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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05034-00

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05034-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación de Colpensiones. SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales del señor Juan Bautista Giraldo Cardona. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05034-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

24 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05034-00
Demandante: Juan Bautista Giraldo Cardona
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05034-00
Demandante: JUAN BAUTISTA GIRALDO CARDONA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

Tema: Tutela de fondo – Mora judicial – Niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por el señor Juan
Bautista Giraldo Cardona contra el Tribunal Administrativo de Caldas, de
conformidad con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Juan Bautista Giraldo Cardona, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el «TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CALDAS, el
cual concurrirá al proceso a través de su Conjuez Dra. LINA MARÍA HOYOS
BOTERO», con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al
«EFECTIVO ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO
PROCESO, IMPERIO DE LA LEY PROCESAL, DERECHO DE PETICIÓN».

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
omisión del Tribunal Administrativo de Caldas en resolver la petición de 30 de
mayo de 2024, a través de la cual el actor pretende que se le informen los motivos
por los cuales su proceso2 no ha ingresado al despacho para proferir la sentencia
del asunto.

1
Mediante escrito radicado el 19 de septiembre de 2024, a través del buzón electrónico
tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co y remitido en la misma fecha a la Secretaría General del
Consejo de Estado.
2
De las pruebas aportadas junto con el escrito de tutela, se advierte que se trata del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 17001-23-33-000-2015-00426-
00 que presentó el actor contra Colpensiones.

1

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Demandante: Juan Bautista Giraldo Cardona
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

1.2. Pretensiones

La parte actora presentó las siguientes:

PRIMERO. Que se CONCEDA EL AMPARO TUTELAR a la actora tutelar, respecto
a los derechos fundamentales denominados: EFECTIVO ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO, IMPERIO DE LA LEY
PROCESAL, DERECHO DE PETICIÓN vulnerados por el TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CALDAS, a través de su Conjuez Dra. LINA
MARÍA HOYOS BOTERO.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Conjuez Dra. LINA
MARÍA HOYOS BOTERO del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas proceda a dar respuesta a la petición
elevada con la cual se busca que mi proceso que lleva más de 9 años en trámite,
ingrese a Despacho para sentencia y así se le asigne un turno para la decisión de
fondo, respetando el sagrado derecho de acceso a la administración de justicia y la
seguridad social.

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento el siguiente:

1.3.1. El señor Juan Bautista Giraldo Cardona expuso que en el año 2015 radicó el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, relacionado con la
reliquidación de su pensión de jubilación como Juez de la República, y a dicho
proceso se le asignó el radicado número 17001-23-33-000-2015-00426-00 en el
Tribunal Administrativo de Caldas.

1.3.2. Adujo que el 28 de julio de 2023 se le corrió traslado para alegar de
conclusión, no obstante, desde entonces y pese a los constantes requerimientos
realizados, su proceso no ha ingresado a Despacho para que se proceda a dictar
sentencia.

1.3.3. Expuso que el 30 de mayo de 2024 radicó una petición ante el Tribunal
Administrativo de Caldas, con el fin de que le informara el motivo por el cual su
proceso no ha pasado al Despacho para fallo.

1.4. Sustento de la vulneración

El señor Juan Bautista Giraldo Cardona aseguró que sus derechos fundamentales
al «EFECTIVO ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO
PROCESO, IMPERIO DE LA LEY PROCESAL, DERECHO DE PETICIÓN», están
siendo transgredidos, dado que, a la fecha de radicación de esta acción
constitucional, el Tribunal Administrativo de Caladas «ha ignorado» su solicitud.

2

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1.5. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante providencia de 23 de septiembre de 2024, el magistrado ponente admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como al Tribunal
Administrativo de Caldas y a la conjuez Lina María Hoyos Botero.

Además, ordenó vincular a Colpensiones, así como a las demás partes, personas,
terceros y/o entidades que hubieren participado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 17001- 23-33-000-2015-
00426-00 para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente trámite
tutelar.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Caldas

En documento de 26 de septiembre de 2024, la conjuez Lina María Hoyos Botero
intervino en el presente trámite tutela y expuso que no ha transgredido los
derechos fundamentales del señor Juan Bautista Giraldo Cardona.

