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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05029-01

Fecha
18 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05029-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Conrado Antonio Ceballos Noreña, María Graciela Noreña Castrillón, Olbaldo Ceballos Noreña, Erica Patricia Ceballos Noreña, Yamile Astrid Ceballos Noreña, Jhonatan Estiben Ceballos Noreña, Janson Yordano Ceballos Noreña, Brayan Ymanol Ceballos Noreña, Manuel Salvador Noreña Suárez y Aura Nelly Noreña Hoyos, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05029-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

18 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05029-01
Demandante: Conrado Antonio Ceballos Noreña y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Tutela contra providencia judicial / Caducidad de medio de
control de reparación directa en delitos de lesa humanidad /
Desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Revocar decisión del a quo y negar amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación formulada por Conrado Antonio Ceballos Noreña,
María Graciela Noreña Castrillón, Olbaldo Ceballos Noreña, Erica Patricia Ceballos
Noreña, Yamile Astrid Ceballos Noreña, Jhonatan Estiben Ceballos Noreña, Janson
Yordano Ceballos Noreña, Brayan Ymanol Ceballos Noreña, Manuel Salvador
Noreña Suárez y Aura Nelly Noreña Hoyos, en contra de la sentencia proferida el 5
de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
mediante la cual se decidió la solicitud de tutela de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Conrado Antonio Ceballos Noreña y otros promovieron solicitud de tutela con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y dignidad humada, los cuales consideraron vulnerados
con ocasión de la sentencia proferida el 15 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el medio de control de reparación directa identificado
con el radicado 05001-33-33-036-2018-00087-01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente:

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado « 4ED_Demandapdf(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05029-01
Demandante: Conrado Antonio Ceballos Noreña y otros

i) Presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y Fiscalía
General de la Nación; con el fin de que se les declarara responsables por los
perjuicios ocasionado por la ejecución extrajudicial del menor Yerson Antonio
Ceballos Noreña, ocurrida el 14 de enero de 2003 como consecuencia de impactos
por arma de fuego con presunta participación de miembros de la institución militar,
quienes, a su vez, transportaron el cuerpo en un helicóptero desde donde se
desplomó en un campo minado, lo que provocó su destrucción.

ii) El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín en
sentencia del 17 de julio de 2020 declaró probada la caducidad del medio de control,
al considerar que tal término se aplica también a las demandas sobre delitos de lesa
humanidad y, en el caso en estudio evidenció que los demandantes conocieron de
la participación estatal en el hecho dañoso el mismo día de su ocurrencia, por lo
que el aquel empezó a correr desde el 15 de enero de 2003. Decisión contra la cual
la parte demandante interpuso recurso de apelación.

iii) El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión en sentencia del
15 de marzo de 2024 modificó lo resuelto por el a quo, en el sentido de mantener la
declaratoria de caducidad pero inhibirse para pronunciarse de fondo respecto de las
demás excepciones propuestas, comoquiera que en el expediente no constaba
ninguna prueba que demuestre la imposibilidad de la parte demandante para
presentar la demanda dentro del plazo establecido, y pese a que supo de los hechos
en el 2003, no fue hasta el 9 de marzo de 2018 que presentó la demanda.

iv) La corporación demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en
defecto sustantivo comoquiera que la razón para decidir fue totalmente contraria a
la Constitución Política, a las garantías del ius cogens internacional y se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad y la excepción a la regla de caducidad
en casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa
humanidad.

En desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues, fundamentó su decisión
en la SU del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado e ignoró los fallos
posteriores del mismo órgano2, de la Corte Constitucional3 y del mismo tribunal4
donde se respetó la supremacía de principios como el de restitutio in integrum,
derecho sustancial y el principio pro infans sobre las normas procedimentales.
Asimismo, ignoró el precedente fijado respecto al interés superior del menor.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:

2 Al respecto citó la sentencia del 28 de junio de 2019 (Exp. 61.147)
3 Al respecto citó la sentencia T-352 de 2016;
4 Al respecto citó de Sala Primera de Oralidad. Auto del 19 de julio de 2019. M.P. Jorge Iván Duque

