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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05035-00

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05035-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Eny Luz Lara Castro, Juan Gabriel Martínez Hernández, José Dolores Ortega Hernández, Arnol del Cristo Campo Merlano, Norma Isabel Hernández Bohórquez, Eusebia Eracina Bohórquez de Hernández y Felipe de Jesús Hernández Bohórquez, respecto de los defectos sustantivo y procedimental por exceso de ritual manifiesto, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo: Negar el amparo de los derechos fundamentales de los señores Eny Luz Lara Castro, Juan Gabriel Martínez Hernández, José Dolores Ortega Hernández, Arnol del Cristo Campo Merlano, Norma Isabel Hernández Bohórquez, Eusebia Eracina Bohórquez de Hernández y Felipe de Jesús Hernández Bohórquez , en relación con los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-05035-00 Demandante: Eny Luz Lara Castro y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05035-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

17 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05035-00
Demandante: Eny Luz Lara Castro y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

MAGISTRADA PONENTE: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05035-00
Accionantes: Eny Luz Lara Castro y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre y otros

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: reparación directa por privación
de la libertad. Subtema 2: presupuestos de procedencia/carga argumentativa.
Subtema 3: defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de tutela que presentaron Eny Luz Lara Castro, Juan Gabriel Martínez
Hernández, José Dolores Ortega Hernández, Arnol del Cristo Campo Merlano,
Norma Isabel Hernández Bohórquez, Eusebia Eracina Bohórquez de Hernández
y Felipe de Jesús Hernández Bohórquez en contra del Tribunal Administrativo de
Sucre y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los accionantes, por intermedio de apoderado judicial, solicitaron el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
al mínimo vital y a la igualdad, que consideraron vulnerados con la sentencia del 17 de
julio de 2024, que profirió el Tribunal Administrativo de Sucre y que revocó la emitida
por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, en el medio de control
de reparación directa identificado con el radicado número 70001-33-33-007-2017-
00046-01.

En síntesis, la parte actora sostuvo que la sentencia que negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa fue proferida contraria a derecho y sin hacer un análisis
detallado de las pruebas allegadas al plenario, pues consideró que la privación de la
libertad de Juan Gabriel Martínez Hernández, José Dolores Ortega Hernández, Jaime
de Jesús Baldovino García, Arnol del Cristo Campo Merlano y Luis Felipe Hernández
Ayala no tuvo el carácter de ilegal y que la imposición de la medida de aseguramiento
fue razonable, proporcional y ajustada a la normativa vigente. Además, el apoderado
judicial de los accionantes indicó que la decisión judicial cuestionada incurrió en los
defectos factico, sustantivo, procedimental por exceso de ritual manifiesto y
1

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Demandante: Eny Luz Lara Castro y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre

desconocimiento de precedente.

II. ANTECEDENTES

2.1. Pretensiones:

En el escrito de tutela la parte actora solicitó al juez constitucional:

[…]
Específicamente, se observa que SALA CUARTA DE DECISION ORAL DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024, Magistrada ponente:
VIVIANA MAERCEDES LOPEZ RAMOS, en su decisión, está desacatando el
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, como asunto Prima Facie, protegido por La
Constitución Política en lo referente al Debido proceso., a la aplicación de los principios de
buena fe, y del sufrimiento como eximente de medio probatorio, más que del registro civil
de nacimiento de los familiares. La aquí parte actora no está cuestionando las sentencias
dictadas en Primera y Segunda Instancia, en un sentido emotivo, sino que la sentencia de
segunda instancia no está debidamente motivada y se aparta de los topes
jurisprudenciales., la igual el criterio del fallador es alejado a cualquier principio del derecho.,
este trasgrede derechos fundamentales. Lo pretendido por el aquí actor, es que el juez
constitucional deje sin efectos las decisiones atacadas y, en su lugar, se ordene emitir una
nueva providencia en la que se respeten los derechos fundamentales al debido proceso, a
la sana crítica, al acceso a la administración de justicia.

Lo pretendido por el aquí actor, actor (sic) es que el juez constitucional deje sin efectos las
decisiones atacadas y, en su lugar, se ordene emitir una nueva providencia en la que se
respeten los derechos fundamentales al debido proceso, a la sana crítica, al acceso a la
administración de justicia. […]1.

