Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05021-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05021-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05021-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
17 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202405021-00
Actor: Francisco Caballero Díaz
Demandada: Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca1
Tema: Acción de tutela por mora judicial/procedencia
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por Francisco Caballero Díaz contra
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado2, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “5ED_PRUEBA_18_9_202415_0(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405021-00
Actor: Francisco Caballero Díaz
porque, a su juicio, con ocasión a que “[…] desde que ingresó el expediente al
Despacho, y a la fecha de presentación de esta acción, ha transcurrido más de un
año, sin que la actuación a que he venido haciendo referencia tenga movimiento
alguno […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
250002341000201400526-00, vulneró su derecho fundamental invocado supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, “[…] Cursa ante el aquí accionado, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN PRIMERA (ORAL), ACCIÓN DE NULIDAD
CON RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO formulada por el aquí accionante
señor FRANCISCO CABALLERO DÍAZ y OTRO, en contra del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO – IDU, bajo el radicado número 2014-00526-00-[…]”.
4. Sostuvo que, “[…] Dentro de dicha actuación, el expediente en comento
ingresó al Despacho de la Honorable Magistrada, doctora […], desde el día 31 de
agosto de 2.023; sin embargo, el precipitado asunto continúa al Despacho de la
Honorable Magistrada, sin que haya sido resuelta la solicitud que generó dicho
movimiento […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
5. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Se declare que el aquí accionado, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, está vulnerando el derecho al debido proceso de mi prohijado, de
conformidad con lo ordenado en el inciso 1° del artículo 120 del Código General del
Proceso, aplicable a la materia, por expresa remisión dispuesta en el 306 de la ley 1437
de 2.011, al no resolver oportunamente los asuntos sometidos a su cargo, dentro de la
ACCIÓN DE NULIDAD CON RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO formulada por mi
poderdante, FRANCISCO CABALLERO DÍAZ y OTRO, en contra del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO – IDU, bajo el radicado número 2014-00526-00, que allí cursa.
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Actor: Francisco Caballero Díaz
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ampare mi derecho fundamental al
debido proceso, ordenándose al aquí accionado, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, resuelva, dentro del término judicial que su Señoría señale, la
solicitud que actualmente se encuentra pendiente desde que el proceso ingreso (sic) al
Despacho de la Honorable Magistrada, doctora […], valga decir, desde el día 31 de
agosto de 2.023, dentro de la acción de nulidad con restablecimiento del derecho
formulada por mi prohijado, FRANCISCO CABALLERO DIAZ y OTRO, en contra del
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, bajo el radicado número 2014-00526-
00, que allí cursa. […]”.
6. Como fundamento de su solicitud, consideró lo siguiente3:
“[…] 3. De lo anterior se colige que, desde que ingresó el expediente al Despacho, y
a la fecha de presentación de ésta acción, ha transcurrido más de un año, sin que la
actuación a que he venido haciendo referencia tenga movimiento alguno. […]”.
[…]
“[…] 5. Es así como, el inciso 1° del artículo 120 del Código General del Proceso,
aplicable al proceso a que hice referencia en el numeral 1° del presente acápite, […]”.
[…]
6. Es decir que, en estricto derecho, la Honorable Magistrada, doctora […], en su
calidad de Rectora y Ponente de la pluricitada acción de nulidad con restablecimiento
del derecho a que vengo haciendo referencia, y que cursa ante el aquí accionado,
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, desde que el expediente en
comento ingresó a su Despacho, valga decir, desde el 31 de agosto de 2.023,
contaba con el término legal de diez (10) días para proferir las providencias a que
hubiera lugar, habida cuenta que tales providencias no están llamadas a resolver de
fondo la actuación. […]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 23 de septiembre de 2024: i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó al
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en calidad de tercero con interés legítimo,
concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y el tercero con interés legítimo
8. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, al considerar
que:
3 Transcripción literal del texto.
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Actor: Francisco Caballero Díaz
“[…] La suscrita Magistrada estima que en la presente acción de tutela deben
negarse las pretensiones, toda vez que, contrario a lo manifestado por el accionante
el Despacho realizó la actuación procesal correspondiente ya que mediante auto de
fecha 22 de junio de 2023, resolvió la solicitud de adición y aclaración presentada
por el señor Francisco Caballero Díaz, dicha providencia fue notificada por estado
por estado (sic) como constan en el índice 00124 del aplicativo SAMAI, teniendo en
cuenta lo anterior, el ingresó al Despacho el día 30 de junio de 2023.
