Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05079-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05079-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05079-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05079-01
Demandante: Luz Stella López Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa /
Nombramiento de lista de vacantes en concurso de méritos /
Defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente
Decisión: Revoca la decisión del a quo de declarar improcedente la
solicitud de tutela para, en su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Luz Stella López Vargas en contra de
la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Blanca Dilma Saavedra Pardo promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 25 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
en el proceso de reparación directa identificado con el radicado
66001333300620160028301.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Presentó demanda en uso del medio control de reparación directa en contra del
municipio de Pereira, con el fin de que se le declarara responsable por los perjuicios
ocasionados con la omisión de su nombramiento en el cargo de auxiliar
administrativo, código 407, grado 08 de la Secretaria Municipal de Educación, en
virtud de la convocatoria realizada por la Comisión Nacional de Servicio Civil2
1 Ver índice 2 de Samai.
2 En adelante CNSC.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05079-01
Demandante: Luz Stella López Vargas
ii) Su nombramiento debió ocurrir en otra oportunidad a la que sucedió, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 1227 de 2005 que autoriza el uso de la lista
de elegibles para la provisión de vacantes definitivas que surgieran con posterioridad;
sin embargo, la entidad territorial habría emitido oficios para retrasarlo.
iii) El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira con sentencia del
11 de mayo de 2020 accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, al considerar
que el municipio de Pereira generó un daño antijuridico al omitir, sin justificación
válida, su nombramiento en periodo de prueba el 15 de mayo de 2014, en razón a
que hacía parte de la respectiva lista de elegibles conformada por la CNSC. Decisión
contra la cual ambas partes interpusieron recurso de apelación.
iv) El Tribunal Administrativo de Risaralda con sentencia del 25 de julio de 2024
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
v) Sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la autoridad judicial
demandada al incurrir en:
• Defecto sustantivo, en cuanto tenía un derecho adquirido a ser nombrada una vez
provistas las vacantes ofertadas, pues, era evidente que la lista de elegibles seguía
vigente y, en aplicación del artículo 33 del Decreto 1227 de 2005, así debió suceder;
lo cual evidencia que no era procedente la aplicación retroactiva del Decreto 1894 de
2012 que eliminó tal posibilidad.
• Defecto fáctico al omitirse la valoración del certificado expedido por la oficina de
Talento Humano de la Secretaria de Educación, en la cual constaban los cargos
desempeñados en provisionalidad y las vacantes que se debían nombrar.
• Desconocimiento del precedente del Consejo de Estado relacionado con el daño y
mora judicial injustificada, ya que la interpretación del tribunal demandado fue
errónea porque admitió la negligencia de su nombramiento con fundamento en la
solicitud de debía presentar el municipio a la CNSC, pero mencionó que se
desconoció lo establecido en la sentencia SU-962 de 1999 relacionada con las vías
de hecho.
1.1.1. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 2.- Declarar que la Sentencia de fecha 25 de julio de 2024, emitida por el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión, al incurrir en vía
de hecho, violó los derechos fundamentales debido proceso y acceso a la administración
de justicia de mi representada, señora LUZ STELLA LÓPEZ VARGAS, C.C. 42.060.192.
3.- Revocar la Sentencia de fecha 25 de julio de 2024, emitida por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión, y en su lugar se
emita un nuevo fallo, accediendo a las pretensiones de mi representada, ordenando al
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Demandante: Luz Stella López Vargas
Municipio de Pereira de Risaralda el reconocimiento y pago de los valores solicitados en
la demanda como reparación del daño causado, con motivo de la omisión del MUNICIPIO
DE PEREIRA en producir el nombramiento en período de prueba y el nombramiento en
propiedad, al que tenía derecho, la señora LUZ STELLA LÓPEZ VARGAS, C.C.
42.060.192. » (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Tribunal Administrativo de Risaralda3 solicitó que se declare
improcedente la tutela, pues, carece del requisito general de la relevancia
constitucional; máxime, cuando los argumentos traídos ante el juez de tutela ya
fueron debatidos durante el trámite del proceso contencioso-administrativo objeto de
estudio, lo que evidencia que lo pretendido por la demandante es reabrir una
controversia ya resuelta.
1.2.2. La Alcaldía de Pereira4 solicitó que se declare improcedente el amparo, en
tanto no se comprobó la vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues,
los hechos narrados por la demandante no acreditaban los supuestos en los que
presuntamente erró el tribunal demandando.
1.2.3. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.5
1.3 Sentencia de primera instancia6
El Consejo de Estado, Sección Quinta en sentencia del 31 de octubre de 2024 declaró
la improcedencia de la solicitud de tutela, al considerar que no se logró superar el
requisito de la relevancia constitucional, en tanto la verdadera intención de la
demandante es convertirla en una instancia adicional, pues, pretendió reabrir una
controversia que ya había sido resuelta por el juez natural.
