Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05046-03
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05046-03
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05046-03
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero de Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2024-05046-031
Demandante : WOD (quien actúa en nombre propio y como agente oficioso
de su familia conformada por CMG, JDOG, JLMC, JLOG,
WOG, JSOG y BSOG)
Demandados : Presidencia de la República, Fiscalía General de la Nación,
Unidad Nacional de Protección, Procuraduría General de la
Nación, Defensoría Nacional del Pueblo, Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ministerio del
Interior y Fiscalía Cuarta Especializada de Cúcuta Unidad
Gaula
Acción : Tutela (impugnación)
Derechos : Vida, integridad física y psicológica, seguridad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia
Tema : Solicitud de esquema de protección, víctimas del conflicto
armado
Decisión : Sentencia de segunda instancia – confirma amparo
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la Unidad Nacional de
Protección (UNP) contra el fallo del 24 de octubre de 2024, emitido por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta2, que accedió al amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y,
finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
La demanda de tutela.
WOD (quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de su familia
conformada por CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG), interpuso el
1
Expediente digital disponible en Samai.
2
C. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05046-03
Demandante: WOD (quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de su familia conformada
por CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG)
Demandados: Presidencia de la República y otros
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos a
la vida, integridad física y psicológica, seguridad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por la Presidencia de la
República, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría Nacional del Pueblo, la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Ministerio del Interior y la
Fiscalía Cuarta Especializada de Cúcuta Unidad Gaula.
Por consiguiente, solicitó ordenar (i) a la Presidencia de la República, a la Fiscalía
General de la Nación, a la Unidad Nacional de Protección, a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al Ministerio del Interior y a la
Fiscalía Cuarta Especializada de Cúcuta Unidad Gaula “configurar un esquema de
seguridad permanente a [su] favor”; (ii) a la Defensoría Nacional del Pueblo “o la
entidad que corresponda nombr[ar] un abogado de víctimas para que [lo]
represente y salvaguarde [sus] derechos […] dentro del proceso penal conllevado
en razón de la noticia criminal N. 540016106182202480096”; y (iii) a la
Procuraduría General de la Nación “hacer una especial vigilancia sobre es[e
expediente] al ser […] sujetos de especial protección, como víctimas de
desplazamiento […] por grupos armados al margen de la ley”.
Hechos3.
Relata el accionante que, en el año 2021, junto a su familia, “fu[eron] despojados
d[el] sitio donde vivía[n] en el municipio de PUERTO SANTANDER, por un grupo
al margen de la ley y actualmente so[n] víctimas del desplazamiento forzado en
Colombia, por lo tanto, so[n] sujetos de especial protección, […] amparados dentro
del bloque de constitucionalidad”, no obstante, desde el 22 de junio de 2024,
“v[ienen] siendo víctima[s] del delito de EXTORSI[Ó]N por parte de un grupo
delincuencial que se hace denominar FRENTE 33 DE LAS FARC, y que por medio
de la red social WhatsApp, se comunicaron” exigiendo la suma de cincuenta
millones de pesos ($50.000.000) bajo la amenaza de despojarlos de su finca
ubicada en una vereda de Norte de Santander.
Aduce que, por lo anterior, “interpuso denuncia ante el GAULA-MILITAR, en contra
de es[os] supuesto[s] miembros del FRENTE 33 DE LAS FARC”, quienes,
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05046-03
Demandante: WOD (quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de su familia conformada
por CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG)
Demandados: Presidencia de la República y otros
posteriormente, fueron judicializados e identificados como “miembros del peligroso
grupo delincuencial transnacional llamado AK-47”.
Que, mediante whatsapp, recibió nuevas amenazas contra su vida y la de su
familia, en las que se les indicó que “los matarían una vez finalizara la
investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, Gaula-Militar”, razón
por la cual, el 17 de septiembre de 2024, solicitó de las entidades accionadas
medidas de protección de urgencia, así como acceso al expediente del proceso
penal; sin embargo, hasta el momento, “no ha recibido ninguna comunicación […]
sobre el estado del caso, ni se le ha proporcionado detalles acerca de las medidas
de protección que podrían haber sido implementadas [en su favor], a pesar de […]
encontra[rse] en una zona de alto riesgo y [ser] víctimas del conflicto armado [y],
[t]ampoco se le h[a] ofrecido orientación sobre su derecho a un abogado […], lo
que agravaba su sensación de indefensión”.
Sostiene que, “dada la gravedad de la situación y las amenazas en su contra, […]
[conforme a] la Sentencia T-129 de 2019, […] la acción de tutela es el mecanismo
judicial adecuado para proteger [sus] derechos fundamentales [y los de su familia
como] víctimas del conflicto armado […] en […] estado de […] vulnerabilidad”.
1.2 Contestaciones de la acción.
1.2.1 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas4
deprecó su desvinculación de este trámite constitucional, porque en su “sistema
de gestión documental no se evidencia solicitud presentada por la parte
[actora] […] que guarde relación con el tema descrito en la presente acción”.
1.2.2 La Unidad Nacional de Protección (UNP)5 adujo que, con el fin de
“estudiar la viabilidad de iniciar el procedimiento ordinario del [p]rograma [de
protección] en […] favor” del accionante, se le solicitó remitir los siguientes
documentos:
“a) Formulario de inscripción para el programa de prevención y protección,
debidamente diligenciado y firmado por el solicitante, en el cual se aluda a una
situación de riesgo o amenaza puntual, concreta y actual en contra de su vida e
integridad.
b) Fotocopia del documento de identidad por ambas caras.
4
Índice 00008 del expediente de Samai de primera instancia.
