Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05028-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05028-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05028-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
11 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05028-00
Demandante: EDWIN ANDRÉS BELTRÁN TIBOCHA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS / Subsidiariedad – la
parte actora contaba con otros mecanismos de defensa idóneos y eficaces para
garantizar la protección de sus derechos fundamentales y no se logró demostrar
que se presentara como un mecanismo transitorio o para evitar un perjuicio
irremediable.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Edwin Andrés Beltrán
Tibocha contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 18 de septiembre de la presente anualidad1, el señor Edwin Andrés Beltrán
Tibocha interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, porque
consideró vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo y al «ejercicio de la
profesión». Formuló las siguientes pretensiones:
1.Solicito se tutele mi derecho fundamental a elegir profesión u oficio,
ordenando a que expida mi tarjeta profesional de abogado de manera
inmediata en calidad de temporal o provisional, mientras se genere nueva
convocatoria para la presentación del examen para abogados, la cual me
inscribiré una vez se de apertura para la misma.
1 Se advierte que, el 2 de octubre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05028-00
Demandante: Edwin Andrés Beltrán Tibocha
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
2.Solicito se ordene a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura que me
permita presentarme a cargos públicos que exigen la tarjeta profesional de
abogado, así como registrarme como profesional del derecho.
3.Solicito se tomen las medidas necesarias para que la entidad demandada
cumpla con esta orden en un plazo no mayor a 48 horas, a fin de evitar
perjuicios adicionales a mis derechos fundamentales.
4.Solicito, en caso de no ser posible la expedición inmediata de la tarjeta
profesional, se me otorgue una tarjeta provisional que me permita ejercer mi
profesión de manera temporal mientras se resuelve de fondo la situación de
la presentación del examen para acceder a la tarjeta profesional.
1.2. Hechos y argumentos de la tutela
En la demanda se narró que, el 24 de julio de 2024, el accionante se graduó como
abogado. El 28 de julio siguiente, realizó el trámite en la página de registro de
abogados, realizando el pago para la obtención de la tarjeta profesional por el valor
de 50.000.
El 29 del mismo mes y año, la Institución Universitaria de Colombia, reportó a la
autoridad accionada la información de fecha de grado y fecha de inicio de la carrera
de derecho del señor Edwin Andrés Beltrán Tibocha.
El 26 de agosto de 2024, le informaron que sería negada su solicitud, de
conformidad con lo previsto en la sentencia SU-128 de 2024.
En esa misma fecha, presentó petición ante el director de la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura, solicitando la expedición de la tarjeta profesional.
El 28 de agosto de 2024, fue notificado de la Resolución 8327 del 16 de agosto de
2024, en la cual se negó la expedición de la tarjeta profesional, al considerar que
como no se había presentado el examen de Estado, no era posible su expedición.
Sostuvo que esa negativa afecta directamente su derecho a elegir profesión u oficio,
al condicionar la libertad del ejercicio de la profesión, mediante la expedición de una
tarjeta profesional y la aprobación de un examen de Estado, que no ha sido
programado. Expuso que no ha podido registrarse como profesional del derecho, lo
cual limita significativamente sus oportunidades laborales y profesionales.
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Demandante: Edwin Andrés Beltrán Tibocha
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Indicó que, a la fecha, no se le permite realizar inscripción al examen de estado de
abogados.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 23 de septiembre de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al presidente del Consejo Superior de la Judicatura y al director de
la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia. Asimismo,
se dispuso la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.1. El director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia indicó que profirió la Resolución 8317 del 16 de agosto de 2024, mediante
la cual se negó la expedición de la tarjeta profesional de abogado al señor Beltrán
Tibocha, al considerar que el accionante inició su carrera de derecho el 29 de
diciembre de 2020, por lo que era destinatario de la Ley 1905 de 2018.
Por lo anterior, indicó que no era procedente la expedición de la tarjeta profesional
de abogado, puesto que la solicitud la radicó con posterioridad a la notificación de
la sentencia de la Corte Constitucional.
Adujo que no es cierto que se limiten sus oportunidades laborales y profesionales,
puesto que podía realizar su inscripción como abogado, para lo cual se le adjuntaron
los respectivos instructivos, pero, a pesar de ello, no ha realizado el correspondiente
registro.
Asimismo, precisó que la convocatoria para el examen 2024 II permitía la inscripción
de egresados y no exigía el diploma; a pesar de ello, el accionante omitió inscribirse
durante el plazo concedido, esto es, del 6 de junio al 4 de julio de 2024.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedibilidad, en especial, el de subsidiariedad. De cumplirse, se
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Demandante: Edwin Andrés Beltrán Tibocha
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
deberá establecer si el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia le vulneró los derechos
fundamentales al señor Edwin Andrés Beltrán Tibocha al proferir la Resolución 8317
del 16 de agosto de 2024, por la cual se negó la expedición de la tarjeta profesional
de abogado.
