Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05039-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05039-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05039-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
24 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05039-00
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05039-00
Demandante: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
Demandado: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DEL CENTRO DE
ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Tutela contra trámite arbitral.
Requisitos generales de procedencia
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, por la Agencia Nacional de
Infraestructura (en adelante ANI), contra el Tribunal de Arbitramento del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de septiembre de 2024, la parte actora interpuso acción de tutela contra el
Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«2. Como consecuencia de lo anterior, se sirva dejar sin valor ni efecto los autos n.° 5 y
n.° 7 proferidos por el tribunal arbitral constituido para dirimir las controversias de Sociedad
Vías de las Américas S.A.S. contra Agencia Nacional de Infraestructura —ANI— (147140).
3. Como consecuencia de lo anterior, se sirva ordenar al tribunal arbitral constituido para
dirimir las controversias de Sociedad Vías de las Américas S.A.S. contra Agencia Nacional
de Infraestructura —ANI— (147140) proferir una nueva decisión que resuelva la solicitud
de acumulación de procesos en aplicación de los requisitos expresamente contenidos en
el artículo 148 del Código General del Proceso, sin lugar a crear requisitos adicionales a
los allí previstos».
2. Hechos
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
El 30 de noviembre de 2023, la Sociedad Vías de las Américas S.A.S. (en adelante,
Vías de las Américas) radicó ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Bogotá demanda arbitral contra la ANI, con fundamento en la cláusula
compromisoria No. 15.02 incluida en el contrato de concesión No. 8 de 2010 suscrito
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entre las partes. La demanda se sustentó en la ruptura del equilibrio económico del
contrato, la violación del principio de planeación y el incumplimiento contractual.
Luego de designados los árbitros entre las partes, el 10 de abril de 2024, se instaló el
tribunal arbitral para dirimir las controversias de Vías de las Américas contra la ANI,
trámite identificado con el número 147140.
El 10 de mayo de 2024, la ANI solicitó al tribunal arbitral que acumulara al proceso
núm. 147140 el trámite identificado con el número 147603, porque compartían partes,
se sustentaban en el mismo contrato y pacto arbitral celebrado, los dos procesos se
encontraban en la misma instancia, se surtían bajo el mismo procedimiento y las
pretensiones de ambos procesos pudieron haberse acumulado en uno solo.
El 20 de mayo de 2024, Vías de las Américas se opuso a la solicitud de acumulación,
con fundamento en que no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 148 del
Código General del Proceso, pues, si bien, existe identidad de partes, las pretensiones
y hechos son diferentes en cada proceso. Al respecto, explicó que las pretensiones
del proceso 147603 versan sobre la nulidad de un acto administrativo que declaró la
ocurrencia de un siniestro, mientras que las del proceso 147140 buscan que se
declare la responsabilidad de la ANI por la ruptura del equilibrio económico del
contrato. Además, advirtió que «es claro que, al ser las pretensiones de distinta índole
y propósito, evidentemente los argumentos de defensa que vayan a ser presentados
por la ANI no podrán tener como fundamento los mismos hechos».
El 28 de junio de 2024, el tribunal de arbitramento profirió auto en el que negó la
solicitud de acumulación. Sostuvo que, además de los requisitos previstos en el
artículo 148 del Código General del Proceso, era necesaria la voluntad conjunta de
las partes, en garantía del requisito de habilitación sobre el cual se fundamenta el
arbitraje.
La ANI presentó recurso de reposición contra esa decisión con fundamento en que el
común acuerdo de las partes en la acumulación procesal no tiene relación con el
principio de habilitación, que, se limita al pacto de las partes de que sean árbitros y no
jueces quienes resuelvan su controversia. Además, expresó que el auto recurrido
vulneraba el derecho fundamental al debido proceso.
