
posibles errores e imprecisiones, y negrillas originales]:

“De la forma más respetuosa solicito a los honorables magistrados del
Consejo de Estado, AMPARAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES
QUE AQUÍ SE INVOCAN y, garantizar en consecuencia el derecho a la
REPARACION DE LOS PERJUICIOS a que tienen derechos todos y cada uno
de mis poderdantes, demandantes en el medio de control que nos concita,
para lo cual pueden: como primera alternativa: declarar la nulidad de la
sentencia por incurrir en los yerros que en esta acción de tutela se destacan,
ordenando al Tribunal Administrativo del Caquetá, que, dentro de un plazo
perentorio, emitan la sentencia de remplazo, donde se acojan las
pretensiones de la demanda; o, como segunda alternativa: (nulitar todo lo
actuado), a partir del momento en el que el Tribunal Administrativo del
Caquetá, apartó del conocimiento en ponencia a la señora Magistrada,
doctora YANNETH REYES VILLAMIZAR, por considerar infundadas las
razones bajo las cuales fue apartada del conocimiento del caso, instándola
respetuosamente a presentar proyecto de fallo dentro de un término
prudencial, en el cual retome las razones de su salvamento de voto y, proyecto
de fallo que le fuere vetado infundadamente por sus pares en sala y, como
tercera alternativa (la cual considero más viable): teniendo en cuenta que,
esa alta corporación (CONSEJO DE ESTADO), COMO MÁXIMO ORGANO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ORAGANO DE CIERRE) dentro de la
JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, con competencia
natural para ello, EMITA LA CORRESPONDIENTE SENTENCIA DE
REMPLAZO, en la cual se acojan las pretensiones de la demanda
administrativa. En cualquiera de estas alternativas, ha de reconocerse la
indemnización para todos los demandantes y, obligando a pagar a cada una
2

Radicación número: 11001-03-15000-2024-04599-01
Accionante: Héctor Cabrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

de las demandadas (AMBAS), en proporción de un 50% para cada una de
ellas y, en favor de todos y, cada uno de los demandantes, como mínimo, por
los valores reconocidos en la sentencia de primera instancia.”.

Fundamentos de la demanda de tutela

5. A juicio de los actores, la decisión del TAC violó sus derechos fundamentales.
Así mismo, consideran que el asunto reúne los requisitos generales de
procedibilidad, específicamente el de relevancia constitucional toda vez que la
decisión cuestionada desconoció abiertamente el derecho de la libertad que fue
injustificadamente vulnerado por las entidades demandadas en reparación directa,
en tanto la restricción careció de motivación y de proporcionalidad. También cumple
con el requisito de inmediatez porque la tutela contra la providencia judicial fue
formulada dentro del plazo razonable desarrollado para estas circunstancias.

6. En cuanto a los vicios concretos del fallo, los accionantes consideran que el
TAC incurrió en: (i) defecto material o sustantivo porque, según las sentencias de
unificación que invocó para fundamentar la decisión, siempre se “debe indemnizar
cuando se colija que el delito NO EXISTIÓ”; (ii) defecto procedimental absoluto, en
tanto la Colegiatura demandada inexplicablemente desatendió los argumentos del
salvamento de voto que sugería confirmar la sentencia condenatoria de primera
instancia; y (iii) defecto fáctico, al considerar que el proveído cuestionado consideró
erróneamente que existieron elementos materiales probatorios para justificar la
medida de aseguramiento cuando, en realidad, estos nunca fueron descubiertos por
el ente acusador.

Trámite en primera instancia

7. Mediante auto del 20 de septiembre de 20243, el despacho sustanciador
admitió la tutela de la referencia y ordenó comunicar el trámite a la parte accionada,
y a los terceros con interés en el asunto, a saber, a la Jueza Primera Administrativo
de Florencia, la Fiscalía General de la Nación, y la Rama Judicial.