2.2. Hechos

La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen
a continuación2:

Los demandantes presentaron escrito en ejercicio del medio de control de reparación
directa, al considerar que existió una detención arbitraria y/o privación y prolongación
injusta e ilegal de la libertad en el marco de la actuación penal que adelantó la Fiscalía
12 Seccional Sincé, Sucre, la cual culminó con la preclusión de la investigación y la
cancelación de las medidas de aseguramiento impuestas a Juan Gabriel Martínez
Hernández, José Dolores Ortega Hernández, Jaime de Jesús Baldovino García, Arnol
del Cristo Campo Merlano y Luis Felipe Hernández Ayala.

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, en sentencia del 27 de
febrero de 2019, declaró responsable a la Nación, Fiscalía General de la Nación por la
privación injusta de la libertad de José Dolores Ortega Hernández, Arnol del Cristo
Campo Merlano, Luis Felipe Hernández Anaya, Jaime de Jesús Baldovino García y
Juan Gabriel Martínez Hernández y, en consecuencia, ordenó el reconocimiento y
pago de los perjuicios materiales e inmateriales causados. Contra dicha decisión la
parte demandada interpuso recurso de apelación.

1 Se transcribe incluso con errores.
2 Índice 2 de SAMAI.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre

El Tribunal Administrativo de Sucre, como juez de segunda instancia, mediante
sentencia de 17 de julio de 2024, revocó el fallo apelado al concluir que la parte
demandante no demostró la antijuridicidad del daño, pues la medida de aseguramiento
impuesta a los demandantes no devino en ilegítima, lo que impidió predicar el carácter
de injusta.

2.3. Fundamentos de la solicitud

La parte actora invocó como transgredidos los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la igualdad. En su
criterio, la providencia judicial objeto de tutela no tuvo en cuenta el material probatorio
allegado al plenario, concretamente, la certificación de tiempo de reclusión emitida por
el Centro Penitenciario y Carcelario la Vega de Sincelejo, Sucre, donde estuvieron
recluidos injustamente los demandantes.

Los tutelantes manifestaron que la decisión judicial enjuiciada incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo, procedimental por exceso de ritual manifiesto y de desconocimiento
del precedente jurisprudencial desarrollado por el Consejo de Estado, al concluir que
las víctimas directas no fueron privadas de su libertad de forma injusta.

En cuanto al defecto fáctico, se presentó porque la autoridad de segunda instancia
demandada no apreció los documentos que obraban en el expediente, relacionados
con el hecho dañoso y la medida de aseguramiento de detención en establecimiento
carcelario, y que, a juicio de los demandantes, demostraron que la privación de la
libertad fue injusta.

Para el accionante, la providencia judicial objeto de tutela proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, el 17 de julio de 2024, desconoció, sin justificación alguna, el
precedente judicial que esa misma corporación judicial ha sentado sobre la materia,
así como el proferido por el Consejo de Estado, en los cuales se ha condenado a la
Nación – Fiscalía General de la Nación, por los mismos hechos y pretensiones aquí
discutidos.

Al respecto, citó como desatendidas una serie de providencias proferidas por el
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Sucre en las que se aplicó el
régimen objetivo de responsabilidad para imputar responsabilidad al Estado en los
eventos en los cuales el implicado que ha sido privado de la libertad, finalmente es
absuelto o se precluye la investigación, cuando en el proceso penal se demuestre que
i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió, y, iii) la conducta es atípica.

2.4. Trámite procesal

El Despacho ponente, mediante auto de 23 de septiembre de 20243, admitió la acción
de tutela; vinculó como terceros con interés, al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Sincelejo, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional; ordenó la notificación al Tribunal Administrativo
de Sucre y lo requirió para que allegara el expediente que contiene el medio de control
de reparación directa impetrado por Eny Luz Lara Castro y otros, en contra de la
Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación.

3 Índice 9 de SAMAI.