El 13 de agosto de 2024, el tribunal de arbitramento accionado profirió auto en el
que confirmó la decisión inicial. En dicha providencia, la autoridad judicial demandada
anotó que la naturaleza de los dos procesos es distinta, porque el proceso 147140 se
fundamentó en el mecanismo de controversias contractuales en el que se alegó la
ruptura del equilibrio económico del contrato y el principio de planeación por parte de
la ANI, mientras que, en el proceso 147603 se fundamentó en la nulidad del acto
administrativo que declaró el siniestro. De igual forma, manifestó que los árbitros en
cada proceso fueron seleccionados considerando su formación y experiencia. De igual
forma, reiteró que era necesaria la voluntad conjunta de las partes para proceder a la
acumulación, la que en este caso no existió pues Vías de América se opuso a la
solicitud de acumulación.
3. Argumentos de la acción de tutela
La ANI expresó que el tribunal arbitral incurrió en defecto procedimental absoluto al
exigir un requisito adicional no contemplado en el Código General del Proceso para la
acumulación de procesos.
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Al respecto, explicó que el artículo 148 del Código General del Proceso establece tres
requisitos para la acumulación de procesos, los cuales se cumplieron en el caso en
cuestión, esto son, «en primer lugar, que sean procesos que estén en la misma
instancia. En segundo lugar, que deban tramitarse por el mismo proceso. Finalmente,
en tercer lugar, que se cumpla cualquiera de los siguientes eventos: que se trate de
pretensiones que hubieran podido acumularse en la misma demanda; que se trate de
pretensiones conexas con demandantes y demandados recíprocos; que el
demandado sea el mismo y que las excepciones se fundamenten en los mismos
hechos.». Sin embargo, el tribunal creó un cuarto requisito que no está previsto en la
ley, denominado la «voluntad conjunta de las partes».
Asimismo, anotó que existió defecto sustantivo porque el tribunal demandado
interpretó incorrectamente el principio de habilitación en el arbitraje, al asignarle un
alcance que no le corresponde y justificar la creación de un requisito adicional no
previsto en la ley para la acumulación de procesos.
Finalmente, manifestó que se violaron los principios de legalidad y economía procesal
al desestimar la solicitud de acumulación de procesos que cumplía con todos los
requisitos legales.
4. Trámite previo
El 27 de septiembre de 2024, el despacho del ponente admitió la acción de tutela,
ordenó notificar al demandante, a los integrantes del Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá. Adicionalmente, a la Sociedad Vías de las
Américas S.A.S., como tercero interesado.
5. Oposiciones
El tribunal de arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara
de Comercio de Bogotá demandado solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela interpuesta por la ANI, porque no cumple con los requisitos de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial.
Indicó que «la negativa de la acumulación no genera una disminución o pérdida del
poder de ejercicio de los derechos de defensa, audiencia y contradicción de la ANI»,
pues la acumulación de procesos no es un derecho fundamental en sí mismo, sino un
mecanismo procesal que puede o no aplicarse según las circunstancias del caso.
Por otro lado, señaló que, según el principio de habilitación, los árbitros solo pueden
ejercer su función jurisdiccional si las partes en conflicto les han otorgado dicha
facultad de manera explícita. Por ello, anotó que la acumulación de procesos solo es
posible si ambas partes están de acuerdo. No obstante, en este caso, la sociedad Vías
de las Américas S.A.S. se opuso a dicha acumulación, lo que, impedía proceder con
la solicitud realizada por la ANI.
Manifestó que el tribunal arbitral no creó un requisito adicional para la acumulación de
procesos al exigir el acuerdo de las partes, sino que dicha exigencia deriva
directamente del principio de habilitación, que es propio del arbitraje, en otras
palabras, que «para que el Tribunal Arbitral pueda acceder a la acumulación de dos o
más procesos arbitrales, es necesario que ambas Partes estén de acuerdo y así lo
soliciten conjuntamente».