Intervenciones

8. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 pidió ser desvinculada del
trámite de tutela puesto que la llamada a intervenir era la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva. Así mismo, expresó que el amparo
constitucional no debía prosperar puesto que el Tribunal no profirió una decisión
arbitraria o caprichosa y, por ende, no vulneró los derechos fundamentales de los
accionantes.

3
Índice SAMAI tutela primera instancia, núm. 4.
4
Índice SAMAI tutela primera instancia, núm. 8.
3

Radicación número: 11001-03-15000-2024-04599-01
Accionante: Héctor Cabrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

9. La Jueza Primera Administrativa de Florencia5 allegó la documentación del
expediente de reparación directa, y sostuvo que las determinaciones adoptadas por
su Despacho “fueron tomadas bajo la perspectiva legal y jurisprudencial vigente
para el momento de proferir la decisión correspondiente al caso analizado”.

10. La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación
sostuvo6 que carecía de legitimación en causa por pasiva porque los hechos de la
tutela no tienen relación de causalidad con una acción u omisión que se le pueda
atribuir. En su parecer, los accionantes no sustentaron de manera suficiente las
razones para considerar que existió una violación de derechos fundamentales, ni
desarrolló las causales específicas invocadas. Por ende, debía declararse la
improcedencia de la acción.

11. El TAC no se pronunció sobre las peticiones y razonamientos de la acción
constitucional formulada en su contra.

La sentencia de primera instancia

12. En decisión7 del 11 de octubre de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por “desconocimiento del
precedente”, y lo denegó respecto de los “defectos procedimental absoluto y
fáctico”.

13. La improcedencia de la acción de tutela fue soportada en que la “parte actora
no identificó las sentencias que supuestamente desconoció la autoridad judicial
demandada, ni tampoco señaló en qué consistía interpretación errónea de las
providencias aplicadas en el caso objeto de estudio”. Así, respecto de este
señalamiento, no se cumplió con la carga mínima argumentativa necesaria para
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

14. Con todo, la Sección Cuarta consideró que los demás “vicios de fondo sí
cumplen con este requisito”, ya que el asunto no plantea una instancia adicional
“puesto que la decisión de primera y segunda instancia fueron adoptadas en
sentidos opuestos”, no versa sobre aspectos de orden legal o económico, y la
sustentación de los actores sí daba cuenta de que la posible configuración de los
otros defectos advertidos podía vulnerar los derechos fundamentales que invocó.
Además, la demanda cumplió con la exigencia de inmediatez porque, entre la
notificación de la sentencia del TAC y la fecha del escrito de tutela no habían pasado
más de seis meses; fueron agotados los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios; se “identificó de manera razonable los hechos que generan la
amenaza o vulneración del derecho fundamental”, y el objeto del amparo
constitucional no es un fallo de tutela.

5
Índice SAMAI tutela primera instancia, núm. 9.
6
Índice SAMAI tutela primera instancia, núm. 10.
7
Índice SAMAI tutela primera instancia, núm. 13.
4

Radicación número: 11001-03-15000-2024-04599-01
Accionante: Héctor Cabrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

15. Al analizar el defecto fáctico alegado, el pronunciamiento indicó que el
análisis probatorio de la autoridad demandada no fue indebido porque “no se separó
de los hechos debidamente probados en el proceso de reparación directa ni se trata
de una decisión que vaya en contravía de la evidencia”.

16. Por último, en relación con el defecto procedimental absoluto, este fallo de
tutela encontró “que la sentencia cuestionada […] fue adoptada por la mayoría de
los miembros que conformaban el Tribunal […], como lo exige el artículo 54 de la
Ley 270 de 1996”.