Gutiérrez. Rad.05001-33-33-010-2018-00254-01.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05029-01
Demandante: Conrado Antonio Ceballos Noreña y otros

«[…] Tutelar los derechos fundamentales al: i) Libre acceso a la administración de justicia
y debido proceso, en cuanto a la supremacía del principio de justicia material y
prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procedimental, que tiene por
fundamento el derecho a una tutela judicial efectiva y la no denegación de justicia
(Artículos 29, 228 y 229 de la Constitución, en concordancia con los artículos 8 y 25 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Garantías Judiciales-); ii)
Supremacía constitucional sobre leyes y jurisprudencia (Artículo 4 de la Constitución);
iii) Inobservancia del precedente jurisprudencial vertical y horizontal que aplica la
excepción a la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves
violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Todo lo anterior, en
concordancia con el bloque de constitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución) y la
obligación internacional de los operadores judiciales de actuar ejerciendo un estricto
control de convencionalidad (Artículos 1 y 2 de la Convención Americana); iv) Derecho
a la igualdad de las víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos
(Artículo 13 de la Constitución.); v) Principio de reparación integral a las víctimas en
casos de graves violaciones a los derechos humanos, en especial: Derechos a la vida
(Artículo 4 de la Convención Americana y 11 de la Constitución), e integridad personal
(Artículo 5 de la Convención Americana y 12 y 44 de la Constitución); iv) el principio pro
infans;, todo ello en conexidad con la obligación del Estado Colombiano establecida en
el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; declarando que
la providencia judicial No. 16 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
CUARTA DE DECISIÓN, con ponencia del magistrado Andrew Julian Martínez Martínez,
del 15 de marzo de 2024, dentro del medio de control de reparación directa con Radicado
No. 05001-33-33-036-2018-00087-01, incurrió en defecto material o sustancial, teniendo
en cuenta que: I) La ratio decidendi del H, Tribunal Administrativo de Antioquia se
muestra injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; II) La decisión se
funda en una interpretación no sistemática del derecho que vulnera garantías como el
ius cogens internacional, III) Se desconoció el precedente judicial sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación, IV) El juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad cuando corresponde (T-640/15) y, el juez se abstiene de hacer una
interpretación conforme al principio Pro Infans […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia5 se opuso a la prosperidad de la
petición de amparo, comoquiera que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados, ya que se garantizó y dio cumplimiento al contenido normativo aplicable
al caso, pues, se trató de una controversia donde el Consejo de Estado ya zanjó la
discusión respecto del término de caducidad en el medio de control de reparación
directa por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra; además, de que
contrario al decir de los demandantes, el asunto decidido no involucró una
desaparición forzada.

1.2.2. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional6 solicitó se declarara
improcedente el amparo pretendido comoquiera que no se acreditó el requisito
general de procedibilidad de la relevancia constitucional, pues, la verdadera
intención de la parte demandante fue convertir la tutela en una tercera instancia
frente a un debate ya finiquitado, el cual estuvo mediado por la debida valoración

5 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado «11RECIBEMEMORIAL_RespuestatutelaCEWil(.pdf)

NroActua 9»
6 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «11_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-

TUTELACONRADOANTON(.pdf) NroActua 10»

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Demandante: Conrado Antonio Ceballos Noreña y otros

probatoria de manera integral. Además, no fue posible realizar un estudio de fondo,
toda vez que, su permanencia inmóvil ante la administración de justicia de manera
injustificada, produjo la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad.

1.2.3. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín7 si bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la
petición de amparo.

1.2.3. La Fiscalía General de la Nación8 solicitó que se declarara improcedente la
petición de amparo, por cuanto no cumplió con el requisito general de la relevancia
constitucional ni se sustentaron las causales específicas de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial, por lo que no se demostró la configuración de
defecto aducido.

Adicionalmente, requirió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, al no tener la idoneidad para pronunciarse sobre las pretensiones que
versan sobre la emisión de decisiones judiciales.