Bajo ese contexto, el expediente quedó para fallo; no obstante, habida cuenta que
el inciso 4.° del artículo 16 de la Ley 1285 de 20092 , prevé que las salas de los
Tribunales de lo Contencioso Administrativo pueden determinar un orden de carácter
temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia, en
ese sentido, la Subsección A, Sección Primera de esta Corporación, expidió los
acuerdos: i) Acuerdo núm. 001 de 2023, mediante el cual se decidió prorrogar el
Acuerdo núm. 001 del 14 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2024, este último
determinó: […]”.
[…]
“[…] Igualmente, se profirió el Acuerdo núm. 001 de 4 de julio de 2024, el cual
dispuso: […]”
[…]
“[…] De lo anterior se colige que los procesos mencionados en los acuerdos citados
supra, tienen prelación para ser fallados sobre los demás procesos ordinarios que
cursan en este Despacho, por lo tanto, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 25000-23-41-000- 2014-00526-00,
dentro del cual el accionante es parte, se encuentra en turno para proferir sentencia.
[…]”.
[…]
“[…] En virtud de lo anterior y debido al alto volumen de demandas atinentes a
diferentes medios de control que son de conocimiento de esta sección y a la
complejidad de las mismas, fue necesaria la creación de nuevos Despachos en la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tal situación se
concretó a través del literal d) del artículo 1° del Acuerdo PCSJA22-12026 del 15 de
diciembre de 2022, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el
cual se dispuso la creación de manera permanente de los despachos 007,008 y 009
en la Sección Primera de esta corporación. […]”.
[…]
“[…] Por lo que para determinar si la mora en las decisiones judiciales es violatoria
de derechos fundamentales, debe contener la actuación judicial tres características,
las cuales son:
i) El incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación por parte del funcionario competente;
(ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra análisis
sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de
la autoridad competente y el análisis global de procedimiento;
(iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora
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Actor: Francisco Caballero Díaz
Al respecto, la Suscrita Magistrada debe manifestar, que pese al gran volumen de
expedientes que conoce esta sección y multiplicidad de clases de procesos que
tienen términos preclusivos, como lo son las acciones de tutela –que conocen todos
los Despachos judiciales del país- y aquellas que son de único conocimiento de esta
sección entre otras, los recursos de insistencia, acciones de cumplimiento,
objeciones, observaciones, nulidades electorales, medios de control de protección
de los derechos e intereses colectivos, reparación de los perjuicios causados a un
grupo, respecto de los cuales de acuerdo con la Ley que los regula tienen prelación
en su trámite, el Despacho ha realizado las actuaciones e impulsos procesales que
han estado a su alcance, dando prevalencia a todas las acciones anteriormente
enunciadas por cuanto están de por medio derechos fundamentales y colectivos de
los ciudadanos.
Por las anteriores razones, al no cumplirse con los requisitos que
jurisprudencialmente se han establecido para determinar la mora judicial, la suscrita
Magistrada solicita respetuosamente al H. Consejero de Estado, se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela al considerando que existen procesos que tienen
prelación en el turno para ser fallados. […]”.
9. El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU solicitó su desvinculación, al carecer
de legitimación en la causa por pasiva. Para tal efecto, manifestó que:
“[…] En lo que respecta a nuestro caso es pertinente determinar que, pese a que el
accionante invoca la violación a sus derechos fundamentales, no existe prueba que
determine sin lugar a duda que este fue vulnerado atendiendo a lo descrito en los
hechos y que es corroborable en la documentación presentada en la acción de tutela
y en la presente contestación. […]”.
[…]
“[…] Respecto del IDU existe falta de legitimación material en la causa por pasiva toda
vez que: (i) Los hechos narrados no dan cuenta de una actuación activa u omisiva por
parte de la entidad que represento, sino que hacen referencia a la presunta mora del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, (ii) El Instituto no vulneró
derecho alguno respecto de la accionante pues a éste no le corresponde la dirección
del proceso judicial objeto de la acción constitucional; (iii) El Instituto de Desarrollo
Urbano no está en la capacidad legal y reglamentaria para dar cumplimiento a las
pretensiones de la acción que nos ocupa ya que a este no le corresponde cumplir o
hacer cumplir las pretensiones realizadas por el accionante. […]”.
10. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca allegó el expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 250002341000201400526-00.
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Actor: Francisco Caballero Díaz
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
13. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
14. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con
su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
15. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el
actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera
que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[8].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable
de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta
la que inflige el daño […]”.
7 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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16. La Sala advierte que el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU solicitó su
desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por
pasiva.
17. Al respecto, es preciso indicar que dicha autoridad fue vinculada al proceso
de tutela de la referencia como tercero con interés legítimo, en la medida en que,
integró la parte demandada en el proceso cuestionado por el actor; es decir que a
dicha entidad le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.
18. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que el Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
19. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto del Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU.
Problema jurídico
20. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en determinar si se debe proteger el derecho fundamental al debido
proceso invocado por el actor, el cual considera vulnerado con ocasión a que “[…]
desde que ingresó el expediente al Despacho, y a la fecha de presentación de esta
acción, ha transcurrido más de un año, sin que la actuación a que he venido haciendo
referencia tenga movimiento alguno […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 250002341000201400526-00.
21. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso; ii) el derecho a la administración de justicia y el debido proceso
frente a la mora judicial; iii) análisis del caso concreto; y finalmente iv) las
conclusiones de la Sala.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405021-00
Actor: Francisco Caballero Díaz
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
22. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
23. Atendiendo a que, la Corte Constitucional9 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
El derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso
frente a la mora judicial
24. La jurisprudencia constitucional al referirse a la afectación del derecho al
acceso a la administración de justicia, por mora en el trámite de los procesos
9 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405021-00
Actor: Francisco Caballero Díaz
judiciales, ha señalado que “[…] quien presenta una demanda, interpone un recurso,
formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los términos
legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva
del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello […]”10.
25. No obstante lo anterior, como lo sostuvo esta Sala en la providencia de 14 de
abril de 201611, reiterada mediante la sentencia de 18 de mayo de 201712, “[…] el
no cumplimiento de los términos por parte del operador judicial, no implica
automáticamente la vulneración de los derechos fundamentales, pues, pese a que
es obligación de la autoridad acatar los tiempos establecidos por la normativa
aplicable, también lo es que debe dar prevalencia al derecho sustancial sobre el
formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional […]”.
26. En las providencias citadas supra, se reiteró la postura de la Corte
Constitucional en las que se ha establecido que cuando se alega la vulneración de
derechos fundamentales por mora judicial, es indispensable analizar las causas que
dieron origen a esta13, con el fin de determinar si dicha mora obedece a temas como
la complejidad del asunto en estudio, la naturaleza de los hechos investigados o la
interposición de recursos y solicitudes, entre otros. Al respecto, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-230 de 201314, afirmó:
“[…] La jurisprudencia también ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en
la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos
en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en
las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para
analizar la normatividad existente. Por ello, la Jurisprudencia ha destacado que
10 Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencia T-1154 de 18 de noviembre de 2004, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de
2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001031500020150216000.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de
2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001 03 15 000 2016-03244-01
13 Al respecto, también la Sala, en la sentencia de 7 de febrero de 2008 Expediente núm. 2007-01377-00, C.P.:
doctor Marco Antonio Velilla Moreno), sostuvo que: “no toda dilación en la decisión equivale a mora o a
negligencia, dadas las condiciones estructurales, que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales y que no se puede a través de la acción de tutela ordenar a los jueces el impulso procesal o
pronunciamiento de fondo en los asuntos sometidos a su conocimiento, “por cuanto se perdería la finalidad
para la cual fue creada la tutela y, se desnaturalizaría su función, eminentemente protectora de derechos
fundamentales, si se permitiera que fuera utilizada como un mecanismo para alterar el turno de un proceso
judicial, so pretexto de resolver, con efectos inter partes, los problemas estructurales de congestión que
aquejan a la Rama Judicial pues, es sabido que sus efectos son erga omnes ya que, a todos, por igual, afecta
el notable incremento del tiempo que demanda la decisión, con carácter definitivo, de los asuntos y
controversias que se someten a su consideración...” (Sentencia T-256 de 17 de marzo de 2004).
14 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 18 de abril de 2013, M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez
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cuando la tardanza no es imputable al actuar del Juez o cuando existe una
justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en
la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial
sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos
se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro
del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la Administración de
Justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la Ley. […]”. (Resaltado de la
Sala).
27. Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que la mora judicial es un
fenómeno contrario a los derechos fundamentales y al debido proceso, y se
evidencia cuando: “[…] (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable
que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial […]”15.
28. En suma, cuando en la acción de tutela se alega la vulneración de derechos
fundamentales por mora judicial, esta prospera, excepcionalmente, solo cuando se
demuestra que: i) se está ante un caso de dilación injustificada; ii) cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones; iii) por el contrario,
cuando la mora está justificada en la complejidad del asunto, en problemas
estructurales de la administración de justicia o cuando las circunstancias
imprevisibles no permiten que el caso se resuelva dentro del término legal, no hay
lugar a acceder a las pretensiones de la acción de tutela.
Análisis del caso concreto
29. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
porque, a su juicio, con ocasión a que “[…] desde que ingresó el expediente al
Despacho, y a la fecha de presentación de esta acción, ha transcurrido más de un
año, sin que la actuación a que he venido haciendo referencia tenga movimiento
alguno […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad
15 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa
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Núm. único de radicación: 110010315000202405021-00
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y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
250002341000201400526-00, vulneró su derecho fundamental invocado supra.
30. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
31. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
32. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
32.1. Escrito de tutela e informe rendido por la accionada, con sus anexos.
32.2. Copia del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 250002341000201400526-00.
Solución del caso concreto
Análisis de la presunta mora judicial
33. La Sala abordará el reparo que propuso el actor relacionado con una
presunta mora judicial, la cual fundamentó en que, “[…] desde que ingresó el
expediente al Despacho, y a la fecha de presentación de esta acción, ha
transcurrido más de un año, sin que la actuación a que he venido haciendo
referencia tenga movimiento alguno […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del
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Actor: Francisco Caballero Díaz
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 250002341000201400526-00.
34. Al respecto, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca manifestó que:
“[…] La suscrita Magistrada estima que en la presente acción de tutela deben negarse
las pretensiones, toda vez que, contrario a lo manifestado por el accionante el
Despacho realizó la actuación procesal correspondiente ya que mediante auto de
fecha 22 de junio de 2023, resolvió la solicitud de adición y aclaración presentada por
el señor Francisco Caballero Díaz, dicha providencia fue notificada por estado por
estado como constan en el índice 00124 del aplicativo SAMAI, teniendo en cuenta lo
anterior, el ingresó al Despacho el día 30 de junio de 2023.
Bajo ese contexto, el expediente quedó para fallo; no obstante, habida cuenta que el
inciso 4.° del artículo 16 de la Ley 1285 de 20092, prevé que las salas de los
Tribunales de lo Contencioso Administrativo pueden determinar un orden de carácter
temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia, en
ese sentido, la Subsección A, Sección Primera de esta Corporación, expidió los
acuerdos: i) Acuerdo núm. 001 de 2023, mediante el cual se decidió prorrogar el
Acuerdo núm. 001 del 14 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2024, este último
determinó: […]”.
[…]
“[…] Igualmente, se profirió el Acuerdo núm. 001 de 4 de julio de 2024, el cual dispuso:
[…]”
[…]
“[…] De lo anterior se colige que los procesos mencionados en los acuerdos citados
supra, tienen prelación para ser fallados sobre los demás procesos ordinarios que
cursan en este Despacho, por lo tanto, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 25000-23-41-000- 2014-00526-00,
dentro del cual el accionante es parte, se encuentra en turno para proferir sentencia.
[…]”.
[…]
“[…] En virtud de lo anterior y debido al alto volumen de demandas atinentes a
diferentes medios de control que son de conocimiento de esta sección y a la
complejidad de las mismas, fue necesaria la creación de nuevos Despachos en la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tal situación se
concretó a través del literal d) del artículo 1° del Acuerdo PCSJA22-12026 del 15 de
diciembre de 2022, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el
cual se dispuso la creación de manera permanente de los despachos 007,008 y 009
en la Sección Primera de esta corporación. […]”.
