Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05043-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05043-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05043-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
28 de noviembre de 2024
Demandante: Jairo Alberto Ramírez Giraldo
Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2024-05043-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05043-00
Demandante: JAIRO ALBERTO RAMÍREZ GIRALDO
Demandado: RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Temas: Tutela de fondo. Derecho fundamental de petición y revisión
de liquidación de sentencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA1
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la parte
actora, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
del 6 de abril de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 19 de septiembre de 2024, el señor Jairo Alberto
Ramírez Giraldo, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela
contra la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, a la igualdad, así como para que
se garantice el “deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia
del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.”
La parte actora consideró vulnerado su derecho fundamental de petición por la
falta de respuesta ante la solicitud que presentó el 18 de julio de 2024 con la
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Mediante auto del 10 de octubre de 2024, se declaró infundado el impedimento manifestado
por el magistrado ponente.
1
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Demandante: Jairo Alberto Ramírez Giraldo
Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
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cual pidió la revisión de la liquidación y adición al pago de una sentencia,
petición que adicionó y aclaró el 22 del mismo mes y año.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte accionante solicitó:
Con base en lo anterior, les solicito muy respetuosamente REVISAR La
Liquidación de La Sentencia que aparece en la Resolución citada, y en
consecuencia, ADICIONAR la liquidación con los dineros FALTANTES, vale
decir, por la suma de $122.414.095 y los intereses que esto genere, tal
como se ordenó expresa y categóricamente en el fallo, sin ordenar en
ningún momento que se descontara alguna suma.2
1.3. Hechos
Indicó que, mediante sentencia del 4 de febrero de 2020, dictada en el
expediente 05001-23-31-000-2012-00400-00/013 por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado4, se confirmó la decisión de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda5 y también se dispuso
en el numeral segundo:
“REVOCAR El párrafo final del numeral sexto de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, y lo pertinente del numeral tercero, que
ordenaban reconocer además la prima especial de servicios, la cual no
procede en este caso por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO.- ORDENAR a la parte demandada que le dé cumplimiento a
esta sentencia dentro del término previsto en los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo, o sea, dentro de los 30 días siguientes a
la comunicación de esta providencia, para lo cual deberá proferir una
2
Transcrito con posibles errores.
3
Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó el accionante de la
referencia contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
4
En acatamiento del fallo de tutela del 4 de julio de 2019, proferido por la Sección Cuarta de la
misma Corporación.
5
En la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia se ordenó:
“PRIMERO: Declárase imprósperas las excepciones propuestas por la parte demandada.
SEGUNDO: Declárase la nulidad de las Resoluciones números 4168 de Abril 22 de 2009, 4214
del 30 de abril de 2009, expedidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Antioquia y la Resolución número 4226 del 20 de mayo de 2009, expedida por la Dirección
Seccional de Administración Judicial Nacional. TERCERO: Como consecuencia, se condena a
la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Nacional de Administración
Judicial al reconocimiento y pago de la diferencia entre los valores liquidados por bonificación
anual por compensación y por el 100% de la prima especial de servicio, con sus respectivas
prestaciones sociales y económicas a que hubiere lugar del demandante JAIRO ALBERTO
RAMIREZ GIRALDO, fecha de inicio 01/01/2000 hasta su retiro 31/03/2008, y las sumas
correspondientes deberán ser reajustadas y actualizadas en la forma indicada en la parte
motiva.”
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Demandante: Jairo Alberto Ramírez Giraldo
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resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para su
cumplimiento.”
Sostuvo que, mediante Resolución 7074 del 7 de septiembre de 2023, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reliquidó lo ordenado en dicha
sentencia, para lo cual resolvió:
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer que la suma de QUINIENTOS
CINCUENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ML. ($550.144.430), por los
conceptos discriminados en el cuadro resumen y por las razones señaladas
en la parte motiva de la presente resolución, corresponden a la
Reliquidación de la sentencia a favor del… doctor JAIRO ALBERTO
RAMIREZ GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.284.380,
por concepto de cumplimiento del fallo proferido por Que el Tribunal
Administrativo de Antioquia Sala Segunda de Oralidad, mediante sentencia
del 17 de enero de 2017 y confirmado y aclarado por el Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Sala de Conjueces,
mediante sentencia de segunda instancia del 12 de septiembre de 2018, el
cual quedó debidamente ejecutoriado el 28 de septiembre de 2018, y
modificada por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda Sala de Conjueces, mediante auto del 04 de febrero de
2020, así:
…
ARTÍCULO SEGUNDO - Deducir del valor establecido en el artículo primero
de esta resolución y pagar a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES – DIAN, la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS ML. ($42.287.778), por concepto retención en la fuente.