Impugnación

17. El apoderado de los accionantes se opuso la decisión de primer grado8. En
primera medida, expresó que la relevancia constitucional del cargo del
desconocimiento de precedente sí fue adecuadamente sustentada porque expuso
ampliamente que el Tribunal “TERGIVERSÓ EL ALACANCE [sic] DE DICHA
JURISPRUDENCIA”, mientras que el salvamento de voto al fallo objetado la
interpretó apropiadamente. Agrega que la trascendencia de este señalamiento
también está dada por el carácter esencial del derecho a la libertad del señor Héctor
Cabrera que, en su parecer, fue claramente desconocido por el Tribunal accionado
al negar la reparación de perjuicios.

18. Por otro lado, se afirma que, al no amparar los derechos invocados, la
decisión de la Sección Cuarta “COHONESTA […] con las abruptas falacias del
Tribunal”, en tanto respalda la tesis que comprendió el carácter necesario, urgente
y motivado de la medida de aseguramiento padecida por el afectado. Consideró que
los argumentos de su tutela dejan “al descubierto en forma suficiente todas y cada
una de las falsedades con las que el Tribunal soportó la sentencia administrativa”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

19. Esta Sala de Subsección modificará la providencia impugnada y, en su lugar,
declarará que la acción de tutela es completamente improcedente en el caso
concreto, toda vez que la petición de amparo carece, en su totalidad, de relevancia
constitucional9, en tanto expresa exclusivamente la inconformidad de los

8
Índice SAMAI tutela primera instancia, núm. 21.
9
“Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las
partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios.
// El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de
tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales.
No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. […] El segundo elemento supone que el
procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en
caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será
rechazarla o declararla improcedente.”: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
5

Radicación número: 11001-03-15000-2024-04599-01
Accionante: Héctor Cabrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

accionantes con la fundamentación fáctica y jurídica de la providencia atacada, y
busca una instancia judicial adicional.

20. Según la Corte Constitucional, la acción de tutela no está diseñada para
reabrir debates jurídicos y probatorios ya definidos por los jueces naturales de la
controversia, y en esa medida, los operadores deben impedir el uso abusivo del
mecanismo de protección constitucional cuando se encuentre que el propósito de
su utilización entraña la discusión de los basamentos legales, jurisprudenciales o
probatorios de la providencia judicial, más no la salvaguardia de derechos
fundamentales. Así, dicha Corporación comprende:

“… la tutela contra providencias judiciales como un “juicio de validez” y no como
un “juicio de corrección” del fallo cuestionado.10 Este enfoque impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley
que dieron origen a la controversia judicial. En el marco de cada proceso, las partes
cuentan con los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el
legislador para combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o
incompatibles con sus derechos. Si luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales”11.

21. Así, cuando se auscultan las razones de la solicitud de amparo para evaluar
si éstas carecen de relevancia por comportar la búsqueda de una “instancia
adicional”, no refiere necesariamente al exceso de oportunidades para plantear la
solución de un conflicto ante los jueces (“tercera instancia”) sino también al deber
de controlar que esta herramienta especial de protección reemplace los recursos
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el ordenamiento jurídico. En últimas, este
requisito desarrolla el deber de respetar el propósito de la acción de tutela como
medio de protección de derechos fundamentales, vedando la posibilidad de que
cualquier argumento de oposición a la providencia judicial discutida ocasione la
intromisión del juez constitucional en lo que compete a los jueces ordinarios. En
palabras de la jurisprudencia:

“… la acción de tutela está reservada para aquellos eventos en los cuales se presente
una verdadera vulneración de un derecho fundamental, lo cual suele traducirse en
actuaciones arbitrarias, ostensiblemente opuestas al ordenamiento jurídico, al punto
de requerirse la intervención del juez de tutela como única vía para su
restablecimiento, pues de otra forma el instrumento de amparo consignado en el
artículo 86 superior habría de convertirse en un mecanismo de enmienda de las
decisiones judiciales, interpretación que resulta por completo ajena a la especial
naturaleza con la cual ha sido concebida la acción de tutela.

Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). C.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
“Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger”. (cita núm. 42
original del fallo invocado).
11
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-128 del 6 de mayo de 2021. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
6

Radicación número: 11001-03-15000-2024-04599-01
Accionante: Héctor Cabrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

En esta misma línea, esta Corte ha realzado que la circunstancia de que el juez de
tutela pueda, por rigurosa excepción, revisar una decisión judicial tildada de arbitraria,
no lo convierte en juez de instancia, ni puede llevarle a sustituir a quien lo es. En
efecto, el amparo constitucional constituye una confrontación de la actuación judicial
con el texto superior, para la estricta verificación del cumplimiento y garantía de los
derechos fundamentales, que no puede conducir a que se imponga una interpretación
de la ley o una particular forma de apreciación probatoria, que se considere más
acertada a la razonadamente expuesta en el proceso y en la sentencia respectiva”12.

22. En el caso concreto, la sentencia del TAC del 13 de agosto de 202413,
sustentó, con fundamento en lo manifestado por la Corte Constitucional en
sentencias SU-072 del 5 de julio de 201814, y SU-363 del 22 de octubre de 202115,

12
Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Sentencia T-030 del 25 de enero de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 13
En: Expediente Onedrive del proceso de reparación directa 18001-3333-001-2018-00315-00,
archivo “002SENTENCIASEGUN_S2RD2018031501PINJUS”. 14
M.P. José Fernando Reyes Cuartas. El TAC citó textualmente estos apartes del fallo: “Lo anterior
significa que los adjetivos usados por la Corte definen la actuación judicial, no el título de imputación
(falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir
la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más
que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del
entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció
una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del
artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse
limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado
a los particulares. (…) De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en
el examen individual de cada caso(sic), como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para
establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y
desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse. (…) 105. Esta Corporación
comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no
existió o la conducta era objetivamente atípica- es posible predicar que la decisión de privar al
investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es
factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico
se demuestra sin mayores esfuerzos. (…) 106. Así las cosas, los otros dos eventos definidos por el
Consejo de Estado como causas de responsabilidad estatal objetiva –el procesado no cometió la
conducta y la aplicación del in dubio pro reo- exigen mayores esfuerzos investigativos y probatorios,
pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal o del juez mayores disquisiciones para definir si
existen pruebas que permitan vincular al investigado con la conducta punible y presentarlo como el
probable autor de la misma. 107. Así las cosas, incluir la absolución en ese caso o cuando, por
ejemplo, no se logra desvirtuar la presunción de inocencia; concurre una causal de ausencia de
responsabilidad como la legítima defensa o el estado de necesidad; o la conducta, a pesar de ser
objetivamente típica, no lo era desde el punto de vista subjetivo, en los eventos en los cuales es
indiscutible la responsabilidad estatal, además de negar los principios que la determinan, soslaya
que tales circunstancias están determinadas por juicios esencialmente subjetivos. 15
M.P. Alberto Rojas Ríos. Los apartados trascritos por el TAC fueron los siguientes: “131. Para el
presente caso, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 establece que quien haya sido privado
injustamente de la libertad podrá demandar al Estado por reparación de perjuicios. Esta disposición
debe leerse en bloque con distintos instrumentos internacionales, los cuales contemplan tres
obligaciones esenciales para los Estados: a) respetar la libertad como bien inalienable de las
personas; b) tener dispositivos normativos que regulen los recursos judiciales a través de los cuales
el ciudadano pueda rebatir la afectación de su libertad y que tengan la vocación de restablecerla y;
c) contar con un sistema de normas que defina con precisión las circunstancias y reglas a partir de
las cuales se puede restringir el derecho a la libertad. 132.

Asimismo, esta Corporación ha
interpretado el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 conforme a criterios interamericanos, los cuales
han indicado distintos escenarios donde se configura detención arbitraria. Así, una detención puede
entenderse como arbitraria, aun pese a ajustarse a estándares legales, cuando se revisan posibles
7

Radicación número: 11001-03-15000-2024-04599-01
Accionante: Héctor Cabrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

y por esta Subsección16, que debía examinarse “inexcusablemente la razonabilidad,
proporcionalidad y necesidad de la medida de restricción que origina la privación de
la libertad y así determinar la existencia del daño antijurídico y su imputación fáctica
y jurídica”, tomando como referencia lo dispuesto en los artículos 307 y 308 de la
Ley 906 de 2004.