Precisó que dicha afirmación se sustenta en las actuaciones procesales
desarrolladas al interior del trámite identificado con el radicado número 17001-23-
33-000-2015-00426-00, en el que se puede evidenciar que «fue repartido el día 16
de septiembre de 2020, se avocó conocimiento el día 10 de febrero de 2021, se dio
traslado de las excepciones el día 26 de julio de 2021».

Adujo que «por renuncia del Conjuez, se sorteó el expediente nuevamente, el a 16
de noviembre de 2021. Se avocó conocimiento el día 2 de mayo de 2022», y el
último auto proferido dentro del expediente, data del 28 de julio de 2023, en el cual
se decretaron pruebas y se corrió traslado a las partes para alegatos de
conclusión.

Precisó que actualmente, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en
el cual el señor Giraldo Cardona funge como accionante, se encuentra a Despacho
para proferir sentencia.

De modo que, aseguró que, en su calidad de conjuez, le ha dado trámite al
proceso, por lo que es evidente que no se vislumbra una transgresión a las
garantías fundamentales y procesales del tutelante.

1.6.2. Colpensiones

El 27 de septiembre de 2024, la directora del área de acciones constitucionales de
la entidad intervino en la presente tutela y expuso que carece de legitimación en la

3

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causa por pasiva, puesto que no es el «órgano que presuntamente violó o
amenazó» los derechos fundamentales del señor Giraldo Cardona.

Manifestó que Colpensiones solo puede asumir asuntos relativos a la
administración del régimen de prima media con prestación definida en materia
pensional, pues ese es el marco de su competencia, no lo requerido por el actor en
esta tutela.

A pesar de lo dicho, adujo que en este asunto no se evidencia una mora judicial
injustificada, e indicó que, al no estar demostrada la tardanza, darle prelación
«constituiría una vulneración al derecho a la igualdad de aquellos quienes también
llevan tiempo esperando la resolución de las decisiones judiciales, no respetar
estos turnos y ni que decir, de aquellos que se encuentren en situaciones fácticas
similares al caso bajo estudio».

Finalmente solicitó su desvinculación de esta acción constitucional.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Juan Bautista Giraldo Cardona contra el Tribunal
Administrativo de Caldas, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

En su intervención, Colpensiones solicitó ser desvinculada del presente trámite
constitucional.

Pues bien, frente a dicho requerimiento, esta Sección accederá a la desvinculación
en la medida que como bien lo indicó el objeto de la petición del señor Juan
Bautista Giraldo Cardona no es de la órbita de sus competencias, conforme se
expuso en el numeral 1.6.2.

2.3. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde establecer si el Tribunal Administrativo de
Caldas transgredió los derechos fundamentales al «EFECTIVO ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO, IMPERIO DE LA LEY
PROCESAL, DERECHO DE PETICIÓN» del señor Juan Bautista Giraldo Cardona,
con ocasión a que a la fecha de radicación de esta tutela su proceso de nulidad y

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restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 17001- 23-33-
000-2015-00426-00 no había pasado al Despacho para fallo y por consiguiente no
le había dado respuesta a la petición que radicó el 30 de mayo de 2024 ante la
autoridad accionada.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) del derecho de petición en actuaciones
judiciales; (iii) mora judicial justificada y (iv) análisis del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable3.

2.5. Del derecho de petición en actuaciones judiciales

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido pacífica al señalar que existen
dos clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de justicia:

I. Aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan de conformidad con el
procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley.

II. Las generales que no tienen incidencia en el proceso judicial y que están
reguladas en el Título 2º de la Ley 1437 de 2011.

Esta Sección, en sentencia del 25 de enero de 20184, señaló que tanto la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado han
reiterado que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales
tienen un alcance diferenciado que implica limitaciones. Por tanto, resaltó esta Sala
que es necesario diferenciar las siguientes dos clases de solicitudes que se eleven
ante los jueces:

3
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
4
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 25.01.18., M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad.
No. 11001-03-15-000-2017-02981-00.

