Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05056-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05056-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05056-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05056-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
TESIS: SE REVOCA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE AMPARÓ
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA ACTORA Y, EN SU LUGAR,
SE DENIEGA EL AMPARO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO
INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS FÁCTICO Y SUSTANTIVO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE ALEGADOS. CONTRATO
REALIDAD.
DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor DAVID
ANDRÉS BAUTISTA MARTÍN vinculado en calidad de tercero con
interés directo en las resultas del proceso contra la sentencia de 25
de octubre de 2024, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA-
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05056-01
Actora: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 accedió al amparo
solicitado.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES2, actuando a
través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual
estima vulnerado por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “F”-
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA3 al haber
proferido la providencia de 20 de febrero de 2024, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 11001-33-35-025-2021-00304-01.
I.2.- Hechos
1
En adelante la Sección Tercera.
2
En adelante Cremil.
3
En adelante el Tribunal.
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Actora: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Manifestó que, el señor DAVID ANDRÉS BAUTISTA MARTÍN,
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en su contra, con el fin de obtener el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral oculta bajo la
celebración de unos contratos de prestación de servicios y el pago de
las acreencias laborales causadas entre el 13 de enero de 2014 y el
30 de septiembre de 2018.
Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 11001-33-35-025-2021-00304-01 y le correspondió por
reparto al JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ que, en
sentencia de 25 de octubre de 2022, denegó las pretensiones de la
demanda.
Indicó que inconforme con lo anterior, la apoderada del señor DAVID
ANDRÉS BAUTISTA MARTÍN interpuso recurso de apelación ante
el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 20 de febrero de 2024,
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, i) declaró la nulidad del
acto administrativo acusado, ii) declaró la existencia del vínculo
laboral entre el 18 de enero de 2017 y el 15 de diciembre de 2017 y,
iii) a título de restablecimiento del derecho, reconoció a favor del
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señor DAVID ANDRÉS BAUTISTA MARTÍN el pago de las
prestaciones laborales y sociales causadas, en lo demás confirmó la
decisión.
I.3. Fundamentos de derecho
Manifestó que la decisión judicial cuestionada incurrió en el defecto
fáctico, al valorar defectuosamente el material probatorio aportado
con el que se pretendía demostrar que el señor DAVID ANDRÉS
BAUTISTA MARTÍN no ejecutó labores relacionadas con el cobro
coactivo.
Afirmó que la autoridad judicial accionada omitió la valoración de los
informes de actividades, los cuales daban cuenta que el actor no
ejecutó labores relacionadas con el grupo coactivo de la entidad, ni
desarrollo funciones propias con esa actividad.
Por el contrario, consideró que “[…] erró en la valoración probatoria,
al dar por probado un hecho que emerge clara y objetivamente de
una prueba que fue valorada de manera incompleta, pues solo
verifico el clausulado del contrato No. 024 de 2017, lo cual constituye
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un supuesto de defecto fáctico contra providencia judicial […]”.
Aseveró que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en
las sentencias CE-SUJ2-005-16 de 26 de agosto de 2016 y SUJ-025-
CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021 proferidas por el Consejo
de Estado, las cuales hacen referencia a la configuración del contrato
realidad cuando se encuentran probados los tres (3) elementos que
conforman la relación laboral, esto es, i) la actividad personal del
trabajador, (ii) la subordinación continuada y dependencia del
trabajador con relación a su empleador y (iii) la retribución del
trabajo a través de una remuneración.
Resaltó que el TRIBUNAL erró al acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda, pues tuvo como probado únicamente
las presuntas actividades que desarrolló el contratista en el área del
cobro coactivo de conformidad con el clausulado del Contrato núm.
24 de 2017, pero no examinó el cumplimiento de los tres elementos
que ha decantado la jurisprudencia para que se configure la
existencia de una relación laboral.
