Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05086-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05086-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05086-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01
Acumulados: 110010315000202405141-00,1100103150002024-05159-00, 11001
0315000202405140-00 y 110010315000202405156-00
Actores: José René Velásquez Molina y otros1
Demandados: Presidencia de la República y otros2
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) elegir
y ser elegido
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por José Rene Velásquez Molina y
Cesar Alfonso Díaz Pacheco contra la sentencia de tutela de 21 de noviembre de
2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual
resolvió declarar improcedente la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Anthony Alfonso Castellanos Carreño, Natalia López Navas, José Abraham Ramírez García, Francy Astrid
González Castro y César Alfonso Díaz Pacheco.
2 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en medio digital.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los actores, en nombre propio, presentaron acción de tutela contra la Presidencia
de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, porque, a
su juicio, con ocasión a las presuntas irregularidades en la postulación de Juan
Gregorio Eljach Pacheco como candidato para integrar la terna de la que el Senado
debía elegir al Procurador General de la Nación, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamentan la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señalaron que, el 22 de agosto de 2024, la Presidencia de la República realizó
“[…] invitación para seleccionar a un (1) candidato/a que presentará el Presidente
de la República para integrar la terna de la que el Honorable Senado de la
República elegirá al Procurador o Procuradora General de la Nación […]” para el
periodo 2025-2029; “[…] convocatoria que la hizo a través de la pagina (sic) del
Departamento Administrativo de la Función Publica (sic) y de la red X de la presidencia
de la república […]”.
4. Manifestaron que, los interesados debían enviar la hoja de vida al correo
contacto@presidencia.gov.co entre el 22 y el 27 de agosto de 2024.
5. Indicaron que, el 29 de agosto de 2024, la Presidencia publicó la lista preliminar
de aspirantes en la página del Departamento de Función Pública.
6. Sostuvieron que, entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre de 2024, la
Presidencia de la República verificó que los candidatos cumplieran con los
requisitos establecidos en las normas vigentes. Además, expidió modificaciones a
la invitación y eliminó a algunos candidatos de la lista preliminar.
3
Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
7. Señalaron que, el 4 de septiembre de 2024, se dejó en firme la lista de 26
personas que cumplían con todos los requisitos, las cuales fueron invitadas a
presentar una prueba virtual que se realizaría el 5 de septiembre de 2024.
8. Indicaron que, el 5 de septiembre de 2024, los participantes presentaron la
prueba de forma virtual y el 6 de septiembre, se remitieron los resultados de la
evaluación a la Presidencia de la República para que esta seleccionara un
candidato de la lista final.
9. Manifestaron que, el 19 de septiembre de 2024, el Presidente de la República
ternó como candidato a Gregorio Eljach Pacheco, quien no se encontraba en la lista
de candidatos ni había participado en el proceso de selección ni en la prueba.
10. Sostuvieron que, el 23 de septiembre de 2024, el Presidente del Senado profirió
el acto administrativo que establecía el cronograma para la elección del Procurador
General de la Nación, para lo cual fijó el 2 de octubre de 2024 como la fecha de
votación en el Senado.
11. Señalaron que, el 2 de octubre de 2024, la plenaria del Senado de la República
eligió a Gregorio Eljach Pacheco como Procurador General de la Nación para el
periodo 2025-2029.
La solicitud de tutela
Pretensiones
Expediente núm. 2024-05086-00 – actor José René Velásquez Molina
12. El actor solicitó en su escrito de tutela:3
“[…] 1. Sustentado en los hechos referidos, en las normas y requisitos de
procedibilidad de la acción, como Accionante solicito señor Juez, TUTELAR mis
derechos constitucionales fundamentales vulnerados como son: 1) el estado social
de derecho, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, articulo 1 de la C.N., 2) el derecho a un debido proceso, artículo
3 Transcripción literal del texto.
4
Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
29 de la C.N. , 3) el derecho a la igualdad artículo 13 C.N., 4) el derecho a elegir y
ser elegido, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, artículo 40 C.N.
5) Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, artículo 83 C.N., que están siendo
vulnerados por la Presidencia de la república de Colombia y el Departamento
Administrativo de Función Pública por la negligencia y abuso de poder por las
actuaciones que condujeron a la elección del candidato a la procuraduría
desconociendo los procedimientos y requisitos establecidos para ello.
2. Que el Juez constitucional revoque la postulación que hiciera el Presidente de la
republica del señor Gregorio Eljach Pacheco por la violación de los derechos
reconocidos en esta tutela.
3. Ordenar a la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la
Función Pública que le explique al país a través de los medios masivos
establecidos si Gregorio Eljach Pacheco cumplió los procedimiento, requisitos y
etapas establecidos por esas entidades en sus comunicados e invitaciones para
ser elegido candidato al cargo.
4. Ordenar a la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la
Función Pública realizar los actos administrativos necesarios para corregir el
nombramiento del candidato teniendo en cuenta las personas convocadas de la
lista de elegibles y que estos conozcan esos resultados.
5. Solo en caso de no proceder la revocatoria del postulado señor Gregorio Eljach
Pacheco, ordenarle al Presidente y al Postulado que expliquen el procedimiento,
requisitos y etapas que cumplieron conforme a la convocatoria hecha por la
Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública
del 22 de agosto de 2024 para ser elegido candidato al cargo.
6. Se pide al juez constitucional ordenar a las entidades accionadas que vuelvan a
valorar todos los antecedentes del accionante y demás postulantes al concurso,
teniendo en cuenta el certificado de historia laboral aportado u hoja de vida, entre
otros requisitos para que, en caso de decretarse la nulidad de la postulación, el
elegido salga de la lista de elegibles que se presentaron al concurso.