ARTÍCULO TERCERO - Reconocer personería jurídica al doctor GABRIEL
ANGEL RAVE ARISTIZABAL, identificada con cédula de ciudadanía No.
70.094.577 y con Tarjeta Profesional No. 25.892, expedida por el Consejo
Superior de la Judicatura, quien actuó como apoderada del doctor JAIRO
ALBERTO RAMIREZ GIRALDO.
ARTÍCULO CUARTO – Descontar del artículo primero de la presente
resolución y girar a favor del doctor GABRIEL ANGEL RAVE ARISTIZABAL,
identificado con cédula de ciudadanía No. 70.094.577, la suma de CIENTO
DIEZ MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS ML. ($110.028.886), a la cuenta de ahorros, No. 60407078593, del
banco Bancolombia, según la certificación adjunta al expediente.
ARTÍCULO QUINTO – Una vez realizada las deducciones y descuentos de
los artículos anteriores de esta resolución girar a favor del doctor JAIRO
ALBERTO RAMIREZ GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No.
8.284.380, la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS
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PESOS ML. ($397.827.766), a la cuenta de ahorros, No. 100-102903-19, del
banco Bancolombia, según la certificación adjunta al expediente.
ARTÍCULO SEXTO - Los pagos inherentes a la presente resolución, serán
atendidos con cargo al presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley
de apropiaciones de la Rama Judicial, para la actual vigencia fiscal, y afecta
parcialmente en la suma QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ML.
($550.144.430), el CDP N° 5623 de 2023…
Señaló que, el “18/07/2024 (sic)”6 solicitó la revisión de la liquidación y adición
al pago de la mencionada orden judicial, escrito que dirigió al “Comité de Pagos
Sentencia” de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. En esta pidió:
1.-REF. DERECHO DE PETICIÓN, ART. 23 C.P. RESOLUCIÓN 7074 DE
SEPTIEMBRE 7 DE 2023, A NOMBRE DE JAIRO ALBERTO RAMIREZ
GIRALDO CC. 8.284.380, Exp. Admvo Rad. 9578.
…
1.-ASUNTO: REVISIÓN Y ADICIÓN LIQUIDACIÓN DE LA SENTENCIA
PORQUE SE HACE DESCUENTO IRREGULAR E ILEGAL POR
$122.414.095, (POR BONIFICACIÓN DE GESTIÓN QUE NO
CORRESPONDE A SENTENCIA LIQUIDADA).
…
Agregó que, el 22 de julio de 2024 remitió vía electrónica un memorial con la
solicitud de “adición y aclaración de petición…anexo de sentencia de nulidad
Decreto 4040/2004”.
Precisó que no ha recibido respuesta alguna.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte accionante manifestó que sus garantías constitucionales resultaron
vulneradas por la falta de respuesta ante la solicitud que presentó el 18 de julio
de 2024 con la cual pidió la revisión de la liquidación y adición al pago de una
sentencia, petición que adicionó y aclaró el 22 del mismo mes y año.
Señaló que, solicitó la revisión de la “…liquidación de la sentencia que aparece
en la resolución citada [Resolución No. 7074 de septiembre 7 de 2023] y en
consecuencia, adicionar la liquidación con los dineros faltantes… por la suma
de $122.414.095 y los intereses que esto genere, tal como se ordenó expresa y
categóricamente en el fallo, sin ordenar en ningún momento que se descontara
alguna suma”.
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La petición tiene fecha de “Julio 22 de 2024”.
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1.5. Trámite de la solicitud de amparo
Mediante auto del 29 de octubre de 2024, se admitió la demanda constitucional
y, en consecuencia, se ordenó la notificación de la directora Ejecutiva de
Administración Judicial.