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Aseguró que “[…] la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no hizo un estudio de los elementos de la relación
laboral en el contrato No. 024 de 2017; (3) que de acuerdo con la
interpretación conjunta se puede concluir que no se valoró la prueba
reina que correspondía a los informes mensuales presentados por el
contratista que dan cuenta que no desarrollo actividades misionales
de la entidad, sino que, obedecían a actividades de apoyo a la gestión
jurídica. […] Al unir las conclusiones emerge la siguiente gran
conclusión: La sentencia del 20 de febrero de 2024, proferida por la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
incurrió en un defecto sustantivo, al omitir el estudio de los
elementos esenciales de la relación laboral […]”.
I.4.- Pretensiones
La actora solicita el amparo de su derecho fundamental invocado
como vulnerado y, en consecuencia:
“[…] PRIMERO: TUTELAR o AMPARAR el derecho fundamental
al DEBIDO PROCESO de la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITARES (CREMIL), así como cualquier otro derecho
fundamental que pudo verse afectado con la actuación de la
autoridad judicial accionada.
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SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la SENTENCIA DEL 20 DE
FEBRERO DE 2024 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN “F” en el proceso contencioso administrativo de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
11001-33-35-025-2021-00304-01 y, en su lugar, ORDENAR a
dicha autoridad judicial a PROFERIR UNA NUEVA DECISIÓN
JUDICIAL que atienda las pruebas obrantes en el proceso […]”.
(Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la solicitud de amparo no cumple
con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, pues la actora pretende que a través del
mecanismo constitucional se estudie nuevamente la situación jurídica
que fue resuelta por el juez natural, convirtiendo la acción de tutela
en una tercera instancia.
Aseguró que, la decisión judicial cuestionada resolvió de manera
razonada los argumentos formulados en el recurso de apelación, así
mismo, analizó de forma conjunta y crítica el material probatorio
aportado al expediente, para efectos de proferir una sentencia
ajustada a derecho.
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Recalcó que “[…] de las pruebas expuestas se logró inferir en la
decisión ordinaria que, pese a que en los informes de actividades
realizados por el señor David Andrés Bautista Martín durante la
ejecución del contrato 024 de 2017 no relacionó ninguna función de
cobro coactivo, sí se probó que “desarrolló las actividades objeto del
contrato”, mismas que se consignaron sobre la realización de
funciones propias e inherentes de la entidad sobre el procedimiento
de cobro coactivo […]”.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de
análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al objeto de la
acción de tutela.
I.6.2.- El señor DAVID ANDRÉS BAUTISTA MARTÍN, vinculado
en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,
pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.
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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 25 de octubre de
2024 i) concedió el amparo solicitado, ii) dejó sin efectos la sentencia
de 20 de febrero de 2024 proferida por el TRIBUNAL y iii) ordenó
proferir la correspondiente sentencia de reemplazo, teniendo en
cuenta los argumentos expuestos en la parte considerativa.
Consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto
fáctico, por cuanto, la providencia cuestionada se limitó a examinar
2 de las más de 41 labores contratadas que se relacionaban con la
función de cobro coactivo, pero, no determinó si el contratista
desarrolló esas actividades en cumplimiento del contrato,
circunstancia que debió ser corroborada con las demás pruebas
documentales aportadas al plenario.
Aseveró que “[…] en criterio de la Sala, no resulta razonable que,
para resolver una controversia que se zanja al examinar la realidad
de las circunstancias en las que se desarrolla el contrato, el juez
natural de la causa no se ocupe de inspeccionar si en la prestación
del servicio derivada de la ejecución del contrato se realizaron
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efectivamente labores relacionadas con la función de cobro coactivo
[…]”.
Igualmente, consideró que el TRIBUNAL incurrió en el defecto
sustantivo por desconocimiento de las sentencias de
unificación CE-SUJ2-005-16 de 26 de agosto de 2016 y SUJ-025-
CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, por cuanto, para declarar
la existencia de una relación laboral encubierta bajo contratos de
prestación de servicios, era necesario encontrar probados los tres (3)
elementos de la relación laboral, ya que no bastaba solo con
demostrar la prestación del servicio y las labores contratadas.
