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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05039-01

Fecha
17 de enero de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05039-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: COMFIRMAR la sentencia del 24 de octubre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-05039-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

17 de enero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05039-01
Accionante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Bogotá D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil veinticinco (2025).

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-05039-01
Accionante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Accionados: Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

Tema. Acción de tutela contra providencias judiciales
Subtema 1. Tutela contra decisión dictada en el curso de un trámite arbitral
Subtema 2. Requisitos de procedibilidad - Relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI–, por medio de apoderado judicial, en contra de la sentencia
de tutela del 24 de octubre de 2024, proferida por la Sección Cuarta de esta
Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

La Agencia Nacional de Infraestructura –ANI–, por medio de apoderado judicial1,
presentó escrito de tutela en el que solicitó el amparo del derecho fundamental al
debido proceso, que consideró vulnerado por el Tribunal de Arbitramento del Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 2, con ocasión de

1
Archivo electrónico que contiene los anexos del escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital
de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 177F4438E96223C2
7475BB61B0A38A83 39B091EBF4B22395 E412F0F27A1FABEB.
2
Tribunal arbitral convocado por Vías de las Américas S.A.S. En Reorganización para dirimir sus controversias
con la Agencia Nacional de Infraestructura derivadas del Contrato de Concesión 008 de 6 de agosto de 2010
(Rad. 147140).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
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Accionante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

los autos del 28 de junio y 13 de agosto de 2024, en los que negó la solicitud de
acumulación del proceso número 147140 en el trámite identificado con el número
147603.

1.2. Hechos probados

1.2.1. La sociedad Vías de las Américas S.A.S. radicó, el 30 de noviembre de 2023
ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá,
demanda arbitral en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI–, con
base en la cláusula compromisoria No. 15.02 incluida en el contrato de concesión
No. 8 de 2010 suscrito entre las partes, por la ruptura del equilibrio económico del
contrato, la violación del principio de planeación y el incumplimiento contractual.

Una vez designados los árbitros, el 10 de abril de 2024 se instaló el tribunal arbitral
para dirimir las controversias entre las partes, cuyo tramite le correspondió el
número 147140.

1.2.2. La ANI solicitó al tribunal arbitral, el 10 de mayo del corriente3, que acumulara
el proceso número 147140 al trámite identificado con el número 147603, porque, a
su juicio, compartían identidad de partes, la controversia giraba en torno al mismo
contrato, estaban en la misma etapa procesal, surtían el mismo procedimiento y
estaban encaminados a obtener las mismas pretensiones.

1.2.3. La sociedad Vías de las Américas S.A.S., el 20 de mayo siguiente4, se opuso
a la solicitud de acumulación porque, a su juicio, en el caso concreto, no se cumplían
los requisitos previstos en el artículo 148 del CGP5, dado que, si bien existía
identidad de partes, las pretensiones y los hechos eran diferentes en cada proceso.

3
Archivo electrónico nombrado “003 Solicitud acumulación de procesos Vías de las Américas” allegado en los
anexos del escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado 177F4438E96223C2 7475BB61B0A38A83 39B091EBF4B22395
E412F0F27A1FABEB.
4
Archivo electrónico nombrado “004 Pronunciamiento frente solicitud de acumulación de procesos arbitrales
VÍAS DE LAS AMERICAS S.A.S. vs AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA” allegado en los anexos
del escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado 177F4438E96223C2 7475BB61B0A38A83 39B091EBF4B22395
E412F0F27A1FABEB.
5
Artículo 148. Procedencia de la acumulación en los procesos declarativos. Para la acumulación de procesos
y demandas se aplicarán las siguientes reglas:
1. Acumulación de procesos. De oficio o a petición de parte podrán acumularse dos (2) o más procesos que se
encuentren en la misma instancia, aunque no se haya notificado el auto admisorio de la demanda, siempre que
deban tramitarse por el mismo procedimiento, en cualquiera de los siguientes casos:
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En ese sentido, sostuvo que el proceso 147603 estaba orientado a obtener la
nulidad de un acto administrativo que declaró la ocurrencia de un siniestro, en
cambio el 147140 pretendía que se declarara la responsabilidad de la ANI por la
ruptura del equilibrio económico del contrato, por lo que “es claro que, al ser
pretensiones de distinta índole y propósito, evidentemente los argumentos de
defensa que vayan a ser presentados por la ANI no podrán tener como fundamento
los mismos hechos”6.

