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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05010-00

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05010-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del presidente de la República y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor Darío Cañas Cantillo para representar los derechos de Fedeartes en la acción de tutela de la referencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05010-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

24 de octubre de 2024

Demandante: Federación Nacional de Artistas
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05010-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05010-00
Demandante: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARTISTAS
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo – declara la falta de legitimación en la
causa por activa – Se debe ejercer por el titular de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados –
ausencia de prueba que acredita la representación legal

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por la Federación Nacional de
Artistas - Fedeartes contra el presidente de la República y otros, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La Federación Nacional de Artistas - Fedeartes, a través de quien aduce ser el
representante legal1, presentó acción de tutela2 con el fin de que se ampare su
derecho fundamental a la igualdad, garantía que consideró transgredida con
ocasión de la presunta falta de control y vigilancia por parte del presidente de la
República a través de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de
Derechos de Autor, respecto de la Sociedad de Autores y Compositores
(Sayco), la Asociación Colombiana de Intérpretes y Compositores (Acimpro) y la
Organización Sayco – Acimpro (OSA).

1 Darío Cañas Cantillo.
2 Con escrito presentado el 19 de septiembre de 2024.

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Demandante: Federación Nacional de Artistas
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1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda fueron las siguientes:

a) Que se ordene al Presidente de la República, que por su conducto se impartan
urgentes instrucciones a la DNDA a efecto de utilizar sus funciones de vigilancia,
inspección y control, sobre las sociedades de gestión colectiva y entidad
recaudadora, para conjurar las amenazas a mis derechos parámetros del Decreto
No.160 de 2014, además de hacerla extensiva al SENA.

b) Que se ordene a la DNDA, implementar las acciones necesarias para evitar
que se siga otorgando privilegios ilegales a las SGC Sayco y Acinpro, así como a
la entidad recaudadora OSA, que sirvan para acrecentar su evidente y
gigantesca Posición de Dominio en el mercado de recaudo de los derechos de
autor3

De otro lado, el señor Darío Cañas Cantillo quien adujo que ser el
representante legal de Fedeartes solicitó que se le tenga como coadyuvante.

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El extremo actor indicó que es un «denominado Gestor Individual de Derechos
patrimoniales de Autor de obras musicales» que cuenta con participación en el
mercado colombiano de «cobro y recaudo», por lo que agencia los derechos de
sus afilados.

Advirtió que el 1. ° de marzo de 1999, las sociedades Sayco, Acimpro y la
Organización Sayco Acinpro [OSA] celebraron un contrato de mandato con
representación en donde las dos primeras tenían la calidad de mandantes, y la
última, de mandataria para ejercer la recaudación de los derechos de autor y
conexos.

Informó que, a su juicio, el referido contrato no se encuentra surtiendo efectos
por cuanto tenía una duración de 3 años que finalizaron el 1. ° de marzo de
2002, nunca fue renovado y, de conformidad con la Ley General de Derechos
de Autor, se prohíbe que los mandatos tengan un término superior al
mencionado.

3 Cita del texto original con posibles errores.

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1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora indicó que Fedeartes es una gestora individual de derechos
patrimoniales de autor de obras musicales, gestión que está sustentada en las
sentencias C-509 de 2004, C-424 de 2005 y C-833 de 2007 de la Corte
Constitucional, en las cuales se señala que las sociedades de gestión colectiva
no son un monopolio para el cobro y el recaudo «en la medida que también
puede ser realizada por las formas asociativas distintas o por los autores en
forma individual».

En ese orden, reprochó la vulneración a su derecho a la igualdad en atención a
que, deben cumplir con los requisitos establecidos en el parágrafo del artículo
2.6.1.2.1. del Decreto 1066 de 2015 expedido por el Presidente de la República,
en el cual se establece que las autoridades administrativas y de policía solo
«exigirán y aceptarán autorizaciones y comprobantes de pago expedidos por
personas diferentes a las sociedades de gestión colectiva […] y/o de la entidad
recaudadora, cuando se individualice el repertorio de obras […] y se acredite
que la mima es la titular o representante del titular de tales obras o
prestaciones».

En criterio de la entidad actora, si bien la referida norma no le impone el deber
de demostrar ante las autoridades los comprobantes de pago a las gestoras
colectivas, lo cierto es que las entidades demandadas deben cumplir con la ley
en relación con los derechos de autor, particularmente, en lo que atañe a la
duración de los contratos que suscriben para el recaudo de estos, junto con la
inscripción ante la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de
Autor.