5
Índice 00009 del expediente de Samai de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05046-03
Demandante: WOD (quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de su familia conformada
por CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG)
Demandados: Presidencia de la República y otros
c) Documento a través del cual se acredite la pertenencia del solicitante a alguno de
los grupos poblacionales, contemplados en el Artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de
2015.
d) Así mismo, en caso de contar con denuncias de los hechos recientes de amenaza
ante la Fiscalía General de la Nación o en su defecto declaración de dichos hechos
ante la Defensoría del Pueblo, Procuraduría o Personería; estos documentos también
pueden ser enviados.
e) Documento a través del cual se acredite la pertenencia del solicitante a alguno de
los grupos poblacionales, contemplados en el Artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de
2015, modificado por el artículo 3 del Decreto 1139 de 2021.”
Adicionalmente, indicó que “por ser este un estudio detallado [y] técnicamente
especializado, cuenta con unos términos para su elaboración, validación y
ponderación, adelantado por un analista profesional que realiza labores de campo,
las cuales están sujetas a respuestas o suministro de la información por parte de
otras entidades, de tal manera que [se] contempla como plazo mínimo para […]
[el] Estudio de Nivel de Riesgo, en la etapa que le compete al Cuerpo Técnico de
Análisis de Riesgo – CTAR, […] 30 días hábiles”.
Agregó que “las medidas de protección que se otorgan en el marco del programa
de protección que lidera la UNP, deben agotar la ruta ordinaria anteriormente
descrita toda vez que la competencia administrativa otorgada por la Ley para
recomendar cuales son las […] idóneas en cada caso es exclusiva del CERREM”.
Finalmente, señaló que “lo pretendido en la presente tutela es crear una nueva
instancia procesal o un recurso […], con el cual se puedan obviar los
procedimientos administrativos, desconocer la autoridad […] y la vía
ordinaria”, por lo que no resulta procedente.
1.2.3 La Presidencia de la República6 sostuvo que, como no era competente
para tramitar la solicitud de medidas de protección formulada por el demandante,
la trasladó a las entidades que sí lo eran: Fiscalía General de la Nación, Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, Unidad Nacional de
Protección, Policía Nacional y Defensoría del Pueblo, lo cual fue debidamente
comunicado por correo electrónico.
Señaló que, en este caso, la responsable de analizar y responder los reclamos de
la parte actora es la Unidad Nacional de Protección, comoquiera que es la
institución encargada de garantizar la protección y seguridad de las personas que
se encuentran en situación de riesgo.
6
Índice 00011 del expediente de Samai de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05046-03
Demandante: WOD (quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de su familia conformada
por CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG)
Demandados: Presidencia de la República y otros
1.2.4 El Ministerio del Interior7 deprecó su desvinculación de este trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto
“respecto a las medidas de protección (esquemas de seguridad y administraciones
de las mismas), […] a partir del 1 de noviembre de 2011 [se] procedió a trasladar a
la Unidad Nacional de Protección […], el Programa de Protección que actualmente
se encuentra reglamentado por el Decreto 1066 de 2015”, razón por la que, es esa
entidad la encargada de tramitar la petición de los tutelantes.
1.2.5 La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación,
la Defensoría Nacional del Pueblo y la Fiscalía Cuarta Especializada de
Cúcuta Unidad Gaula guardaron silencio en la oportunidad prevista para el
efecto.
1.3 Providencia impugnada8.
Mediante fallo de 24 de octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Cuarta
accedió al amparo deprecado, al considerar que “el único documento requerido
por la Unidad Nacional de Protección que no ha sido allegado por la parte
accionante es el formulario de inscripción, pues los demás fueron puestos en
conocimiento de esta en virtud de la acción de tutela interpuesta. Es así porque los
documentos de identidad de la parte actora, el oficio de inclusión al Registro Único
de Víctimas y la denuncia efectuada ante la Fiscalía General de la Nación por el
delito de extorsión se encuentran en los anexos de la tutela, documentación
remitida a la Unidad Nacional de Protección, se insiste, al notificarle la existencia
de la presente tutela”.
Agregó que, “[t]eniendo en cuenta que los accionantes son sujetos de especial
protección por su calidad de víctimas del conflicto armado por el desplazamiento
forzado al que fueron sometidos en el pasado, [se] reprocha la respuesta impávida
de la Unidad Nacional de Protección [que], [e]n vez de dar inicio al programa de
protección como lo solicitó el señor WOD mediante petición de 17 de septiembre
de 2024, […] se limitó a aseverar que no podía dar inicio a la ruta de protección
dada la falta de diligenciamiento del formulario mencionado”.
Que, “no [se] desconoce que en todo trámite administrativo existen cargas
procesales en cabeza de los solicitantes que deben ser acatadas. Sin embargo, no
7
Índice 00015 del expediente de Samai de primera instancia.
8
Índice 00032 del expediente de Samai de primera instancia.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05046-03
Demandante: WOD (quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de su familia conformada
por CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG)
Demandados: Presidencia de la República y otros
se puede pasar por alto que el caso involucra sujetos de especial protección, pues
se trata de víctimas del conflicto armado por desplazamiento que alegan ser objeto
de amenazas nuevamente por parte de grupos al margen de la ley. A lo cual se
suma que lo solicitado por la parte actora no admite mayor margen de espera,
pues involucra el derecho a la vida”.
Por otra parte, sostuvo que “la Fiscalía General de la Nación también incurrió en
una vulneración de derechos a la vida y seguridad de los accionantes”, porque “en
solicitud de 17 de septiembre de 2024, el señor WOD solicitó protección para él y
su familia. Sin embargo, la Fiscalía no acreditó la realización de ninguna gestión
tendiente a iniciar dicho programa. Por el contrario, dicha autoridad guardó silencio
en el curso de la acción de tutela, pese a que fue debidamente notificada”.