1.3 Sentencia de primera instancia9

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia del 5 de
noviembre de 2024 declaró la improcedencia de la tutela, al considerar que no se
cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional, en la medida que la
verdadera intención de los demandantes fue convertirla en una instancia adicional
del proceso contencioso, pues, se presentaron argumentos que pretendían volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y de carácter netamente
legal, como lo es el inicio del cómputo del término de caducidad en el medio de
control de reparación directa.

1.4. Escrito de impugnación10

Los demandantes impugnaron la sentencia de primera instancia al considerar que
la petición de amparo es procedente comoquiera que con las providencias
enjuiciadas se vulneraron sus derechos fundamentales invocados, para lo cual
refirió que no se tuvo en cuenta que se trató de un menor de edad, por lo que debió
existir una prevalencia del derecho sustancial y una especial protección.

7 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado «16RECIBEPRUEBAS_201800087zip(.zip) NroActua

11»
8 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado
«19RECIBEMEMORIAL_Memorial_RESPUESTAACTUTELACON(.pdf) NroActua 13»
9 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado «21Sentencia_20240502900BARRERAMU(.pdf)

NroActua 16»
10 Ver índice 20 de Samai. Archivo denominado «23_MemorialWeb_Recurso-
ImpugnacionTutela_Ye(.pdf) NroActua 20»

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Demandante: Conrado Antonio Ceballos Noreña y otros

Asimismo, que también se desconoció la jurisprudencia de Consejo de Estado11 y
de la Corte Constitucional12, respecto de que el plazo de caducidad no resulta
exigible hasta que no se cuente con elementos para inferir que el Estado estuvo
implicado en la configuración del daño y el momento a partir del cual los familiares
de la víctima pudieron conocer que dichas conductas generarían responsabilidad
estatal, por lo que el conocimiento del daño no es el único criterio orientador para
iniciar el cómputo del término.

Refirieron que si bien Conrado Antonio Ceballos se presentó ante el despacho del
Juzgado Veintitrés de Instrucción Penal Militar, y declaró sobre la muerte de su hijo
Yerson Antonio Noreña Suarez, lo cierto es que de ello no se podía inferir que el
fallecimiento le era imputable al Estado, toda vez que no se contaba con los
elementos materiales necesarios para acudir a la jurisdicción, máxime, cuando no
se ha resuelto la situación jurídica de los presuntos responsables, pues, el 7 de
febrero de 2005 se denunciaron los hechos, la Fiscalía Seccional del Santuario,
Antioquia emitió resolución inhibitoria del 5 de diciembre de 2005, y solo hasta el 22
de enero de 2019 esta dio traslado del proceso penal, por lo que desde ese
momento se podía inferir razonablemente la eventual responsabilidad de agentes
estatales.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200013 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201914, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado15 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas

11 Al respecto citó: i) Sección Tercera. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (Rad. 85001-33-33-002-

2014- 00144-01 -61.033-); ii) SU del 29 de enero de 2020; iii
12 Al respecto citó: i) SU-167 del 18 de mayo de 2023; ii) SU del 18 de mayo de 2023
13 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
14 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.

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Demandante: Conrado Antonio Ceballos Noreña y otros

que en su interior se habían desarrollado sobre el tema16. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]» (Resalta la Sala).

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo17 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional18 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos19, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos

16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.20

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir, de acuerdo con el escrito de impugnación21, si: ¿el Tribunal
Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales de los
demandantes con ocasión de la sentencia proferida el 15 de marzo de 2024, a través
de la cual, confirmó la decisión de declarar la caducidad del medio de control de
reparación directa que instauraron por la presunta ejecución extrajudicial del menor
Yerson Antonio Ceballos, con la que incurrió, al parecer, en desconocimiento del
precedente jurisprudencial?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado por
el a quo, se entiende superado, toda vez que el defecto alegado puede llevar
consigo una violación a derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.

Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de
la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide
lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial

En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Además, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto

20 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
21 Si bien en el escrito de tutela se invocó el defecto sustantivo, lo cierto es que en la impugnación

únicamente se insistió en un presunto desconocimiento del precedente judicial.