A su vez, se dispuso la vinculación del Consejo Superior de la Judicatura, a los
magistrados que integran el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad,
así como a la Unidad de Asistencia Legal - División de Procesos y Grupo de
Sentencias, Unidad de Presupuesto – Divisiones de Tesorería y Contabilidad.
Adicionalmente, se requirió el expediente 05001-23-31-000-2012-00400-00/01 y
se reconoció personería al apoderado del demandante.
1.6. Informes
1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La entidad demanda a través de la Unidad de Asistencia Legal solicitó que se
rechace por improcedente la demanda de tutela pues no supera los requisitos
de relevancia constitucional y subsidiariedad, porque esta gira en torno a un
asunto eminentemente económico, personal y concreto, y el actor cuenta con
otros mecanismos idóneos para debatir la liquidación de la providencia que
ordenó la inclusión de la bonificación por compensación prevista en el Decreto
610 de 1998, razón por la cual la presente acción constitucional no puede
desplazar la idoneidad y eficacia de los mecanismos ordinarios.
Precisó que, existen otros mecanismos para debatir la liquidación y pago de las
providencias judiciales en el marco de un proceso ejecutivo o del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, los cuales constituyen los
mecanismos idóneos y eficaces para ejecutar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual ordenó liquidar la
bonificación por compensación del mencionado decreto.
Adujo que, además se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado en tanto que dio respuesta a la solicitud del actor mediante oficio
DEAJALO24-15592 de 5 de noviembre de 2024, suscrito por el director del
grupo de sentencias de la Unidad de Asistencia Legal de la DEAJ y adjuntó el
comprobante del envío.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Unitaria de Decisión, a través
del magistrado Javier Camargo Arteaga
1.6.2.1. Esta Corporación solicitó su desvinculación e informó que la Sala de
Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, en fecha 24 de enero de
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2017 profirió sentencia en primera instancia, decisión que fue confirmada por el
Consejo de Estado en segunda instancia mediante sentencia del 4 de febrero
de 2020.
Sostuvo que, no puede emitir pronunciamiento alguno respecto del fondo del
asunto, esto es, respecto de la decisión tomada en primera instancia por el
tribunal y, menos realizar un juicio de legalidad respecto de la liquidación de
sentencia efectuada mediante la Resolución 7074 del 7 de septiembre de 2023
por parte de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, por cuanto como se
indicó, no actuó como ponente en la decisión cuestionada.
1.6.2.2. La Secretaría de dicho tribunal el 18 de noviembre de 2024 remitió
correo electrónico con el cual señaló que se realizó la notificación solicitada a
los doctores Juan Esteban Palacio Palacio, Lucy Mejía Heredia y Bernardita
Pérez Restrepo (sala de conjueces de dicho tribunal que profirió la sentencia de
primera instancia), en calidad de terceros con interés en la acción de tutela de
la referencia. Para lo cual, adjuntó la constancia de notificación y el acuse de
recibido correspondiente. A su vez, remitió copia digital del expediente ordinario
que se requirió en el auto admisorio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19917 y el numeral 2°
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 20158, modificado por el Decreto
333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Unitaria de Decisión, a través del
magistrado Javier Camargo Arteaga solicitó su desvinculación pues considera
que fue la Sala de Conjueces la decisión el asunto ordinario en primera
instancia y tampoco puede emitir algún pronunciamiento acerca de la legalidad
de la Resolución 7074 del 7 de septiembre de 2023 de la dirección cuestionada.
Al respecto, se negará tal petición puesto que la vinculación del tribunal en
mención se efectuó como tercero con interés en el resultado del proceso.
7
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho.
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2.3. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala determinar si la Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial vulneró los derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, a la igualdad, así como para que
se garantice el “deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia
del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011” por la falta de respuesta a su solicitud
del 18 de julio de 2024, adicionada y aclarada el 22 del mismo mes y año.
Adicionalmente, se determinará si la acción de tutela procede para ordenar la
revisión de la “…liquidación de la sentencia que aparece en la resolución citada
[Resolución No. 7074 de septiembre 7 de 2023] y en consecuencia, adicionar la
liquidación con los dineros faltantes… por la suma de $122.414.095 y los
intereses que esto genere, tal como se ordenó expresa y categóricamente en el
fallo, sin ordenar en ningún momento que se descontara alguna suma”.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i)
procedencia de la acción de tutela, (ii) el derecho fundamental de petición y, (iii)
el caso concreto.