5

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(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el
efecto; y

(ii) Aquellas que, por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por tanto, en la providencia en cita se indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia
referenciada, el derecho de petición no procede para solicitar a un funcionario
judicial que cumpla con sus funciones jurisdiccionales, debido a que esta es una
actuación que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora
judicial, puede existir una vulneración a los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia; sin embargo, en estas situaciones no existe
una transgresión del derecho de petición5.

2.6. Mora judicial justificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial se
encuentra justificado en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una
actuación tiene lugar debido a la complejidad particular del asunto o a la existencia
de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios
judiciales6.

Por su parte, el Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, existe una
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en aquellos casos en los que dicho retardo se deba a la
falta de diligencia y la omisión sistemática en el cumplimiento de los deberes de
tales servidores públicos7.

De igual forma, dicha Corte ha considerado que «atendiendo la realidad del país,
en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales» 8.

A su vez, frente al particular, la Corte Constitucional afirmó que:

5
Ibidem.
6
Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-1019 del 06.11.10., M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
7
Ibidem.
8
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-230 del 18.04.13., M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.

6

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Demandante: Juan Bautista Giraldo Cardona
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(…) por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al
actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la
misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita
que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el
resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. (Negrilla y
subrayado fuera del texto)

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial9, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez.

De acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de las partes en un proceso.

En este sentido, esta Corporación ha señalado que, en caso de comprobarse una
dilación injustificada del proceso, la acción de tutela resulta procedente con el fin
de amparar los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia10.

Al respecto, se ha precisado que:

la mora judicial o administrativa que configura vulneración del derecho fundamental
al debido proceso se caracteriza por: (i) el incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii)
que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra: análisis sobre la

9
Al respecto, consultar: Sentencia del 31.10.18., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 54001-23-33-
0002018-00276-01; Sentencia del 14.11.19., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-04391-00; Sentencia del 10.09.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
03562-00; Sentencia del 10.09.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 76001-23-33-000-2020-
00925-01; Sentencia del 17.09.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-02484-
01; Sentencia del 24.09.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-03578-00; Sentencia del 08.10.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-
03-15-000-2020-03907-00; Sentencia del 15.10.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad.
11001-03-15-000-2020-04098-00; Sentencia del 05.11.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad.
11001-03-15-000-2020-04370-00 y Sentencia del 26.11.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-
03-15-000-2020-04518-00.
10
Al respecto ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 30 de
enero de 2003 con Radicación N° 2002-1267-01(AC-309). M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

7

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complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la
autoridad competente y el análisis global de procedimiento y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable en la demora.11

2.7. Caso concreto

En la presente solicitud de amparo, el señor Juan Bautista Giraldo Cardona, en
nombre propio presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Caldas, con el objetivo de que se le protegieran sus derechos fundamentales al
«EFECTIVO ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO
PROCESO, IMPERIO DE LA LEY PROCESAL, DERECHO DE PETICIÓN».

Lo anterior, con fundamento en que el 30 de agosto de 2024, radicó una petición
ante la autoridad accionada con el objetivo de conocer las razones por las cuales
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
número 17001- 23-33-000-2015-00426-00 no ha pasado al Despacho para fallo.

En este punto, es importante precisar que respecto de la vulneración del derecho
fundamental de petición alegada por el señor Juan Bautista Giraldo Cardona, esta
Sala de Decisión advierte que la solicitud que radicó al interior del proceso objeto
de estudio no se elevó en ejercicio de dicha garantía constitucional consagrada en
el artículo 23 de la Constitución, pues, de conformidad con lo expuesto en el
numeral 2.5. de esta sentencia, tal memorial corresponde a una actuación procesal
– proferir la sentencia dentro del referido proceso ordinario que se instauró contra
Colpensiones- es decir, se refiere a una petición relativa al proceso judicial que
debe ser tramitada de conformidad con lo previsto por la ley al respecto.