7. Respetuosamente le solicito al señor Juez de Tutela que de conformidad al
artículo 7° Decreto 2591 de 1991, como medidas provisionales para proteger mis
derechos se ordene al Presidente de la República no entregar la certificación al
Senado de la República del nombramiento que hiciera del señor Gregorio Eljach
Pacheco y suspenda temporalmente su nombramiento hasta tanto se dé
cumplimiento al procedimiento definitivo creado para la escogencia del candidato
de la lista de elegibles.
8. Subsidiariamente, en caso de no proceder la medida provisional anterior, se
proceda (ordene) con la suspensión del proceso de elección de procurador por el
senado de la República hasta que nos e resuelva de fondo esta tutela. […]”.
12.1. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que:
“[…] 2. En el caso concreto y conforme a los hechos enumerados, es posible
considerar que la acción de tutela interpuesta acredita el requisito de legitimación
en la causa por activa, como quiera que quien interpone la acción, esto es, el señor
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
JOSE RENE VELASQUEZ MOLINA actúa en nombre propio y soy titular de los
presuntos derechos fundamentales vulnerados […]”.
[…]
“[…] tanto la Presidencia como responsable del proceso de selección en el que
participó el accionante, el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la
medida en que ambos propusieron, planearon y declararon el acto del concurso de
candidato para selección de un candidato para procurador, aunque reconocemos y
tenemos claro conforme a los requisitos del concurso arriba referido que “3.11. La
presente invitación no es un concurso de méritos”. Sin embargo, no tiene razón esa
condición cuando lo que se busca exactamente en esta invitación publica (sic) de la
presidencia es conseguir el mejor candidato o la persona con los mejores méritos
para ser postulado en la terna de candidatos a la procuraduría. Por esta razón, se
concluye que una y otra entidad se encuentran legitimadas por pasiva, no solo
porque se trata de sujetos respecto de los cuales procede el amparo, sino también
porque la violación que se alega es susceptible de predicarse de las actuaciones a
su cargo. […]”.
[…]
“[…] 7. De esta manera, si bien la regla general indica la improcedencia de la acción
de tutela para dirimir los conflictos que se presentan en el marco de los concursos
de méritos, cuando existen actos susceptibles de control judicial y, especialmente,
cuando las listas de elegibles adquieran firmeza, lo cierto es que la jurisprudencia
constitucional ha fijado algunas subreglas para orientar en qué casos el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho no es eficaz, entendiendo que no
permite materializar el principio del mérito en el acceso a los cargos públicos. Ello
bajo la consideración previa de que, desde un examen abstracto, tal medio goza de
idoneidad […]”.
[…]
“[…] Como abogado y en nombre propio considero que la acción de tutela
interpuesta es procedente, toda vez que los actos por medio de los cuales se
calificaron a los participantes en los concursos de méritos y los que estaban
pendientes de realizarse por parte de las entidades accionadas, son de trámite y,
por ende, no pueden ser cuestionados vía del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho u otra acción administrativa. […]”.
Expediente núm. 2024-05141-00 – actor Anthony Alfonso Castellanos Carreño
13. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] «Se deje sin efecto la remisión del señor JUAN GREGORIO ELJACH
PACHECO como candidato de la presidencia a la Procuraduría General de la
Nación, y en su lugar se ordene al Presidente de la República que garantice que el
ternado sea una de los 23 integrantes de la lista final que participaron en la
convocatoria» […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
13.1. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que en la designación de
Juan Gregorio Eljach Pacheco como candidato a Procurador General de la Nación
no se respetaron las reglas establecidas en la invitación pública realizada por la
Presidencia de la República y se desconoció que se podía configurar un conflicto
de interés, con ocasión a su rol de Secretario del Senado de la República. Precisó
que cuenta con legitimación en la causa por activa, pues “[…] cualquier ciudadano
está legitimado para hacer control jurídico a la elección del candidato del presidente
a la terna […]”.
13.2. Señaló que, en la invitación pública se le otorgó a la ciudadanía el derecho de
presentar observaciones sobre los candidatos propuestos para la terna; sin
embargo, la Presidencia de la República omitió la publicación de la hoja de vida de
Gregorio Eljach Pacheco y de esa forma impidió el ejercicio de veeduría.
Expediente núm 2024-05159-00 – actores Natalia López Navas y José
Abraham Ramírez García
14. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:
“[…] «3. REVÓQUESE el acto administrativo del 19 de septiembre de 2024,
mediante el cual se seleccionó como candidato al Dr. Juan Gregorio Eljach
Pacheco para que hiciera parte de la terna para elegir al próximo Procurador
General de la Nación.
4. ORDÉNESE al señor presidente de la República, Dr. […], para que, en
cumplimiento de los términos establecidos en la convocatoria pública del 22 de
agosto de 2022, elija un candidato del listado de ciudadanos y ciudadanas
preseleccionados» […]”.
14.1. Como fundamento de su solicitud, los actores manifestaron que se
encontraban legitimados para interponer la acción de tutela por el hecho de ser
ciudadanos interesados en defender la transparencia y legalidad en la elección del
Procurador General de la Nación.
14.2. Afirmaron que la Presidencia de la República generó una expectativa legítima
con la invitación pública que hizo para el cargo de Procurador General de la Nación;
sin embargo, el Presidente, de manera unilateral y sin justificación aparente, nominó
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
a una persona externa al proceso, sin que hubiera cumplido con los requisitos
establecidos, desconociéndose el derecho a la igualdad de las demás personas que
sí participaron.
Expediente núm 2024-05140-00 - actora Francy Astrid González Castro
15. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] solicito de manera respetuosa al Consejo de Estado que declare que la
Presidencia de la República ( Presidente) ha vulnerado el derecho fundamental al
debido proceso al desconocer las reglas por el mismo impuestas para la selección
de candidato a la terna de Procurador mediante la invitación que efectuase para
seleccionar a un (1) candidato/a que presentará el presidente de la república para
integrar la terna de la que el honorable senado de la república elegirá al procurador
o procuradora general de la Nación convocada por la Presidencia de la República.