2.4. De la procedencia de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19919, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).
2.5. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho
fundamental de petición
La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo 23
de la Constitución Política, así: “Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.”
La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada10.
Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado, e
incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.
A su vez, la citada Corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo11.
De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración
no está en capacidad de responder por las características del caso concreto,
como, por ejemplo, al pedir información acerca de un documento que ha
desaparecido.
Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.
Al respecto, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial
compila en la sentencia T-377 de 200012 como parámetros para su protección
los siguientes:
i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa;
ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión;
iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo pedido;
iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser
lo más corto posible;
v) la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta
10
Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001, entre
otras.
11
Sentencia T – 1075 de 2003.
12
Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.
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siempre en una respuesta escrita;
vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en
algunos casos a los particulares;
vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa13 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa garantía
fundamental;
viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;
ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del
deber de responder;
x) ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su respuesta al
interesado.
Adicionalmente, debe indicarse que la Corte Constitucional ha considerado que
la existencia de otros mecanismos para la obtención de información pedida en el
derecho de petición no es óbice para contestarlo14.
De igual manera, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración
no está en capacidad de responder por las características del caso concreto,
como, por ejemplo, cuando se solicita información acerca de un documento que
ha desaparecido.
2.6. Caso concreto
La parte accionante presentó acción de tutela contra la Rama Judicial, Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial porque
consideró que dicha entidad le vulneró los derechos fundamentales de petición,
al debido proceso, a la igualdad, así como para que se garantice el “deber de
aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia del artículo 10 de la Ley
1437 de 2011” por la falta de respuesta a su solicitud del 18 de julio de 2024,
adicionada y aclarada el 22 del mismo mes y año.
Además, pretende que, a través de la acción de tutela se ordene la revisión de
la “…liquidación de la sentencia que aparece en la resolución citada
[Resolución No. 7074 de septiembre 7 de 2023] y en consecuencia, adicionar la
liquidación con los dineros faltantes… por la suma de $122.414.095 y los
13
Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.
14
Sentencia T – 1075 de 2003.
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intereses que esto genere, tal como se ordenó expresa y categóricamente en el
fallo, sin ordenar en ningún momento que se descontara alguna suma”.
Por su parte, la dirección ejecutiva demandada solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela frente a la solicitud de revisión de
liquidación de la sentencia pues el asunto no es relevante constitucionalmente
ya que se trata de un asunto económico, personal y concreto, y el actor cuenta
con otros mecanismos idóneos para debatir la liquidación, como lo son el
proceso ejecutivo y el de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, pidió
que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado pues dio
respuesta a la petición del accionante y aportó la constancia de su notificación.
Para resolver, se considera necesario analizar el asunto a partir de los
siguientes puntos: i) el derecho de petición y ii) la solicitud de revisión de la
liquidación de la sentencia.
Lo anterior, por cuanto si bien en el escrito de tutela se encuentra que, el
accionante reprochó la falta de respuesta frente a su petición, en el acápite de
las pretensiones solo hizo referencia a la revisión de la liquidación de la
sentencia dictada en el proceso ordinario; por lo que, escindió la demanda
constitucional en los dos asuntos antes relacionados.