Finalmente, adujo que “la Procuraduría General de la Nación tampoco acreditó el
cumplimiento de sus deberes normativos en el marco del proceso penal”
adelantado por el tutelante, aunque es su deber actuar como representante de la
sociedad y garante de los derechos humanos.
Por consiguiente, dispuso:
“1. Declarar el incumplimiento de la medida de protección ordenada en auto admisorio
de 24 de septiembre de 2024.
2. Amparar los derechos a la vida, seguridad, petición e información de los señores
WOD y CMG y de sus hijos menores JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG, por
las razones dispuestas en la parte considerativa de esta decisión.
3. Ordenar a la Unidad Nacional de Protección que, dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes a la notificación de la presente providencia, inicie el procedimiento del
Programa de Protección de los señores WOD y CMG y sus hijos. En el evento de que
la parte actora aún no haya remitido el formulario de solicitud diligenciado, ordenar a
la Unidad Nacional de Protección que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de la presente providencia, designe a un oficial de
protección del Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo (CTAR) a fin de que, en el curso
de las visitas presenciales realizadas para determinar el riesgo, apoye a los señores
WOD y CMG en el diligenciamiento del formulario de inscripción para el Programa de
Protección. Obtenido el formulario diligenciado, el procedimiento deberá continuar
conforme a lo establecido en el Decreto 1066 de 2015 y demás normas aplicables.
4. Ordenar a la Unidad Nacional de Protección que, dentro del término de veinte (20)
días siguientes a la notificación de esta providencia, lleve a cabo la totalidad del
procedimiento de Programa de Protección, incluyendo la evaluación y calificación de
riesgo de los accionantes, la determinación de las medidas de protección, la
expedición del acto administrativo a que haya lugar debidamente motivado y la
notificación de la decisión.
Los accionantes deberán remitirle a la Unidad Nacional de Protección sus datos de
contacto para el cumplimiento de esta orden.
5. Ordenar a la Unidad Nacional de Protección que, dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes a que culmine el procedimiento del Programa de Protección, informe
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05046-03
Demandante: WOD (quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de su familia conformada
por CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG)
Demandados: Presidencia de la República y otros
a la Fiscalía General de la Nación su decisión final sobre la pertenencia o no del
Programa de Protección de la parte actora.
6. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación que, dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes a la notificación de la presente providencia, inicie el procedimiento del
Programa de Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso Penal. La
pertenencia de la parte actora a este programa estará sujeta a decisión de la Unidad
Nacional de Protección, conforme lo dispone el artículo 20 de la Resolución 205 de
2024 «por medio de la cual se reglamenta el Programa de Protección a Testigos,
Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y funcionarios de la Fiscalía General de la
Nación».
7. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación que, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de esta providencia, expida oficio dirigido a la parte actora
en el cual brinde información
(i) sobre cada uno de los puntos establecidos en el artículo 136 de la Ley 906
de 2004 (Código de Procedimiento Penal), atendiendo a la etapa procesal
en la cual se encuentre el caso; y
(ii) sobre la posibilidad de asignarle un abogado de oficio, en caso de cumplir
con las condiciones de ley para acceder a este servicio. La información
contenida en tal oficio también deberá ser puesta en conocimiento de la
parte actora vía telefónica, a fin de garantizar la celeridad y oportunidad
que requiere el asunto.
8. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación que garantice a la parte actora el
acceso al expediente penal de la investigación que adelanta bajo la noticia criminal
Nro. 540016106182202XXXXXX. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación
deberá respetar la reserva de la información que por ley esté sometida a dicha
limitación, sin perjuicio de restringir injustificadamente el acceso a la información no
sujeta a reserva.
9. Ordenar a la Procuraduría General de la Nación (i) ejercer vigilancia sobre las
actuaciones de la policía judicial y (ii) participar en las diligencias a que haya lugar en
el curso de la noticia criminal Nro. 540016106182202XXXXXX.
10. Prevenir a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía General de la Nación y
a la Procuraduría General de la Nación, en los términos del artículo 24 del Decreto
2591 de 1991, para que en lo sucesivo se abstengan de incurrir en los hechos que
dieron origen a esta acción de tutela.
11. Ordenar a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía General de la Nación y
a la Procuraduría General de la Nación que, transcurrido el término de veinte (20) días
dispuesto en esta providencia, envíen informe de cumplimiento dirigido a la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, a fin de verificar oficiosamente el acatamiento las
órdenes impartidas en esta providencia”.
1.4 La impugnación9.
Inconforme con la anterior decisión, la Unidad Nacional de Protección la impugnó,
reiterando los argumentos expuestos en su escrito de contestación y, agregó que
“revisada la información digital que reposa en la Subdirección de Evaluación de
Riesgo, se pudo evidenciar que el señor [WOD], firmó consentimiento para la
realización del estudio de nivel de riesgo el 28 de octubre de 2024, (requisito
indispensable para iniciar la Ruta Ordinaria de Protección) razón por la cual,
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Índices 00032 del expediente de Samai de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05046-03
Demandante: WOD (quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de su familia conformada
por CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG)
Demandados: Presidencia de la República y otros
atendiendo la medida provisional cuenta con orden de trabajo activa OT 671663
del 31 de octubre de 2024”, además, “mediante Comunicación interna MEM24-
00061552 de fecha 01 de noviembre de 2024, trasladó el fallo de primera
instancia a la Subdirección de Evaluación de Riesgo – SER, para que en términos
de su competencia se procediera a PRIORIZAR el estudio de nivel de riesgo que
se está llevando a cabo en [su] favor”.
Así las cosas, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, por cuanto “está
cumpliendo con lo ordenado […] y por ende no hay vulneración a los derechos
fundamentales de la [parte] accionante”.