1.2.4. El tribunal de arbitramento, mediante auto del 28 de junio de 20247, negó la
solicitud por considerar que, de conformidad con el principio de habilitación, la
acumulación de procesos en el arbitraje requiere la manifestación de voluntad de
las partes, por lo que el consentimiento mutuo asegura que la acumulación no afecte
los derechos procesales de las partes y que se mantenga la igualdad de estas
durante el trámite.

1.2.5. La ANI inconforme con la decisión presentó recurso de reposición en el que
adujo que para la acumulación procesal el común acuerdo de las partes no tiene
relación con el principio de habilitación que, en todo caso, solo se limita al pacto
para que la controversia la diriman árbitros y no jueces, por lo que su derecho al
debido proceso fue vulnerado8.

1.2.5.1. Luego, el tribunal de arbitramento, el 13 de agosto de 20249, explicó que el
proceso 147140 se fundamentó en el mecanismo de controversias contractuales en

a) Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda.
b) Cuando se trate de pretensiones conexas y las partes sean demandantes y demandados recíprocos.
c) Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones de mérito propuestas se fundamenten en los mismos
hechos.
6
Archivo electrónico que contiene los anexos del escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital
de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 177F4438E96223C2
7475BB61B0A38A83 39B091EBF4B22395 E412F0F27A1FABEB. Esta es una trascripción literal. Los errores,
erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
7
Archivo electrónico nombrado “005
147140_Acta_04_Niega_acumulación_y_admite_reconvención_20240628”, allegado en los anexos del escrito
de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado
con certificado 177F4438E96223C2 7475BB61B0A38A83 39B091EBF4B22395 E412F0F27A1FABEB.
8
Archivo electrónico nombrado “006 Reposición contra auto negó acumulación procesos Vías de las Américas
vf”, allegado en los anexos del escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia
en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 177F4438E96223C2 7475BB61B0A38A83
39B091EBF4B22395 E412F0F27A1FABEB.
9
Archivo electrónico nombrado “007 147140_Acta_05_Resuelve_Recursos_20240813”, allegado en los anexos
del escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado 177F4438E96223C2 7475BB61B0A38A83 39B091EBF4B22395
E412F0F27A1FABEB.
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el que se propuso la ruptura del equilibrio económico del contrato y el principio de
planeación por parte de la ANI, mientras que el 147603 estaba orientado a obtener
la nulidad del acto administrativo que declaró el siniestro. Agregó que los árbitros
de cada proceso fueron seleccionados de acuerdo con su formación y experiencia.
Reiteró que era necesaria la voluntad conjunta de las partes para proceder a la
acumulación, la que en este caso no existió pues la sociedad Vías de las Américas
se opuso a la solicitud de acumulación.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela

1.3.1. La parte accionante adujo que su solicitud cumple los requisitos generales de
procedibilidad, en tanto agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios para la
defensa de su derecho fundamental al debido proceso, interpuso la acción de forma
oportuna, el asunto es una cuestión de relevancia constitucional, no se trata de una
tutela contra un fallo de tutela y explicó los motivos por los que considera vulnerada
la referida garantía constitucional.

Luego, afirmó que el tribunal de arbitramento incurrió en un defecto procedimental,
en la medida en que exigió un requisito para acceder a la acumulación de procesos
que no está establecido en el artículo 148 del Código General del Proceso.

Al respecto, explicó que la referida normativa solo exige tres requisitos para resolver
la acumulación de procesos, esto es “(…) En primer lugar, que sean procesos que
estén en la misma instancia. En segundo lugar, que deban tramitarse por el mismo
proceso. Finalmente, en tercer lugar, que se cumpla cualquiera de los siguientes
eventos: que se trate de pretensiones que hubieran podido acumularse en la misma
demanda; que se trate de pretensiones conexas con demandantes y demandados
recíprocos; que el demandado sea el mismo y que las excepciones se fundamenten
en los mismos hechos (…)”10.