Adicionalmente, se encuentra que, al iniciar su escrito de demanda, el
accionante señaló:
… interpongo ACCIÓN DE TUTELA contra la LIQUIDACIÓN de las
SENTENCIAS, mediante Resolución No. 7074 de septiembre 7 de 2023, a
nombre de JAIRO ALBERTO RAMÍREZ GIRALDO CC. 8.284.380,
efectuada por la -DIRECCIÓN EJECUTIVA RAMA JUDICIAL, representada
por la Dra. Naslly Raquel Ramos Camacho o por quien haga sus veces,
Grupo de Sentencias, para que, guardando el respeto al derecho tutelado,
se les sirva ordenar la ADICIÓN y PAGO a la LIQUIDACIÓN DE LA
SENTENCIA, porque se hace descuento irregular e ilegal por valor de
$122.414.095, de Bonificación de Gestión que no corresponde a sentencia
liquidada y pagada, adecuando la liquidación…
2.6.1. Reproches por presunta vulneración del derecho de petición:
La parte demandante pretende que se garanticen sus derechos fundamentales
por la falta de respuesta respecto de la solicitud del 18 de julio de 2024,
adicionada y aclarada el 22 del mismo mes y año, que presentó ante la
dirección ejecutiva acusada, así:
ADICIÓN Y ACLARACIÓN DERECHO DE PETICIÓN REVISIÓN
LIQUIDACIONES JAIRO RAMIREZ Y YAMILA AHUAD
GABRIEL ANGEL RAVE ARISTIZABAL <gabrielravea@hotmail.com>
Mar 23/07/2024 10:04 AM
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Rad: 11001-03-15-000-2024-05043-00
Para:
Cco: Mesa De Entrada Direccion Ejecutiva De Administracion Judicial
<medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Ana Marcela Ruth Del Con
Lesmes Rodriguez <mlesmesr@deaj.ramajudicial.gov.co>; Martha
Esperanza Carrillo Sierra - Bogota <mcarrils@deaj.ramajudicial.gov.co>
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MEMODIRRAMALIQUIDACION JAIRO RAMIREZ 2024 RES 7074 -
YAMILA HAUDAD.pdf; Sentencia seccion segunda expediente 11001
03 25 000 2005 00244 01_compressed.pdf;
SALUDOS CORDIALES ATTE ALLEGO MEMORIAL ADICIÓN Y
ACLARACIÓN DERECHO DE PETICIÓN Y ANEXO DE SENTENCIA
NULIDAD DECRETO 4040/2004.
Agustin Rave Perez <raveperez@hotmail.com>
A través de esta petición, el actor formuló varias preguntas relacionadas con la
liquidación de la sentencia dictada en dicho proceso ordinario, pues a su juicio
se encuentra un descuento indebido por parte de la administración, reproches
que fueron atendidos durante el trámite de esta acción de tutela por la dirección
ejecutiva demandada mediante oficio DEAJALO24-15592 del 5 de noviembre
de 2024, de la siguiente manera:
Doctor
JAIRO RAMÍREZ GIRALDO
Correo electrónico: gabrielravea@hotmail.com
Asunto: Respuesta a derecho de petición de 23 de Julio de 2024, con
registro documental EXTDEAJ24-28657.
…
Se aclara que los anteriores valores fueron recibidos por el señor JAIRO
ALBERTO RAMIREZ el 29 de febrero de 2005, según certificación
emitida por la seccional de Antioquia, y que en la reliquidación del 80%
del 2001 al 2004 realizada por la DEAJ al expedir la Resolución Nro.
7074 del 2023, se tuvieron en cuenta para no realizar dobles pagos.
Con lo dicho anteriormente se entra a brindarle una repuesta, a sus
preguntas de forma individual así;
“PRIMERO: REITERO la SOLICITUD en el sentido que se hace un
DESCUENTO IRREGULAR E ILEGAL, por la suma de $122.414.095 y
$116.169.528, atendiendo una BONIFICACIÓN POR GESTIÓN QUE
NO CORRESPONDE A SENTENCIA LIQUIDADA, porque extralimita el
término o lapso que se ordenó en la sentencia, haciendo relación al año
2005, cuando la orden de pago del fallo ejecutoriado va desde el año
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2001 al año 2004, y porque según certificación de Devengados, se hace
mención a una BONIFICACIÓN POR GESTIÓN que no corresponde a
la detallada en la demanda ni en la sentencia, que es la de
BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN, prestaciones que se
OPONEN, CONTRADICEN y DESVIRTÚAN, por su misma
NATURALEZA JURÍDICA y CONCEPCIÓN, y no se ordenó allí”.
PRIMERO: El descuento que figura dentro de la Resolución Nro. 7074 de
2023 por valor de $122.414.095, corresponde al ajuste realizado al
beneficiario para alcanzar el 70% de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los Magistrados de la Corte, como estaba indicado en el
Decreto 610 de 1998, por el periodo ordenado en la sentencia, que era
desde el 1° de enero de 2001 hasta el 2 de diciembre de 2004, ya que para
esa fecha por nomina, el señor Ramírez devengaba únicamente el 60% de
dichos ingresos.