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Explicó que existen diferencias fundamentales entre los dos procesos que la ANI
quería acumular, porque versan sobre materias distintas y tienen pretensiones
diferentes, pues uno de los procesos se relaciona con la nulidad de Resolución
20223120007195 de 2022, mediante la cual la ANI declaró la ocurrencia del siniestro
de estabilidad de las obras y se hizo efectiva la póliza de estabilidad del Contrato de
Concesión 008 de 2010 y, el otro, con la supuesta ruptura del equilibrio económico del
contrato de concesión, de modo que, al tratarse de asuntos diferentes, con
fundamentos jurídicos distintos, la acumulación resultaría improcedente. Además,
advirtió que las partes seleccionaron paneles arbitrales distintos para cada caso, en
función de la experiencia y conocimiento específico de los árbitros en cada área.
Indicó que, en el proceso arbitral número 15744, adelantado entre las mismas partes
y respecto al mismo contrato de concesión, se profirió auto de 18 de julio de 2019, en
el que negó la acumulación de procesos, con fundamento en que ambas partes debían
estar de acuerdo con la acumulación. Por lo que esa decisión constituye un
precedente aplicable al presente asunto.
Por lo tanto, el tribunal sostiene que su decisión fue una interpretación legítima y
fundamentada de las normas aplicables, en concordancia con la naturaleza
consensual del arbitraje.
6. Intervención de los terceros con interés
Vías de las Américas rindió informe en el que relató las decisiones proferidas por el
tribunal de arbitramento accionado en el proceso arbitral objeto de cuestionamiento.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
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providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
De la acción de tutela contra una decisión proferida en un trámite arbitral
El artículo 116 de la Constitución Política de Colombia establece que los particulares
pueden, de manera transitoria, ser investidos con la facultad de administrar justicia en
calidad de árbitros, siempre que el conflicto a resolver implique derechos transigibles
y que las partes involucradas acuerden acudir a esta vía. La Corte Constitucional, en
la sentencia T-466 de 2011, definió el arbitramento como un mecanismo de resolución
de controversias entre particulares, cuyo resultado, el laudo arbitral, tiene un carácter
similar al de las decisiones judiciales, al ser vinculante, ejecutable y con efectos de
cosa juzgada.
Por ello, las decisiones arbitrales pueden también vulnerar derechos fundamentales,
lo que conlleva a su eventual cuestionamiento mediante acción de tutela, como lo ha
señalado la Corte Constitucional en la sentencia SU-500 de 2015, en la que subrayó
que los requisitos generales y específicos de procedibilidad deben ser más rigurosos,
pues debía tenerse en cuenta la naturaleza especial del arbitraje, donde las partes
deciden someterse voluntariamente a este mecanismo en lugar de acudir a la
jurisdicción ordinaria. Se transcribe lo pertinente:
«La equivalencia, empero, no opera de manera directa en cuanto a la verificación de las
causales de procedibilidad que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para el
caso de las providencias judiciales, toda vez que el carácter especial de la justicia arbitral
implica que se deba hacer un examen de procedibilidad —tanto de los requisitos
generales como especiales— más estricto.
5.2. La razón para que, tratándose de acciones de tutela dirigidas contra laudos
arbitrales, se predique esa lectura particular y más restrictiva de los requisitos de
procedibilidad establecidos para la acción de tutela contra providencias judiciales, reside,
fundamentalmente, en la consideración de que se está en un escenario en el cual se ha
expresado la voluntad de los sujetos de apartarse de la jurisdicción ordinaria y someterse
a la decisión que adopte un tribunal de arbitramento. Ello, por cuanto “(…) acudir a la
justicia arbitral implica una derogación específica, excepcional y transitoria de la
administración de justicia estatal, derivada de la voluntad de las partes en un conflicto
transigible”
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando
al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial
son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido
en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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(…) de manera particular, la necesidad de realizar una atenta valoración del requisito de
procedibilidad general que tiene que ver con la relevancia constitucional del asunto
sometido al conocimiento del juez de tutela, para determinar si la petición hace referencia
a una violación directa de un derecho fundamental, y no se orienta a plantear asuntos de
fondo.»