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esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada de manera principal por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Por último, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.4.3. Sobre el caso concreto

Los demandantes acudieron al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 15 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en
cuanto confirmó la decisión de declarar la caducidad del medio de control de
reparación directa, promovido con ocasión de la presunta ejecución extrajudicial del
menor Yerson Antonio Ceballos.

Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que la referida
decisión judicial incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado22 y la Corte Constitucional23, respecto de que el plazo de
caducidad no resulta exigible hasta que no se cuente con elementos para inferir que

22 Al respecto citó: i) Sección Tercera. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (Rad. 85001-33-33-002-

2014- 00144-01 -61.033-); ii) SU del 29 de enero de 2020; iii
23 Al respecto citó: i) SU-167 del 18 de mayo de 2023; ii) SU del 18 de mayo de 2023

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el Estado estuvo implicado en la configuración del daño y el momento a partir del
cual los familiares de la víctima pudieron conocer que aquel pudieron estar
involucrados agentes estatales, por lo que el conocimiento del daño no es el único
criterio orientador para iniciar el cómputo del término de caducidad.

En razón a la controversia a decidir, se recuerda que el literal i) numeral 2 del artículo
164 del CPACA, en cuanto a la caducidad del medio de control de reparación directa
dispuso:

ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda
deberá ser presentada:

[…]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

[…]

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. […].

Para mayor claridad, se recuerda lo considerado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en su providencia, respecto a la configuración del fenómeno jurídico de la
caducidad del medio de control instaurado por la muerte de Yerson Antonio Ceballos
Noreña, así:

«[…] no puede hablarse en este caso concreto de desaparición forzada ya que tal y como
lo señala la misma parte actora en la demanda Yerson Antonio Ceballos Noreña fue
asesinado el 14 de enero de 2003 en la vereda San Francisco de Granada Antioquia por
lo que no es posible referirse en este caso a aprehensión, detención o secuestro alguno.

30. Por lo tanto, teniendo claro que las pretensiones de la demandante a través del medio
de control de la referencia, tiene como fundamento el homicidio de Yerson Antonio
Ceballos Noreña en hechos ocurridos el 14 de enero de 2003, y al generar éste hecho,
los perjuicios de orden material e inmaterial, que invoca la parte demandante en el medio
de control de la referencia, hace determinar a la Sala que al haberse producido y tenerse
conocimiento de los hechos, por parte de los demandantes el 14 de enero de 2003, es
decir mucho más de dos años antes de la presentación de la demanda que ocurrió el 9
de marzo de 2018, se configura el fenómeno de caducidad del medio de control de
Reparación Directa.

31. En consecuencia, a partir del 14 de enero de 2003, tendría que contarse en principio
el término de caducidad de la acción de reparación directa formulada, es decir, dos años
contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa; no
obstante, si bien el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del
hecho o la omisión, cuando no puede conocerse en el mismo momento, debe tenerse
en cuenta la fecha en la que se tiene conocimiento de ello.

32. Al respecto, en lo que tiene que ver con la responsabilidad que se endilga al Estado
en el caso concreto, está probado que la parte actora conoció para el momento de la
ocurrencia de los hechos el homicidio de Yerson Antonio Ceballos Noreña, además de

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Demandante: Conrado Antonio Ceballos Noreña y otros

las presuntas irregularidades cometidas por las autoridades y que describen en la
demanda tales como la conducta ilegal y delictiva de miembros del Ejército Nacional.

33. Por ende, al tener la parte actora conocimiento desde la ocurrencia del hecho, esto
es, en el año 2003, de la participación irregular de miembros de la fuerza pública en el
homicidio de Yerson Antonio Ceballos Noreña, como se menciona en los hechos de la
demanda en la que referencia el conocimiento del accionar ilegal y delictivo por parte de
miembros del Ejército Nacional, ya que ejecutaron a Yerson Antonio con pleno
conocimiento que éste no era guerrillero ni fue dado de baja en combate, de donde se
infiere que en esa fecha la parte actora tuvo conocimiento de ello.