Por otra parte, deprecó “CONMIN[AR] al ICBF, ya que es la entidad competente
para proteger los derechos fundamentales a los menores de edad” en virtud de la
Ley 1098 de 2006, actual Código de Infancia y Adolescencia, en tanto, “el
Programa de prevención y Protección, […] va dirigido a la población mayor de
edad, ya que tien[e] la capacidad legal para otorgar el consentimiento;
requisito sine qua non para llevar a cabo el estudio de la evaluación del nivel de
riesgo y adoptar las medidas de protección pertinente de acuerdo con el resultado
de este”.
Aseveró que, pese a lo anterior, “de manera excepcional, las medidas de
protección asignadas en favor del beneficiario del programa de protección podrán
ser extensivas (cuando de manera motivada así lo solicite) a su núcleo familiar si
el riesgo extraordinario o extremo del titular se extiende a ellos, y el respectivo
comité así lo recomienda”.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
En virtud de los artículos 3210 del Decreto ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201913 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
10
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente”.
11
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
12
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”.
13
Por medio del cual se expide “el reglamento interno del Consejo de Estado”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05046-03
Demandante: WOD (quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de su familia conformada
por CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG)
Demandados: Presidencia de la República y otros
2.2 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico.
Le corresponde a esta Subsección determinar si las autoridades demandadas, en
particular, la Unidad Nacional de Protección, en efecto, ha omitido atender el
requerimiento del accionante, consistente en que se le brinde, a él y a su familia,
un esquema de protección urgente, debido al riesgo palpable en el que se
encuentran.
2.4 Solución al caso concreto.
En el presente asunto la inconformidad del demandante consiste en que a la fecha
de presentación de la acción de tutela (19 de septiembre de 2024) las entidades
demandadas, especialmente, la Unidad Nacional de Protección, entre otros
aspectos, no le habían brindado, a él y a su familia, un esquema de protección,
pese a haberlo solicitado el 17 de los mismos mes y año debido al inminente
riesgo en el que se encuentran a causa de la denuncia penal que interpuso con
ocasión de las continuas amenazas y extorsiones recibidas por parte de grupos al
margen de la ley.
Por su parte, la accionada Unidad Nacional de Protección (UNP), en su
contestación, indicó que (i) el accionante debía allegar, de manera completa, la
documentación requerida legalmente para poder iniciar la evaluación del riesgo en
que se encuentra; (ii) por ser este un estudio detallado y especializado debe
contar con un término mínimo de 30 días para su elaboración; y (iii) es
indispensable que se agote la ruta ordinaria para obtener la recomendación de las
medidas de protección idóneas según su caso.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05046-03
Demandante: WOD (quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de su familia conformada
por CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG)
Demandados: Presidencia de la República y otros
De igual forma, en el escrito de impugnación reiteró lo anterior y agregó que, se
están adelantando las actuaciones y trámites internos necesarios para priorizar el
estudio de nivel de riesgo que se está llevando a cabo en favor del tutelante, por lo
que, no existe vulneración a sus derechos fundamentales.
Ahora bien, antes de proceder a realizar el estudio de fondo del presente asunto,
resulta oportuno anotar que, el artículo 2º de la Constitución Política estipula los
fines esenciales del Estado, dentro de los que se encuentran los de “mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica” y “proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades”.
En virtud de dichos mandatos constitucionales, en el evento en que una persona
sea intimidada de muerte, se entiende que su derecho constitucional fundamental
a la seguridad personal14 está en peligro, por lo que al Estado le asiste el
compromiso de acoger soluciones pertinentes con el objeto de protegerla y evitar
que las amenazas se materialicen, con lo que se atienden las obligaciones
internacionales adquiridas por el país, como las consignadas en tratados
internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos15
(artículo 7º16) y el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos17 (artículo
9º18).
Cabe anotar que, esta subsección19, en un caso en el que también se solicitó
protección urgente, en relación con los derechos fundamentales a la vida e
integridad y seguridad personal, sostuvo:
“Estos derechos comportan una garantía contenida en la Constitución, que establece
en su artículo 2° que las autoridades públicas están instituidas para la protección de
las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Por
lo anterior, para esta labor las autoridades deben proveer efectivamente las
condiciones mínimas de seguridad que posibilitan la existencia de los individuos en
sociedad, más aquellos que están expuestos por su profesión, oficio, entre otros, a
riesgos extraordinarios de recibir daños en su persona.
14
Corte Constitucional, sentencia T-002 de 2020, M. P. Cristina Pardo Schlesinger: “[e]l derecho a la seguridad personal
está íntimamente ligado con el derecho a la vida (artículo 11 C.P.) al tener éste último un carácter fundamental
e “inviolable”, cuya responsabilidad de protección recae sobre el Estado cuando se encuentre bajo amenaza”, lo cual
“implica que todas las personas deben recibir una protección adecuada por parte de las autoridades ante riesgos
extraordinarios, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad”.
15
Ratificada por la Ley 16 de 1972.
16
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”.
17
Adoptado a través de la Ley 74 de 1968.
18
“1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento
establecido en ésta”.
19
Sentencia de 6 de septiembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-01589-00, C. P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05046-03
Demandante: WOD (quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de su familia conformada
por CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG)
Demandados: Presidencia de la República y otros
Estos preceptos constitucionales, guardan eco con derechos convencionales
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; instrumentos normativos internacionales vinculantes para
el Estado, que conllevan, junto con la Constitución, a que la seguridad e integridad
personal se constituyan en derechos fundamentales, siendo exigible por los
ciudadanos en condición de riesgo excepcional o en determinadas condiciones,
medidas específicas de protección de parte de las autoridades, a efectos de prevenir
la materialización de riesgos extraordinarios en contra de su vida o integridad
personal, más cuando se desprende del cumplimiento de su labor para el Estado,
peligro que no tienen el deber jurídico de soportar y que las autoridades tienen el
deber de mitigar20”.