Además, en la Sentencia SU-174 de 2007, se establecieron reglas adicionales que
delimitan la intervención del juez constitucional frente a decisiones arbitrales, dichas
reglas incluyen:
«(1) un respeto por el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no ha de ser
invadido por el juez de tutela e impide a éste pronunciarse sobre el fondo del asunto
sometido a arbitramento;
(2) la procedencia excepcional de la acción de tutela exige que se haya configurado, en la
decisión que se ataca, una vulneración directa de derechos fundamentales;
(3) si bien es posible y procedente aplicar la doctrina de las vías de hecho a los laudos
arbitrales, dicha doctrina ha de aplicarse con respeto por los elementos propios de la
naturaleza del arbitraje, los cual implica que su procedencia se circunscribe a hipótesis de
vulneración directa de derechos fundamentales; y
(4) el carácter subsidiario de la acción de tutela se manifiesta con especial claridad en
estos casos, ya que sólo procede cuando se ha hecho uso de los recursos provistos por
el ordenamiento jurídico para controlar los laudos, y a pesar de ello persiste la vía mediante
la cual se configura la vulneración de un derecho fundamental. En materia de contratos
administrativos sobresale el recurso de anulación contra el laudo .»
Asimismo, en la Sentencia SU-033 de 2018, la Corte reforzó la necesidad de realizar
una valoración cuidadosa del requisito de relevancia constitucional en estos casos,
así como el cumplimiento de los requisitos específicos de procedencia. También
puntualizó que la procedencia de la tutela contra laudos arbitrales debe evaluarse en
armonía con las características propias del proceso arbitral y con el respeto máximo
por la decisión adoptada dentro de este, dado el carácter voluntario y autónomo del
mecanismo.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional en Sentencia SU-103 de 2022, hizo
amplia referencia al desarrollo del requisito general de relevancia constitucional en
tratándose se acciones de tutela contra procesos arbitrales y precisó que la
Corporación ha determinado que, si bien en principio resultan aplicables a los laudos
arbitrales las mismas causales, generales y específicas, para la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, su examen debe ser más riguroso y estricto, en
este sentido, la sentencia SU-500 de 2015 señaló que «La razón para que, tratándose
de acciones de tutela dirigidas contra laudos arbitrales, se predique esa lectura particular y
más restrictiva de los requisitos de procedibilidad establecidos para la acción de tutela contra
providencias judiciales, reside, fundamentalmente, en la consideración de que se está en un
escenario en el cual se ha expresado la voluntad de los sujetos de apartarse de la jurisdicción
ordinaria y someterse a la decisión que adopte un tribunal de arbitramento».
Al tiempo que, se refirió a la sentencia SU-174 de 2007, en la que Corte estableció las
reglas adicionales y específicas que deben ser analizadas por el juez constitucional a
la hora de estudiar la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales4.
4 «(1) un respeto por el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no ha de ser invadido por el juez
de tutela e impide a éste pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a arbitramento;
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En este contexto, se concluye que, si bien la acción de tutela es procedente contra
decisiones arbitrales, su procedencia está sujeta a un examen restrictivo, dadas las
particularidades del arbitraje como sistema alternativo de resolución de conflictos que
goza de autonomía y donde la decisión de los árbitros, en principio, debe prevalecer
a menos que exista una clara afectación de derechos fundamentales.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá convocado por Vías de América
y la ANI, vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora, por incurrir en
defecto procedimental absoluto y defecto sustantivo.
En ese orden, la Sala analizará si la acción de tutela de la referencia cumple con el
requisito general de relevancia constitucional y, solo en el evento que lo supere,
estudiará si el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá demandada incurrió en los defectos alegados por la
parte demandante.
Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(2) la procedencia excepcional de la acción de tutela exige que se haya configurado, en la decisión que se ataca,
una vulneración directa de derechos fundamentales;
(3) si bien es posible y procedente aplicar la doctrina de las vías de hecho a los laudos arbitrales, dicha doctrina
ha de aplicarse con respeto por los elementos propios de la naturaleza del arbitraje, los cuales implican que su
procedencia se circunscribe a hipótesis de vulneración directa de derechos fundamentales; y
(4) el carácter subsidiario de la acción de tutela se manifiesta con especial claridad en estos casos, ya que sólo
procede cuando se ha hecho uso de los recursos provistos por el ordenamiento jurídico para controlar los
laudos, y a pesar de ello persiste la vía mediante la cual se configura la vulneración de un derecho fundamental.