Y en consecuencia ORDENAR a la Presidencia de la República (Presidente) que
seleccione su candidato a participar en la terna a alguno de los 26 candidatos
finalistas de la invitación que efectuaron y desarrollaron […]”.
15.1. Como fundamento de su solicitud, la actora manifestó que participó en la
invitación pública para integrar el listado de aspirantes a partir del cual el Presidente
de la República seleccionaría un candidato que integraría la terna de la que el Senado
de la República elegiría al Procurador General de la Nación para el período 2025 –
2029.
15.2. Sostuvo que, se desconocieron las reglas de la invitación pública, al
seleccionar a una persona que no había participado en el proceso, lo que
constituye una infracción del derecho al debido proceso y afecta el principio de
confianza legítima que los aspirantes depositaron en la transparencia del proceso.
Expediente núm. 2024-05156-00 – actor Cesar Alfonso Díaz Pacheco
16. El actor solicitó en su escrito de tutela:4
“[…] TERCERO: Se decrete que la postulación del señor GREGORIO ELJACH
PACHECO por parte del señor […], en calidad de presidente de la república de
Colombia, como candidato a integrar la terna para elegir procurador General de la
4 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
Nación, para el periodo 2025 – 2029, vulnero los Principios Constitucionales a la
democracia y la participación contenidos en el artículo primero de la Constitución
Política y los Derechos Fundamentales a la igualdad artículo 13, derecho al debido
proceso artículo 29 y el derecho a la participación en el ejercicio del poder político
artículo 40 numeral 7, acceder al desempeño y el acceso a cargos públicos.
CUARTO: Se ordene al señor […], en calidad de presidente de la república de
Colombia, y de conformidad con lo establecido en el artículos 86, 87 y 88 de la ley
1437 de 2011, a dar cumplimiento al acto administrativo, mediante el cual se
procedió por parte de presidencia de la república a realizar de convocatoria pública
adelantado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, para escoger un candidato a
integrar la terna para elegir Procurador General de la Nación, periodo 2025 – 2029.
QUINTO: Se ordene a […] en calidad de presidente de la república de Colombia,
[…] en calidad de directora del departamento administrativo de la presidencia, […]
en calidad de director del departamento administrativo de la función pública a
publicar los resultados de la valoración de mi hoja de vida y de mi prueba de
integridad en proceso público que participe para escoger un candidato a integrar la
terna para elegir Procurador General de la Nación, periodo 2025 – 2029.
SEXTO: Teniendo en cuenta las pruebas que se obtengan en el trámite de la
presente Acción de Tutela, si hay mérito, se compulsen copias la Fiscalía General
de la Nación, para que investigue la presunta conducta punible de tráfico de
influencias, establecida en el artículo 411 de la ley 599 de 2000 cometida por el
señor GREGORIO ELJACH PACHECO en su calidad de secretario general del
Senado de la República.
SÉPTIMO: Teniendo en cuenta las pruebas que se obtengan en el trámite de la
presente Acción de Tutela, se compulsen copias a la Procuraduría General de la
Nación, para que investigue la presunta conducta disciplinarias cometidas por el
señor GREGORIO ELJACH PACHECO en su calidad de secretario general del
Senado de la República, al aceptar la postulación para integrar la terna de elección
del Procurador General de la Nación periodo 2025-2029.
OCTAVO: Advertir al Senado de la República y su presidente el senador […], que
el proceso de elección del Procurador General de la Nación, para el periodo 2025-
2029, teniendo como ternado al señor GREGORIO ELJACH PACHECO, está
viciado por vulneración a: Principios Constitucionales, Derechos Fundamentales y
normas legales, como es el caso de la presunta conducta punible plasmada en el
artículo 411 de la ley 599 de 2000, respecto del delito de tráfico de influencias, lo
cual conllevaría a que si el Senado de la República, decide continuar dando trámite
al proceso de elección del Procurador General de la Nación, teniendo como ternado
al señor GREGORIO ELJACH PACHECO, podría estar incurriendo el senado
presuntamente en la comisión de la conducta punible plasmada en el artículo 413
de la ley 599 de 2000 respecto del delito de prevaricato por acción.
NOVENO: Honorables Magistrados, teniendo en cuenta los hechos y la
argumentación fáctica y jurídica de la presente acción de Tutela, queda en clara
evidencia que el acto de postulación del señor GREGORIO ELJACH PACHECO,
por parte del presidente de la república de Colombia, desconoce y vulnera
flagrantemente la Constitución Política de Colombia, en especial el numeral 417, y
en aras de proteger el Estado de Derecho en Colombia, solicitó de manera
respetuosa, se aplique la excepción de inconstitucionalidad, procediendo de
manera urgente a declarar que la postulación del señor GREGORIO ELJACH
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
PACHECO, por parte del presidente de la república, como candidato a integrar la
terna, para elegir Procurador General de la Nación, para el periodo 2025 - 2029,
vulnera flagrantemente la Constitución Política de Colombia.» […]”.
16.1. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que participó en la “[…]
convocatoria pública […]” para integrar el listado de aspirantes a partir del cual el
Presidente de la República seleccionaría un candidato que integraría la terna de la
que el Senado de la República elegiría al Procurador General de la Nación para el
período 2025 – 2029.
16.2. Expresó que la decisión del Presidente de la República de postular
directamente a Gregorio Eljach Pacheco, sin respetar el proceso que se había
previsto, contradice los principios de democracia y participación, al permitir que esa
decisión se tome de manera unilateral y arbitraria, sin la debida consideración de
quienes participaron con la expectativa de una selección objetiva, vulnerándose el
derecho fundamental a la igualdad, la legalidad y la transparencia del proceso de
selección.