1.4. Escrito de impugnación7
La demandante impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió en los argumentos
expuestos en el escrito de tutela y la relevancia del reclamo constitucional planteado.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la
3 Ver índice 11 de Samai.
4 Ver índice 10 de Samai.
5 Mediante auto del 23 de septiembre de 2024, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar
al Juzgado Sexto Administrativo de Pereira, a La Previsora S.A. y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
6 Ver índice 19 de Samai.
7 Ver índice 24 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05079-01
Demandante: Luz Stella López Vargas
tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis
de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20199, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Quinta.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema11. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y
analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde
verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente»
como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo12 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Luz Stella López Vargas
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14, el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales15.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró los
derechos fundamentales de Luz Stella López Vargas con ocasión de la providencia
del 25 de julio de 2024 que, en segunda instancia, le negó las súplicas de la demanda
que buscaba se declarara la responsabilidad del municipio de Pereira por una
presunta omisión en su nombramiento en el cargo de auxiliar administrativo, código
407, grado 08 de la Secretaría Municipal de Educación, en virtud de la convocatoria
realizada por la CNSC, con la que incurrió, presuntamente, en defectos sustantivo y
fáctico, y desconocimiento del precedente?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado por
el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Luz Stella López Vargas
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.
Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de
la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide
lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto sustantivo o material
En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto16. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto
encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una
facultad absoluta17, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden
jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho.
El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que
se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe
ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además, la
irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la
autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales
de los sujetos procesales18.
2.4.3. Defecto fáctico
El defecto fáctico que la demandante le atribuye a la sentencia objeto de análisis, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional19, tiene una dimensión negativa y otra
positiva.
16 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
17 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
18 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
19 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05079-01
Demandante: Luz Stella López Vargas
La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»20, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»21. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»22.
Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.4. Desconocimiento del precedente judicial
En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que
un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que
los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si
existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
20 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
21 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
22 Sentencia T-538 de 1994.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05079-01
Demandante: Luz Stella López Vargas
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los
precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.5. Sobre el caso concreto
Luz Stella López Vargas acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 25 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que, en
segunda instancia, le negó las pretensiones indemnizatorias formuladas contra el
municipio de Pereira por los perjuicios ocasionados con la omisión de su
nombramiento en el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 08 de la
Secretaría Municipal de Educación, en virtud de la convocatoria realizada por la
CNSC.
Lo anterior, según se insistió en el escrito de impugnación, al considerar que la
referida decisión judicial incurrió en defectos sustantivo y fáctico, y desconocimiento
del precedente, debido a que ignoró su derecho adquirido a ser nombrada de forma
oportuna una vez ofertadas las vacantes, en aplicación del artículo 33 del Decreto
1227 de 2005, pues, era evidente que la lista de elegibles seguía vigente, sin que
fuera procedente la aplicación retroactiva del Decreto 1894 de 2012 que eliminó tal
posibilidad.
Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, sea lo
primero advertir que, de la lectura del expediente contentivo del radicado
66001333300620160028301, se evidencia una motivación suficiente y coherente de
la decisión acusada que justifica su sentido, así:
«[…] Así, a partir de un análisis de las normas reguladoras de las etapas de las
convocatorias, en conjunto con la jurisprudencia que se ha desarrollado en esta
providencia, es cierto que la solicitud de la autorización del uso de lista de elegibles deriva
de una obligación para la entidad demandada, y no en una mera facultad, ya que en aras
de garantizar la prevalencia de los méritos como forma de proveer cargos de carrera
administrativa, la entidad nominadora se encontraba abocada a elevar tal solicitud o la de
efectuar el reporte de nuevas vacantes, y sería la CNSC quien conforme a las normas de
la convocatoria a partir del estudio técnico que adelantara, la que establecería la
equivalencia para proveer el empleo, no obstante, dichas disposiciones no señalan un
término obligatorio y/o perentorio en que dicho trámite debía desplegarse por parte de la
administración municipal, que pueda señalarse desconocido.