En materia de contratos administrativos sobresale el recurso de anulación contra el laudo».
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v)Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
La Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple el requisito general de
relevancia constitucional, como se pasa a explicar.
Para empezar, se tiene que como fundamento de la acción de tutela la parte actora
se limitó a enunciar la vulneración de derechos fundamentales y la configuración
defecto procedimental y defecto sustantivo, con fundamento en que el tribunal arbitral
demandado, en decisión de 28 de junio de 2024, confirmada en providencia de 13 de
agosto del mismo año, negó la acumulación de los procesos 147140 y 147603.
No obstante, no explicó la razón por la que esa decisión conllevaba a la vulneración
de los derechos fundamentales invocados, sin que de lo expuesto en el escrito inicial
se pueda extraer de qué manera se configuró la infracción alegada.
Pues bien, en el presente asunto, se surtieron las siguientes actuaciones:
• Vías de las Américas radicó demanda arbitral contra la ANI, con fundamento en la
cláusula compromisoria prevista en la sección 15.02 del Contrato de Concesión número
008 de 2010 suscrito entre las partes. En dicha demanda, solicitó que se declarara la
ruptura del equilibrio económico del contrato, para que se declare la violación del
principio de planeación y que se declarara el incumplimiento contractual.
• El 10 de abril de 2024, se instaló el tribunal arbitral para dirimir las controversias de Vías
de las Américas contra la ANI, trámite identificado con el número 147140.
• El 10 de mayo de 2024, la ANI solicitó al tribunal arbitral que acumule al proceso número
147140 el trámite identificado con el número 147603, porque se tramitaban bajo el mismo
6 Ibidem.
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procedimiento, correspondía a las mismas partes y las pretensiones de ambos procesos
pudieron haberse acumulado en uno solo.
• El 20 de mayo de 2024, Vías de las Américas se opuso a la solicitud de acumulación,
con fundamento en que no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 148 del
Código General del Proceso.
• El 28 de junio de 2024, el tribunal de arbitramento profirió auto en el que negó la solicitud
de acumulación, porque era necesaria la voluntad conjunta de las partes, en garantía del
requisito de habilitación sobre el cual se fundamenta el arbitraje.
• La ANI presentó recurso de reposición contra esa decisión con fundamento en que el
común acuerdo de las partes en la acumulación procesal no tiene ninguna relación con
el principio de habilitación. Además, expresó que el auto recurrido vulneraba el derecho
fundamental al debido proceso.
• El 28 de junio de 2024, el tribunal de arbitramento accionado profirió auto en el que
confirmó la decisión inicial que negó la acumulación, porque: (i) el proceso 147140 se
fundamentó en el mecanismo de controversias contractuales en el que se algo la ruptura
del equilibrio económico del contrato y el principio de planeación por parte de la ANI,
mientras que el proceso 147603 se fundamentó en la nulidad del acto administrativo que
declaró el siniestro; (ii) los árbitros en cada proceso fueron seleccionados considerando
su formación y experiencia para resolver cada caso; (iii) era necesaria la voluntad
conjunta de las partes para proceder a la acumulación, la que en este caso no existió
pues Vías de América se opuso a la solicitud de acumulación.
Por lo tanto, los argumentos en que la parte actora soporta la vulneración alegada no
permiten advertir una afectación con incidencia en derechos de contenido fundamental
ni una argumentación que permita advertir de qué manera la decisión pone en riesgo
sus derechos al debido proceso y de defensa.