Indicó que “[…] para la Sala es claro que la autoridad judicial
accionada debió tener en cuenta las orientaciones de la
jurisprudencia de unificación, para efectos de analizar, de cara al
material probatorio, si en el caso concreto se presentaban los tres
elementos constitutivos de la relación laboral, y no concluir que
efectivamente se configuró la relación laboral, partiendo únicamente
del hecho de que algunas de las labores contratadas pertenecen al
giro ordinario de los negocios de la entidad, y que por su naturaleza,
esto es, por ser atinentes al cobro coactivo, no podían encargarse a
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un contratista […]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El señor DAVID ANDRÉS BAUTISTA MARTÍN vinculado en calidad
de tercero con interés directo en las resultas del proceso impugnó la
sentencia proferida por la SECCIÓN TERCERA, manifestando su
oposición ya que la decisión proferida por el a quo vulnera sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica,
al trabajo digno, a la igualdad a la dignidad humana y la confianza
legítima.
Señaló que al dejar sin efecto la decisión del TRIBUNAL, vulneró su
derecho a obtener una resolución justa y conforme a la ley, ya que
la acción de tutela no debió implementarse como un mecanismo para
desvirtuar un fallo debidamente fundamentado.
Arguyó que la decisión del TRIBUNAL adquirió la calidad de cosa
juzgada, lo cual implicó que la resolución al problema jurídico
planteado se encuentre en firme, en tanto se efectuó un adecuado
análisis y se pronunció de fondo sobre el asunto.
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Aseguró que contrario a lo manifestado por el a quo la decisión del
TRIBUNAL sí verificó y comprobó los elementos de la existencia de
la relación laboral y, por lo tanto, solicitó reconsiderar la decisión de
primera instancia considerando que de las pruebas aportadas y la
situación fáctica, se logró comprobar que la relación laboral sí
existió.
Asimismo, aseguró que la SECCIÓN TERCERA incurrió en un
desconocimiento de la naturaleza del contrato, al asumir que la
ejecución de labores de carácter misional implica necesariamente
una relación laboral, pues, a su juicio, la jurisprudencia es clara en
que la estructura del contrato, la temporalidad y las condiciones de
prestación del servicio son determinantes para clasificar la relación.
Finalmente, concluyó que “[…] los defectos fácticos y sustantivos
alegados en fallo de tutela no tienen fundamento constitucional de
protección a un derecho fundamental vulnerado por lo contrario la
decisión del fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca se basa en una correcta valoración de las pruebas
y en la interpretación adecuada de la normativa, conforme al
principio del contrato de realidad […]”.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
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tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
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asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
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judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera
del texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto la sentencia de 20 de febrero de 2024 proferida
por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 11001-33-35-025-2021-00304-01.
A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a su
juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico y
sustantivo por desconocimiento del precedente.
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Los disensos de la actora radican en que el TRIBUNAL incurrió en el
defecto fáctico, al valorar defectuosamente el material probatorio
aportado con el que pretendía demostrar que el señor DAVID
ANDRÉS BAUTISTA MARTÍN no ejecutó labores relacionadas con
el grupo coactivo de la entidad, ni desarrollo funciones propias con
esa actividad.
Aseveró que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en
las sentencias CE-SUJ2-005-16 de 26 de agosto de 2016 y SUJ-025-
CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021 proferidas por el Consejo
de Estado, las cuales hacen referencia a la configuración del contrato
realidad cuando se encuentran probados los tres (3) elementos que
conforman la relación laboral.
Resaltó que el TRIBUNAL erró al acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda, pues tuvo como probado únicamente
las presuntas actividades que desarrolló el contratista en el área del
cobro coactivo de conformidad con el clausulado del Contrato núm.