Para que haya lugar a disponer medidas de protección, es preciso que el riesgo
sea extraordinario o extremo, esto es, que vaya más allá de los escollos que
involucra la vida cotidiana, conceptos que fueron definidos por el artículo 2.4.1.1.4
del Decreto 1066 de 201521, en los siguientes términos:
“Riesgo Extraordinario. Es aquel que atenta contra el derecho a la seguridad personal
de la víctima o testigo (…) y que se adecúa a las siguientes características:
*Que sea específico e individualizable.
*Que sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos y no en
suposiciones abstractas.
*Que sea presente, no remoto ni eventual.
*Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos
valiosos, integridad física, psíquica y sexual para la víctima o testigo.
*Que sea serio, de materialización probable por las circunstancias del caso
*Que sea claro y discernible.
*Que sea excepcional en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad
de los individuos.
*Que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la
situación por la cual se genera el riesgo.
Riesgo Extremo. Es aquel que, además de ser extraordinario, es también grave,
inminente y dirigido contra la vida o la integridad de la víctima o testigo”.
Sobre el procedimiento que debe seguirse dentro del programa de protección
ejecutado por la Unidad Nacional de Protección, la Corte Constitucional, en la
sentencia T-123 de 201922, anotó:
“5.2. De ese modo, el artículo 2.4.1.2.40 del decreto en comento, establece cuál debe
ser el procedimiento que debe seguirse dentro del programa de protección ejecutado
por la UNP, que inicia con la recepción de la solicitud de protección por medio del
diligenciamiento del formato de caracterización por parte de la UNP, para luego
proceder a su análisis y verificación, en el sentido de determinar si el peticionario
pertenece o no a la población que es objeto del programa de protección, como
también, la existencia de un nexo de causalidad entre el riesgo y la actividad que
desarrolle el solicitante. Luego de ello, se traslada la información al Cuerpo Técnico de
Recopilación y Análisis de Información – Ctrai, que se encarga de su recopilación y
análisis in situ.
5.3. Posteriormente, el asunto es examinado por el Grupo de Valoración Preliminar,
que tiene como función estudiar la situación de riesgo (el cual es un requisito sine qua
20
Ver entre otras, sentencia T-239 del 26 de julio de 2021, de la Corte Constitucional M.P Gloria Stella Ortiz Delgado.
21
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”.
22
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05046-03
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por CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG)
Demandados: Presidencia de la República y otros
non para que el caso sea tramitado y se puedan asignar medidas de protección) para
cada caso en concreto, según la información que, para ese efecto, haya sido remitida
por el CTRAI. Así entonces, con dicho insumo, el GVP pondera el nivel de riesgo, que
puede ser ordinario (0 a 50), extraordinario (51 a 80) y/o extremo (81 a 100), por
medio de una matriz, la cual “si bien se encuentra adecuadamente concebida para
valorar el riesgo, está diseñada para la valoración del riesgo de casos individuales”. La
elaboración del nivel de riesgo, no podrá superar los 30 días hábiles, de conformidad
con el numeral 3° del artículo 2.4.1.2.35, del Decreto 1066 de 2015.
5.4. Acto seguido, el GVP presenta ante el Comité de Evaluación del Riesgo y
Recomendación de Medidas – CERREM “la determinación sobre el nivel de riesgo y
un concepto sobre las medidas idóneas a implementar”, para que este las valide y
recomiende al Director la UNP aquellas que deban adoptarse, quien, mediante
resolución susceptible de recurso de reposición, decidirá si adopta o no tales
recomendaciones.
5.5. Según la normativa ya aludida, el nivel de riesgo de quienes hacen parte del
Programa de Protección, deberá reevaluarse una vez al año, o antes, si se presentan
nuevos hechos que puedan generar su variación. Igualmente, explica que las medidas
de protección solo podrán ser modificadas por el Cerrem, cuando exista un cambio de
las situaciones que generaron el grado de riesgo.
5.6. Por último, debe aclararse que la continuidad y la intensidad de los mecanismos
de protección asignados por parte del Estado a un ciudadano que demuestre situación
de amenaza, dependen del estudio del nivel de riesgo que realice la entidad
designada para ese propósito, por lo tanto, mientras no se haya realizado dicho
análisis, no es posible suspender las medidas ya otorgadas, es decir, que no pueden
existir lapsos de desprotección que superen el término de la temporalidad inicialmente
pactada”.
Así las cosas, las prevenciones que han de ejecutarse para proteger o no a una
persona deben estar fundamentadas en estudios técnicos y motivarse en aras de
garantizar el precepto superior al debido proceso, la idoneidad en la prestación del
servicio e impedir que las autoridades actúen arbitrariamente. Cabe anotar que es
necesario que esos conceptos involucren criterios razonables, conforme lo indicó
la Corte Constitucional23, al sostener:
“42. De conformidad con el Decreto 1066 de 2015, corresponde a la UNP determinar
el nivel de riesgo al que está expuesta una persona y adoptar las medidas necesarias
para protegerla. En virtud del artículo 29 de la Constitución Política, al realizar esas
labores debe respetar el derecho al debido proceso. Con ese propósito, ha de
observar oportunamente las siguientes obligaciones 24: (i) identificar y valorar el
riesgo extraordinario, a partir de estudios contextuales y técnicos de la situación
individual del afectado; (ii) definir e implementar las medidas de protección adecuadas,
suficientes y eficaces para evitar la concreción de la amenaza; (iii) evaluar
periódicamente el riesgo y las medidas de protección adoptadas; (iv) mitigar los
efectos de las amenazas que lleguen a materializarse; y (v) abstenerse de tomar
decisiones que creen nuevos riesgos o aumenten los existentes.