3

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2.5. Intervenciones

2.5.1. El Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional4 se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de tutela al considerar que resultaba improcedente.
Precisó que no se configuró el defecto fáctico alegado, toda vez que en el expediente
existen suficientes elementos que aprueban el procedimiento de captura, la
legalización y la imposición de la medida de aseguramiento ordenada por el juez de
garantías, en relación con la cual advirtió que existieron los dos indicios graves de
responsabilidad que justificaron la detención preventiva.

Afirmó que el Tribunal Administrativo de Sucre no se encontraba limitado por la
decisión de absolución emitida en el proceso penal, comoquiera que en esa
oportunidad se analizó la existencia de un comportamiento reprochable objeto de
sanción punitiva, mientras que en el proceso contencioso se estudió la posible
responsabilidad estatal derivada de la causación de un posible daño.

2.5.2 El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo5 solicitó la
desvinculación del trámite de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto las pretensiones buscan la protección de los derechos fundamentales
vulnerados con el fallo del 17 de julio de 2024 que profirió el Tribunal Administrativo de
Sucre.

2.5.3 El Tribunal Administrativo de Sucre y la Fiscalía General de la Nación
guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de
Sucre.

3.2. Legitimación en la causa

3.2.1. La legitimación en la causa por activa de Eny Luz Lara Castro, Juan Gabriel
Martínez Hernández, José Dolores Ortega Hernández, Arnol del Cristo Campo
Merlano, Norma Isabel Hernández Bohórquez, Eusebia Eracina Bohórquez de
Hernández y Felipe de Jesús Hernández Bohórquez se encuentra acreditada,
porque fueron demandantes en el proceso de reparación directa en el que fue proferida
la sentencia de segunda instancia de 17 de julio de 2024. Esta decisión es objeto de
tutela y, por lo tanto, los accionantes son titulares de los derechos fundamentales cuyo
amparo pretenden.

4 Índice 9 de SAMAI.
5 Índice 11 de SAMAI.

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3.2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Sucre, en la medida en que fue la autoridad judicial que emitió la
providencia que, afirmaron los tutelantes, vulneró sus derechos fundamentales.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional7.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C–590 de 2005 precisó que la
tutela contra providencia judicial es excepcionalísima y solo procede cuando se
cumplen rigurosos requisitos de procedibilidad: unos de carácter general, que habilitan
la interposición de la acción y otros de carácter específico, relacionados con la
procedencia del recurso de amparo.

En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes:

i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial (subsidiariedad);
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
(inmediatez),
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales8 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que
se configure, al menos, uno de las siguientes causales o defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.

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autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución9.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

3.3.1. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que la
configuración de los defectos que expuso la parte actora puede comprometer y afectar
sus derechos fundamentales.

3.3.2. Los accionantes no cuentan con otros mecanismos ordinarios y/o
extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotaron las
instancias respectivas dentro del proceso de reparación directa en el que se profirió la
decisión objeto de tutela.

3.3.3. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la sentencia
proferida el 17 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Sucre, fue notificada
el 12 de agosto de 202410, y la demanda de tutela se presentó el 19 de septiembre
de 202411, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la
jurisprudencia Constitucional12 y el Consejo de Estado13 como razonable.

3.3.4. En relación con el requisito de exposición suficiente de hechos y
argumentos, es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela tiene un carácter informal. No obstante, la solicitud de amparo
deberá exponer con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el
derecho que se considera amenazado, el nombre de la autoridad accionada, y la
descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud.

Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional
en la sentencia C–590 de 2005, incluyó como un requisito general de procedibilidad
que la parte actora identifique de manera razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados. En igual sentido, el Tribunal Constitucional en
sentencia SU-585 de 2017 sostuvo que:

[a] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido control
oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta de vital
importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la que de
verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia judicial.

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la acción es presentada contra una providencia
judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga argumentativa mayor y
describa los motivos, causales o defectos en los que incurre la decisión judicial
enjuiciada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
manifestó que:

9 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
10 Índice 27 de SAMAI, del expediente ordinario con radicado N°. 70001-33-33-007-2017-00046-01.
11 Índice 1 de SAMAI.
12 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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[e]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio de
cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de tutela, y
que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se deduzca con
claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos fundamentales14.