También adujo que la autoridad arbitral incurrió en un defecto sustantivo, porque
interpretó incorrectamente el principio de habilitación en el caso concreto, al

10
Página 15 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital
de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 177F4438E96223C2
7475BB61B0A38A83 39B091EBF4B22395 E412F0F27A1FABEB.
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asignarle un alcance que no le corresponde y justificar la exigencia de un requisito
no previsto en la ley para acumular procesos.

Finalmente, afirmó que el tribunal arbitral vulneró los principios de legalidad y
economía procesal al desestimar la solicitud de acumulación.

1.3.2. La parte accionante solicitó al juez constitucional11: i) tutelar su derecho
fundamental al debido proceso y, en consecuencia, ii) dejar sin valor ni efecto los
autos No. 5 del 28 de junio y No. 7 del 13 de agosto de 2024 y ordenar el tribunal
arbitral constituido para dirimir las controversias de la sociedad Vías de las Américas
contra la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI– en el proceso número 147140,
dictar una nueva decisión que resuelva la solicitud de acumulación conforme a los
requisitos dispuestos en el artículo 148 del CGP.

1.4. Trámite de tutela de primera instancia e intervenciones

1.4.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto del 27 de
septiembre de 202412, admitió la solicitud, ordenó correr traslado a las partes para
que rindieran informe detallado respecto de los hechos, vinculó a los integrantes del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y a la
Sociedad Vías de las Américas S.A.S., como tercero interesado, resolvió tener como
pruebas los documentos aportados con la solicitud de amparo y reconoció
personería al abogado de la parte accionante.

1.4.2. El tribunal de arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá13 solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo al estimar que no cumple con los requisitos de procedibilidad de tutela
contra providencia judicial.

11
Página 22 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital
de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 177F4438E96223C2
7475BB61B0A38A83 39B091EBF4B22395 E412F0F27A1FABEB.
12
Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado: 180307CD2A74BE6C B735CE2B6867D663 AAD3E7E892396A55
E8EEDECB15061766.
13
Archivo electrónico ubicado en el índice 10 del expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado: 25FCAB529D08DCDC 27B85218AA89BDBB A5860D8A4A808FE3
5CEE17490016B4BB. Ver también índice 11.
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Afirmó que la decisión objeto de tutela no vulnera la oportunidad de ejercer los
derechos de defensa, audiencia y contradicción de la parte accionante, dado que la
solicitud de acumulación no es en sí misma un derecho fundamental sino un
mecanismo procesal que puede o no aplicarse según las características del caso
concreto.

Agregó que, conforme al principio de habilitación, los árbitros solo pueden ejercer
su función jurisdiccional si las partes les otorgan dicha facultad de manera explícita,
por lo que la acumulación de procesos solo es posible si ambas partes están de
acuerdo. No obstante, en el asunto en estudio, la sociedad Vías de las Américas
S.A.S. se opuso a ese mecanismo, lo que impedía proceder con la solicitud
realizada por la ANI.

Explicó que no creó un requisito adicional para la acumulación de procesos al exigir
el acuerdo de las partes, sino que dicha exigencia se deriva del referido principio
que es propio del arbitraje y que en el asunto existían diferencias fundamentales
entre los dos procesos que la ANI quería acumular, porque versaban sobre
diferentes objetivos y pretensiones, en tanto uno estaba relacionado con la nulidad
de un acto administrativo que declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de
las obras y se hizo efectiva la póliza de estabilidad del Contrato de Concesión 008
de 2010 y, el otro, respecto de la supuesta ruptura del equilibrio económico del
contrato de concesión, de tal forma que, al tratarse de asuntos diferentes, con
fundamentos jurídicos distintos, la acumulación resultaba improcedente. También
afirmó que las partes seleccionaron paneles arbitrales diferentes en cada caso, en
función de la experiencia y conocimiento específico de los árbitros en cada área.