16.3. Advirtió que Gregorio Eljach Pacheco, al aceptar la postulación sin participar
en la convocatoria pública, pudo haber incurrido en tráfico de influencias, lo cual
está tipificado en el artículo 411 del Código Penal, pues aquél ostentaba el cargo
de Secretario General del Senado de la República, por lo que su aceptación como
candidato postulado por el Presidente de la República podría interpretarse como
una ventaja adquirida en virtud de su posición y de sus conexiones políticas.
Actuación
17. El Despacho de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto de 27
de septiembre de 2024: i) admitió la acción de tutela presentada por José Rene
Velásquez Molina; ii) ordenó notificar al actor y a los accionados; iii) vinculó como
terceros con interés legítimo a Alejandro Meza Cardales, Amelia Rocío Cotes
Cortés, Argemiro Bayona Bayona, Carlos Alberto López López, Carmelo Perdomo
Cuéter, Cesar Alfonso Díaz Pacheco, Eduardo Bohórquez López, Fernando Arévalo
Carrascal, Flor Alba Padrón Pardo, Francy Astrid González Castro, Gilbert Stein
Vergara Mosquera, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Jesús Antonio Herrera
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
Palmera, Jesús Arnulfo Cobo García, Jorge Fernando Perdomo Torres, José Delfín
Casas Garzón, Juan Pablo Camargo Gómez, Liliana del Socorro Marín Parías,
Lilyam Obregón Carrillo, Luis Mario Ramírez Leal, Luis Martín Leguizamón Cepeda,
Luz Carlina Gracia Hincapié, Norberto Ferrer Borja, Rosa Isabel Rojas Romero y
William Millán Monsalve, concediéndoles el término de dos (2) días para rendir
informe sobre el particular; y iv) negó la solicitud de medida provisional solicitada por
el actor.
18. El Despacho de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto de 18
de octubre de 2024, resolvió lo siguiente:
“[…] 1. Acumular a la presente acción de tutela los procesos con 11001-03-15-000-
2024-05141-00 y 11001-03-15-000-2024-05159-00, 11001-03-15-000-2024-05140-
00 y 11001-03-15-000-2024-05156-00, conforme con las consideraciones de esta
providencia.
2. Admitir las acciones de tutela identificadas con los radicados 11001-03-15-000-
2024-05141-00, demandante Anthony Alfonso Castellanos Carreño, 11001-03- 15-
000-2024-05159-00, demandantes Natalia López Navas y José Abraham Ramírez
García, 11001-03-15-000-2024-05140-00, demandante Francy Astrid González
Castro y 11001-03-15-000-2024-05156-00, demandante César Alfonso Díaz
Pacheco.
3. Notificar el presente auto a los demandantes y a los demandados.
Adicionalmente, a los señores Alejandro Meza Cardales, Amelia Rocío Cotes
Cortés, Argemiro Bayona Bayona, Carlos Alberto López López, Carmelo Perdomo
Cuéter, Eduardo Bohórquez López, Fernando Arévalo Carrascal, Flor Alba Padrón
Pardo, Gilbert Stein Vergara Mosquera, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Jesús
Antonio Herrera Palmera, Jesús Arnulfo Cobo García, Jorge Fernando Perdomo
Torres, José Delfín Casas Garzón, Juan Pablo Camargo Gómez, Liliana del Socorro
Marín Parías, Lilyam Obregón Carrillo, Luis Mario Ramírez Leal, Luis Martín
Leguizamón Cepeda, Luz Carlina Gracia Hincapié, Norberto Ferrer Borja, Rosa
Isabel Rojas Romero, William Millán Monsalve, como terceros interesados. Tanto al
demandado como a los terceros con interés se les remitirá copia de la demanda a
los correos electrónicos de notificaciones judiciales destinados para el efecto. Así
mismo, publicar en la página web del Consejo de Estado esta providencia para el
conocimiento de todos los terceros interesados.
4. Vincular al señor Juan Gregorio Eljach Pacheco, a fin de que, si lo estima
pertinente, rinda informe sobre la acción de tutela de la referencia. Informar que, en
el término de dos (2) días y por el medio más expedito, puede rendir informe sobre
los hechos objeto de la presente acción. Los escritos se pueden presentar al correo
secgeneral@consejodeestado.gov.co
5. Negar la solicitud de medida provisional solicitada por los accionantes de las
tutelas identificadas con los radicados 11001-03-15-000-2024-05141-00 y 11001-
03-15-000-2024-05159-00, 11001-03-15-000-2024-05140-00 y 11001- 03-15-000-
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
2024-05156-00 de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
6. Suspender los términos de la tutela del radicado de la referencia, hasta tanto se
surtan las notificaciones y trámites necesarios. […]”.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
Expediente núm. 110010315000202405086-00
19. La Presidencia de la República solicitó declarar improcedente la acción de tutela
y, subsidiariamente negar las pretensiones, al considerar que:
“[…] 1.1. La presente acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad
De los artículos 86 de la Constitución Política y 1 del Decreto 2591 de 1991 se
desprende claramente que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, lo que
significa que solo es procedente cuando no existe otro medio de defensa judicial, o
cuando existiendo, quien la promueve invoca la existencia de un perjuicio
irremediable y lo prueba. Para considerar que el actor se encuentra en una situación
de perjuicio irremediable y que, por tanto, no cuenta con otro medio de defensa
judicial, es importante mencionar cuáles son las características que según la
jurisprudencia configuran el perjuicio irremediable. En ese sentido, la Corte
Constitucional en la sentencia T- 328 de 2017 M.P., Iván Humberto Escrucería
Mayolo expuso: […]”.
[…]
“[…] La elección realizada por el Senado de la República, el pasado 02 de octubre
de 2024, en lo que respecta al Procurador General de la Nación, donde se
encontraba el candidato postulado por el Presidente de la República, configuró el
acto administrativo complejo de la elección, pues a la fecha ya no existe una terna
que pueda ser modificada y ya estamos ante derechos consolidados y no ante un
mero acto de trámite como el que es cuestionado por el accionante. […]”.