2. Análisis de la Sala
El reclamo del señor Edwin Andrés Beltrán Tibocha tiene que ver con la negativa
del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia tiene que ver con la negativa en la expedición de la tarjeta
profesional en calidad de temporal o provisional, mientras se realiza la convocatoria
para la presentación del examen de Estado, a la cual se inscribirá «una vez se de
apertura para la misma».
Para tal efecto, se observa que en primer lugar, el 27 de julio de 2024, el señor
Beltrán Tibocha, a través de la página del SIRNA, solicitó la expedición de la tarjeta
profesional, y, el 26 de agosto siguiente pidió a la autoridad demandada que
expidiera la tarjeta profesional provisional.
Mediante la Resolución 8317 de 2024 del 16 de agosto de 2024, la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de
la Judicatura negó la solicitud de expedición de la tarjeta profesional del señor Edwin
Andrés Beltrán Tibocha, con fundamento en que el accionante inició la carrera de
derecho el 29 de diciembre de 2020, por lo que es destinatario de la Ley 1905 de
2018.
Asimismo, adujo que como la solicitud para expedición de la tarjeta profesional fue
radicada con posterioridad a las 3:40 p.m. del 21 de mayo de 2024 -fecha y hora de
notificación de la sentencia SU-128 del 18 de abril de 2024- y actualmente el señor
Beltrán Tibocha no cuenta con la aprobación del examen de Estado, no era posible
expedir el documento requerido.
En el mismo sentido, la Sala advierte que, mediante correo electrónico del 28 de
agosto de 2024, la autoridad demandada le indicó al accionante que la solicitud de
licencia temporal se expide para aquellos que todavía no tienen su acta de grado,
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Demandante: Edwin Andrés Beltrán Tibocha
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
de ahí que el sistema no tenga la opción de solicitar el registro de una tarjeta
provisional.
La Sala considera que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación.
En primer lugar, se advierte que en la sentencia SU-128 del 18 de abril de 2024, la
Corte Constitucional consideró que el análisis de idoneidad y eficacia de los
mecanismos judiciales de defensa debía realizarse a partir de una dimensión
integral del caso, que abordara los tres problemas, así: (i) el alcance de la Ley 1905
de 2018 que exige a quienes iniciaron la carrera de derecho después del 28 de junio
de 2019 la superación del examen de Estado para la expedición de la tarjeta
profesional de abogado; (ii) la omisión del Consejo Superior de la Judicatura
consistente en no implementar de manera oportuna el examen de Estado, y (iii) la
validez constitucional de la regulación adoptada en el Acuerdo PCSJA22-11985 del
29 de agosto de 2022 (y del posterior Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril de
2024) y de las actas de registro que condujeron a expedir las tarjetas profesionales.
La Corte expuso que esos tres problemas jurídicos estaban relacionados entre sí,
y, por tanto, no era posible dar una respuesta integral al problema planteado en su
dimensión constitucional si no se abordaba su examen de manera conjunta, lo cual
implicaba que «si bien los medios de nulidad en lo contencioso administrativo
(simple y de restablecimiento del derecho) podrían, en principio, ser idóneos y
eficaces para abordar la última de las discusiones propuestas, el solo examen de
ese componente no permite otorgar una respuesta plena a la controversia
constitucional planteada. En efecto, la presunta vulneración de los derechos
fundamentales en este caso no está atada solamente a los actos administrativos
(acuerdos y actas de registro), y aunque estos llegaran a anularse, la Ley 1905 de
2018 seguiría exigiendo la superación del examen de Estado y persistirían los
efectos de la omisión en la realización oportuna del examen por parte del Consejo
Superior de la Judicatura».
De hecho, la Corte reconoció que en la sentencia SU-691 de 2017, la jurisdicción
de lo contencioso administrativo cuenta, en principio, con medidas efectivas para la
protección de los derechos fundamentales; sin embargo, sostuvo que en el primer
expediente analizado en la sentencia de unificación, no era posible para el
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Demandante: Edwin Andrés Beltrán Tibocha
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
accionante acudir a los medios de control ordinarios, toda vez que cuando interpuso
la acción de tutela lo hizo ante la negativa del Consejo Superior de la Judicatura de
expedirle la tarjeta profesional, y como la presentación de la solicitud de amparo fue
previa a la expedición del acuerdo que creó la categoría de tarjeta profesional
provisional, el accionante no podía hacer uso de medios de control frente a actos
administrativos que aún no existían.
Visto lo anterior, la Sala considera que el análisis relacionado con el requisito de
subsidiariedad no se asimila al realizado por la Corte Constitucional sino que, por el
contrario, únicamente se limita a determinar si el señor Edwin Andrés Beltrán
Tibocha contaba con otros medios de defensa para garantizar la protección de los
derechos fundamentales al trabajo y al ejercicio de la profesión, vulnerados,
supuestamente, por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura al proferir la Resolución 8317 de
2024.
