RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05036-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05036-01

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05036-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión de primera instancia del 2 de octubre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta. 2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 7 Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-05036-01 Demandante: María Marlen Fernández Fernández La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05036-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

5 de diciembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05036-01
Demandante: María Marlen Fernández Fernández

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05036-01
Demandante: MARÍA MARLEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial – nulidad y
restablecimiento del derecho, reintegro a cargo en
provisionalidad. Requisitos generales de procedencia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante, contra la
providencia del 31 de octubre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Quinta que resolvió:
«PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la RNEC.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el por
la señora María Marlen Fernández Fernández contra la sentencia proferida el 12 de
diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá. (…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de septiembre de 2024, la aseñora María Melen Fernández, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por considerar
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:

«En amparo de mis derechos al debido proceso judicial y a la defensa, solicito al
despacho que conozca de esta tutela, que por la manifiesta ilegalidad que entrañan,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el No. 15001
33 33 008 2014 00041 02, se anule la decisión de segunda instancia, contenida en la
providencia con fecha del 12 de diciembre de 2023, del Tribunal Contencioso
Administrativo de Boyacá.

Ordenar a la parte accionada que profiera decisiones en su reemplazo, que se ajusten
al ordenamiento jurídico colombiano vigente. En subsidio de la decisión anterior, se
solicita al señor Juez Constitucional, dictar la sentencia de reemplazo, respecto de la
vía de hecho que comete la entidad accionada(…)».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora María Melen Fernández, en septiembre de 2008, ingresó como funcionaria

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05036-01
Demandante: María Marlen Fernández Fernández

en provisionalidad en la Registraduría Nacional del Estado Civil (en adelante RNEC)
en el cargo de registradora municipal de Guateque (Boyacá), grado 4035 – código 05.

El 13 de febrero de 2013, la RNEC mediante Resolución núm. 009 asignó funciones
de Registrador en Guateque, a un funcionario de dicha entidad mientras se proveía la
vacancia del cargo, posteriormente, mediante Resolución núm. 056 del 21 de febrero
de 2013, nombró en provisionalidad al señor Giovanny Francisco Garzón Morales en
el cargo de registrador municipal de Guateque por el término de 6 meses, cargo en el
que se desempeñaba la actora.

La señora Fernández Fernández interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la RNEC con la finalidad de que se declarará la nulidad del acto
administrativo que nombró en el cargo al señor Garzón Morales, en consecuencia y a
título de restablecimiento, solicitó el reintegro a un cargo de igual o superior categoría
al que ocupaba, así como el pago de todos los emolumentos dejados de percibir, al
considerar que en el cargo que ocupaba se nombró a otra persona sin que mediara
concurso de méritos y sin que reuniera exigidos para desempeñar el cargo.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Octavo
Administrativo Oral de Tunja, que, en sentencia del 11 de septiembre de 2018,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró probada la excepción
de plena legalidad de los actos enjuiciados, pero, accedió a la anulación de acto ficto
configurado con la expedición de la Resolución núm. 056 del 21 de febrero de 2013
explicó que con ocasión a la naturaleza del cargo que ocupaba la demandante que era
de carrera administrativa y bajo las premisas de la Ley 909 de 2004, la administración
debió expedir acto expreso y motivado del retiro del cargo, en el que fueran expuestas
las razones suficientes y objetivas para dicho efecto. En ese sentido, afirmó que el acto
administrativo tácito por medio del cual se desvinculó a la demandante se encontró
viciado de nulidad por falta de motivación.

Como consecuencia de lo anterior, ordenó el reintegro de la demandante al mismo
cargo que ocupaba o a otro de igual jerarquía y el pago de todos los emolumentos
dejados de percibir.

La RNEC, inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de apelación basado
en que la entidad tiene un régimen especial de carrera, contenido en la Ley 1350 de
2009, por lo que no era posible acudir a la Ley 909 de 2004 y demás normas sobre el
régimen general. Además, adujo que la parte actora tenía pleno conocimiento de la
duración y el plazo máximo de su desvinculación, pues, en el último acto administrativo
de nombramiento, esto es la Resolución núm.291 del 1º de noviembre del 2012, se
estableció que terminaría el 30 de enero de 2013, razón por la que no se requería acto
administrativo de retiro.