Por último, indicó que en el proceso arbitral número 15744 promovido por las
mismas partes y respecto al mismo contrato de concesión, fue dictado el auto del
18 de julio de 2019 en el que también fue negada la acumulación de procesos con
fundamento en que ambas partes debían estar de acuerdo, por lo que esa decisión
era un precedente aplicable al caso en estudio.

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Finalmente, sostuvo que la decisión fue dictada conforme a una interpretación
legítima y fundamentada de las normas aplicables a la naturaleza consensual del
asunto.

1.4.3. La sociedad Vías de las Américas S.A.S.14 por medio de su representante
se limitó a relacionar las decisiones dictadas por el tribunal de arbitramento en el
proceso objeto de tutela.

1.5. Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 24 de octubre 202415,
declaró improcedente la solicitud de amparo por considerar que no superó el
requisito de relevancia constitucional.

Como fundamento de la decisión expuso, en síntesis, que de conformidad con lo
establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-466 de 2011 la
procedencia de la acción de tutela contra una decisión proferida en un trámite
arbitral debe ser más rigurosa dada la naturaleza especial del arbitraje, ya que las
partes deciden voluntariamente acceder a ese mecanismo en lugar de acudir a la
jurisdicción ordinaria. Agregó que en esa misma línea la referida alta corporación en
las SU-500 de 2015 y SU-103 de 2022, hizo una amplia referencia a la exigencia
del requisito de relevancia constitucional en esos asuntos y dispuso unas reglas
adicionales en la SU-174 de 2007.

Luego, conforme a lo expuesto concluyó que, si bien la acción de tutela era
procedente contra las decisiones arbitrales, lo cierto era que, su procedencia estaba
sujeta a un examen restrictivo, dadas las particularidades del arbitraje como sistema
alternativo de resolución de conflictos que goza de autonomía y en el que la decisión

14
Archivos electrónicos ubicados en el índice 12 del expediente digital de tutela de primera instancia en el
aplicativo SAMAI, identificados con certificados: CCDFF4712B41CEF4 25F1D7C041407476
4F648AA00B47D045 06CD1D7C26092D45, 0657B0A9448D4E28 1E87B7D5F0FCB2E3
54B3B7B4CFB1FE5D F813A65E25E7A091 y 5FD2CB263A2F453C 536D23167F64A02F
A8D21212E41F8ED1 8E28E3C946F394FB.
15
Archivo electrónico ubicado en el índice 15 del expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado: BA79A5930C54A8B9 8127A9292DC8046D 610808247EC6A73D
EFEC31CE7A521E48.
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de los árbitros debe prevalecer a menos que exista una clara afectación de derechos
fundamentales.

En ese escenario, expuso en primer lugar que, la parte accionante se limitó a
enunciar la vulneración de derechos fundamentales y la configuración de los
defectos procedimental y sustantivo con base en que el tribunal arbitral en las
decisiones objeto de tutela, negó la acumulación de procesos, sin explicar la razón
por la que consideró que estas vulneraban sus garantías constitucionales.

En segundo lugar, hizo un resumen de las decisiones dictadas al interior del trámite
arbitral objeto de estudio y estimó que de este no era posible advertir una afectación
de algún derecho fundamental, por lo que, en ese orden, la negativa de acumulación
de procesos por sí sola no era un argumento que acreditara tal circunstancia, dado
que las partes aún tenían la oportunidad de ejercer sus derechos y presentar
argumentos en cada uno de los procesos arbitrales, asegurando así la protección
efectiva de sus garantías constitucionales.

Al respecto resaltó que, dentro de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, cobra importancia que la parte actora
identifique de forma razonable la situación, por la que, a su juicio, la autoridad
judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, lo que supone una carga
mínima de argumentación.

En este punto agregó que tal exigencia materializa el carácter excepcional de la
acción de tutela, por lo que, luego de evaluar el asunto pudo establecer que en el
caso concreto los cuestionamientos planteados en sede constitucional fueron los
enunciados en el recurso que radicó contra la providencia del 28 de junio de 2024 y
que la autoridad cuestionada resolvió en la decisión del 13 de agosto siguiente.