Adicionalmente, es de destacar como se ha dejado advertido en párrafos anteriores, que
la lista de elegibles en la cual fue incluida la demandante, en la que ocupó el puesto 14,
responde a la Resolución 3453 del 30 de junio de 2011, que atendió de manera específica
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Demandante: Luz Stella López Vargas
a la provisión de empleo con código 46023 Auxiliar Administrativo 407-08, y que el empleo
al cual hace referencia en la demanda, responde a otro, que aunque con similitud
funcional, cuenta con un código OPEC diferente 52491, cuya suerte en la convocatoria
001 de 2005 fue diverso, puesto que respecto a éste se produjo la declaratoria de desierto,
mediante Resolución 3579 del 19 de julio de 2011, y por consiguiente, no corresponde a
la realidad lo que aduce la parte actora en el recurso de apelación, que éste debió ser
provisto desde el año 2011, con el nombramiento en período de prueba de la demandante,
o que estuviera oculto y que no fue ofertado, en cuanto la situación jurídica fue distinta, se
itera, la declaratoria de desierto del concurso dirigido a su provisión en carrera
administrativa.
Lo anterior, sumado al hecho que, justo para el momento en que por parte de la Comisión
Nacional del Servicio Civil se obtiene la autorización de utilización de la lista de elegibles
propio de la Resolución 3453 del 30 de junio de 2011, es decir, para el 30 de abril de 2014,
ya la lista se encontraba vencida, esto es, había transcurrido más de los dos años
dispuestos por ley para su vigencia, que según los oficios de la CNSC, se itera,
transcurrieron entre el 11 de abril de 2012 y el 10 de abril de 2014, circunstancia que como
quedó documentado, generó una incertidumbre en el ente territorial, incluso como se
objetó por la misma secretaría Jurídica, debido no solo a las dudas que se generaron por
el tránsito legislativo entre el Decreto 1227 de 2005 y el Decreto 1894 2012, sino además
por la interpretación de pautas jurisprudenciales existentes sobre el tema que prohibían el
uso de listas de elegibles que ya no se encontraran vigentes, y a la misma sentencia de
unificación de la Corte Constitucional SU-446 de 2011; y ante ello, se emprendió de su
parte la obtención de una certeza sobre tal aspecto específico, que se lograría únicamente
por intermedio de la autoridad nacional correspondiente, como lo es la CNSC.
Fue así como en el entretanto de toda esta situación de incertidumbre, se efectuó el
nombramiento en período de prueba y posteriormente en propiedad de la aquí accionante,
si bien en virtud inicialmente de una acción de tutela, también es cierto que el mismo
procedía en los términos dispuestos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, como
finalmente quedó definido en el trámite administrativo adelantado por la entidad
nominadora, con miras a proveer las vacantes existentes para el empleo OPEC 52491,
cuyo concurso de méritos fue declarado desierto, legalidad de nombramiento que no es
propiamente objeto de discusión ante esta jurisdicción, de modo tal que, tampoco tiene
dicha circunstancia la virtud de enervar la actuación diligente de la administración
municipal y contrario sensu materializar una omisión por demora injustificada en producir
el nombramiento perseguido, como lo alega la parte actora.
[…]
En atención a la referida jurisprudencia, estima esta Magistratura que la mera dilación en
el trámite no genera per se y de manera automática una responsabilidad de la
administración, ya que, para ello, la mora debe ser injustificada, lo cual debe valorarse en
cada caso concreto atendiendo criterios tales como la complejidad del asunto, el volumen
de trabajo y los estándares de funcionamiento, entre otros aspectos que, en el caso bajo
examen no fueron debidamente demostrados, pues si bien se acreditó la existencia de
unas vacantes desiertas para la provisión de cargos de carrera y/o unas vacantes
inciertamente reportadas a la OPEC que se encontraban ocupados por nombramientos
en provisionalidad para el cargo de Auxiliar Administrativo 407-08, y en cierta medida
prolongación en el proceso de nombramiento, no está demostrado que dicho transcurso
del tiempo haya sido injustificado o si tal circunstancia se debió a causales legales,
judiciales o de otra índole que hayan dado lugar a la postergación infundada del trámite y
conclusión del mismo, como fuente de responsabilidad extracontractual del ente estatal.
Por el contrario, la demora en efectuar el nombramiento en período de prueba de la
demandante, una vez fue autorizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil a través
de los oficios referidos, se itera, se debió a la falta de claridad que en primer lugar campeó
al municipio de Pereira respecto del tránsito legislativo del Decreto 1894 de 2012, que
suprimió la posibilidad de hacer uso de la lista de elegibles para la provisión de cargos en
empleos equivalentes o de inferior jerarquía ubicados dentro del mismo nivel, según el
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artículo 33 del Decreto 1227 de 2005; y en segundo lugar, en lo atinente a la vigencia de
la lista de elegibles, de la cual hacía parte la actora, en tanto, solo tendría aplicación hasta
el mes de abril de 2014, sin que dicho comportamiento se pueda catalogar de negligente
o incurioso.