En el asunto bajo estudio, los defectos fáctico y desconocimiento de precedente
judicial, la parte actora los expuso de forma clara y concreta y presentó los hechos
y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos fundamentales y la
posible configuración de una irregularidad procesal. En tal virtud, la Sala realizará el
estudio de fondo de estos dos presupuestos.

Sin embargo, frente a los defectos sustantivo y procedimental por exceso de ritual
manifiesto, la Sala observa que el apoderado de los accionantes no efectuó un análisis
fáctico y jurídico sobre éstos, por lo que carecen de argumentación que los justifique.

En ese contexto, la Sala declarará improcedente la tutela respecto de los defectos
sustantivo y procedimental por exceso de ritual manifiesto, porque no fue
superado el requisito de procedibilidad relacionado con exponer de forma clara y
concreta los hechos y argumentos por los cuales la parte actora consideró vulnerados
sus derechos fundamentales.

3.3.5. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso contencioso administrativo.

De acuerdo con lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad en relación con los defectos fáctico y sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial y en ese orden, continuara con el análisis
de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta
de Decisión Oral vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, al debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital de la parte actora. En
particular, deberá establecer si incurrió en los defectos fáctico y sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial en la sentencia del 17 de julio de 2024, que
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa al concluir que la privación de la libertad de los
accionantes no tuvo el carácter de antijurídica.

Para el efecto, se estudiará: (i) las generalidades de los defectos invocados; y (ii) el
caso concreto.

3.4.1. Generalidades de los defectos invocados

La parte actora consideró que el Tribunal accionado trasgredió las garantías
constitucionales, porque la providencia objeto de tutela incurrió en los defectos: (i)
fáctico y (ii) sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

14 Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente N° 25000-

23-36-000-2019-00003-01(AC).

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Defecto fáctico

De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto fáctico
cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión»15. Este vicio en la valoración probatoria debe
ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la
decisión»16objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una
positiva y otra negativa.

La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia y da
valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una
valoración por “completo equivocada”»17. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»18.

En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida valoración
probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro
del proceso19.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el análisis
del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia
judicial20, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, porque el juez
ordinario incurrió en el defecto, toda vez que «el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»21.

Finalmente, el alto tribunal ha enunciado de manera genérica, por lo menos cuatro
criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión judicial cuestionada
fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en cada caso:

15 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
16 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
19 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
20 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
21 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.

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50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de
manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba
en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]22.

Así las cosas, la configuración del defecto fáctico impone un yerro en la interpretación
del acervo probatorio de tal magnitud que afecte el sentido de la decisión, por lo que
es necesario identificar la prueba o pruebas que no se valoraron o valoraron
indebidamente, de modo que el error sea ostensible, flagrante y manifiesto.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas.

Al respecto, la Corte Constitucional23 ha considerado que el precedente se define como
«la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su
pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo».

Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede clasificar
en dos clases a saber: «(i) el precedente horizontal, el cual hace referencia a las
decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el
mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones
adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia»24.

Así, el precedente horizontal supone que, en principio, un juez individual o colegiado
no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias, por lo que su
carácter vinculante se deriva del respeto por la línea argumentativa y decisoria que ha
establecido previamente, en atención a los principios de buena fe, seguridad jurídica y
confianza legítima e igualdad25. Lo anterior, no impide que los jueces, según al asunto
sometido a su conocimiento, puedan exponer de forma clara, suficiente, y razonable
los argumentos que justifican separarse del sentido de sus decisiones previamente
proferidas.

22 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
24 Corte Constitucional, sentencia T-460 de 2016.
25 Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2013.

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Por su parte, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar
la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial
del juez, comoquiera que debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas
cortes o de los tribunales.

En este orden, toda decisión previa adoptada por los órganos de cierre de las
diferentes jurisdicciones que se dirija a resolver un problema jurídico originado con
similares circunstancias fácticas y jurídicas, al que debe resolver el juez, debe ser
tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad, especialmente,
el contenido de la ratio decidendi, «ya que además de ser el fundamento normativo de
la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica determinada, la correcta
interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una norma»26, salvo si existan
razones jurídicas particulares que impongan modificarlo.