[…]
[…] Para la situación particular, el accionante menciona que el actuar de la
Presidencia de la República vulneró sus derechos fundamentales porque no respetó
un supuesto proceso de selección. Al respecto, debemos manifestar que para
controvertir actos de trámite en elecciones complejas el ordenamiento jurídico
colombiano cuenta con un medio de defensa específico, a saber, la acción de
nulidad electoral prevista en el artículo 139 del CPACA, la cual es el mecanismo
judicial idóneo para cuestionar actos de elección, tal y como se cita a continuación:
[…]”.
[…]
“[…] De acuerdo con la Constitución Política (art. 125), el acceso a los cargos
públicos tiene lugar, como regla general, través del sistema de carrera mediante
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
concurso de méritos, previendo la propia Constitución otras formas de acceso como
es el caso de la designación o elección de ciertos funcionarios por el sistema de
ternas conformadas por entidades o servidores a quienes se les asigne dicha
atribución. El concurso de méritos es un proceso de selección basado en la
evaluación objetiva de las capacidades y competencias de los aspirantes, conforme
a lo establecido en la Ley 909 de 2004. Por el contrario, la presentación de ternas
por entidades públicas o servidores del Estado a quienes se les signe dicha
atribución es un mecanismo especial de elección sujeto únicamente a los requisitos
específicos fijados en la propia Constitución y, cuando esta no los fije,
excepcionalmente en la ley.
La diferencia fundamental entre ambos mecanismos radica en el proceso de
selección de los nominados: mientras que el concurso de méritos se basa en
criterios objetivos y evaluaciones, la presentación de ternas implica una selección
discrecional por parte de la autoridad competente. En el caso de la elección del
Procurador General, el mismo tiene lugar por el sistema de ternas, sujeto solamente
a los requisitos previstos en la Constitución Política y cuyo cuestionamiento debe
surtirse a través del ejercicio de la acción electoral […]”.
[…]
“[…] En ese sentido, y respecto de lo previsto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 1º del Decreto 2591 de 1991, la presunta afectación de derechos señalada
por el accionante no tiene lugar, pues, se insiste, la Constitución no establece ningún
tipo de procedimiento para la conformación de la terna para la elección de
Procurador General de la Nación que obligue a surtir una Convocatoria pública, de
allí que el ejercicio realizado por la Presidencia de la República no resultaba
vinculante ni generó algún derecho adquirido en favor de las personas que se
inscribieron a dicha convocatoria […]”.
20. El Departamento Administrativo de la Función Pública solicitó i) negar las
pretensiones de la acción de tutela y ii) su desvinculación al considerar que carece
de legitimación en la causa por pasiva, por las siguientes razones:
“[…] PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES Me opongo a todas y
cada una de las pretensiones elevadas por el accionante, por carecer de
fundamentos fácticos y jurídicos que permitan demostrar la violación de los
Derechos Constitucionales Fundamentales invocados, por parte del DAFP, en
cuanto no se ha incurrido en acción u omisión alguna generadora de la vulneración
de algún derecho fundamental, habida cuenta de no existir prueba fehaciente que
así lo determine, es importante señalar que las pretensiones del señor JOSÉ RENÉ
VELÁSQUEZ MOLINA son improcedentes, toda vez que se fundamentan en
apreciaciones que van en contra de la normativa que regula los temas relacionados
con la elección del Procurador General de la Nación, por lo anterior no es dable
tutelar lo solicitado por el accionante, por tratarse de una interpretación errónea.
[…]”.
[…]
“[…] En respuesta a la cuarta pretensión del accionante, donde solicita que se
ordene a la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP) la realización de los actos administrativos necesarios para
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
"corregir el nombramiento del candidato" y que se tomen en cuenta las personas de
una "lista de elegibles", es necesario aclarar lo siguiente:
En primer lugar, es fundamental reiterar que la postulación del candidato para
integrar la terna a Procurador General de la Nación es una facultad exclusiva y
discrecional del Presidente de la República. Esta facultad no puede ser alterada o
modificada el DAFP (sic). El Departamento Administrativo de la Función Pública no
tiene, bajo ninguna circunstancia, la competencia legal para modificar, revocar o
corregir una decisión que es autónoma del Presidente, ya que dicha decisión se
encuentra dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y legales. Por otra
aparte (sic), el accionante comete un error de interpretación al mencionar una
supuesta "lista de elegibles". La invitación para recibir las hojas de vida de los
aspirantes, dejó claro desde el principio que no se trataba de un concurso de
méritos. En la página oficial del DAPRE, se especificó que la convocatoria en ningún
caso constituía un concurso de méritos.
Dado que la invitación fue clara en señalar que no era un concurso de méritos, los
aspirantes que participaron en la misma no pueden reclamar un derecho subjetivo a
ser seleccionados o nombrados para integrar la terna de candidatos a Procurador
General de la Nación. En este sentido, no se generó una expectativa legítima de
nombramiento, y por lo tanto, no existe ningún fundamento para exigir que se
realicen actos administrativos adicionales para "corregir" la decisión del Presidente.
La invitación fue un mecanismo para recibir hojas de vida de personas interesadas,
pero la decisión final de elegir al candidato es de carácter discrecional y autónomo,
tal como lo establece el Decreto Ley 262 de 2000 y la Constitución Política de
Colombia. Por lo tanto, cualquier reclamo basado en una supuesta "lista de
elegibles" es infundado y carente de sustento jurídico. […]”.