Se aclara que no se extralimita los periodos ordenados en la sentencia, sino
que hacen referencia a la fecha en la que se le realizó el ajuste al 70%, que
para esa época en nómina se le denominada “Bonificación por Gestión” y
que según la certificación de la seccional los recibió en febrero del 2005.
“SEGUNDO: También ACLARO e INFORMO que el descuento que se
hace en un año POSTERIOR (2005), de la BONIFICACIÓN por
GESTIÓN pagada en el 2005 según (CERTIFICACIÓN SALARIOS
KACTUS), NO CORRESPONDE a los PERIODOS ORDENADOS
manera rotunda, expresa y clara en las sentencias, que van desde el
año 2001 al año 2004.
Dicho pago se hizo como consecuencia de un CONTRATO de
TRANSACCIÓN que hizo el doctor PABLO CÁCERES como apoderado
de algunos Magistrados que demandaron en Acción de Nulidad el
Decreto 4040 del 03/09/2004, que era precisamente el Decreto que
regulaba la “Bonificación por Gestión Judicial” que ordenaba pagar el
70% de lo que devengaban los Magistrados de Altas Cortes, y que fuera
declarado NULO posteriormente, para dejar vigente el Decreto anterior,
es decir, el Decreto 610 de 1998, que ordenaba pagar el 80% (Anexo
Fallo completo), lo que constituyó la base para presentar las demandas
que concluyeron en las sentencias que hoy liquida y paga la rama
Judicial y que nos ocupa en este momento”
“TERCERO: Con el DESISTIMIENTO de la demanda como obligación
de la Transacción, La Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, pagó
unos dineros a los magistrados correspondientes a esa BONIFICACIÓN
por GESTIÓN JUDICIAL, descuentos irregulares que hoy se hace en las
cuentas de cobro que presenté, en los expedientes radicados arriba, por
valor de $122.414.095 y $116.169.528, porque no corresponden a la
Bonificación por Compensación que se demandó y reconoció
judicialmente, estos descuentos corresponden a la Bonificación del
70%, por eso es ilegal y precisamente el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia de Diciembre 14 de 2011,
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con ponencia del Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora, No solo DECLARÓ
La NULIDAD del Decreto 4040 de 2004”.
SEGUNDO Y TERCERO: Conforme a la respuesta anterior, es totalmente
cierto lo que indica sobre la demanda de nulidad del Decreto 4040 de 2004,
por cuanto con dicha demanda se les reconoció a los Magistrados, el pago
del 70% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte, y es precisamente el descuento que se indicó en la
Resolución 7074 de 2023 cuadro “CONSOLIDACIÓN CAPITAL
BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN DECRETO 610/98 - PRIMA
ESPECIAL ART 15 LEY 4/92”. Por consiguiente, como la DEAJ entra a
reconocer el 80% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben
los Magistrados de la Corte, que es el total ordenado a pagar según Decreto
610 de 1998, se procede a realizar el respectivo descuento de ese valor del
70%, dado que se reajusta en su integridad 80%.
“CUARTO: Por lo tanto, cualquier suma que se haya pagado durante la
vigencia del Decreto 4040 de 2002, corresponde única y exclusivamente
al 70% devengado antes del año 2001, no se puede reclamar y/
descontar porque en el certificado de devengados No se incluye ni
periodo ni reclamación, se refiere a otra demanda y no se puede cruzar,
y no con posterioridad, porque allí empezó la vigencia del 80% del
decreto 610 de 1998, por lo tanto el descuento que se hace a mis
poderdantes es ilegal y no lo ha ordenado autoridad judicial alguna,
menos en las sentencias que se allegaron con las cuentas de cobro,
porque ha habido casos en donde sí se ordena tal evento”.
“QUINTO: El descuento es ATEMPORAL, NO está INCLUÍDO, queda
por fuera, por lo que se deberá pagar desde enero del año 2001 y hasta
el año de 2004, de manera COMPLETA”.
CUARTO Y QUINTO: Si bien es cierto, el Decreto 610 de 1998 reconoce el
ajuste del 80% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte, a usted en su calidad de Magistrado para la época
de los hechos, en el 2005 le fue cancelada la suma de dinero por total de
$122.414.096, ajustando el 70%, y que la DEAJ debía tenerlos en cuenta al
momento de realizar la liquidación ordenada por la sentencia.