24 de 2017, pero no examinó el cumplimiento de los tres elementos
que ha decantado la jurisprudencia para que se configure la
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existencia de una relación laboral.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 25 de octubre de
2024, concedió el amparo solicitado al considerar que la autoridad
judicial accionada incurrió en el defecto fáctico, por cuanto la
providencia cuestionada se limitó a examinar 2 de las más de 41
labores contratadas que se relacionaban con la función de cobro
coactivo, pero no determinó si el contratista desarrolló esas
actividades en cumplimiento del contrato, circunstancia que debió ser
corroborada con las demás pruebas documentales aportadas al
plenario.
Asimismo, consideró que el TRIBUNAL incurrió en el defecto
sustantivo por desconocimiento de las sentencias de unificación
CE-SUJ2-005-16 de 26 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 de
9 de septiembre de 2021, por cuanto para declarar la existencia de
una relación laboral encubierta bajo contratos de prestación de
servicios, era necesario encontrar probados los tres (3) elementos de
la relación laboral, ya que no bastaba solo con demostrar la
prestación del servicio y las labores contratadas.
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Inconforme con lo anterior, el señor DAVID ANDRÉS BAUTISTA
MARTÍN vinculado en calidad de tercero con interés directo en las
resultas del proceso impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
TERCERA, manifestando su oposición ya que la decisión proferida
por el a quo vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad jurídica, al trabajo digno, a la igualdad a la dignidad
humana y la confianza legítima.
Aseguró que, contrario a lo manifestado por el a quo, la decisión del
TRIBUNAL sí verificó y comprobó los elementos de la existencia de
la relación laboral y, por lo tanto, solicitó reconsiderar la decisión de
primera instancia, toda vez que de las pruebas aportadas y la
situación fáctica se logró comprobar que la relación laboral sí existió.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados.
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Actora: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y vulneró sus derechos fundamentales invocados; contra
la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo
256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo
razonable4 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos
que se estiman lesionados.
Visto que el presente asunto cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, la Sala hará mención del marco jurídico de los
defectos alegados, para enseguida efectuar el estudio del fondo del
asunto.
Del defecto fáctico
4
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 20135, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto
de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una
omisión en el decreto o valoración de las pruebas, de una
valoración irrazonable de las mismas, de la suposición de una
prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los
medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más exigentes
para su comprobación, debido a que la valoración de las pruebas
en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que el juez
desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía e
independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las reglas
de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación ha
identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio
constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y
manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la
realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa
que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia, porque ello sería contrario al principio
de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte
de que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones […]”.
(Negrillas del original).
5
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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Actora: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial
En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las
decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras
jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de
unificación y la extensión de la jurisprudencia.
Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de
la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 6 y el 270 de la Ley 1437 de
6
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
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18 de enero de 20117; así como su respaldo jurisprudencial las
sentencias C-836 de 9 de agosto de 20018; C-816 de 1o. de
noviembre de 20119; C-179 de 13 de abril de 201610; y T-102 de 25
de febrero de 201411.
En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia […].”12 (Destacado fuera de
texto).
Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso
determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y
a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del
7
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo
de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o
sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo
eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de
la Ley 1285 de 2009”.
8
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. (Doctrina
probable).
9
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1o. de noviembre de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
(Sentencias de unificación jurisprudencial).
10
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(Sentencias de unificación jurisprudencial).
11
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente
jurisprudencial).
12
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
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debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.
Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por
la Corte Constitucional13, según el cual la actividad interpretativa que
se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial
está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación
de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los
funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por
la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el
mismo juez (precedente horizontal).
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 13 de mayo
de 200814, indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de
Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la
correcta utilización del precedente judicial implica que un
caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad
con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los
supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una
13
Corte Constitucional, Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-457 del 13 de mayo de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho
para su aplicación […]”. (Destacado fuera de texto).
Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria15, la regla del respeto del
precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no
puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse,
o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación
concreta.
Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de
supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente
judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en
pronunciamientos anteriores de la Sala16, a saber: i) la disanalogía o
falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y
el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se
debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de
precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que
sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
15
Ver sentencias Corte Constitucional C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo
de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-02074-00.
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Actora: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la
consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser
contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se
fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el
juez que se separa del precedente asume una especial carga de
argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara,
razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio
de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse
a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se
sustenta la decisión de apartarse.
Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, solo el desconocimiento
injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración
del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales17.
17
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
13 de marzo de 2013. C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-15-000-
2012-02074-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
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Actora: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Caso concreto
Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,
se debe examinar lo decidido en la sentencia de 20 de febrero de
2024 proferida por el TRIBUNAL, aquí cuestionada, en la cual se
indicó lo siguiente:
“[…] 6.2. PROBLEMA JURÍDICO
Se contrae a establecer si está probado que se configuró una
verdadera relación laboral entre ambas partes, por lo que el
demandante tendría derecho al reconocimiento y pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir con ocasión de ese
vínculo, o si no están demostrados dichos elementos. En caso de
estar acreditada la relación laboral, se debe determinar el
correspondiente restablecimiento del derecho.
6.3. TESIS DE LA SALA
Considera la Sala que sí se probaron los elementos que configuran
una relación laboral respecto al Contrato No. 024 de 2017, y no
en cuanto a los demás contratos, por lo que hay lugar a revocar
parcialmente el fallo apelado, que negó las pretensiones de la
demanda.
Esta tesis se soporta en los siguientes argumentos: […]
6.6. CASO CONCRETO
La parte demandante considera que se configuraron los tres
elementos esenciales de una relación laboral derivada de los
contratos de prestación de servicios celebrados con CREMIL, por el
periodo comprendido entre el 13 de enero de 2014 y el 30 de
septiembre de 2018.
18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-15-000-
2012-01797-00.
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Actora: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Para constatar que efectivamente existió una relación laboral entre
las partes procesales, se deben analizar sus tres elementos
configurativos, que son: i) la prestación personal del servicio, ii)
la remuneración y iii) la subordinación.
Ahora bien, a fin de establecer lo anterior, se destaca que se
suscribieron varios contratos de prestación de servicios con
diferentes objetos y labores pactadas, por lo que la Sala los
analizará en dos grupos, i) los suscritos durante los años 2014,
2015, 2016 y 2018, y ii) el contrato 024 de 2017.
-Contratos No. 060 de 2014, 017 y 219 de 2015, 07 de 2016
y 003-2 de 2018
[…] no se demostró que el demandante recibiera órdenes o
estuviera subordinado para realizar sus funciones, sino que cumplió
sus contratos con autonomía técnica, por el tiempo estrictamente
necesario y sin desnaturalizar los contratos de prestación de
servicios que celebró.
La Sala destaca, conforme se explicó en precedencia, que la parte
actora tenía la carga de demostrar todos los elementos de la
relación laboral que alegó, y no es posible dar aplicación a la
presunción legal invocado en la demanda.
Así las cosas, contrario a lo manifestado por la parte actora en su
recurso de apelación, la Sala considera que no se demostró la
subordinación del demandante frente CREMIL durante la
ejecución de los contratos de prestación de servicio celebrados
durante los años 2014, 2015, 2016 y 2018, razón por la cual
habrá de confirmarse la sentencia impugnada en ese aspecto.