[…]
“[…] Con base en lo expuesto, es importante resaltar que la Ley 5 de 1992, que
regula el funcionamiento del Congreso de la República, no prevé función alguna del
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en el proceso de
elección del Procurador General de la Nación. El artículo 6 de dicha ley establece
de forma clara la función electoral del Congreso, otorgando al Senado la
responsabilidad exclusiva de elegir al Procurador General, tal como se detalla en el
artículo 313. Este último artículo resalta que la elección del Procurador es una
atribución especial del Senado, sin que se mencione al DAFP como parte de este
proceso […]”.
[…]
“[…] Cabe destacar, que en el caso que se examina no se dan los presupuestos
fácticos y jurídicos que conlleven a evidenciar la existencia de un perjuicio
irremediable para el actor que le permita aplicar la tutela como mecanismo
transitorio, lo cual corresponde al Juez de tutela determinar, su existencia o no […]
Aunque inicialmente la Presidencia optó por realizar una invitación abierta a los
aspirantes, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) actuó
únicamente como un instrumento o vehículo para cumplir funciones técnicas de
verificación y pruebas, tal como se desprende de los numerales 3.7 y 3.8 de la
invitación pública y éste proceso se realizó en estricto cumplimiento de las
instrucciones impartidas por la Presidencia de la República, y de ninguna manera
limitó la facultad discrecional del Presidente, quien eligió de manera autónoma a su
candidato para la terna, conforme a sus facultades constitucionales. El DAFP no
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
tuvo participación en la decisión final del Presidente, ya que no hay un procedimiento
de elección obligatorio o reglado para limitar esta facultad discrecional del jefe de
Estado, salvo la obligación de verificar el cumplimiento de requisitos formales. […]”.
21. Luz Carlina Gracia Hincapié rindió informe en los siguientes términos:
“[…] Independiente de la existencia de alguna inconformidad que puedan expresar
los demás preseleccionados, porque acceder a este cargo público es un derecho
que otorga la democracia participativa y cualquier persona que cumpla con los
requisitos establecidos tiene derecho a inscribir su nombre, aspirando a ser ternado
por el Presidente, mi concepto es que la acción de tutela no prospera porque nos
encontramos frente a un hecho superado, pues el proceso de elección del
Procurador ya se dio y en sentido la acción de tutela ya ninguna orden puede impartir
para que se reverse el proceso de selección de los candidatos o las personas que
ternó la presidencia de la República, amén de que ante ese hecho superado,
cualquier ciudadano e incluso cualquiera de los inscritos a raíz de la convocatoria,
cuenta con un mecanismo ordinario demandando ante la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de
la Ley 1437 de 2011.
Mírese como la convocatoria pública como regla general no aplica ante la existencia
de un procedimiento especial como el contemplado en el artículo 276 constitucional.
Es que la Constitución Política señala que el Congreso elige al procurador general
de la Nación de una terna enviada por: i) el presidente de la República que, como
en efecto ocurrió, puede presentar a su integrante de manera discrecional ante la
inexistencia de un mandato que establezca un procedimiento para el efecto. Este
procedimiento en principio en este caso, NO muestra actuaciones que puedan ser
consideradas como caprichosas por parte de la Presidencia o que sean violatorias
de alguno de los derechos constitucionales fundamentales invocados; ii) la Corte
Suprema de Justicia; y iii) el Consejo de Estado, corporaciones judiciales que
cuentan con reglas para dicho proceso de nominación y respecto del cumplimiento
o no por parte de esas corporaciones, no se dice nada en el escrito de tutela.
Finalmente, tampoco puede decirse que hay violación del principio de separación
de poderes, toda vez que la participación de las diferentes ramas del poder público
en la designación de quien ha de dirigir al Ministerio Público tiene sustento en la
propia Constitución de 1991. Nótese como en el proceso de elección del procurador
general de la Nación participan el jefe del ejecutivo y la Rama Judicial quienes
postulan los candidatos, y la rama legislativa, por medio del senado, quien
perfecciona la elección. Ello para que no se opte por una COOPTACION del
mencionado órgano de control por parte de cualquiera de los poderes del Estado
[…]”.
22. Lilyam Obregón Carrillo rindió informe en los siguientes términos:
“[…] La pretensión tutelar, parte de la existencia de un supuesto acto administrativo
a través del cual se efectuó la convocatoria para escoger el candidato que postularía
el Señor Presidente para integrar la terna respecto de la cual se elegiría por parte
del Senado de la República, el Procurador General de la Nación, siendo motivo de
inconformidad, el que se seleccionó a un candidato que no estaba en la lista de los
aspirantes que previamente nos habíamos inscrito y habíamos sido aceptados […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
[…]
“[…] 1. Hay necesidad de analizar si la convocatoria referida, tiene la categoría de
acto administrativo y que características reviste si en cuenta se tiene que se
desplegó para la escogencia de integrante a una terna y no se concluyó, además
que desde el inicio de la convocatoria se dijo: no se trata de un concurso de méritos.
Por acto administrativo el Consejo de Estado en Sentencia del 22 de octubre de
2009 con radicación 11001-03-28-000-2008-00026-00 expresó: […]”.
[…]
“[…] Coherente con ello, se está ante un acto de trámite que no llegó a ser definitivo
ni particular y que escasamente solo generó una mera expectativa. […]”.
[…]
“[…] En conclusión, actualmente la convocatoria para la escogencia de un integrante
de la terna, por parte del Presidente, para elección de Procurador, está ceñida a los
arts. 232, 276 y 280 de la Carta Política. No existe o por lo menos no conozco el
acto administrativo propiamente dicho, que contemple el procedimiento para ello. La
convocatoria por sí sola, tal como fue efectuada por el Departamento Administrativo
de la Función Pública, no tiene las formalidades para entenderla como un acto
administrativo vinculante porque se quedó en un acto de trámite.
2. Pero si en gracia de discusión, se hiciera posible concluir que sí constituye acto
administrativo vinculante; el escenario natural para controvertir la nulidad de la
escogencia del Dr. Gregorio Eljach, como integrante de la terna para elegir
Procurador General de la Nación, no lo es la presente acción constitucional.