Adujo que las gestoras colectivas están bajo la inspección, vigilancia y control
del presidente de la República a través de la Unidad Administrativa Especial
Dirección Nacional de Derechos de Autor, de conformidad con lo estipulado en
la Ley 44 de 1993.

Así, alegó que su derecho a la igualdad se ve quebrantado porque el presidente
de la República al permitirle a Sayco, Acimpro y OSA, «violar flagrantemente las
regulaciones de los derechos de autor, incrementando de manera ilegal y
dramática la evidente y todo poderosa Posición Dominante en el mercado de
cobro de los derechos de autor que ostentan desde hace más de cuarenta
años». Arguyó que, pese a no ser el mismo tipo de sociedad, todas las
entidades que se dedican a la gestión de los derechos patrimoniales de autor
están obligados a cumplir con las normas que regulan la actividad de cobranza.

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Aseguró que el artículo 75 de la Ley 23 de 1982 señala que ningún tipo de
mandato tendrá una duración mayor de 3 años, no obstante, Sayco y Acinpro
recaudan los derechos de autor y conexos de sus afiliados con sustento en un
contrato de mandato celebrado con la recaudadora OSA el 1. ° de marzo de
1999, el cual finalizó en el año 2002, no fue renovado y tampoco fue inscrito en
la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor [art. 224 de
la Ley 23 de 1982], lo cual es del todo irregular según lo señalado por la Corte
Constitucional en sentencia C-519 de 1999, y por lo dispuesto en el artículo 58
del Decreto 3942 de 2010 [compilado en el Decreto 1066 de 2015]4.

Resaltó que en la sentencia C-144 de 2015 la Corte Constitucional señaló que
la intervención y vigilancia de la actividad de recaudo de derechos de autor, le
fue asignada a la Dirección Nacional de Derechos de Autor por la Ley 1493 de
201, e indicó lo siguiente:

En tal contexto, la DNDA, que es la encargada de ejercer esas funciones, en
relación con las sociedades de gestión colectiva Sayco y Acinpro y la entidad
recaudadora Organización Sayco Acinpro, inclusive, está omitiendo ejercer las
funciones de los artículos 29 y 30 de la Ley 1493 de 2011, porque está
permitiendo que esas entidades intensamente intervenidas en su actividad
económica recauden los derechos de autor y derechos conexos de Sayco y
Acinpro (mandantes) , a través de la recaudadora Organización Sayco Acinpro (
mandatario), sustentados en un contrato de mandato que perdió vigencia desde
marzo 1 de 2002 y que, nunca ha sido registrado, registro que es obligatorio para
que los términos de dicho contrato surtan efectos jurídicos, según establece el
artículo 224, ley 23 de 1982, vigente.

1.5. Trámite de la acción

1.5.1. Mediante providencia de 23 de septiembre de 2024 se admitió la acción
de tutela y se dispuso tener como accionadas al presidente de la República, a la
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, a
Sayco, Acimpro y a la Organización Sayco – Acimpro.

Finalmente, se aceptó en calidad de coadyuvante de FEDEARTES a Darío
Cañas Cantillo y se ordenó a la Oficina de Sistemas de la corporación realizar
una publicación de la información relativa a esta acción de tutela, en la página
web del Consejo de Estado.

4 «Artículo 58. Control de legalidad sobre el régimen estatutario. Los estatutos que adopte la

entidad recaudadora, así como sus futuras modificaciones, se someterán al control de legalidad
ante el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial Dirección
Nacional de Derecho de Autor, a los que una vez revisados y hallados acorde con la ley,
impartirá su aprobación».
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1.5.2. Con auto de 3 de octubre de 2024 se requirió al señor Darío Cañas
Cantillo para que allegara un certificado de existencia y representación legal
expedido recientemente, a través del cual acreditara su calidad y legitimación
respecto a Fedeartes.

Ello, luego de advertir que el certificado allegado con la demanda de tutela fue
expedido en el año 2017, por lo que, a la fecha han transcurrido alrededor de 7
años dentro de los cuales pueden haber variado las condiciones que se
consignan en ese documento y que impide que sea el medio idóneo para
efectos de acreditar la legitimación del señor Caña Cantillo para ejercer la
defensa de los derechos de la entidad que dice representar.

Tal providencia fue notificada el 7 de octubre de 2024, no obstante, el señor
Darío Caña Cantillo guardó silencio y el 17 de octubre siguiente el expediente
ingresó al despacho para proferir fallo.