34. Aunado a ello, se tiene que no obra en el expediente prueba alguna que dé cuenta
de la imposibilidad por parte de la parte actora de presentar la demanda en tiempo
oportuno.

35. Por lo tanto, al encontrarse acreditado que el medio de control de la referencia se
presentó el día 9 de marzo de 2018, lo procedente de conformidad con lo establecido en
el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y en la sentencia de unificación previamente citada, es declarar la
caducidad de la acción, y en consecuencia se modificará los numerales primero,
segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia declarándose probada la
excepción de caducidad e inhibiéndose para pronunciarse de fondo […]». (sic)

Como se observa, la autoridad judicial demandada si analizó las pruebas allegadas
al plenario, situación distinta es que adoptó la tesis jurisprudencial del Consejo de
Estado, avalada por la Corte Constitucional, que determina la exigencia del término
de caducidad para demandar por responsabilidad extracontractual al Estado en
asuntos en que se involucran delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, y
que, con fundamento en ello, encontró acreditado que en el sub examine los
demandantes tuvieron conocimiento de la injerencia de agentes del Estado en los
fatales hechos desde su ocurrencia, esto es, el 14 de enero 2003, y solo acudieron
a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo el 9 de marzo de 2018,
presupuestos fácticos que no están en discusión.

En vista de lo anterior, resulta ajustado a derecho que el Tribunal Administrativo de
Antioquia contara el término de caducidad de dos (2) años a partir del día siguiente
de cuando los demandantes tuvieron conocimiento de la participación de los
integrante del Ejército Nacional en la ocurrencia del hecho dañoso, esto es, el 14 de
enero de 2003, por lo que contaban hasta enero de 2005 para impetrar el medio de
control de reparación directa, sin embargo, solo presentaron la solicitud de
conciliación extrajudicial el 30 de noviembre de 2017, cuando ya había finiquitado
el término legal para ello.

Al respecto, tal como se explicó en la providencia acusada, se realizó un chequeo
similar al realizado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020, lo cual dejó demostrado la falta de diligencia de los demandantes
para en interponer el medio de control de reparación directa para pretender la
responsabilidad patrimonial del Estado.

Ahora bien, pese a que no se desconoce que la víctima fue un menor de edad, lo
cierto es que ello no implica un eximente a la obligatoriedad de los términos

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Demandante: Conrado Antonio Ceballos Noreña y otros

procesales, pues, es un argumento que realmente generaría un impacto en una
eventual condena, por temas de agravantes y demás. Principalmente, cuando
tampoco obra prueba que justifique la mora para acudir ante la administración de
justicia.

Frente a las investigaciones penales o disciplinarias adelantadas por este hecho, la
Sala aclara que sin perjuicio de cuál sea el resultado en las diferentes
especialidades, lo cierto es que se trata de responsabilidades diferentes y que no
interfieren una sobre la otra, es decir, más allá de que se estuvieran o se estén
tramitando investigaciones en otra jurisdicción por los mismos hechos, ello no quiere
decir que interferiría en los términos para la presentación de la demanda de
reparación directa.

Máxime cuando la Sala observa del expediente contencioso, que se instauraron
múltiples peticiones ante diferentes entidades como el Juzgado Veintitrés de
Instrucción Penal Militar de Medellín, Fiscalía Treinta y Siete Especializada de
Medellín, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, y la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensión de los
Derechos Humanos en Bogotá, con la finalidad de conocer el estado de dichos
procesos, lo cual refuerza la hipótesis de los falladores, de que los demandantes
conocían de la presunta participación del Ejército Nacional en la muerte menor
Yerson Antonio Ceballos Noreña, desde el momento de su ocurrencia, esto es, el
14 de enero de 2003.