Debe recordarse la característica de subsidiariedad que preside la acción de tutela,
en cuya virtud, el abordaje no es posible, si existe otro medio judicial que garantice
el derecho invocado por el accionante. En el presente caso está el camino de la
justicia contenciosa administrativa a través de la acción de nulidad electoral,
mecanismo que no se ha agotado.
Pensarse en que dicho sendero, es inidóneo y que se causaría un perjuicio
irremediable, es tema que reiteradamente nuestra Corte Constitucional ha
expresado, debe alegarse y acreditarse. Asunto que no fue indicado por el
accionante.
3. Razón mayor, es que hay carencia actual de objeto, pues la Designación de
procurador General de la nación, ya fue efectuada por el Senado de la República el
02 de octubre de 2024.
Por lo expuesto, respetuosamente concluyo que la acción debe denegarse por
improcedente. […]”.
Expedientes acumulados núms. 110010315000202405141-00,
110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00 y
110010315000202405156-00
23. Lilyam Obregón Carrillo rindió informe en los siguientes términos:
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
“[…] Con ocasión de la decisión de acumular otras tutelas (2024 05141, 2024 05159,
2024 05140, 2024 05156,) formuladas que pretenden derruir la selección del
candidato que el señor Presidente de la República hiciera del Dr. Gregorio Eljach,
para integrar la terna para elegir Procurador General de la nación, debo expresar
como ya lo hice frente a la acción de tutela inicialmente formulada, que el mecanismo
constitucional, no es el camino judicial natural para resolver sobre ello.
Los análisis que efectúan los accionantes, considero respetuosamente son sustento
para acciones ante la justicia contenciosa administrativa. Es pacífica la Teoría
jurisprudencial de las Altas Cortes, en el sentido que el Juez de tutela no está
facultado para remplazar (sic) al Juez natural y aunque el perjuicio irremediable
constituye excepción a dicho principio, no advierto que aquí se esté en potencia de
causarse el mismo.
Sin demeritar las excelentes intervenciones de los accionantes, insisto igualmente,
que para este momento el Senado de la República ya eligió Procurador General de
la Nación, de manera que por este flanco, se presenta ausencia o carencia de objeto,
situación que igualmente conduce a la denegatoria de la acción de tutela. En
conclusión, dos razones jurídicas imponen la denegación del amparo deprecado,
siendo ellas: no haberse agotado el mecanismo judicial previsto para reclamar la
nulidad de una elección (ausencia de requisito de subsidiariedad) y ausencia actual
de objeto. […]”.
24. Juan Gregorio Eljach Pacheco solicitó declarar improcedentes las acciones de
tutela al considerar que:
“[…] 1). Radicados: 11001-03-15-000-2024-05141-00 (demandante Anthony
Alfonso Castellanos Carreño) y 11001-03-15-000-2024-05159-00 (demandantes
Natalia López Navas y José Abraham Ramírez García)
Atendiendo la situación fáctica referida por los actores, es claro, que las acciones
de tutela resultan improcedentes ante la falta de legitimación por activa de los
interesados.
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 regula la legitimación e interés que debe
acreditar el actor a fin de Interponer la acción de tutela. La norma citada prescribe:
[…]”.
[…]
“[…] En el presente asunto, los actores no acreditaron la titularidad del derecho que
aducen violado por el Presidente de la República. Expresaron que la decisión del
accionado lesiona, entre otras garantías constitucionales, el "debido proceso
administrativo" sin explicar las razones que justifican su titularidad. Un actor aduce
actuar en calidad de "veedor ciudadano" y otros invocan la condición de "estudiantes
de derecho", sin que logren precisar, en concreto, cual es el derecho fundamental
del cual son titulares y que los legitime para interponer el recurso de amparo.
Conforme al relato fáctico efectuado no se evidencia que los actores se hayan
inscrito a la "invitación" que llevó a cabo la presidencia de la República con el
propósito de acopiar hojas de vida de las cuales, de considerarlo viable, se
escogería un candidato para integrar la terna de procurador general de la Nación.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
[…]
2). Radicados: 11001-03-15-000-2024-05140-00 (demandante Francy Astrid
González Castro) y 11001-03-15-000-2024-05156-00 (demandante César Alfonso
Díaz Pacheco)
Atendiendo la situación fáctica referida por los actores, es claro, que las acciones
de tutela resultan improcedentes ante la existencia de otro medio de defensa judicial
idónea que les permite debatir el problema jurídico expuesto en esta oportunidad
[…]”.
[…]
“[…] En el presente asunto, los actores cuestionan la "obligatoriedad" a la que, en
su criterio, está sometido el Presidente de la República por haber realizado una
"invitación" a fin de escoger el candidato a integrar la terna para procurador general
de la Nación tal debate administrativo no puede abordarse a través de la acción de
tutela, pues, para tal propósito el sistema jurídico nacional tiene diseñados otros
procedimientos judiciales idóneos y efectivos. […]”.
[…]
“[…] De otra parte, si se repara en lo solicitado con los recursos de amparo, se tiene
que se busca: i). Ordenar al señor Presidente de la República seleccionar su
candidato de entre los 26 ciudadanos que cumplieron los requisitos de la invitación;
ii). Ordenar al presidente de la República cumplir el acto administrativo, mediante el
cual realizó la "convocatoria pública" para escoger un candidato a integrar la terna
para elegir Procurador General de la Nación, periodo 2025-2029.
Frente a las citadas pretensiones se está ante un hecho superado. El pasado 2 de
octubre de 2024, la plenaria del senado de la República llevó a cabo la sesión en la
que eligió al procurador general de la Nación. En consecuencia, la validez jurídica
de la postulación para la terna efectuada por el señor presidente de la República y
sobre si este funcionario tenía, e no, la obligación de respetar las reglas de la
invitación debe plantearse acudiendo a los medios judiciales ordinarios que el
sistema jurídico tiene establecidos para el efecto.