Según lo expuesto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el
desconocimiento del precedente consiste en aquella circunstancia por la que una
autoridad judicial modifica su posición frente a determinado asunto, o se separa del
criterio establecido por su superior jerárquico, sin cumplir con la carga argumentativa
correspondiente en esos casos, ya que con ese proceder se desconocen principios de
relevancia constitucional como la igualdad, la seguridad jurídica, la confianza legítima,
entre otros, relacionados con el respeto del precedente.

Por ello, la Corte Constitucional27 permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Y en caso de que
el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a los
derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.

Aunado a lo anterior, sobre el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente,
es preciso indicar que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, una
providencia judicial incurre en él cuando la autoridad jurisdiccional:

«(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones
previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto
manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que
se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del
amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o
claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –
horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción
de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que
su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso»28.

26 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
27 Corte Constitucional, sentencia SU406 de 2016.
28 Corte Constitucional, sentencia T-830 de 2012.

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3.4.2. Caso concreto

En el presente asunto, se encuentra acreditado que el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral, profirió la sentencia objeto de tutela el 17 de julio
de 2024, mediante la cual revocó el fallo de 27 de febrero de 2019 a través del cual el
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo declaró responsable a
la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de Juan
Gabriel Martínez Hernández, José Dolores Ortega Hernández, Jaime de Jesús
Baldovino García, Arnol Campo Merlano y Luis Felipe Hernández Anaya.

Para ello, el tribunal aludió a la jurisprudencia del Consejo de Estado que desarrolló el
tema de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, y concluyó
que no basta con la restricción de la libertad y que el proceso penal culmine con una
sentencia absolutoria, en cualquier modalidad, para que quien la sufra tenga derecho
a recibir una indemnización, ya que el juez administrativo debe analizar si la medida
de aseguramiento fue ajustada a derecho, fue necesaria, razonable y proporcional.

Ahora bien, en cuanto al defecto fáctico los actores manifestaron que el fallador de
segunda instancia no tuvo en cuenta la certificación de tiempo de reclusión emitida por
el Centro Penitenciario y Carcelario la Vega de Sincelejo, Sucre, donde estuvieron
recluidas las víctimas directas de la restricción de la libertad.

En punto a lo anterior, la Sala observa que contrario a lo afirmado por los accionantes,
el Tribunal Administrativo de Sucre relacionó y valoró las certificaciones expedidas por
la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Sincelejo que
daban cuenta que los señores Juan Gabriel Martínez Hernández, José Dolores Ortega
Hernández, Jaime de Jesús Baldovino García, Arnol del Cristo Campo Merlano y Luis
Felipe Hernández Anaya, estuvieron recluidos en establecimiento carcelario por el
delito de Rebelión, en calidad de sindicados, durante los siguientes periodos:

Sindicados Tiempo de reclusión
Desde Hasta
Juan Gabriel Martínez Hernández 16 de noviembre de 31 de mayo de 2004
2004
José Dolores Ortega Hernández 7 de noviembre de 2003 29 de abril de 2004
Jaime de Jesús Baldovino García 7 de noviembre de 2003 29 de abril de 2004
Arnol del Cristo Campo Merlano 7 de noviembre de 2003 10 de noviembre de
2003
Luis Felipe Hernández Anaya 7 de noviembre de 2003 29 de abril de 2004

De acuerdo con lo anterior no le asiste razón a los tutelantes porque, de una parte, el
tribunal analizó el contenido de las certificaciones descritas en el párrafo precedente;
y de otra, estos documentos no resultan suficientes para concluir que el daño en el que
se sustentó la pretensión de reparación resultó antijurídico, toda vez que, no desvirtúan
la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad de la media de aseguramiento
impuesta.

En ese orden, los argumentos de la parte actora sobre la configuración de un defecto
fáctico no muestran irracionabilidad en la valoración probatoria dada por el Tribunal
Administrativo de Sucre, sino que, mediante tutela, los accionantes pretenden obtener

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una decisión favorable a sus intereses y, por eso, al no afectar los derechos
fundamentales invocados, la tutela se negará.