En concordancia con lo anterior, se resalta que en el escrito de tutela se refirió que
«[e]l señor Olbaldo Ceballos Noreña, hermano de la víctima, declaró el 6 de diciembre de
2007 ante la Unidad de Fiscalías Especializadas contra Violaciones a los Derechos
Humanos y DIH […] el señor Conrado Antonio Ceballos, padre de la víctima, manifestó ante
el Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar (IPM)»; declaraciones que datan mínimo del
año 2007, en las que se relató lo ocurrido, el conocimiento que tuvieron de los
hechos el mismo día de su ocurrencia y la participación del Estado en estos.

Dicho ello, contrario al decir de la parte actora, la autoridad judicial demandada no
incurrió en desconocimiento del precedente, pues, sin desconocer las graves
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaeció el homicidio del menor
Yerson Antonio Ceballos Noreña, lo cierto es, que el asunto fue decidido bajo la
regla jurisprudencial establecida por el órgano de cierre de lo contencioso-
administrativo en materia de la caducidad del medio de control de reparación directa
frente a casos relacionados con delitos de lesa humanidad, graves violaciones del
derecho internacional humanitario y crímenes de guerra.

En este punto, recuérdese que el Consejo de Estado, Sección Tercera, en ejercicio
de su facultad unificadora en los términos del artículo 27124 de la Ley 1437 de 2011,

24 Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad

de sentar jurisprudencia. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o

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Demandante: Conrado Antonio Ceballos Noreña y otros

decidió que, al «no exist[ir] un criterio uniforme en cuanto a la exigibilidad del término para
demandar cuando se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, […] se
fijará un criterio uniforme para tales eventos», por lo que determinó las siguientes reglas:

«[…] En cuanto al término para ejercer la pretensión de reparación directa, el numeral 8
del artículo 136 del C.C.A.25, adicionado por el artículo 8 de la Ley 589 de 2000,
establecía que, en los casos de desaparición forzada, la caducidad se contaba con
fundamento en la fecha en la que aparecía la víctima y, si ello no ocurría, desde el
momento en el que quedaba ejecutoriado el fallo adoptado en el proceso penal.

En los demás eventos desde el acaecimiento de la situación causante del daño; sin
embargo, esta Sección precisó que no bastaba con la ocurrencia del hecho dañoso,
pues, además, resultaba necesario su conocimiento por parte del afectado, ya que a
partir de ello surgía el interés para ejercer el derecho de acción26.

El literal i) del numeral 2 de la Ley 1437 de 201127 prevé la misma regla frente a la
desaparición forzada y para los demás casos establece como determinante la ocurrencia
de la acción u omisión causante del daño o del momento en el que el afectado la conoció
o debió conocerla, si fue en fecha posterior, “siempre que pruebe la imposibilidad de
haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

Así las cosas, para computar el plazo de caducidad no basta con la ocurrencia “de la
acción u omisión causante del daño”, pues, además, se debe determinar si el interesado
advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos y que le
era imputable el daño.

De este modo, si un grupo familiar conoce la muerte de uno de sus miembros, pero no
cuenta con elementos para inferir que el Estado estuvo involucrado y era el
llamado a responder patrimonialmente, la caducidad no se cuenta desde la ocurrencia
del hecho u omisión dañosa, sino desde que tuvo la posibilidad de advertir que la

necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación
jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo,
de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o
a petición del Ministerio Público. […].
25 “8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir

del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa.
«Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de
desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto
desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción
pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”
(se resalta).
Esta disposición regula la caducidad de la pretensión de reparación directa en los eventos en los que
el término empezó a correr con anterioridad al 2 de julio de 2012, según lo previsto en el artículo 40
de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.
26Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de

marzo de 2006, expediente 15785, MP: María Elena Giraldo.
27 “i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término

de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
“Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de
desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto
desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda
con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar
a la desaparición».

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pretensión de reparación directa resultaba procedente para los fines previstos en el
artículo 90 de la Constitución Política.

Lo anterior no implica la individualización o sanción penal del agente que ocasionó el
daño, sino el conocimiento de la intervención de una autoridad, porque ello restringiría
el derecho de acceso a la administración de justicia, en cuanto condicionaría la
declaratoria de la responsabilidad estatal a un requisito de procedibilidad que la
ley no contempla, como es la identificación del autor o partícipe.