1.6. Contestaciones

Librados los oficios correspondientes, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Presidente de la República y Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República – DAPRE

La apoderada del presidente de la República y del DAPRE solicitó su
desvinculación del trámite de la referencia, debido a que, de conformidad con el
artículo 4. ° del Decreto 2647 de 2022, norma que enlista las funciones
generales asignadas a este departamento, no se encuentra alguna relacionada
con el objeto de la tutela, y porque en virtud de su naturaleza jurídica, no le está
permitido intervenir en las decisiones de la Dirección Nacional de Derechos de
Autor comoquiera que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente.

Finalmente, indicó que este mecanismo es improcedente debido a la
inexistencia de una acción u omisión imputable a la Presidencia de la República
que pudiera ser la causa de la transgresión alegada por Fedeartes.

1.6.2. Dirección Nacional de Derechos de Autor

Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de la referencia por
cuanto no se satisfizo el deber de agotar todos los mecanismos de defensa
administrativos y judiciales a través de los cuales puede alegar la validez del

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contrato de mandato aludido por la parte actora. Aunado a ello, pidió que se
niegue la solicitud de amparo en atención a que no ha vulnerado el derecho
fundamental invocado por el extremo actor, en tanto ha cumplido sus deberes
de inspección y vigilancia respecto a la actividad que desarrolla la organización
Sayco Ancimpro, de conformidad con lo establecido en la Ley 1493 de 2011.

Argumentó que no se demostró la violación al derecho a la igualdad por cuanto,
dependiendo del tipo de gestión existen unas cargas y unas prerrogativas
legales que, en el caso de las gestoras individuales, se traducen en que no
requieren autorización de funcionamiento y no se encuentran bajo la inspección
y vigilancia de la DNDA, lo cual fue abordado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-833 de 2007.

En cuanto a la vigencia del contrato de mandato de recaudo indicó que está
regulado por el artículo 2142 del Código Civil y siguientes, El artículo 2150
ejusdem indica que, una vez aceptado el mandato, este no podrá disolverse
sino por voluntad mutua de las partes. Así, precisó lo siguiente:

En este sentido, teniendo en cuenta que, el contrato de mandato entre SAYCO,
ACINPRO y la ORGANIZACIÓN SAYCO -ACINPRO (OSA) establece como
cláusula segunda, que la duración del mandato será la misma duración de
existencia de la OSA contado a partir de la fecha de suscripción del mismo, se
evidencia que tal estipulación se ajusta a las disposiciones legales aplicables al
contrato de mandato celebrado entre ellos y, en consecuencia, no es posible
indicar la pérdida de vigencia del mandato otorgado a la ORGANIZACIÓN
SAYCO - ACINPRO (OSA) para el recaudo de las percepciones pecuniarias
provenientes de la ejecución y comunicación pública de las obras de titularidad
de los afiliados a cada una de las sociedades mandantes.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la ORGANIZACIÓN SAYCO - ACINPRO
(OSA) es una entidad esencialmente recaudadora y no depende del mandato
otorgado por sus fundadoras para su existencia y así se puede evidenciar en el
contrato de mandato aportado por el Accionante, donde se establece que la
ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO actúa como una sociedad legalmente
constituida y con personería jurídica otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá
desde el 18 de noviembre de 1987 e inscrita en la Cámara de Comercio de
Bogotá el 21 de febrero de 1997. Es decir, la ORGANIZACIÓN SAYCO -
ACINPRO (OSA) se encontraba constituida con anterioridad a la celebración del
contrato de mandato objeto de discusión, no nace a partir de dicha relación
contractual y actualmente se encuentra vigente, conforme a los Estatutos
Sociales modificados en el año 20234, donde se establece la vigencia de la
organización, por diez (10) años más, a partir de esa fecha.

Frente al argumento concerniente a la posición dominante de OSA, indicó que
es un asunto de la Superintendencia de Industria y Comercio y que desde el
año 2022 se encuentra en curso una investigación al respecto.

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Respecto a la obligación de registrar este tipo de contratos, indicó que opera en
los casos en que se modifiquen, transmitan, graven o extingan los derechos
patrimoniales, supuestos dentro de los cuales no se encuadra el contrato de
mandato. Además, precisó que si bien la Ley de Derecho de Autor ha
determinado la mencionada obligación frente algunos contratos, lo cierto es que
el artículo 3. ° de la Ley 44 de 1993 solo prevé aquellos actos en virtud de los
cuales se enajene el derecho de autor, y cualquier otro que esté vinculado con
este.

Precisó que la DNDA es una unidad administrativa especial que cuenta con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente
adscrita al Ministerio del Interior, por lo cual es claro que no es un apéndice de
la Presidencia de la República.