“SEXTO: Por lo anterior, es que les reitero mi solicitud muy respetuosa
de REVISAR las SENTENCIAS que aparece en el expediente
Administrativo, y en consecuencia, ADICIONAR las liquidaciones con
los dineros faltantes, vale decir, por la suma de $116.169.528 y
$122.414.095 y los intereses que esto genere, tal como se ordenó
expresa y categóricamente en los fallos, sin ordenar en ningún
momento que se descontara alguna suma, solo la de seguridad social,
como si ha ocurrido en otros casos, evitando de esta manera que se
deba acudir a otra acción judicial”.
SEXTO: No es viable la solicitud presentada por las razones expuestas
anteriormente.
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Por último, se le aclara al peticionario que, la presente respuesta no
constituye un acto administrativo, tampoco modifica lo decidido por la DEAJ
en el acto administrativo de ejecución contenido en la Resolución Nro. 7074
del 7 de septiembre de 2023.
Adicionalmente, también se encuentra la constancia del envío de dicha
contestación al actor, así:
RESPUESTA A LA PETICIÓN DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024
Desde
Grupo De Sentencias - Nivel Central
<gruposentencias@deaj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Mar 5/11/2024 10:28 AM
Para gabrielravea@hotmail.com <gabrielravea@hotmail.com>
CC jairofce@yahoo.com <jairofce@yahoo.com>; tiago-rg1@hotmail.com
<tiago-rg1@hotmail.com>
1 archivos adjuntos (215 KB)
OFICIO DEAJALO24-15592.pdf;
Cordial saludo.
El Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal de la DEAJ, de
manera atenta remite el oficio DEAJALO24-15592 de 5 de noviembre de
2024, el cual contiene la respuesta de fondo y concreta a la petición de 23
de julio de 2024.
En ese orden, el estudio que en este caso debería realizar el juez constitucional
carece de objeto actual, puesto que lo pretendido por la parte accionante se
circunscribía a la falta de pronunciamiento por parte de la dirección ejecutiva en
mención, lo cual ya aconteció.
En lo particular, esta Sala de Decisión en anteriores oportunidades se ha
referido a la acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa
judicial ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la
protección de derechos fundamentales que sean transgredidos o amenazados
de una manera actual e inminente.
De igual manera, se ha advertido que existen eventos en los que la amenaza o
efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la
acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la violación del derecho
constitucional amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que
el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la transgresión de
dichas garantías superiores.
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La Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela
por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de hecho: (i)
por hecho superado, ii) por daño consumado y, iii) por una situación
sobreviniente.
Para el evento que aquí ocupa la atención, la citada Corporación ha
considerado que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del
Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la
cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra
que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar
la vulneración de los derechos fundamentales.
En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
frente a la presunta violación que la parte actora le atribuyó a la entidad
demandada, puesto que, en el transcurso de la presente acción de tutela, fue
decidida la falta de respuesta cuestionada a través de esta vía constitucional.
2.6.2. Demanda para la revisión de la liquidación de la sentencia
La parte demandante solicitó la garantía del “deber de aplicación uniforme de
las normas y la jurisprudencia del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011” y tanto al
iniciar su escrito de tutela como en las pretensiones pidió que se ordenara a la
dirección ejecutiva demandada que revisara la liquidación de la sentencia que
aparece en la Resolución 7074 del 7 de septiembre de 2023.
Como consecuencia, el demandante pretende que se le ordene a la demandada
que adicione la liquidación con los dineros faltantes, vale decir, por la suma de
$122.414.095 y los intereses que esto genere, tal como se ordenó expresa y
categóricamente en el fallo, en el que no precisó en ningún momento que se
descontara alguna suma.
Al respecto, la entidad acusada se opuso a tal pretensión al considerar que, no
se superan los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, porque
la demanda de tutela gira entorno a un asunto eminentemente económico,
personal y concreto, y el actor cuenta con otros mecanismos idóneos como lo
son el proceso ejecutivo y el de nulidad y restablecimiento del derecho para
debatir la liquidación de la providencia que ordenó la inclusión de la bonificación
por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998.