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 12 de diciembre de 2023,
modificó la decisión de primera instancia para, en su lugar, declarar la ilegalidad parcial
de la Resolución núm. 051 de 2013 y no condenar a la entidad demandada al
reconocimiento y pago de los emolumentos dejados de percibir.

Lo anterior, por considerar que el plazo establecido en el artículo 29 de la Ley 1350 de
2009 no exoneraba a la RNEC de expedir acto administrativo expreso de retiro, razón
por la que la demandante tenía derecho a que se expidiera el mismo y allí se le
explicarán las razones concretas y objetivas de su desvinculación. Sin embargo, a
diferencia del juez de primera instancia, estimó que la Resolución núm. 051 de 2013
estableció como efecto bilateral el retiro del cargo de la demandante, pero debido a

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05036-01
Demandante: María Marlen Fernández Fernández

que la decisión no fue motivada, debía declarase la nulidad parcial del acto; con
respecto al restablecimiento del derecho, revocó el pago de los emolumentos dejados
de percibir ordenada en primera instancia, en el sentido de no condenar al pago de los
salarios y demás prestaciones que dejó de percibir, porque en el caso había lugar a
dar aplicación a la indemnización compensatoria contenida en el inciso 7 del artículo
189 del CPACA como alternativa para la satisfacción de los derechos de la afectada y
se refirió a la SU-5561 del 24 de julio de 2014.

Dicha providencia fue notificada el 19 de diciembre de 2023 mediante correo
electrónico.

Por medio de escrito radicado el 12 de enero de 2024, el apoderado de la parte
demandante elevó solicitud de corrección de la sentencia, en la que advirtió un error
consistente en el error de digitación en el número de cédula de la demandante.

Adicionalmente, en escritos del 19 de enero de 2024 y 23 de enero de 2024 solicitó
aclaración de la providencia, con fundamento en que ordenó reintegrar a la
demandante y revocó el literal (ii) del numeral tercero de la sentencia recurrida, que
hacía referencia al pago de los emolumentos dejados de percibir, equivalentes a
salarios y prestaciones dejados de percibir y confirmó en lo demás, incluido el numeral
cuarto de la sentencia de primera instancia, que hace referencia a la indexación de las
sumas adeudadas, lo cual no sería posible de cumplir, porque el literal ii) del numeral
tercero de la sentencia recurrida fue revocado.

En auto del 5 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá corrigió el
número de identificación de la señora María Marlen Fernández Fernández y rechazó
por extemporáneas las demás solicitudes elevadas por la demandante. Esta
providencia fue notificada el 13 de marzo de 2024.

3. Argumentos de la tutela

La parte demandante afirmó que el Tribunal demandado incurrió en defectos
sustantivo y fáctico porque “motivó con falsedad” la decisión de segunda instancia,
ante la determinación de revocar el reconocimiento y pago de emolumentos dejados
de percibir que le fueron reconocidos y a la que, señala, tenía derecho. Esto, al darle
aplicación al inciso 7 del artículo 189 del CPACA de forma irregular, señaló que la
decisión reprochada le ocasionó un grave perjuicio que le impidió la realización
material del derecho, sin tener otro medio eficaz para la protección de sus garantías.

Mencionó que la decisión de primer grado se profirió de manera adecuada de cara a
las condiciones probatorias y procesales aportadas al proceso. Luego, el tribunal al
estudiar la segunda instancia incurrió en una vía de hecho al haber revocado la
decisión por considerar que procedía el reconocimiento de indemnización
compensatoria con desconocimiento que, si se ordenó su reintegro, había lugar al
pago de los emolumentos dejados de percibir.

Explicó que las condiciones probatorias y procesales del asunto, sometido a la
consideración del Tribunal no podían ser modificadas en aspectos sobre los que no
versó la apelación, razón por la que considera no debío ser revocado el pago de los
emolumentos dejados de percibir y ordenar la indemnización compensatoria, porque

1 Sentencia en la que, según indicó, se han establecido algunos límites al valor de la indemnización, cuando

prospera la pretensión de nulidad del acto de retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos
de carrera.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05036-01
Demandante: María Marlen Fernández Fernández

esta ultima está establecida para los casos en que a la entidad le resulte imposible
cumplir la orden de reintegro.

Finalmente, se refirió a los términos procesales de las providencias que se notifican
por estado electrónico, se deben entender debidamente notificadas, solo una vez
transcurrido el término de dos (2) días hábiles siguientes al envío del correspondiente
mensaje de datos, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 205 del
CPACA, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de enero 25 de 2021 e indicó que
no había lugar a que se rechazaran por extemporaneidad las solicitudes de aclaración,
corrección y adición cuando en realidad se trata de error en el cómputo de los términos
judiciales, que la corporación deduce de forma indebida.