-Del Contrato No. 024 de 2017,
La Sala advierte que las obligaciones contenidas en el Contrato
No. 024 de 2017 son totalmente distintas a las de los anteriores
contratos, toda vez que van dirigidas al desarrollo del proceso de
cobro coactivo y otras no relacionadas con la defensa jurídica de
la entidad, tales como las siguientes:
12) Realizar las investigaciones necesarias para la identificación de
bienes de propiedad del deudor que puedan ser objeto de medidas
cautelares. (…). 21) Librar mandamiento ejecutivo cuando no haya
sido posible obtener el pago total de la deuda en las diligencias de
cobro persuasivo y, de conformidad con la investigación de bienes,
se evalúe la viabilidad o efectividad del procedimiento. (…). 23)
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Actora: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Resolver los recursos y excepciones propuestas por el ejecutado.
(…). 32) Realizar orientación jurídica personal y telefónica a los
afiliados, beneficiarios, apoderados y demás personas que así lo
requiera, de forma veraz, eficaz y oportuna, con relación a la
misión de CREMIL. (…). 34) Servir de enlace en los casos
pertinentes entre los afiliados y las diferentes dependencias de la
entidad con el fin de brindar una solución oportuna a los
requerimientos de los afiliados y partes interesadas de forma
inmediata. (…). 41) Ejecutar las labores designadas en el sitio que
disponga el supervisor del contrato de acuerdo con las necesidades
del servicio.
De las anteriores obligaciones se observa que las relacionadas con
el cobro coactivo (21 y 23) desnaturalizan el contrato de prestación
de servicio, toda vez que las mismas debe ser realizadas por los
funcionarios de la entidad o, en su defecto, por tercero que deberá
ser delegado a través de acto administrativo producto de un
convenio suscrito como resultado de un proceso de selección, tal
como se expuso en el numeral 6.5.3. del acápite anterior.
En efecto, las labores ejecutadas por el accionante sí corresponden
a actividades propias de la entidad, comoquiera que son inherentes
al procedimiento de cobro coactivo, por lo que no pueden ser
delegadas a través del contrato de prestación de servicios, tal como
aconteció en el presente asunto.
Esta Sala de Decisión resalta está prohibido celebrar contratos de
prestación de servicios cuando se requiere cumplir funciones
permanentes e inherentes a la función administrativa, dado que en
esos casos es deber de la entidad crear una planta de personal
capaz de sufragar las necesidades requeridas. Pero CREMIL
mantuvo al accionante vinculado mediante esta forma contractual
por más de 11 meses, lo que, dicho sea de paso, evidencia la falta
de planeación de la parte demandada y que realmente se trataba
de funciones permanentes de la entidad.
Ahora bien, en cuanto a las obligaciones 32, 34 y 41, de la lectura
de los contratos se desprende que las funciones contratadas no
podían ser desarrolladas de manera autónoma, porque implican la
coordinación con otras áreas y/o dependencias, disponibilidad y
ausencia absoluta de autonomía técnica y/o administrativa para su
realización.
Así las cosas, contrario a lo manifestado por el A quo, la Sala
considera que sí se demostró para el contrato No. 024 de 2017
los elementos configurativos de una verdadera relación laboral
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Actora: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
durante la ejecución de un contrato de prestación de servicio que
celebraron las partes. […]” (Destacado pertenece al texto).
De la lectura de la sentencia objeto de tutela, la Sala observa que la
autoridad judicial accionada al resolver la segunda instancia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consideró que le asistía derecho al allí accionante, señor DAVID
ANDRÉS BAUTISTA MARTÍN, pues luego de efectuar el análisis de
las obligaciones contenidas en el Contrato núm.024 de 2017, logró
inferir que el mencionado señor desarrolló funciones relacionadas con
el cobro coactivo, circunstancia que desnaturalizó el contrato de
prestación de servicios teniendo en cuenta que dichas actividades
debieron ser ejecutadas por funcionarios de la entidad o por un
tercero delegado para tal fin.
Indicó que tales actividades eran inherentes al procedimiento de
cobro coactivo y, por ende, cuando se requiere cumplir funciones
permanentes e inherentes a la función administrativa, es obligación
de la entidad crear una planta de personal que supla esas
necesidades.