Lo anterior, por cuanto el aquí accionante no puso en discusión el hecho de la falta
de implementación del examen de Estado para abogados, ni mucho menos el
alcance de lo previsto por la Ley 1905 de 2018. Es más, el señor Beltrán Tibocha
afirmó que una vez se habilite una nueva convocatoria para realizar el examen, se
inscribiría y presentaría el mismo, toda vez que es destinatario de lo previsto por la
Ley 1905 de 2018.
Es más, en un caso similar, esta Subsección2 advirtió que la situación puesta de
presente por la Corte Constitucional para tener por superado el requisito de
subsidiariedad dista «de los supuestos fácticos aquí analizados», pues:
El demandante obtuvo su título de abogado y presentó su solicitud de tarjeta
profesional cuando ya se había implementado la prueba cuya aprobación se
exige para efectos de expedir la tarjeta profesional. Por lo que resulta claro que
la disputa suscitada en esta oportunidad se reduce al control de validez de los
actos acusados y, en esa medida, a quien le corresponde efectuar el
correspondiente juicio de legalidad es al juez de lo contencioso administrativo
en el marco de sus competencias.
Así las cosas, la Sala observa que, en efecto, el accionante contaba con otros
2 Sentencia del 30 de agosto de 2024, expediente con radicado 11001-03-15-000-2024-03890-00,
M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05028-00
Demandante: Edwin Andrés Beltrán Tibocha
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
mecanismos de defensa que eran idóneos y eficaces para obtener la protección de
los derechos fundamentales que considera vulnerados.
En primer lugar, se advierte que el señor Beltrán Tibocha tuvo la posibilidad de
interponer el recurso de reposición contra la Resolución 8317 de 2024, tal como
quedó establecido en el artículo 3 de la misma, así:
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
contra ella, únicamente, procede el recurso de reposición, de conformidad con
el Acuerdo PCSJA19-11257 del 12 de abril de 2019, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el cual se debe interponer dentro de los diez (10)
días siguientes a su notificación.
Sin embargo, omitió hacer uso de ese mecanismo de impugnación y prefirió acudir
directamente a la solicitud de amparo como si se tratara de un mecanismo principal
para obtener la protección de los derechos fundamentales, desconociendo el
carácter residual y subsidiario de la acción de tutela.
De otra parte, si la inconformidad del accionante radica en lo resuelto en la
Resolución 8317 de 2014, que negó la expedición de la tarjeta profesional, acto
administrativo de carácter particular, cuya legalidad puede cuestionarse a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del término de 4
meses previsto para tal fin en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
La tutela se torna en improcedente, toda vez que el señor Edwin Andrés Beltrán
Tibocha dispone de otro mecanismo judicial para reclamar la protección de los
derechos fundamentales invocados, este es, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Se advierte que en el expediente no se logró acreditar
que el accionante hubiera ejercido el respectivo medio de control y luego de realizar
la búsqueda en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, no se
encontró información al respecto.
Cabe recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé
mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales. De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control,
pudo pedir la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo
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Demandante: Edwin Andrés Beltrán Tibocha
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
que cuestiona por vía de tutela, medida cautelar que sí es un medio de defensa ágil
y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia.
Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la
protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación consideró:
En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la
acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad
y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso,
b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción
que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la
exigencia del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio
complejo para concluirlo3.
Finalmente, conviene precisar que si bien puede flexibilizarse la regla de la
subsidiariedad cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable o la
situación amerite la intervención urgente del juez de tutela. En el caso particular, la
parte actora argumentó que la negativa en la expedición de su tarjeta profesional
limita significativamente sus oportunidades laborales y profesionales.
Lo cierto es que la Sala no advierte que el accionante se encuentre en una condición
de vulnerabilidad, o en alguna situación de debilidad manifiesta o que sea sujeto de
especial protección constitucional y que esas circunstancias le impidieran ejercitar
los mecanismos ordinarios de defensa que tenía a su disposición. Es más, se
observa que el aquí accionante no se inscribió a la prueba que se llevará a cabo el
próximo 20 de octubre, a pesar de que el Consejo Superior de la Judicatura,
mediante el Acuerdo PCSJA24-12188 del 30 de mayo de 2024, permitió que «los
egresados que culminaron sus estudios de derecho siempre que hayan iniciado su
carrera de derecho después del 28 de junio de 2018» realizaran el examen en el
segundo semestre de 2024.
En conclusión, la Sala declarará improcedente la tutela por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.
3 Consejo de Estado, Sala Plena. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente No. 25000-23-
42-000-2013- 06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.
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Demandante: Edwin Andrés Beltrán Tibocha
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor
Edwin Andrés Beltrán Tibocha contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, conforme a las
razones anotadas.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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