Así, concluyó que no era procedente realizar un estudio de fondo de la solicitud en
la medida en que la parte accionante no cumplió con los requisitos de procedencia
para tal fin, en tanto solo reiteró sus reclamos sin exponer una posible vulneración
de sus derechos fundamentales, además de que contaba con otros recursos para

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la garantía de sus derechos fundamentales y que el mecanismo excepcional objeto
de estudio estaba en curso.

1.6. Impugnación

El accionante presentó escrito de impugnación16 contra la decisión del 24 de
octubre de 2024 dictada por la Sección Cuarta de esta corporación, en el que insistió
en que su solicitud era precisa y clara al explicar que la autoridad cuestionada en
las decisiones objeto de tutela exigió un requisito que no fue establecido en el
artículo 148 del CGP respecto de la acumulación de procesos, circunstancia que
enmarcaba su estudio en un asunto de relevancia constitucional.

Agregó que, en ese sentido, la vulneración de su derecho al debido proceso estaba
acreditada, por lo que, contrario a lo planteado por el juez constitucional de primera
instancia, no se limitó a enunciar los derechos vulnerados y los defectos
configurados, sino que de forma razonada, detallada y clara expuso las razones por
las que la solicitud superaba los requisitos de procedibilidad.

Luego afirmó que el juez constitucional de instancia aplicó incorrectamente la
exigencia de procedibilidad, dado que estimó los requisitos con base a las acciones
de tutela contra laudos arbitrales pese a que, en el asunto, la decisión que considera
como vulneradora de sus garantías fundamentales es un auto y en ese sentido, la
naturaleza jurídica y procesal era diferente.

Manifestó que el asunto fue resuelto con base en un problema jurídico errado, por
lo que no era viable establecer un estudio de procedibilidad de tutela sin identificar
correctamente el objeto de estudio o la finalidad de la solicitud.

Indicó que no existe otro mecanismo de defensa judicial en el trámite arbitral objeto
de tutela, por lo que, en ese sentido, la decisión carece de motivación.

16
Archivo electrónico ubicado en el índice 22 del expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado: EB57F87F5742F6C0 A446F67BD55225A7 14D45EFBA74D828F
0DAD15502EA21B30. Ver también índice 23.
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Por último, solicito revocar la decisión, amparar el derecho fundamental al debido
proceso y, en consecuencia, ordenar “al tribunal arbitral proferir una nueva decisión
que declare la solicitud de acumulación de proceso”17.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la impugnación, atendiendo a lo previsto en
los artículos 86 de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Legitimación en la causa

2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
la accionante es la titular de la garantía fundamental que, afirma, fue vulnerada en
su condición de parte convocada dentro del proceso arbitral en el que se dictó la
providencia objeto de estudio.

El accionado, el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara de Comercio de Bogotá, está legitimado en la causa por pasiva, dado
que, como autoridad arbitral, profirió la providencia objeto de estudio en sede de
tutela.

2.3. Procedibilidad de la acción

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
primero, un examen de procedibilidad general 18 para, luego, en caso de resultar

17
Página 15 del archivo electrónico ubicado en el índice 22 del expediente digital de tutela de primera instancia
en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: EB57F87F5742F6C0 A446F67BD55225A7
14D45EFBA74D828F 0DAD15502EA21B30. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas
y énfasis forman parte del texto original.
18
Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar
en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos
generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen
de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
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superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos del defecto enunciado por la
accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

2.3.1. Los requisitos establecidos en el Decreto 2591 de 199119 permiten que la
acción de tutela como mecanismo de protección constitucional sea presentada con
un margen de informalidad, tanto en el escrito como en su despliegue
argumentativo, sin embargo, las acciones constitucionales contra providencias
judiciales exigen una carga argumentativa más sólida, pues de prosperar el amparo
se afectaría el principio de cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se
pretende en sede constitucional.