[…]
“[…] Por lo que para determinar si la mora en las decisiones judiciales es violatoria de
derechos fundamentales, debe contener la actuación judicial tres características, las
cuales son:
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Actor: Francisco Caballero Díaz
i) El incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación por parte del funcionario competente;
(ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra análisis sobre
la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la
autoridad competente y el análisis global de procedimiento;
(iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora
Al respecto, la Suscrita Magistrada debe manifestar, que pese al gran volumen de
expedientes que conoce esta sección y multiplicidad de clases de procesos que tienen
términos preclusivos, como lo son las acciones de tutela –que conocen todos los
Despachos judiciales del país- y aquellas que son de único conocimiento de esta
sección entre otras, los recursos de insistencia, acciones de cumplimiento,
objeciones, observaciones, nulidades electorales, medios de control de protección de
los derechos e intereses colectivos, reparación de los perjuicios causados a un grupo,
respecto de los cuales de acuerdo con la Ley que los regula tienen prelación en su
trámite, el Despacho ha realizado las actuaciones e impulsos procesales que han
estado a su alcance, dando prevalencia a todas las acciones anteriormente
enunciadas por cuanto están de por medio derechos fundamentales y colectivos de
los ciudadanos.
Por las anteriores razones, al no cumplirse con los requisitos que
jurisprudencialmente se han establecido para determinar la mora judicial, la suscrita
Magistrada solicita respetuosamente al H. Consejero de Estado, se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela al considerando que existen procesos que tienen
prelación en el turno para ser fallados. […]”.
35. Al abordar de fondo el asunto puesto a consideración por el actor en el
presente trámite de tutela, advierte la Sala que, dentro del proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 250002341000201400526-00, se han realizado
las siguientes actuaciones16:
16 Cfr.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=2500023410002014005260025
00023
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Actor: Francisco Caballero Díaz
36. Del recuento procesal realizado supra, la Sala advierte que, desde el 30 de
junio de 2023 que el expediente del proceso se remitió al Despacho para sentencia,
a la fecha esta no ha sido proferida, lo que en principio implicaría que se configuró
la mora judicial que señaló el actor.
37. Sin embargo, resulta necesario recordar que el no cumplimiento de los
términos por parte del operador judicial, no implica automáticamente la vulneración
de los derechos fundamentales, pues, pese a que es obligación de la autoridad
acatar los tiempos establecidos por la normativa aplicable, también lo es que existen
circunstancias que justifican la mora en la decisión del asunto.
38. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que, si bien el
Tribunal accionado a la fecha no ha proferido la respectiva sentencia, no es posible
concluir que la referida tardanza sea atribuible a la falta de diligencia de la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
toda vez que se advierte que: i) dicha autoridad judicial tiene otros procesos
judiciales que se encuentran en turno para proferir sentencia, lo cual no puede ser
desconocido, so pena de vulnerar el derecho a la igualdad de los usuarios de la
administración de justicia; ii) al interior del Tribunal mencionado supra,
normativamente se previó que, en razón a la temática del caso, algunos procesos
tuvieran preferencia o prelación respecto de otros; y iii) el Despacho a cargo del
proceso señaló que “[…] ha realizado las actuaciones e impulsos procesales que
han estado a su alcance, dando prevalencia a todas las acciones anteriormente
enunciadas por cuanto están de por medio derechos fundamentales y colectivos
de los ciudadanos. […]”.
39. En ese orden de ideas es evidente que la autoridad judicial accionada no ha
sido negligente en el trámite del proceso objeto de estudio, sino que, en razón al
volumen de trabajo y a los turnos asignados a los diferentes procesos, no ha sido
posible que el Tribunal resuelva el proceso ordinario de la referencia.
40. En ese sentido, la Sala advierte que la tardanza que el actor reprocha con la
presente acción de tutela se enmarca en uno de los supuestos en los que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han considerado
justificada la mora judicial; es decir, cuando se acreditan otras circunstancias
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Actor: Francisco Caballero Díaz
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la Ley.
41. En consecuencia, la Sala negará el amparo solicitado por Francisco
Caballero Díaz en la presente acción de tutela, en razón a que no se advierte que
la tardanza de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para definir la controversia jurídica planteada fuese
desproporcionada, irracional o injustificable, toda vez que la situación por la cual no
se ha resuelto el asunto corresponde al volumen de trabajo y a los turnos asignados
a los diferentes procesos.
Conclusiones de la Sala
42. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de tutela que presentó el actor
contra la autoridad judicial accionada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela que presentó el actor contra la autoridad
judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
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Actor: Francisco Caballero Díaz
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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