4. Trámite previo

La acción de tutela fue admitida por el Consejo de Estado, Sección Quinta que, en
providencia del 20 de septiembre de 2024, ordenó notificar a la demandante y al
Tribunal Administrativo de Boyacá en calidad de demandado, al Juzgado Octavo
Administrativo Oral de Tunja, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a los
señores Giovanni Francisco Garzón Morales y Mario Hernando Quevedo como
terceros con interés, a quienes les remitió copia del escrito inicial.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Boyacá explicó que la solicitud de amparo es
improcedente por ausencia de relevancia constitucional, de conformidad con lo
establecido por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022. Mencionó que
los fundamentos invocados en el escrito de la demanda buscan reabrir un debate que
ya fue surtido ante el juez natural de la causa, razón por la que la demandante hace
uso de la acción de tutela de la referencia como una instancia adicional.

Destacó que en la sentencia reprochada se estudió el caso con base en las pruebas
aportadas y las normas aplicables, además, expuso que la actora buscó acudir a la
solicitud de aclaración de sentencia para alegar inconformidades o aspectos que
pudieron ser o fueron invocados en oportunidades anteriores y lo pretendido es
obtener un nuevo pronunciamiento respecto a su caso.

Solicitó que se declare la improcedencia de la acción o en su defecto se nieguen las
pretensiones de la demandante.

6. Intervenciones

El Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja afirmó que en el caso objeto de
estudio la solicitud de amparo se torna improcedente por incumplimiento del requisito
de inmediatez, porque la decisión objeto de inconformidad fue proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá el 12 de diciembre de 2023 y sólo hasta septiembre de 2024
la demandante interpuso la solicitud de amparo, es decir, 9 meses después de
conocida la decisión lo que hace que el término para invocar la presunta vulneración
resulte irrazonable ante la urgente e inmediata protección que se buscaba.

La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó la desvinculación del presente
trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, por considerar que los reparos
elevados por la actora no tienen relación con sus facultades y funciones.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05036-01
Demandante: María Marlen Fernández Fernández

Los señores Giovanni Francisco Garzón Morales y Mario Hernando Quevedo no
se pronunciaron sobre los hechos objeto de tutela.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 31 de octubre de 2024,
declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no cumple con el
requisito general inmediatez, porque la demandante acudió al juez constitucional el 19
de septiembre de 2024, es decir, 9 meses después de la notificación de la decisión
cuestionada.

Además, indicó que no desconoció la solicitud de aclaración de la sentencia del 12 de
diciembre de 2023, sin embargo, la misma fue extemporánea y, por esa razón,
mediante auto del 5 de marzo de 2024 el Tribunal Administrativo de Boyacá la rechazó
y únicamente corrigió de oficio el número de identificación de la actora, lo cual
correspondió a un asunto netamente aritmético y que en nada modificó el sentido de
la decisión o las órdenes allí contenidas para hacer que variara el término para
contabilizar la inmediatez.

8. Impugnación

La parte demandante impugnó la decisión de primera instancia, reiteró los argumentos
del escrito inicial y explicó que lo que dio origen a la controversia no se limita a la
sentencia del 12 de diciembre de 2023, si no que es necesario tener en cuenta que
dicha decisión fue adicionada y corregida mediante providencia del 5 de marzo de
2024, es decir que el término de inmediatez debio ser contabilizado desde ese
momento, razón por la que es procedente el estudio de la solicitud de amparo porque
al contabilizarlo desde la ultima providencia se cumple con el requisito de inmediatez.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05036-01
Demandante: María Marlen Fernández Fernández

providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora cuestionó la decisión de primera instancia,
que, declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de cumplimiento del
requisito general de inmediatez, porque, a su juicio, hay lugar a acceder a las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si debe modificar, revocar o
confirmar la decisión impugnada y, solo en caso de que se encuentren superados los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
procederá a estudiar si el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en los defectos
invocados.

Caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora pretende que se deje sin
efecto la sentencia del 12 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 2014-00041-01/02, en el entendido que
expone argumentos de inconformidad en relación con la conclusión, según la cual, no
había lugar a ordenar a título de restablecimiento del derecho el reconocimiento y pago
de los emolumentos dejados de percibir.