23. Seguidamente, el Tribunal encontró probado que: (i) el señor Héctor Cabrera,
quien fuera secretario del municipio de Cartagena del Chairá, fue cobijado por
medida de aseguramiento impuesta el “26 de noviembre de 2010” por el “Juez Único
Promiscuo de Puerto Rico”; (ii) la captura fue legalizada el 31 de marzo de 2011 por
el “Juzgado Primero Penal con función de control de garantías”; (iii) el 9 de agosto
de 2011, el “Juzgado Segundo Municipal de Florencia con función de control de
garantías” ordenó liberar al procesado “por vencimiento de términos”; y (iv) que el
“Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia” absolvió al señor Cabrera, en
decisión ratificada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia.

24. Ahora bien, al estudiar la antijuridicidad del daño, la Colegiatura demandada
indicó que no contaba con soportes audiovisuales o escritos de la actuación judicial
adelantada por el “Juez Único Promiscuo de Puerto Rico”, en la que se impuso la
restricción de la libertad. Sin embargo, a partir de los elementos que sí obran en el
expediente, el TAC afirmó contar con “los elementos de juicio necesarios que le

afectaciones a las garantías judiciales y la dignidad humana, o si se presenta un desconocimiento
de los subprincipios de finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. 133.
A partir de estos criterios, la Corte Constitucional define la privación injusta de la libertad como toda
aquella actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de
forma tal que se torne evidente que la privación no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme al
derecho. 134. La figura de privación injusta de la libertad no se sujeta, a su vez, a algún título de
imputación en concreto. Como lo ha sostenido esta Corporación, la privación injusta de la libertad
requerirá de la apreciación de unas circunstancias para determinar el régimen aplicable; sin
embargo, existen algunos escenarios, en los cuales se puede entender que opera el régimen
objetivo, tales como la inexistencia del hecho o que se determine que la conducta era atípica. Según
la jurisprudencia, [d]e esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el
examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para
establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y
desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse”.
16
El fallo invoca al “CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN. Bogotá D.C.,
dos (2) de julio de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 05001233000201200718 01
(54893). Actor: FEDERICO ANTONIO TABORDA ADARVE Y OTROS. Demandado: NACIÓN –
RAMA JUDICIAL Y OTRO”, del cual trascribe dos de sus consideraciones: (i) ““En el mismo sentido
precisa que en determinados eventos, entre los cuales hace referencia a la absolución por in dubio
pro reo, no se acreditó el dolo o se declaró atipicidad subjetiva, la aplicación automática de un
régimen de responsabilidad objetiva, sin que medie un razonamiento sobre si la privación de la
libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria vulnera el precedente
constitucional con efectos erga omnes, esto es la sentencia C-037 de 1996” ; (ii) “Con fundamento
en todo lo anterior, en que el artículo 90 no define un título de imputación, la Corte Constitucional
señala que en la sentencia C-037 de 1996 se concluyó que, cualquiera que sea el régimen a aplicar,
la calificación de injusta de una privación de la libertad, implica necesariamente “definir si la
providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o
juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho”.
8

Radicación número: 11001-03-15000-2024-04599-01
Accionante: Héctor Cabrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

permiten conocer cuáles fueron las razones de hecho y derecho que la Fiscalía
atendió para proferirlas”17.