Así, la carga argumentativa implica un ejercicio de concreción que, primeramente,
se cumple a partir del requisito de que la parte actora presente con suficiencia y
claridad el cuestionamiento que endilga a la providencia que considera vulneradora
de sus derechos fundamentales. Luego, este debe tener la suficiente relevancia
constitucional para trascender de la discusión litigiosa propia del proceso, a un
asunto que, por referirse a una posible amenaza o vulneración de un derecho
fundamental, haga procedente la intervención del juez de tutela. Que en todo caso
debe ser subsidiaria20 y excepcional, pues las providencias son proferidas en un
proceso que cuenta con los mecanismos de defensa de los derechos
fundamentales, y que, una vez en firme, goza de presunción de constitucionalidad
y de legalidad.

la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la
persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue
una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general,
(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de
tutela.
19
Artículo 14 íbidem: i) exponer con claridad los hechos y derechos que motiva la acción; ii) identificación del
accionante y autoridad demandada; iii) declaración juramentada de no haber impuesto otra acción por los
mismos hechos y derechos.
20
El artículo 86 de la Constitución establece:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
[…]
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
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En ese orden, el requisito de relevancia constitucional exige que los argumentos
de la solicitud de amparo estén dirigidos a exponer las razones por las que el
cuestionamiento a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria21, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia
como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 22. Así, son
improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas que habrían podido
ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar las ya expuestas en este,
toda vez que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, “la función del juez de
tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que
se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración
de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 23.

En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad 24; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las

21
Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan
violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia constitucional
inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la Corte Constitucional en las sentencias
T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
22
Sentencia C-590 de 2005. Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión
cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas,
podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando
el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en
normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es
víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
23
Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
24
Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610
de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-
931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
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personas; e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales25.

Luego cabe resaltar que, cuando es controvertida una decisión arbitral,
equivalente materialmente a una sentencia judicial26, como ocurre en el asunto bajo
estudio, la Corte Constitucional ha precisado que la procedencia de la acción de
tutela es aún mucho más restrictiva, habida cuenta del carácter especial de la
justicia arbitral fundada en el principio de voluntariedad o libre habilitación, como
mecanismo autónomo de heterocomposición de las partes de un conflicto 27. Así, los
cuestionamientos formulados por vía de acción de tutela respecto de una decisión
arbitral están sometidos, prima facie, a los mismos requisitos de procedibilidad que
la jurisprudencia constitucional ha desarrollado en relación con las providencias
judiciales, en concordancia, con las particularidades propias del proceso arbitral y
respeto por la permanencia de la decisión dictada en ese escenario28.

2.4. Caso concreto

En el presente caso, la parte actora solicitó la protección del derecho fundamental
al debido proceso que consideró vulnerado por el Tribunal de Arbitramento del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá con ocasión
de los autos No. 5 del 28 de junio y No. 7 del 13 de agosto de 2024, al considerar
que la referida autoridad incurrió en los defectos procedimental y sustantivo por
exigir un requisito que no fue establecido por el artículo 148 del CGP en el trámite
de solicitudes de acumulación.

Al respecto, en sus escritos de tutela y especialmente de impugnación, reclamó que
tales defectos estaban configurados, por lo que era consecuente estimar que el
amparo deprecado superaba el estudio de procedibilidad contra providencias
judiciales, en tanto el tribunal arbitral consideró erradamente que, con base en el

25
“[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga
el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
26
Según lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 1563 de 2012, al señalar que “[e]l laudo arbitral es la sentencia
que profiere el tribunal de arbitraje”, y lo ha manifestado igualmente la Corte Constitucional, al sostener que los
laudos son decisiones eminentemente jurisdiccionales. Cfr. Sentencia T-244 de 2007.
27
Corte Constitucional, sentencias C-330 de 2000 y SU-081 de 2020.
28
Corte Constitucional, sentencias T-790 de 2010 y SU-033 de 2018. Ver también sentencia SU-103 de 2022.
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principio de habilitación, la solicitud de acumulación debía ser aprobada por las
partes, sin tener en cuenta que la norma aplicable solo exigía una identidad de
partes, objeto y pretensiones, requisitos que estaban acreditados en los procesos
objeto de estudio de acumulación.

En ese sentido insistió en que el asunto giraba en torno a la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso por la exigencia de un requisito no establecido en la
norma aplicable y, en ese orden, no tenía otro mecanismo al cual recurrir por lo que
su solicitud superaba el requisito de relevancia constitucional.