De manera previa, debe precisarse que, con la Resolución 7074 del 7 de
septiembre de 2023, la dirección ejecutiva demandada, reliquidó la sentencia
dictada en favor de demandante en el proceso ordinario 05001-23-31-000-2012-
00400-00/01. En esta se dispuso en su artículo noveno lo siguiente:
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ARTÍCULO NOVENO - La presente resolución rige a partir de la fecha de
expedición y contra ella no procede recurso alguno por tratarse de un acto
de ejecución (Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011).
Por tanto, se trata de un acto de ejecución y no de un acto administrativo
definitivo, lo cual excluye cualquier análisis o pronunciamiento de fondo; por lo
que, no sería demandable ante la jurisdicción contenciosa administrativa, salvo
que la administración, al dar cumplimiento al fallo, adopte decisiones que
constituyan realmente actos administrativos en cuanto a su contenido -en
desconocimiento de la orden judicial objeto de cumplimiento- o que establezca
puntos nuevos que creen o modifiquen situaciones jurídicas.
En el marco de las liquidaciones de sentencias judiciales, la acción de tutela se
torna improcedente puesto que, si lo pretendido es que se condene en sumas
de dinero susceptibles de debate debe acudirse al proceso ordinario en
mención, es decir, cuando se trata de debates de orden sustancial y legal en
torno a la obligación o de la legalidad del acto de la liquidación que da
cumplimiento a las sentencias.
Por otro lado, si se cuestiona la liquidación hecha por la demandada dentro de
los límites de la condena se encuentra el proceso ejecutivo, el cual no tiene por
objeto resolver cuestiones, sino realizar actos jurídicos pues no se discuten
derechos, ni se reconocen obligaciones, ya que se trata del cumplimiento
forzado de una acreencia impagada.
Esto, porque la finalidad de la ejecución es verificar si la condena impuesta
mediante la sentencia fue cumplida de manera estricta, sin tener que acudir a
razonamientos o análisis de hechos para complementar o adicionar las
sentencias que sirven de título ejecutivo.
Adicionalmente, debe indicarse que el cumplimiento de un fallo proferido en el
marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en lo que
respecta a las obligaciones de dar, como es el pago de una suma de dinero,
puede ser reclamado en un proceso ejecutivo, en atención a lo contemplado en
el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 162
ibidem y los artículos 306 y 307 del Código General del Proceso.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 6° del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela resulta improcedente cuando existen medios
judiciales idóneos y eficaces que ha provisto el ordenamiento jurídico procesal
para la defensa de los intereses de las partes en litigio.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que un medio idóneo es
aquel que garantiza la definición del derecho controvertido y que, en la práctica
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es el adecuado para proteger el derecho fundamental que se considere
vulnerado15.
Ahora, el Alto Tribunal Constitucional ha considerado que para la eficacia es
necesario valorar si el medio existente es el adecuado para proteger
instantánea y objetivamente el derecho que se transgrede o se amenace 16. Es
decir, la eficacia se refiere es a la oportunidad del medio de defensa; mientras
que la idoneidad es a la protección adecuada en el tiempo.
Por lo que, la parte accionante puede acudir a las vías judiciales del caso para
exponer directamente sus cuestionamientos sobre la revisión de la liquidación
de la sentencia que pretende se ordene a través de esta demanda
constitucional.
Por consiguiente, frente a este asunto la acción de tutela resulta improcedente
ante la existencia de otros medios judiciales de defensa y por tanto, no cumple
el presupuesto de la subsidiariedad; por lo que, así se declarará.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación del Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Unitaria de Decisión, conforme con lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la petición del accionante Jairo Alberto Ramírez Giraldo.
TERCERO: Declárase la improcedencia de la solicitud de tutela frente a la
pretensión de revisión de la liquidación de la sentencia dictada en favor del actor
en el proceso 05001-23-31-000-2012-00400-00/01, por no cumplir el requisito de
la subsidiariedad.
CUARTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a
la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
15
Sentencias T-999 de 2000 y T-847 de 2003.
16
Sentencia T-106 de 1993, T-480 de 1993 y T-847 de 2003.
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Demandante: Jairo Alberto Ramírez Giraldo
Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2024-05043-00
revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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