25. Luego, rememoró que el señor Cabrera fue procesado, entre otros, por el
delito de “celebración de contratos sin los requisitos legales”, dado que en “tres
procesos pre-contractuales se adelantaron a través de la selección abreviada,
alegando una contratación de menor cuantía, cuando se imponía la subasta inversa
por la calidad de los bienes objeto del contrato y sin atender la cuantía”. En ese
orden de ideas, el Tribunal observó que, en tres contratos donde el contratista
confesó haber cobrado los dineros del contrato y firmado la entrega a satisfacción
sin cumplir con los objetos pactados, el afectado participó en el “Comité Verificador”
de los procedimientos de selección como “secretario de gobierno”, por lo que
“existía una inferencia razonable de autoría o participación” y así las cosas:

“La medida de aseguramiento era necesaria para conjurar el riesgo de
reiteración de conductas similares, entendiendo que el acusado ostentaba el
cargo de empleado público.

Se evidencia además que en esas circunstancias es posible considerar la
gravedad de estas conductas, toda vez que afectan la inversión social.

En consecuencia, lo que se quiere dar a entender es que, con el ánimo de
guardar el patrimonio público, para el caso se encontraba frente a un
imperativo legal frente al cual, como se sabe, lo que correspondía era su
cumplimiento traducido en la imposición de la medida preventiva.

[…] En ese sentido se concluye que, la medida impuesta tampoco desbordó
los criterios de proporcionalidad inherentes a la adopción de este tipo de
decisiones, toda vez que existían indicios de responsabilidad en su contra.

Es así como, estando acreditado que la actuación penal tuvo su inicio en unas
las irregularidades encontradas en contratos celebrados en el municipio de
Cartagena del Chairá y de las pruebas legalmente recaudadas por la fiscalía,
se desprende que la medida fue debidamente decretada.

Hasta aquí, estando demostrado como probable la ocurrencia de los hechos
al momento en que se solicitó y se impuso la medida, se considera que la
misma fue razonable, proporcional y se ajustó de acuerdo a las exigencias
legales. No es posible, entonces, tener por acreditado el daño antijurídico

17
En este punto, la sentencia cuestionada vía tutela cita el fallo que esta Subsección adoptó el 16
de diciembre de 2020, en el expediente rad. 41001-23-31-000-2007-00312-01(57033) (C.P. José
Roberto Sáchica Méndez), en cuyas consideraciones se expuso: “En este punto, se aclara que, si
bien en la foliatura no obran copias de las decisiones mediante las cuales la Fiscalía General de la
Nación impuso la medida de aseguramiento y profirió la resolución de acusación y de ellas solo se
conocen las fechas en que fueron proferidas -21 de febrero de 2003 y 7 de febrero de 2004- y cuando
fueron notificadas, lo cierto es que el referente probatorio que se puso de presente en el acápite
anterior resulta ilustrativo respecto del escenario fáctico y probatorio que precedió a tales decisiones
y que sirvió de fundamento a las mismas, por tanto, pese a la anunciada orfandad probatoria, la Sala
cuenta con los elementos de juicio necesarios que le permiten conocer cuáles fueron las razones de
hecho y derecho que la Fiscalía atendió para proferirlas”.
9

Radicación número: 11001-03-15000-2024-04599-01
Accionante: Héctor Cabrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

primero de los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado
por privación injusta de la libertad”.

26. A partir de las motivaciones referidas, es evidente que las argumentaciones
traídas en tutela manifiestan en realidad la discrepancia que mantienen los
accionantes con los fundamentos de la providencia, todo ello basado en el
salvamento de voto de uno de los integrantes de la Sala de Decisión del Tribunal18
que, al margen de tratarse de un ejercicio razonado de disentimiento con la posición
mayoritaria, no sirve por sí solo para justificar la tutela contra la providencia judicial
adoptada por la autoridad accionada, y menos aún para sustentar un defecto
específico del pronunciamiento19.

27. Así mismo, lo que fue denunciado como un yerro en la aplicación de las
posturas jurisprudenciales unificadas en materia de privación injusta de la libertad,
denota más bien la inconformidad de los actores con la lectura que el TAC expresó
sobre dichos pronunciamientos, lo que en modo alguno exhibe una abierta
contrariedad con los derechos fundamentales de los demandantes.