Pues bien, de la lectura de la providencia del 13 de agosto de 2024 -que confirmó
la del 28 de junio anterior- en el sentido de negar la solicitud de acumulación del
proceso arbitral número 147140 al trámite identificado con el número 147603, la
Sala pudo verificar, por un lado, que la entidad convocada y aquí accionante fundó
su recurso de reposición en los mismos argumentos traídos a este trámite
constitucional, dado que sostuvo que el común acuerdo de las partes respecto de
la acumulación procesal no tiene ninguna relación con el principio de habilitación,
por lo que la decisión vulneró el derecho fundamental al debido proceso al exigir de
forma errónea la voluntad de las partes, como un requisito adicional que no estaba
dispuesto en la norma aplicable.

Por otro lado, precisó que el tribunal arbitral explicó con claridad que, para resolver
sobre la acumulación de procesos solicitada por la entidad convocada, era
necesario dar aplicación al examen integral de los artículos 13 de la Constitución
Política, 13 de la Ley 270 de 1996 (modificado por el artículo 6 de la Ley 1285 de
2009), Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Ley 1563 de 2012 que
contiene el Estatuto Arbitral y el artículo 148 del CGP, así como la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado relacionada con el asunto.

En ese escenario, explicó que el principio de habilitación se fundamenta en el de
voluntariedad, lo que constituye una de las características propias del arbitraje de
tal forma que, las partes deben tener la misma posibilidad de acogerse o no a este
y fijar reglas procesales a las que se someterán para solucionar la controversia.

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Así, indicó que la sola solicitud de una de las partes con la acreditación de los
requisitos previstos en el CGP para ordenar la acumulación no era suficiente, dado
que debían tenerse en cuenta las normas constitucionales y legales que regulan la
institución arbitral que, en todo caso, exigen respetar el pacto arbitral en toda su
extensión, por lo que la consideración cuestionada no se trataba de un requisito
adicional sino del cumplimiento de lo impuesto por el orden jurídico en los procesos
arbitrales a los que solo por excepción según la remisión dispuesta en el Estatuto
Arbitral, se les aplican las reglas del CGP o CPACA.

Descendiendo al caso concreto el tribunal arbitral explicó que, “[e]n los casos objeto
de examen, luego de revisar las pretensiones que se ventilan en uno y otro proceso
arbitral, se observó que corresponden a instituciones jurídicas diferentes, pues
mientras en este proceso (147140) se debaten diferencias patrimoniales derivadas
de la ejecución del Contrato de Concesión 08 de 2010, que tienen como ejes la
supuesta “VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN POR PARTE DE LA ANI”,
la supuesta “RUPTURA DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO” y el
supuesto “INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DE LA ANI”, en el otro
proceso arbitral (147603), se debaten diferencias derivadas también de la ejecución
del Contrato de Concesión 08 de 2010, pero que tienen como eje la presunta nulidad
de actos administrativos contractuales”29.

Luego indicó que los árbitros para cada proceso fueron seleccionados de común
acuerdo por las partes, por lo que la voluntad expresada estaba debidamente
fundada en los intereses propios respecto de cada proceso y que, en ese contexto,
era viable resaltar que negar la solicitud de acumulación no constituía la vulneración
del derecho al debido proceso, por cuanto la entidad convocada podía ejercer sus
facultades para defender sus intereses.

En este punto de análisis, la Sala considera pertinente indicar que las
inconformidades traídas a esta sede de tutela tienen como punto de partida
argumentos cuya pretensión buscan desestimar la decisión que negó la solicitud de
acumulación, en tanto, la parte accionante enunció la configuración de un defecto
procedimental sin demostrar clara ni suficientemente la forma grave, trascendente

29
Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
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y con proyección o afectación de su derecho fundamental al debido proceso, que
los cargos relacionados con un supuesto desconocimiento del régimen contenido
en la Ley 1563 de 201230, el Reglamento de Procedimiento de Arbitraje Nacional
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y la
remisión al artículo 148 del CGP, hubieren sido aplicados sin observancia de las
reglas jurisprudenciales especiales para tal fin, o que se hubiera adoptado una
determinación abiertamente ilegal, de imposible cumplimiento sin observancia de
las garantías procedimentales, todo esto en real desmedro de sus derechos de
defensa y/o contradicción, o con incidencia cierta y directa en ellos.