Al respecto, la Sala anticipa que, frente a la referida sentencia no se cumple con el
requisito general de inmediatez, lo que hace improcedente el estudio de fondo de la
acción de tutela, porque la decisión de segunda instancia proferida en el marco del
medio de control cuestionado fue proferida el 12 de diciembre de 2024 y notificada
mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2023, tal y como consta en el
sistema Samai5. De ahí que, según lo previsto en el artículo 205 del CPACA,
modificado por el 52 de la Ley 2080 de 2021 la notificación se entiende realizada el 15
de enero de 2024.

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el
alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
5https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1500133330082014000410215001

23

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05036-01
Demandante: María Marlen Fernández Fernández

Así, a la fecha de presentación de esta acción, esto es, el 19 de septiembre de 2024,
han transcurrido 8 meses y 4 días de haber tenido conocimiento de la decisión la parte
demandante, lo cual desvirtúa la urgencia y necesidad de intervención del juez de
tutela.

Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la acción
de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir de la fecha
de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la naturaleza del acto
jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela judicial efectiva y a la necesidad de
que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda6, en la medida en que la naturaleza misma de este medio
de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las
garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la seguridad
jurídica y a los derechos de los terceros afectados.

Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de
la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad de la demandante, (ii) si la inactividad injustificada
podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar
una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.

Circunstancias que en el caso concreto no se acreditaron, pues, la demandante no
demuestra siquiera sumariamente que, en su caso, se encontraba en alguno de los
eventos que la jurisprudencia constitucional, excepcionalmente, admite como causales
de justificación para dar por superada la falta de cumplimiento del requisito de la
inmediatez.

La demandante aduce que el término debe contabilizarse desde el momento en que
fue corregido su documento de identificación en la sentencia cuestionada, esto es,
desde el auto del 5 de marzo de 2024 en el que se dispuso:

«PRIMERO: Rechazar por extemporánea las solicitudes de aclaración de la
sentencia presentadas por las partes.

SEGUNDO: Corregir el literal tercero de la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2023,
únicamente, respecto a la identificación de la demandante, el cual quedará así:

6 Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 2007.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05036-01
Demandante: María Marlen Fernández Fernández

“(i) Reintegrar en provisionalidad a MARÍA MARLEN FERNÁNDEZ identificada con C.C
No. 23.622.163, a un cargo de igual o superior categoría, sin solución de continuidad,
siempre y cuando dicho cargo no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido
suprimido o el servidor desvinculado no haya llegado a la edad de retiro forzoso, debiendo
examinar además que la demandante cumpla con los requisitos para acceder al cargo
público, en los términos del artículo 189 del CPACA.”

TERCERO: Notifíquese esta providencia en los términos del artículo 201 del CPACA,
modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021».

(subrayado fuera de texto).

Sin embargo, esos argumentos no justifican la falta de interposición oportuna de la
acción de tutela de la referencia, pues, tal como indicó el a quo, las solicitudes de
aclaración que elevaron las partes en el proceso ordinario no afectaron de modo
alguno la ejecutoria de la decisión que se cuestiona por esta vía, si se tiene en cuenta
que conforme con el artículo 285 del Código General del Proceso 7, la aclaración
procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de
la providencia.

Por su parte, en lo que concierne a la corrección de la sentencia, se advierte que
correspondió a un asunto netamente de digitación, solicitud que de acuerdo con el
artículo 286 del CGP, puede ser elevada en cualquier tiempo, porque ese asunto no
incide en el sentido ni en el fondo de la decisión, o en las órdenes allí contenidas, es
decir, no modificó la ejecutoria de la referida decisión, máxime si se tiene en cuenta
que la razón de inconformidad de la actora no es la corrección de su número de
identificación.

De manera que, el auto del 5 de marzo de 2024 no alteró la ejecutoria de la sentencia
del 12 de diciembre de 2023 y, por lo tanto, no afecta el cómputo del término de
inmediatez para la presentación de la acción de tutela de la referencia.

En suma, en la acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito general de
inmediatez y, en esa medida, se impone mantener la improcedencia declarada en el
fallo de tutela de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión de primera instancia del 2 de octubre de 2024, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Quinta.
2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

7 Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo,

podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero
motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.
En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de
parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.
La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán
interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05036-01
Demandante: María Marlen Fernández Fernández

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.