28. Por su parte, el cargo sobre la apreciación probatoria revela que, a juicio de
los accionantes, debía optarse por un ejercicio estimatorio distinto, en el que los
elementos de convicción que den cuenta de la conculcación del derecho cuya
reparación se persigue tuvieran un mayor peso sobre aquellos que concluyeron en
la proporcionalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento. En ningún
segmento de esta argumentación destella una vulneración ostensible del
ordenamiento superior.

18
Expediente Onedrive proceso de reparación directa. Archivo:
“004SALVAMENTODEV_RD20150076201RAMAFIS”. De acuerdo con el salvamento, la
antijuridicidad del daño no fue cuestionada en los recursos de apelación, por lo que el Tribunal “debió
ceñirse a analizar la responsabilidad de las entidades demandadas y no analizar de nuevo la
configuración del daño y su antijuricidad, comoquiera que no eran objeto de reproche en esta
instancia, máxime cuando media una decisión del juez natural, mediante la cual se absolvió de los
cargos endilgados al demandante”. Además, consideró que tanto la Rama Judicial como la Fiscalía
General de la Nación estaban llamadas a responder. La primera, porque “concurrió de manera
directa en la privación de la libertad”; la segunda, porque solicitó la medida de aseguramiento sin
que se dieran los presupuestos para ello.
19
Sobre el particular, la jurisprudencia ha indicado que la identificación de los hechos que generaron
la vulneración, y de la forma como se produjo esa violación, basada en salvamentos de voto, no
logran satisfacer la carga argumentativa exigible a quienes acuden al mecanismo de protección
constitucional. Así, se ha sostenido que “el accionante tiene la obligación de explicar con suficiencia
el alcance del mismo y el juez debe verificar si resulta adecuado y ajustado a Derecho aplicarlo al
caso concreto, en especial realizando un análisis analógico de los hechos. Igualmente, no es posible
alegar que un precedente judicial se desconoció a partir de la existencia de múltiples salvamentos
de votos. Aunque estas actuaciones judiciales disidentes juegan un papel valioso en la evolución de
la decisión judicial, no pueden considerarse como vinculantes pues solo la decisión adoptada por la
mayoría lo es” (Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-264 del 7 de mayo de 2015. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado). Así mismo, en otro pronunciamiento, se expresó: “Es cierto que bajo el
entendimiento de que la acción de tutela se rige por el principio de informalidad, ajeno a complejas
exigencias técnicas, la Corte ha acometido en diversas ocasiones el estudio de los posibles defectos
plasmados en una providencia judicial, intentando así interpretar de manera razonable las quejas de
los peticionarios; sin embargo en este caso, la “técnica” empleada por el accionante se aprecia en
exceso espúrea al presentar sus cargos a través de las notas de un salvamento de voto que
representaba una voz minoritaria dentro de un proceso ordinario”. (Corte Constitucional. Sala
Novena de Revisión. Sentencia T-887 del 24 de noviembre de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
10

Radicación número: 11001-03-15000-2024-04599-01
Accionante: Héctor Cabrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

29. Así las cosas, la Sala modificará el fallo que adoptó la Sección Cuarta de la
Corporación y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela en el
presente asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 24 de octubre de 2024, por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, para en su lugar DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por los señores Héctor Cabrera,
Héctor Andrés Cabrera Fajardo, Juan David Cabrera Fajardo, Luisa Fernanda
Cabrera Fajardo, Héctor Fabio Cabrera Gaona, Luis Germán Cabrera Gaona, Diana
Marcela Cabrera Gaona, Yolanda Fajardo, Amparo Cabrera de Sáenz, Piedad del
Carmen Ávila Cabrera, Maribeth Ávila Cabrera y Nancy Cabrera en contra del
Tribunal Administrativo de Caquetá – Sala Cuarta de Decisión, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.