Por último, manifestó que esta solicitud de amparo no cumple con los requisitos
de procedencia generales y especiales, por lo tanto, solicitó que se nieguen las
pretensiones de la parte actora.

1.6.3. Acimpro

Adujo que la tutela de la referencia no supera el análisis de la subsidiariedad en
tanto la entidad actora cuenta con los mecanismos ordinarios establecidos en
materia de derechos de autor, para tal efecto, precisó la Ley 23 de 1982, el
artículo 29 de la Ley 1915 de 2018 y los artículos 19, numeral 1. °, 20, numeral
2. ° y 368 del Código General del Proceso.

Asimismo, aseveró que no se cumplen los requisitos generales de procedencia
relativos a la inmediatez y relevancia constitucional. El primero, por cuanto la
accionante alega que la vulneración se ha presentado desde su constitución, es
decir, hace 7 años. El segundo, porque se pretende desvirtuar una relación
contractual a través de este mecanismo constitucional.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por
Fedeartes contra el presidente de la República y otros, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

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2.2. Cuestión previa

La Sala anuncia que negará la solicitud de desvinculación elevada por el
presidente de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República – DAPRE, habida cuenta de que fungen en este mecanismo
constitucional en calidad de autoridades demandadas, en ese orden, en
menester procurar la debida integración del contradictorio.

2.3. Problema jurídico

De los antecedentes expuestos se tiene que, en primer lugar, la Sala debe
determinar si el señor Darío Cañas Cantillo se encuentra legitimado en la causa
por activa en el presente trámite, pues alega la vulneración del derecho
fundamental a la igualdad de Fedeartes, persona jurídica respecto de la cual
adujo se su representante legal.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) la legitimación en la causa por activa
en la acción de tutela; y (iii) el análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o,
excepcionalmente, de particulares.

Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa
judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no
son idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es
procedente para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este
último caso, su ejercicio se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos
futuros a la activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del
peticionario.

Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez
constitucional no puede decidir sobre la controversia propuesta. Esto busca
evitar que esta acción constitucional se use inadecuadamente, pues ello podría

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desnaturalizar su valor especial dentro del ordenamiento jurídico y, en este
sentido, atentar contra el fin superior que le dio el constituyente.

2.5. La legitimación en la causa por activa en la acción de tutela

La acción de tutela, que se encuentra consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política de Colombia, obra como mecanismo que puede ser
ejercido por toda persona «…por sí mismo o por quien actúe a su nombre…», que
pretenda obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
cuando éstos sean violados por la acción u omisión de cualquier autoridad
estatal o eventualmente por una entidad particular.

En el mismo sentido el Decreto 2591 de 1991, «…Por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política…», en
los artículos 1°, 10°, 46 y 49, precisa que esa acción puede ser presentada por
cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien
sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por
medio de la agencia oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no
esté en condiciones de promover su defensa. También pueden interponer
acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales5.

De esa manera el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que «…Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en las casos que señale este Decreto6».

El artículo 10 de la disposición anotada consagra que la «…acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada
o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales…».

5Corte Constitucional. Sentencia T-793 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
6Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia

C-018 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez.
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La Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 20037, manifestó que la acción
de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las
personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada,
quien podrá interponerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por
consiguiente, no se «…requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos,
ni mucho menos saber escribir, es decir, la Constitución y la ley no exigen
calidad alguna para el sujeto activo de la acción. Inclusive, no es requisito
esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que la misma
se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no
sepa escribir o sea menor de edad…8».

En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, señaló:

[…] La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la
legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica
siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores
oportunidades9, a partir de las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de
1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la
promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o
de los elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la
configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela.

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el
ejercicio directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de
representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos,
los interdictos y las personas jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado
judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado
titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso, o en
su defecto el poder general respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente
oficioso…”. (Énfasis de la Sala)

Es así que, la norma aunada a la jurisprudencia vigente establece como uno de
los requisitos de procedibilidad, el hecho de que quien invoque este mecanismo
para la protección de sus derechos fundamentales, se encuentre “…legitimado
en la causa por activa…”, exigiéndose que el accionante sea quien detenta los
derechos a proteger.

En relación con la legitimación en la causa, ésta «…es, entonces, una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el

7 M.P. Jaime Córdoba Triviño
8«Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo

14 del Decreto 2591 de 1991»
9«Ver sentencia T-531 de 2002, M.P, Eduardo Montealegre Lynett».

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proceso…».10 «…Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o
atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces
simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo…11».