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Actora: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Igualmente, anotó que las obligaciones impuestas en los contratos
de prestación suscritos no podían ser desarrolladas de manera
autónoma, en tanto implican coordinación con otras áreas,
disponibilidad y ausencia de autonomía técnica y administrativa para
su realización.
En ese sentido, el TRIBUNAL concluyó que bajo tales razonamientos
sí se encontró probada la relación laboral entre CREMIL y el señor
DAVID ANDRÉS BAUTISTA MARTÍN derivada del Contrato núm.
024 de 2017, por lo que revocó parcialmente la decisión de primera
instancia y, en su lugar i) declaró la nulidad del acto administrativo
acusado; ii) declaró la existencia del vínculo laboral entre el 18 de
enero de 2017 y el 15 de diciembre de 2017; iii) a título de
restablecimiento del derecho, reconoció a favor del señor DAVID
ANDRÉS BAUTISTA MARTÍN el pago de las prestaciones laborales
y sociales causadas; y en lo demás confirmó la decisión.
De lo expuesto en precedencia, la Sala advierte que, contrario a lo
afirmado por el a quo, el TRIBUNAL no incurrió en el defecto fáctico
alegado, pues ejerció un análisis individual y razonado de los
contratos ejecutados y de las tareas efectivamente desempeñadas
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por el señor DAVID ANDRÉS BAUTISTA MARTÍN al servicio de la
entidad en el cumplimiento del Contrato núm. 024 de 2017.
En ese sentido, para la Sala el análisis probatorio que efectuó el
TRIBUNAL para acceder parcialmente a las pretensiones de la
demanda sí fue acorde con las pruebas aportadas al expediente,
pues de dicha apreciación se logró corroborar que, en efecto, el señor
DAVID ANDRÉS BAUTISTA MARTÍN, en cumplimiento del
Contrato núm. 024 de 2017, desempeñó funciones relacionadas con
el proceso de cobro coactivo, las cuales solamente podrían
ejecutarse por funcionarios de la entidad al ser inherentes a la
función administrativa.
Asimismo, la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada
tampoco incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento de
las sentencias de unificación CE-SUJ2-005-16 de 26 de agosto de
2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, proferidas
por esta Corporación y que hacen referencia a la existencia de una
verdadera relación laboral cuando se encuentran probados los tres
(3) elementos, esto es, i) la prestación personal de los servicios, (ii)
la subordinación continuada y dependencia del trabajador con
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relación a su empleador y (iii) la remuneración.
En efecto, en la decisión cuestionada se realizó el estudio de los
elementos que motivaron la existencia de una relación laboral entre
CREMIL y el señor DAVID ANDRÉS BAUTISTA MARTÍN con
ocasión del Contrato núm. 024 de 2017, pues de los apartes
transcritos se observa que el TRIBUNAL consideró la existencia del
vínculo laboral bajo la premisa de que el actor cumplió unas
funciones inherentes a las de la entidad en el área de cobro coactivo.
En ese sentido, para la Sala la interpretación normativa y probatoria
que desarrolló el TRIBUNAL en el ejercicio de la autonomía
interpretativa no fue arbitraria e incongruente con los lineamientos
establecidos en el ordenamiento jurídico ni en el análisis del
problema jurídico planteado en el proceso ordinario.
Así las cosas, la Sala no encuentra estructurados los defectos
alegados por cuanto la decisión objeto de reproche fue debidamente
sustentada, pues de conformidad con las pruebas aportadas al
plenario, el TRIBUNAL advirtió la existencia de una relación laboral
entre el señor DAVID ANDRÉS BAUTISTA MARTÍN y la actora.
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Actora: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Consecuente con lo anterior, la Sala revocará en su totalidad la
decisión de primera instancia que concedió el amparo solicitado y,
en su lugar, denegará la presente acción de tutela, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DENEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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36
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05056-01
Actora: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de diciembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Aclara voto
Aclara voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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