El trámite de un proceso penal por los hechos que dan lugar a una demanda de
reparación directa no altera el cómputo de la caducidad, sino que da lugar a la
suspensión del proceso, tal como lo precisa el artículo 161 del C.G.P., que prevé:

“Artículo 161. Suspensión del proceso. El juez, a solicitud de parte, formulada antes
de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos:

“1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se
decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar
en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención (…)” (se destaca)

De este modo, si los afectados consideran que el resultado del proceso penal adelantado
en contra del agente implicado en los hechos tiene la suficiencia de determinar el sentido
del fallo de responsabilidad patrimonial del Estado, lo que les corresponde es ejercer en
tiempo la pretensión de reparación directa y, luego, cuando el proceso se
encuentre para dictar sentencia, solicitar la suspensión por “prejudicialidad”, y será el
juez de lo contencioso administrativo el que defina si existe o no una relación de
dependencia o si puede definir el asunto sin esperar la condena penal.

Precisado lo anterior, a modo de conclusión, la Sección Tercera aclara que, mientras no
se cuente con elementos de juicio para inferir que el Estado estuvo implicado en la acción
u omisión causante del daño y que le era imputable el daño, el plazo de caducidad de la
reparación directa no resulta exigible, pero si el interesado estaba en condiciones
de inferir tal situación y, pese a ello no acudió a esta jurisdicción, el juez de lo
contencioso administrativo debe declarar que el derecho de acción no se ejerció en
tiempo, bien sea al analizar la admisión de la demanda, al resolver las excepciones en
la audiencia inicial o al dictar sentencia, según el caso.

Lo expuesto resulta aplicable a todos los asuntos de reparación directa, al margen de
que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, pues ni el Decreto
01 de 1984 ni la Ley 1437 de 2011 establecen una regla especial frente a estas
conductas, salvo lo referente al delito de desaparición forzada. […]».

Pronunciamiento que resulta de obligatorio cumplimiento por los jueces y
magistrados de la jurisdicción contenciosa-administrativa, en los términos de los
artículos 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio de que llegaren a existir
decisiones aisladas de diferentes autoridades judiciales bajo una línea decisional
contraria, las cuales no pueden ser calificadas como precedente de modo alguno.
Señalan las normas:

Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver
los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan
los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones
de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial
del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.

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[…]

Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código
se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya
proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o
social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver
las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos
extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo
36A de la Ley 270 de 1995, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009. […]»

Por consiguiente, la decisión cuestionada no vulneró los derechos fundamentales
de los demandantes porque aplicó la disposición del artículo 164 de la Ley 1437 de
2011, en concordancia con las pruebas aportadas al expediente y bajo los
lineamientos dispuestos en la pluricitada sentencia de unificación, la cual fue
avalada por la Corte Constitucional, que estableció que el término de caducidad
para el medio de control de reparación directa relacionada con delitos de lesa
humanidad debe contarse desde que se tuvo conocimiento de la participación del
Estado en el hecho dañoso, de ser ello posible, lo cual deberá valorarse en cada
caso en particular.

A juicio de esta Sala, la autoridad judicial realizó una valoración probatoria acorde
a la normatividad y jurisprudencia aplicables, y expuso suficientes argumentos
jurídicos, en relación con el fenómeno de la caducidad presentado, todo lo cual le
permitió concluir que en el caso bajo estudio la demanda fue radicada de manera
extemporánea.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

3. Conclusión

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la sentencia
del a quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de los
demandantes en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

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Demandante: Conrado Antonio Ceballos Noreña y otros

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales de Conrado Antonio Ceballos Noreña, María Graciela
Noreña Castrillón, Olbaldo Ceballos Noreña, Erica Patricia Ceballos Noreña, Yamile
Astrid Ceballos Noreña, Jhonatan Estiben Ceballos Noreña, Janson Yordano
Ceballos Noreña, Brayan Ymanol Ceballos Noreña, Manuel Salvador Noreña
Suárez y Aura Nelly Noreña Hoyos, en la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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