Así, el artículo 86 Constitucional señala que la tutela puede ser ejercida por el
titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados: (i) en forma
directa, (ii) por medio de representante legal (cuando se trata de menores de
edad, incapaces absolutos, interdictos y/o personas jurídicas), (iii) a través de
apoderado judicial, (iv) por intermedio de agente oficioso, siempre que el
interesado esté imposibilitado para promover su defensa; o (v) por el Defensor
del Pueblo y los personeros municipales.

Ahora bien, en cuanto a la legitimación por activa en materia de tutela, la Corte
Constitucional indicó los elementos del apoderamiento, en que se requiere:

[…] (i) un acto jurídico formal que se concreta en un escrito, llamado poder, el
cual se presume auténtico; (ii) tratándose de un poder especial, debe ser
específico, de modo que aquel conferido para la promoción o para la defensa de
los intereses en un determinado proceso no se entiende otorgado para la
promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a éstos
tengan origen en el proceso inicial; (iii) el destinatario de apoderamiento sólo
puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional. Es decir,
la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de tutela
acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder repicar, de modo
que no se puede hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para
solicitar el amparo constitucional […].

Sobre el punto esta Sección se pronunció al respecto en los siguientes
términos12:

Es por esto que tanto para la interposición de la acción de tutela a través de
apoderado judicial, como para la representación de cualquiera de la partes o
terceros con interés en las resultas del proceso, se quiere que el interesado
otorgue un poder especial a su abogado.

Además de lo anterior, se descarta la posibilidad de que los poderes
otorgados para la promoción de otros procesos se extiendan para la
“representación judicial” del poderdante en asuntos diferentes, como lo
puede ser la contestación de una acción de tutela, así, los hechos que le den
fundamento a esta tengan origen en el proceso inicial».

10 Sentencia T-411 de 2017.
11 T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-416 de 1997, M. P. José Gregorio
Hernández.
12 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de enero de 2016. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 2016-

00196-00.

11

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Demandante: Federación Nacional de Artistas
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05010-00

2.6. Caso concreto

En este asunto, la Sala pone de presente que el señor Darío Cañas Cantillo
arguyó ser el representante legal de Fedeartes y ejerció este mecanismo
constitucional con el fin de reclamar la protección del derecho a la igualdad de
la entidad que dice agenciar.

Para tal efecto, adjuntó con la demanda tutelar, entre otros documentos, un
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de Bucaramanga el 17 de octubre de 2017, en el cual se puede
observar que en el cargo de presidente de Fedeartes se encuentra el señor
Cañas Cantillo.

Ahora, si bien el despacho sustanciador admitió la acción de la referencia
mediante auto de 23 de septiembre de 2024, lo cierto es que con proveído de 3
de octubre de 2024 se requirió al señor Darío Cañas Cantillo para que, dentro
de un plazo de 2 días, aportara un certificado de existencia y representación
legal reciente.

Pese a que el proveído de 3 de octubre fue notificado el 7 de octubre siguiente
a los correos: zonavirtual154@gmail.com; Dariocc2762@gmail.com;
fedeartes@hotmail.com, el señor Cañas Cantillo guardo silencio y el expediente
ingresó al despacho el 17 de octubre del mismo año, por lo que es claro que no
acató el requerimiento realizado.

En ese orden de ideas y de conformidad con el marco normativo y judicial
expuesto en líneas previas, la Sala declarará la falta de legitimación del señor
Darío Cañas Cantillo para ejercer la defensa de Fedeartes en el asunto de la
referencia, comoquiera que el certificado que aportó inicialmente no es un
documento idóneo a través del cual se acredite en debida forma su calidad de
representante legal de la persona jurídica titular del derecho presuntamente
transgredido.

Esto es así, por cuanto desde el año 2017 a la fecha en que se promovió este
mecanismo constitucional han transcurrido alrededor de 7 años dentro de los
cuales pueden haber variado las condiciones que se consignaron en el
mencionado certificado, lo cual impide que sea tenido en cuenta para efectos de
acreditar el presupuesto procesal de la legitimación, en el asunto de la
referencia.

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Demandante: Federación Nacional de Artistas
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05010-00

2.7. Conclusión

En atención a los argumentos expuestos, esta Sala de decisión declarará la
falta de legitimación en la causa por activa del señor Darío Cañas Cantillo para
ejercer la representación de Fedeartes, por no acreditar el presupuesto
procesal.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del presidente de la
República y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del
señor Darío Cañas Cantillo para representar los derechos de Fedeartes en la
acción de tutela de la referencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05010-00

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con salvamento de voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»

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