Finalmente, en lo relacionado con el desconocimiento del precedente, los accionantes
afirmaron que la providencia cuestionada no tuvo en cuenta diferentes decisiones29,
entre ellas, la proferida el 28 de agosto de 2014 por la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en el proceso 68001- 23-31-000-2002- 02548-01(36149), y la
expedida por la Subsección A el 2 de julio de 2019 en el expediente 76001-23-31-000-
2006-03646-01 (47330).

Indicó que en dichos precedentes se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y
se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado que ha sido
privado de la libertad finalmente es absuelto o se precluye la investigación a su favor.

Seguidamente, advirtió que en sentencia del 15 de agosto de 2018, la Sección Tercera
del Consejo de Estado rectificó dicha posición y dispuso que, en los casos en los que
el juez penal o el órgano investigador levante la medida restrictiva de la libertad, sea
cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encuentre que el hecho no existió, que
el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho
punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo
por la aplicación del principio in dubio pro reo, es necesario hacer el respectivo análisis
de responsabilidad patrimonial del Estado a la luz del artículo 90 de la Constitución
Política, es decir, identificar la antijuridicidad del daño.

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Sucre en la sentencia objeto de tutela, en
relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la
libertad, sostuvo:

Con las sentencias de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado adiadas 6 de abril de 201141 y el 17 de octubre de 201342, el Estado estaba
llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de
una medida de detención preventiva, bajo un régimen de responsabilidad objetiva
patrimonial extracontractual del Estado por daño especial, cuya exoneración dependía
si se estructuran o no los eximentes predicables de dicho régimen.

29 En el escrito de tutela el apoderado judicial relacionó las siguientes decisiones judiciales “Sentencia de Unificación

00133 de 2019 Consejo de Estado; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de veintiocho (28) de agosto
de dos mil catorce (2014) Radicación número: 68001- 23-31-000-2002- 02548-01(36149); SENTENCIA CONSEJO
DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN de julio de
dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 76001-23-31-000- 2006-0364601 (47330); Sentencia de unificación
jurisprudencial del 15 de agosto de 2018, la Sección Tercera del Consejo de Estado; CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “B” sentencia de veintiséis (26)
de noviembre de dos mil quince (2015) Proceso número: 17001-23-31-000-2002-00235-01 (36387); Radicado No.
70001-23-31-000-2012-00187-01 (62.564) sentencia de segunda instancia Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A de 23 de abril de 2021; SENTENCIA Nº 25000-23-26-
000-2007-00029- 01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 31-07-2019; Consejo de Estado – Sala de
lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014,
Exp. 36149; CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA,
SUBSECCION A DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2021, Radicado No. 70001-23-31-000-2012-00187-01 (62.564),
siendo la primera instancia el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE y su sentido del fallo fue condenatorio en
contra de la NACION – FISCALIA GENERAL DE LA NACION; RADICADO: 70001-23-31-000-2012-00186-00; entre
muchos más sentencias emitidas por ente cuestionado TRIBUNAL ADMNITRATIVO DE SUCRE, que en su gran
mayoría han sido condenatorias contra la NACION – FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA CONSEJO DE ESTADO, QUE MODIFICO EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA EMITIDO
POR EL TRIBUNAL ADMINITRATIVO DE SUCRE, ACTOR: MANUEL FRANCISCO TOVAR ORDOÑEZ Y OTROS,
RAMA JUDICIAL Y OTROS, RADICADO: 70001-23-31-0002011-02220-01 (
63.958)”.

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Posteriormente, en sentencia de unificación del 15 de agosto de 201843, se modificó la
anterior posición y se sentó una nueva frente a la responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad, en la medida que esta puede ser imputada siempre y
cuando el investigado, no haya dado lugar a la misma; decisión que fue dejada sin
efectos en sentencia de tutela del 15 de noviembre de 201944.

En decisiones posteriores el Consejo de Estado45 concluyó que el juez puede escoger
entre un título de imputación subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter
demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y agrega
que la nominación de las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las
que prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 y, en todos los
casos en los que se reclame por un evento de privación injusta de la libertad debe
considerarse la culpa exclusiva de la víctima46.