También cabe agregar que la Corte Constitucional ha reiterado que, en el estudio
de un defecto endilgado a una decisión arbitral, debe excluirse “el simple
desacuerdo con las razones invocadas por el tribunal de arbitramento para decidir,
pues ello desconoce directamente el principio de voluntariedad que dirige la justicia
arbitral y en virtud del cual las partes se someten a lo que allí se resuelva” 31. Por lo
que para establecer la configuración de un defecto sustantivo en los términos
dispuestos por la jurisprudencia constitucional, era necesario que la parte
accionante sustentara un claro desconocimiento de una norma que resultara en una
afectación iusfundamental, sin que el planteamiento de interpretaciones alternativas
posibles al criterio jurídico expuesto por el tribunal arbitral sea suficiente para la
intervención del juez constitucional, ya que, de ser así, tal escenario implicaría una
intromisión en el principio de autonomía que es inherente al juez natural del proceso.

Así las cosas, la Sala concluye que lo que pretende la accionante es que el juez de
tutela haga una lectura alternativa del caso concreto de tal forma que la conclusión
a la que llegó la autoridad cuestionada en los autos No. 5 del 28 de junio y No. 7 del
13 de agosto de 2024 —objeto de estudio—, sea desestimada y en su lugar revoque
la decisión, desconociendo así el carácter subsidiario de la acción de tutela y sin
tener en cuenta que el juez constitucional realiza un juicio de validez de la
providencia objeto de estudio, en función de los derechos fundamentales, y no de
corrección de esta.

30
“Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones”
31
Corte Constitucional, sentencia SU-174 de 2007.
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En ese contexto, es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida como un
mecanismo de carácter excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un
derecho constitucional fundamental y entre sus características se cuentan su
naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a
determinar la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad judicial
a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende
la parte accionante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional
a las ya surtidas.

Así las cosas, la entidad tutelante reiteró en esta sede constitucional
cuestionamientos que ya fueron resueltos en el trámite del proceso arbitral que está
en curso, sin presentar argumentos o sustento probatorio que permita considerar
que la decisión que reclama es una omisión caprichosa o irracional del tribunal
arbitral que dirige el proceso, que afecta sus garantías fundamentales con la
configuración de un perjuicio irremediable que valide el estudio de la solicitud de
amparo. Esto, en tanto, como se expuso anteriormente, sus argumentos no se
enmarcan en un posible defecto procedimental o sustantivo en los términos
establecidos por la Corte Constitucional a fin de que, en aras de evitar un perjuicio
irremediable, sea pertinente la intervención del juez de tutela. En contraste, los
hechos narrados y las pretensiones planteadas en el escrito de tutela permiten
establecer con claridad que su solicitud está encaminada a que el juez constitucional
deje sin efectos las providencias que niegan la solicitud de acumulación que
formuló, con el fin de obtener un nuevo estudio del asunto que sea favorable a sus
intereses.

En suma, el amparo se torna improcedente en la medida en que, de una parte, el
trámite del proceso es el escenario idóneo para plantear sus inconformidades y/o
requerimientos, más aún cuando el estudio de la controversia está en curso y, de
otro lado, porque los jueces del proceso son los primeros llamados a respetar y
hacer cumplir las garantías ius fundamentales.

2.5. En consecuencia, la solicitud no cumple con el requisito de relevancia
constitucional por lo que no es posible asumir el estudio de fondo propuesto por la

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parte tutelante, pues de hacerlo, esta Sala constitucional estaría invadiendo la órbita
de competencia del juez natural y desconociendo la autonomía judicial, por lo que,
en ese orden, se confirmará la decisión dictada el 24 de octubre de 2024 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo
solicitado, conforme a los motivos expuestos en las consideraciones de esta
providencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: COMFIRMAR la sentencia del 24 de octubre de 2024 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en las
consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
Presidente de la Sala Firmado electrónicamente
Firmado electrónicamente

DSR

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