Sobre el particular, es preciso advertir que los procesos arbitrales mencionados
continúan su trámite y serán fallados por el tribunal arbitral, lo que garantiza que las
controversias planteadas serán resueltas. En este sentido, la negativa de la
acumulación de procesos, por sí sola, no es un argumento que acredite la vulneración
de los derechos fundamentales invocados, pues las partes aún tienen la oportunidad
de ejercer sus derechos y presentar argumentos en cada uno de los procesos
arbitrales independientes, asegurando así la protección efectiva de sus garantías
constitucionales.
Lo cual resulta insuficiente para acreditar el cumplimiento de este presupuesto, en el
entendido que, conforme con la jurisprudencia constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional en aras de garantizar el
respeto por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que resguardan las
decisiones judiciales. De acuerdo con ello, se han fijado presupuestos generales y
específicos que habilitan el mecanismo de amparo constitucional contra una
providencia judicial.
Dentro de tales requisitos, se encuentran incluidas las exigencias argumentativas y
explicativas que debe cumplir quien acude al medio excepcional de la tutela para
controvertir una decisión judicial. Con base en ello, le corresponde a la parte actora
identificar de manera razonable la situación por la que, a su juicio, la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales, lo que supone la exigencia de una
carga mínima de la argumentación.
Esa carga argumentativa, materializa el carácter excepcional de la acción de tutela y
resulta necesaria para que el juez de tutela pueda comprender con suficiente claridad
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Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
y de manera precisa, el debate constitucional que pone de presente el accionante en
torno a la vulneración de las garantías fundamentales invocadas.
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia SU-585 de 20177, consolidó los
presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales establecidos en la sentencia C-590 de 20058, dentro de los cuales incluyó
la carga argumentativa que corresponde cumplir al accionante y estableció que el
mismo se materializa a partir del desarrollo de las causales específicas, entre otros.
En tal sentido señaló lo siguiente:
“El accionante cumpla con unas cargas argumentativas y explicativas mínimas, al
identificar los derechos fundamentales afectados y precisar los hechos que generan la
vulneración. No se trata de convertir la acción de tutela, de por sí informal, en un
mecanismo ritualista, sino de exigir unas cargas procesales razonables para conciliar la
protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al
controvertir una providencia judicial. En esto, resulta fundamental que el juez interprete
adecuadamente la demanda, con el fin de evitar que imprecisiones intrascendentes sean
utilizadas como argumento para declarar la improcedencia del amparo, lo que contrariaría
la esencia misma y rol constitucional de la acción de tutela. Cuando se trate de un defecto
procedimental, el actor deberá además argumentar por qué, a su juicio, el vicio es
sustancial, es decir, con incidencia en la resolución del asunto y/o afectación de los
derechos fundamentales invocados. A pesar de que la tutela es una acción informal,
estas exigencias argumentativas pretenden que se evidencie la transgresión de los
derechos fundamentales, con suficiente claridad y se evite que el juez de tutela
termine realizando un indebido control oficioso de las providencias judiciales de
otros jueces. En este aspecto, resulta de vital importancia identificar la causal, o las
causales de procedibilidad especial, la que de verificarse determinaría la
prosperidad de la tutela contra la providencia judicial”. (Negrilla fuera del texto
original)
Sumado a lo anterior, sobre exactamente la misma inconformidad el 28 de junio de
2024, el tribunal de arbitramento accionado profirió auto en el que confirmó la decisión
inicial que negó la acumulación con clara exposición de los argumentos por lo que no
era posible acceder a la pretendida acumulación, mismos argumentos que la parte
actora ahora plantea en el escrito de tutela, sin que logre establecer por qué esa
decisión es constitutiva de algún defecto que haga procedente la acción de tutela.
Sumado a lo anterior, la parte actora cuenta con otro medio de defensa judicial en
curso, lo que excluye la posibilidad de acudir a la tutela como mecanismo excepcional.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por actora dado que la acción de tutela no
cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio del cargo por parte del
juez constitucional y, en esa medida, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela interpuesta por la ANI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
7 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
8 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Agencia Nacional de
Infraestructura, contra el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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