En este sentido, de acuerdo con la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
presente caso deberá estudiarse desde la óptica de una presunta vulneración a los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por la
presunta mora judicial en la que ha incurrido el Tribunal Administrativo de Caldas
para proferir el fallo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

De la revisión del expediente digital y teniendo en cuenta el informe que presentó
la autoridad judicial demandada, se tiene que, en su intervención, el Tribunal
Administrativo de Caldas expuso que el proceso donde el señor Giraldo Cardona
funge como actor ya pasó al Despacho para proferir sentencia, tal como se
puede evidenciar en el aplicativo Samai:

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, sentencia del 26 de
enero de 2012. M.P. Susana Buitrago Valencia, Radicado No. 5001-23-31-000-2011-00480-01.

8

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Adicionalmente, la conjuez Lina María Hoyos Botero hizo un recuento de cada una
de las etapas procesales que se han surtido al interior del trámite promovido por el
señor Juan Bautista Giraldo Cardona.

Sumado a lo anterior, para esta Sección es importante poner de presente que tal
como se expuso en los acápites precedentes relativos a la mora judicial,
«atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de
los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»,
por ello, se ha considerado que en los eventos en los que «la tardanza no es
imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el
retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia».

Asimismo, debe precisarse que, la Corte Constitucional ha indicado que, la dilación
injustificada que configura la violación de derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, se caracteriza por: (i) el
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar actuación por
parte del funcionario competente; (ii) la omisión en el cumplimento de las
obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la
falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que
no se pueden contrarrestar.

En este orden, y si bien el 30 de mayo de 2024, el actor radicó una solicitud de
impulso procesal, la Sala encuentra que, a la evidencia la Sala que, a la fecha en
que se impetró la presente acción constitucional, esto es, 19 de septiembre de
2024, no se advierte que hubiese transcurrido un tiempo excesivo o
desproporcionado que evidencien la ocurrencia de alguno de los requisitos que
permitan establecer que se trata de una mora judicial injustificada. Por el contrario,

9

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según las actuaciones registradas en el aplicativo Samai el proceso ordinario ha
obedecido al normal desarrollo de sus etapas procesales.

A continuación, se adjunta el escrito de 30 de mayo de 2024:

De otro lado, ha de precisarse que, si bien a la fecha, no se ha adoptado una
decisión de fondo dentro del proceso ordinario promovido por el señor Juan
Bautista Giraldo Cardona, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la
Ley 446 de 1998, es obligatorio para los jueces dictar las sentencias en el turno en
que ingresan al despacho para fallo, sin que su orden pueda alterarse «salvo en
los casos de sentencia anticipada o de prelación legal, Con todo, en los procesos
de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tal orden
también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud
del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y
trascendencia social».

En tal sentido, no se advierte por parte de esta Sala de Decisión negligencia u
omisión alguna en el ejercicio de las funciones del Tribunal Administrativo de
Caldas, frente a lo cual, resulta importante también destacar que a pesar de que la
judicatura demandada no señaló el turno en el que se encuentra el proceso del
tutelante, ni la carga laboral que el Despacho tiene a su cargo, atendiendo la

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realidad del país, el incumplimiento de los términos procesales no pueden ser
imputable al actuar de los funcionarios judiciales, por lo que la tardanza alegada
por el señor Giraldo Cardona no puede conllevar per se a la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

Así, y al no evidenciarse una dilación injustificada o indebida respecto al trámite
impartido por el Tribunal Administrativo de Caldas dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho al que se ha hecho alusión, se negará el
amparo de los derechos fundamentales invocados por el tutelante, pues ordenar
que se resuelva su caso sin atender el orden que le corresponde podría implicar la
afectación de los turnos que tiene establecidos el despacho para fallar, y así el
derecho fundamental a la igualdad de aquellos usuarios que de manera previa al
actor acudieron a la administración de justicia.

Aunado a lo dicho, no se observa que el Tribunal Administrativo de Caldas haya
actuado de manera negligente o que su comportamiento sea el resultado de una
omisión en el cumplimento de sus funciones, como tampoco se advierte un tiempo
excesivo para resolver sobre la solicitud de impulso procesal que se radicó el 30 de
mayo de 2024.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

3. FALLA

PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación de Colpensiones.

SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales del señor Juan
Bautista Giraldo Cardona.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05034-00
Demandante: Juan Bautista Giraldo Cardona
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

12

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