Todo ello, para arribar a la conclusión de que, ‘las sentencias de unificación del Consejo
de Estado como de la Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación
injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u
objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente
al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada’47.

De lo anterior se colige que, no basta con que haya una privación de la libertad y que el
proceso penal culmine con una sentencia absolutoria en cualquiera de las modalidades
para que quien la sufra se haga merecedor de recibir una indemnización, ya que se hace
necesario que el juez administrativo analice si la medida de aseguramiento de la que fue
objeto se haya ajustada a derecho, fue necesaria, razonable y proporcional, todo esto a
luz del artículo 90 de la Constitución Política, para lo cual el fallador, de acuerdo al
material probatorio y las circunstancias particulares definirá el régimen de
responsabilidad aplicable (subjetivo u objetivo) y el título de imputación (falla en el
servicio, daño especial).

En resumen, la providencia cuestionada realizó un recuento de la jurisprudencia para
explicar que en materia de privación injusta de la libertad no aplica un único régimen
de responsabilidad, motivo por el cual corresponderá al juez de acuerdo con el material
probatorio definir el régimen y el título de imputación.

Lo anterior, le permitió a la autoridad judicial accionada concluir que la privación de la
libertad que soportaron los demandantes no fue injusta, debido a que la medida de
aseguramiento cumplió con los requisitos fijados en la ley y no se trató de una medida
impuesta de manera arbitraria, pues estuvo sustentada en una argumentación
razonada que, si bien no fue suficiente para declarar la responsabilidad penal de la
comisión del delito que les fue imputaba, cumplió con el nivel de certeza exigido en
esa etapa procesal y tenía la fuerza de convicción suficiente para determinar la
pertinencia y la necesidad de la medida de aseguramiento que soportaron.

Al tener en cuenta lo anterior, para la Sala es claro que lo que pretende la parte actora
con la interposición de la presente tutela es exigir la aplicación de un régimen de
responsabilidad, para efectos del reconocimiento de unos perjuicios, pues se limitó a
reclamar una condena por el simple hecho de que en casos similares se había
impuesto, partiendo del supuesto de que por ese hecho le asistía el derecho, pero sin
exponer razones que validen este argumento y de las cuales inferir la afectación de
las garantías fundamentales cuyo amparo pretende. Lo anterior, bajo el entendido de
que los tutelantes ignoran que el sustento de la decisión fue la inexistencia del daño,

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luego de que en observancia de las líneas jurisprudenciales el Tribunal concluyera que
la medida no devino en injusta y, por lo tanto, no existió el daño antijurídico
indemnizable.

IV. CONCLUSIONES

Así las cosas, se impone declarar improcedente la acción de tutela respecto de los
defectos sustantivo y procedimental por exceso de ritual manifiesto, porque no fue
superado el requisito general de procedibilidad relacionado con exponer de forma clara
y concreta los hechos y argumentos por los cuales la parte actora consideró vulnerados
sus derechos fundamentales.

Además, la Sala negarán las pretensiones de la acción de tutela porque el Tribunal
accionado a través de la providencia de segunda instancia de 17 de julio de 2024, que
resolvió el recurso de apelación al interior del trámite judicial del medio de control de
reparación directa no vulneró derecho fundamental alguno, ni incurrió en los defectos
fáctico y desconocimiento del precedente judicial alegados.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Eny Luz Lara
Castro, Juan Gabriel Martínez Hernández, José Dolores Ortega Hernández, Arnol
del Cristo Campo Merlano, Norma Isabel Hernández Bohórquez, Eusebia Eracina
Bohórquez de Hernández y Felipe de Jesús Hernández Bohórquez, respecto de
los defectos sustantivo y procedimental por exceso de ritual manifiesto, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Negar el amparo de los derechos fundamentales de los señores Eny Luz
Lara Castro, Juan Gabriel Martínez Hernández, José Dolores Ortega Hernández,
Arnol del Cristo Campo Merlano, Norma Isabel Hernández Bohórquez, Eusebia
Eracina Bohórquez de Hernández y Felipe de Jesús Hernández Bohórquez , en
relación con los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente en la
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Sucre, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en
caso de no ser impugnada.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

RAMB/SEJV

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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