Por último, resulta viable aclarar que, si bien aquí quedó acreditado que el transcurso del
tiempo tuvo como génesis fue el trámite administrativo tendiente a esclarecer la
procedencia del nombramiento tanto por la incertidumbre generada por el tránsito
legislativo enunciado, como por el hecho de encontrarse sin vigencia la lista de elegibles
de la que formaba parte la actora, ello no enervaría en todo caso el nombramiento
efectuado por la entidad nominadora, por cuanto como quedó también dilucidado, el
mismo sí debía materializarse en los términos definidos por la CNSC y una vez
esclarecidas las dudas frente a la utilización de la lista y la aplicación del régimen previsto
en el Decreto 1227 de 2005, pues lo que a través de este medio de control está en
discusión, se ciñe a determinar si se había incurrido o no en una omisión con la capacitad
tal de configurar una falla del servicio y en consecuencia la procedencia de reparar el daño
que se alega causado por la presunta dilación injustificada en el nombramiento, lo que
evidentemente ha logrado descartarse, de conformidad con lo expresado a lo largo del
presente proveído, esto es, más precisamente, sin que a través del presente litigio
estuviere en entredicho la legalidad del nombramiento ya efectuado a la actora como
consecuencia de los fallos de tutela referidos precedentemente. […]» [sic].
A juicio de esta Sala, la autoridad judicial demandada realizó una valoración
probatoria acorde con los contornos particulares del asunto, la normatividad y
jurisprudencia aplicables, de tal manera, contrario a lo expuesto por la parte
demandante, se observa que las negativa de sus pretensiones se soportó en el hecho
que la mera dilación en el trámite del concurso de méritos no generaba per se y de
manera automática una responsabilidad de la administración, ya que, para ello, la
mora debía ser injustificada de cara al volumen de trabajo y los estándares de
funcionamiento, entre otros aspectos que, para el caso concreto, no fueron
debidamente demostrados.
Asimismo, en cuanto a la inconformidad manifestada relacionado con la aplicación
del Decreto 1227 de 2005 y/o el Decreto 1894 de 2011, de la decisión acusada se
extrae claramente que, de un lado, fue tal tránsito legislativo el que generó una
incertidumbre en la manera en la que debía proceder el ente territorial en cuanto al
nombramiento de la demandante por lo que las consultas pertinentes que tuvo que
realizar se extendieron en el tiempo.
Y, de otro, que el proceso contencioso-administrativo estaba encaminado a la
reparación de un daño por una presunta falla en el servicio, debido a la dilación
injustificada en el nombramiento, lo cual se descartó, más no se trató de cuestionar
la legalidad de los pronunciamientos de la administración, por lo que no le
correspondía al tribunal demandado pronunciarse al respecto.
En cuanto al defecto fáctico alegado por la falta de valoración del certificado expedido
por la oficina de Talento Humano de la Secretaría de Educación, en la cual constaban
los cargos desempeñados en provisionalidad y las vacantes que se debían proveer,
de las consideraciones expuestas en la decisión cuestionada se evidencia que se
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05079-01
Demandante: Luz Stella López Vargas
efectuó un estudio probatorio integral de las pruebas aportadas23 al punto de
discriminar la cronología y trazabilidad de los por menores que incidieron en el
nombramiento de la demandante, razón por la que no se observa su configuración.
Por último, pese a que la parte demandante no argumentó de manera suficiente la
manera en que supuestamente se desconoció el precedente, es pertinente precisar
que el tribunal judicial demandado efectuó un estudio completo de la normatividad y
la jurisprudencia aplicables, y relacionada con el marco jurídico de acceso a cargos
públicos, los concursos de méritos y la lista de elegibles para poder determinar si la
administración incurrió en falla alguna del servicio que pudiera comprometer su
responsabilidad.
De tal forma, se observa que el Tribunal Administrativo de Risaralda efectuó el
estudio de la controversia planteada bajo el prisma de la normatividad aplicable y
motivó de manera suficiente su decisión, frente a la cual no le es posible al juez de
tutela invadir su competencia, máxime, si se evidencia que la demandante pretende,
en sede de tutela, reiterar los cargos y pretensiones expuestos en el proceso
contencioso-administrativo.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en ninguna de
las causales de procedencia específicas endilgadas, debido a que fue proferida de
conformidad con las normas que regulan la materia, en concordancia con el material
probatorio aportado al proceso ordinario, lo cual permitió concluir que en el caso sub
examine no había lugar a acceder a las súplicas de la demanda.
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión del a
quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Luz Stella
López Vargas, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo
de Risaralda.
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De la página 43 a 53.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05079-01
Demandante: Luz Stella López Vargas
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales
de Luz Stella López Vargas, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con permiso
JAV/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad
y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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