Además de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha destacado reiteradamente la
importancia de que la UNP motive de forma clara, suficiente y específica los actos
mediante los cuales evalúa el riesgo de un ciudadano e instaura, modifica o disminuye
las medidas de protección correspondientes. Solo así, el interesado tendrá la
23
Sentencia T-123 de 2023, M. P. Juan Carlos Cortés González.
24
Sentencias T-719 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-388 de 2019, M.P Diana Fajardo Rivera; T-469 de
2020, M.P. Diana Fajardo Rivera; T-111 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera; T-239 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado; y T-015 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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posibilidad real de conocer y controvertir las razones por las cuales dicha entidad
consideró que su situación ameritaba o no la adopción de mecanismos orientados a
garantizar su seguridad25. Ello implica que las decisiones que se emitan al respecto,
como mínimo, deben: (i) relacionar todas las circunstancias y elementos que incidan
en el nivel de riesgo de la persona; (ii) realizar un análisis pormenorizado e integral
de los mismos, con fundamento en estudios técnicos que permitan determinar su
naturaleza, alcance e intensidad; (iii) exponer razonadamente los motivos por los
cuales es procedente o no implementar mecanismos individuales de seguridad; (iv)
identificar las prevenciones a implementar; y (v) justificar por qué las mismas son
idóneas para garantizar la seguridad del interesado26”.
Ahora bien, en la Sentencia T-719 de 200327 la Corte Constitucional, respecto a
los sujetos de especial protección constitucional en estado de emergencia,
manifestó:
“5. Sujetos de especial protección constitucional en situaciones de emergencia.
Deberes mínimos de las autoridades estatales.
¿Que significa que exista un sujeto de especial protección constitucional? ¿Qué
implica tal categoría para su titular, y para el Estado? En síntesis, significa que todas
las autoridades tienen el deber particular de velar por que se respeten y promuevan
los derechos de las personas a quienes la Carta dispensa un grado especial de
protección, con mayor razón si acuden a las dependencias oficiales buscando ayuda
para su situación. Ello implica que las autoridades deben obrar frente a estos sujetos
de manera especialmente diligente, interpretando el alcance de sus propias funciones
con un criterio eminentemente protectivo, que refleje la intención del Constituyente y
busque preservar, ante todo, el goce de sus derechos fundamentales. Asímismo,
implica que cuando exista más de una entidad pública con competencia para atender
los requerimientos de uno de estos sujetos de especial protección, su deber general
de coordinación ha de ser cumplido con particular cuidado, para que no se impongan
a dichas personas cargas administrativas innecesarias que pueden –y deben- ser
asumidas directamente por las entidades públicas implicadas.
El deber de especial protección que tienen las autoridades frente a estos sujetos se
acentúa en situaciones de emergencia en las cuales sus derechos fundamentales
estén expuestos a un nivel significativo de riesgo, y mucho más cuando ello es
consecuencia del conflicto armado. Esta regla es particularmente pertinente para el
caso bajo revisión, puesto que en él están implicados dos sujetos de especial
protección constitucional e internacional: una madre cabeza de familia, y un niño
menor de un año. (Énfasis propio).
De lo anterior se concluye que, para establecer la caracterización de los niveles de
riesgo, se debe prestar especial atención a las condiciones de vulnerabilidad de
quien requiere la protección.
Por otra parte, en lo que respecta a la carga de la prueba, la Corte Constitucional
en sentencia de unificación SU-020 de 202228 ha explicado que cuando existe “un
contexto generalizado de violencia que supone riesgos extraordinarios y
desproporcionados para determinados grupos poblacionales”, esta situación debe
25
Cfr. Sentencias T-111 de 2021 y T-469 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera.
26
Sentencias T-709 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-388 de 2019, T-469 de 2020, T-111 de 2021, M.P. Diana
Fajardo Rivera; T-239 de 2021 y T-015 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
27
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
28
M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05046-03
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por CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG)
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dar lugar a “la presunción del riesgo para enfrentar efectivamente dichos
escenarios de violación extendida de derechos”29 y, “en los casos de personas
especialmente vulnerables, quienes no cuentan con la forma o las oportunidades
“para allegar medios de prueba adicionales sobre las amenazas que enfrentan,
más allá de sus propios relatos”30, se invierte la carga de la prueba “sobre la
Unidad Nacional de Protección, a quien corresponde confirmar o desvirtuar el nivel
de amenaza”31.
El material probatorio traído al plenario, en lo pertinente a las actuaciones
realizadas por la UNP, da cuenta de la situación respecto de los hechos a los
cuales se refiere la presente acción de tutela. En tal virtud, se destaca:
a) Formato único de noticia criminal FPJ-2 de 24 de julio de 202432, en la que se
advierte que el actor interpuso ante la Fiscalía Cuarta Especializada de Cúcuta
Unidad Gaula una denuncia penal por el delito de extorsión del cual estaba siendo
víctima por parte de grupos al margen de la ley.
b) Solicitud formulada el 17 de septiembre de 202433 por el actor ante la
Presidencia y Vicepresidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, la
Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría Nacional del Pueblo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, el Ministerio del Interior y la Fiscalía Cuarta Especializada de
Cúcuta Unidad Gaula, encaminada a que se le brindara medidas de protección, en
razón a que, al denunciar el delito de extorsión del que fue víctima, actualmente es
objeto de amenazas contra su vida y la de su familia.
c) Para acreditar las referidas amenazas, el demandante aportó fotografías de su
WhatsApp.
d) El 19 de septiembre de 2024 el actor, en nombre propio y como agente oficioso
de su familia, instauró la acción de tutela de la referencia, con el propósito que se
protegieran sus derechos fundamentales a la vida, integridad física y psicológica,
seguridad, debido proceso y acceso a la administración de justicia y se ordenara la
29
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-469 de 2020. MP. Diana Fajardo Rivera.
30
Ibíd.
31
Ibíd.
32
Índice 00002 del expediente de Samai de primera instancia.
33
Índice 00002 del expediente de Samai de primera instancia.
14
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Demandante: WOD (quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de su familia conformada
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implementación de la medida de protección requerida.
e) A través de auto de 24 de septiembre de 202434, el Consejo de Estado, Sección
Cuarta admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se ordenó notificar a
la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad
Nacional de Protección, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría
Nacional del Pueblo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, el Ministerio del Interior y la Fiscalía Cuarta Especializada de Cúcuta
Unidad Gaula, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
Por otra parte, se dispuso:
“Decretar como medida provisional, la siguiente: que dentro del término máximo de 48
horas, contadas desde la notificación de esta providencia, la Unidad Nacional de
Protección adelante la valoración del nivel de riesgo y el estudio de protección de los
señores WOD y CMG, en nombre propio y en representación de sus hijos menores
JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG.
La Unidad Nacional de Protección deberá remitir copia del documento de valoración
con destino al radicado de la referencia”.
f) Mediante correo electrónico de 25 de septiembre de 202435 la Unidad Nacional
de Protección dio respuesta a la petición del accionante, en el sentido de indicarle
que, para poder iniciar el programa de prevención y protección a su favor, debía
remitir: (i) el correspondiente formulario de inscripción, debidamente diligenciado;
(ii) la fotocopia del documento de identidad suyo y de su familia; (iii) algún
documento que acreditara la pertenencia a alguno de los grupos poblacionales,
contemplados en el artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de 2015, modificado por el
artículo 3 del Decreto 1139 de 2021 y el artículo 1° del Decreto 85 de 2024; y (iv)
la copia de la denuncia penal que radicó ante la fiscalía.
g) En sentencia de 24 de octubre de 202436 el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
en lo que respecta a la accionada UNP, sostuvo que no ha actuado con diligencia,
comoquiera que solo hasta el 25 de septiembre de 2025 atendió la solicitud del
actor, en el sentido de indicarle que debía remitir algunos documentos, frente a los
cuales “el único […] que no ha sido allegado […] es el formulario de inscripción,
pues los demás fueron puestos en conocimiento de esta en virtud de [esta] acción
de tutela”, la cual le fue debidamente notificada con todos los anexos.
34
Índice 00004 del expediente de Samai de primera instancia.
35
Índice 00009 del expediente de Samai de primera instancia.
36
Índice 00024 del expediente de Samai de primera instancia.
15
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Asimismo, expuso que, a pesar de existir cargas procesales en cabeza de los
solicitantes para poder proceder con los trámites administrativos, no se pueden
desconocer las condiciones de vulnerabilidad de quien depreca la protección y, en
el presente caso, “los accionantes son sujetos de especial protección por su
calidad de víctimas del conflicto armado por el desplazamiento forzado al que
fueron sometidos en el pasado, [por lo que] reproch[ó] la respuesta impávida de la
Unidad Nacional de Protección [que], [e]n vez de dar inicio al programa de
protección como lo [pidi]ó el señor WOD, […] se limitó a aseverar que no podía dar
inicio a la ruta […] dada la falta de diligenciamiento del formulario mencionado”.
Por lo tanto, al no advertir gestión alguna por parte de la UNP, más allá de
aseverar que aún no se había remitido el formulario diligenciado, amparó los
derechos a la vida y seguridad del actor y su familia y, en consecuencia, con el fin
de evitar que se concrete un prejuicio irremediable, le ordenó a dicha entidad:
“3. […] que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de la
presente providencia, inicie el procedimiento del Programa de Protección de los
señores WOD y CMG y sus hijos. En el evento de que la parte actora aún no haya
remitido el formulario de solicitud diligenciado, […] dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, designe a un
oficial de protección del Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo (CTAR) a fin de que, en
el curso de las visitas presenciales realizadas para determinar el riesgo, apoye a los
señores WOD y CMG en el diligenciamiento del formulario de inscripción para el
Programa de Protección. Obtenido el formulario diligenciado, el procedimiento deberá
continuar conforme a lo establecido en el Decreto 1066 de 2015 y demás normas
aplicables.
4. […] que, dentro del término de veinte (20) días siguientes a la notificación de esta
providencia, lleve a cabo la totalidad del procedimiento de Programa de Protección,
incluyendo la evaluación y calificación de riesgo de los accionantes, la determinación
de las medidas de protección, la expedición del acto administrativo a que haya lugar
debidamente motivado y la notificación de la decisión.
Los accionantes deberán remitirle […] sus datos de contacto para el cumplimiento de
esta orden.
5. […] que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a que culmine el
procedimiento del Programa de Protección, informe a la Fiscalía General de la Nación
su decisión final sobre la pertenencia o no del Programa de Protección de la parte
actora”.
h) Por medio de Oficio OFI24-00069816 de 20 de noviembre de 202437 la Unidad
Nacional de Protección formuló solicitud de adición, encaminada a manifestar su
inconformidad respecto a los términos de cumplimiento otorgados en la sentencia
de primera instancia, los cuales, a su parecer, resultan cortos e insuficientes.
37
Índice 00032 del expediente de Samai de primera instancia.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05046-03
Demandante: WOD (quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de su familia conformada
por CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG)
Demandados: Presidencia de la República y otros
i) Lo anterior fue despachado de manera desfavorable, por auto del 21 de
noviembre de 202438, puesto que no se advirtieron argumentos que de
conformidad con la ley debían ser objeto de pronunciamiento o se haya omitido su
análisis.
j) El 11 de diciembre de 2024 el tutelante formuló un incidente de desacato39, por
el incumplimiento de la referida sentencia de amparo, a la cual el Consejo de
Estado, Sección Cuarta le dio apertura con auto de 13 de los mismos mes y año40,
en el que requirió de la UNP y la Fiscalía General de la Nación, dentro de los tres
(3) días siguientes a la notificación, rendir informe sobre el acatamiento de todas
las órdenes impartidas a su cargo en la aludida providencia.
Ahora bien, la inconformidad de la UNP consiste en que como se están
adelantando las actuaciones internas necesarias para priorizar el estudio de nivel
de riesgo que se está llevando a cabo en favor del tutelante y su familia, no existe
vulneración a sus derechos fundamentales.
En este contexto, cabe precisar que del estudio probatorio efectuado en párrafos
precedentes se observa que existe un incidente de desacato en curso al que ya se
le dio apertura, cuya finalidad es evaluar si las entidades accionadas,
especialmente la UNP, en efecto, ha cumplido a cabalidad el fallo de primera
instancia, porque, no basta con afirmar que está siendo diligente para atender el
requerimiento del tutelante, sino que debe demostrarlo para que no se emita
sanción alguna en su contra, de manera que es en ese trámite en el que debe
mencionar los argumentos aquí expuestos.
De otra parte, la Sala advierte que al momento de proferirse la sentencia de
primera instancia, la UNP no había demostrado ninguna gestión concerniente a
evaluar la solicitud del actor, pese a sus condiciones de vulnerabilidad que lo
hacen, junto a su familia, sujeto de especial protección constitucional, más allá de
indicarle que debía remitir algunos documentos para proceder con el
correspondiente programa, lo que condujo a que, luego de un exhaustivo análisis,
se accediera al amparo de las garantías superiores a la vida y a la seguridad,
motivo por el cual se confirmará la providencia impugnada.
38
Índice 00035 del expediente de Samai de primera instancia.
39
Índice 00041 del expediente de Samai de primera instancia.
40
Índice 00024 del segundo cuaderno de Samai de primera instancia.
17
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Adicionalmente, esta Sala exhortará a la autoridad accionada UNP, para que
asuma un rol más activo en la valoración del riesgo de quienes, como en el caso
del actor, han sido víctimas del conflicto armado y se encuentran amenazados,
comoquiera que tiene la obligación de definir mecanismos de protección
específicos para evitar que se materialice el daño, sin que la tardanza en los
procedimientos internos pueda servir de excusa.
Por último, frente a la solicitud de conminar al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) como garante de los derechos fundamentales de los menores de
edad, se aclara que, en el Decreto 1066 de 2015, se estableció que corresponde a
la UNP determinar el nivel de riesgo al que está expuesta una persona y adoptar
las medidas necesarias para protegerla, para lo cual, se debe tener especial
cuidado en el análisis de las condiciones de vulnerabilidad que esta tenga y en si
su pedimento lo hace solo para su seguridad o también para la de su núcleo
familiar, como en este caso.
Además, se observa que la UNP así lo ratificó en su escrito de impugnación al
indicar que, “de manera excepcional, las medidas de protección asignadas en
favor del beneficiario del programa de protección podrán ser extensivas (cuando
de manera motivada así lo solicite) a su núcleo familiar si el riesgo extraordinario o
extremo del titular se extiende a ellos, y el respectivo comité así lo recomienda”,
condiciones que se cumplen de manera palpable en este asunto, porque el actor
ha sido enfático en que tanto él como su núcleo familiar, el cual está conformado
por menores de edad, están siendo amenazados de muerte por parte de grupos al
margen de la ley.
Se recuerda que, en la sentencia T-719 de 2003 citada en párrafos precedentes,
respecto a los sujetos de especial protección constitucional en estado de
emergencia, para fijar las pautas a seguir en cuanto al estudio del riesgo por parte
de la UNP, la Corte Constitucional hizo especial énfasis en que el “deber de
especial protección que tienen las autoridades frente a estos sujetos se acentúa
en situaciones de emergencia en las cuales sus derechos fundamentales estén
expuestos a un nivel significativo de riesgo, y mucho más cuando ello es
consecuencia del conflicto armado”, regla que resultaba “particularmente
pertinente para el caso bajo revisión, comoquiera que est[aban] implicados […]
una madre cabeza de familia y un niño menor de un año”. (Énfasis propio).
18
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05046-03
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Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de insistir en que se requiere la
intervención del ICBF para la atención de los menores, la UNP, en aplicación a lo
dispuesto en el numeral 10 del artículo 341 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), deberá coordinar con
dicha institución, de acuerdo con sus competencias legalmente establecidas.
III. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que, se impone confirmar el fallo
impugnado, por cuyo conducto el Consejo de Estado, Sección Cuarta accedió al
amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 24 de octubre de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que accedió al amparo de los derechos
fundamentales a la vida, seguridad, petición e información del señor WOD (quien
actúa en nombre propio y como agente oficioso de su familia conformada por
CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG), por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. EXHORTAR a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que
asuma un rol más activo en la valoración del riesgo de quienes, como en el caso
del actor, son víctimas del conflicto armado y se encuentran amenazados,
comoquiera que, tiene la obligación de definir mecanismos de protección
específicos para evitar que se materialice el daño, sin que la tardanza en los
procedimientos internos pueda servir de excusa.
41
Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte
Primera de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad,
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,
economía y celeridad.
[…]
10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales
en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.
[…]”.
19
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05046-03
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por CMG, JDOG, JLMC, JLOG, WOG, JSOG y BSOG)
Demandados: Presidencia de la República y otros
TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. COMUNICAR la presente sentencia al Consejo de Estado, Sección
Cuarta y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
20
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