Al respecto, vale anotar que el paso 4 de octubre de 2024, el Despacho del
consejero Pedro Pablo Vanegas Gil5 "rechazó de plano" la solicitud de nulidad
interpuesta contra "acto administrativo mediante el cual el presidente Gustavo Petro
Urrego seleccionó como candidato a procurador general de la Nación a Juan
Gregorio Eljach Pacheco".
Dicha providencia argumentó que el artículo 276 de la Constitución Política
establece que en la elección del procurador general de la Nación "participan distintos
órganos constitucionales, en específico, las tres ramas del poder público". Resaltó
que "la postulación de los candidatos por parte del presidente de la República, la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, es una facultad constitucional
dirigida a que el Senado de la República elija al director del Ministerio Público,
Puntualizó que la elección de procurador general de la Nación se surte mediante
distintas etapas que "de manera separada e independiente" realizan la rama judicial
5 Dentro del radicado 11001-03-28-000-2024-00193-00. Acción de nulidad interpuesta por el ciudadano Joel
David Gaona Lozano contra la presidencia de la República.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
y ejecutiva. Este proceso termina cuando el Senado de la República "selecciona de
la terna presentada al procurador procuradora general de la Nación, conforme a lo
dispuesto en la Constitución o la ley". Concluyó que:
En relación con la pretensión alegada en dicha oportunidad, esto es, declarar la
nulidad del "acto mediante el cual, el presidente de la República presentó el
candidato que integrará la terna para elegir al procurador general de la Nación,
período 2025-2029, Juan Gregorio Eljach Pacheco consideró que tal postulación
"consiste en un acto de mero trámite que no puede ser objeto de control judicial".
Adujo como precedente judicial lo dispuesto por la Sección Quinta del Consejo se
(sic) Estado en auto del 6 de junio de 201912 al establecer que: […]”.
[…]
“[…] Con fundamento en lo anotado concluyó que la postulación del señor Eljach
Pacheco por parte del presidente de la República para integrar la terna de la cual el
senado de la República elegiría al procurador general de la Nación "hace parte de
una actuación administrativa de naturaleza electoral, la cual finaliza con la
declaración de la elección por parte del Senado de la República del procurador
general de la Nación" […]”.
25. Los señores Alejandro Meza Cardales, Amelia Rocío Cotes Cortés, Argemiro
Bayona Bayona, Carlos Alberto López López, Carmelo Perdomo Cuéter, Eduardo
Bohórquez López, Fernando Arévalo Carrascal, Flor Alba Padrón Pardo, Gilbert
Stein Vergara Mosquera, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Jesús Antonio Herrera
Palmera, Jesús Arnulfo Cobo García, Jorge Fernando Perdomo Torres, José Delfín
Casas Garzón, Juan Pablo Camargo Gómez, Liliana del Socorro Marín Parías, Luis
Mario Ramírez Leal, Luis Martín Leguizamón Cepeda, Norberto Ferrer Borja, Rosa
Isabel Rojas Romero y William Millán Monsalve guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
26. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 21 de
noviembre de 2024, resolvió lo siguiente:
[…] 1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejercieron los señores Anthony
Alfonso Castellanos Carreño, Natalia López Navas y José Abraham Ramírez García,
por falta de legitimación en la causa por activa.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores José René
Velázquez Molina, Francy Astrid González Castro y César Alfonso Díaz Pacheco,
por falta de cumplimiento del requisito general de subsidiariedad. […]”.
19
Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
26.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] En el caso de los señores Anthony Alfonso Castellanos Carreño, Natalia López
Navas y José Abraham Ramírez García, se observa que interpusieron acciones de
tutela argumentando la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso, la igualdad y el principio de confianza legítima, con ocasión de la
designación del señor Juan Gregorio Eljach Pacheco como candidato a Procurador
General de la Nación por parte de la Presidencia de la República.
Sobre el particular, afirmaron que cuentan con legitimación en la causa por activa,
porque, como ciudadanos, están facultados para realizar control a dicha elección,
en aras de garantizar la transparencia y legalidad de ese proceso.
No obstante, la Sala advierte que los mencionados accionantes no participaron en
la invitación pública realizada el 22 de agosto de 2024 por la Presidencia de la
República para seleccionar al candidato que presentaría ante el Senado de la
República y tampoco acreditaron una afectación directa, personal y concreta de sus
derechos fundamentales derivada de dicha actuación.
La jurisprudencia constitucional ha previsto que la legitimación en la causa por activa
en el marco de la acción de tutela requiere que el accionante ostente un interés
jurídico directo, es decir, que sea el titular de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados o amenazados por la acción u omisión de la autoridad
demandada.
Adicionalmente, los argumentos expuestos por los accionantes respecto al control
político de la elección no están llamados a prosperar, porque tal es una garantía de
los ciudadanos destinada a supervisar y verificar el correcto actuar de los órganos
del Estado, pero no tiene la categoría de derecho fundamental, de modo que pueda
ser considerado un derecho vulnerado de manera directa a los accionantes que
habilite la presentación de la acción de tutela.
En consecuencia, la Sala declarara la falta de legitimación en la causa por activa de
las acciones de tutela interpuestas por los señores Anthony Alfonso Castellanos
Carreño, Natalia López Navas y José Abraham Ramírez García.
Respecto de los señores José René Velásquez Molina, Francy Astrid González
Castro y Cesar Alfonso Díaz Pacheco, la Sala advierte que les asiste legitimación
en la causa por activa, porque participaron en la invitación pública realizada por la
Presidencia de la República para la selección del candidato a Procurador General
de la Nación. […]”.
[…]
“[…] Del requisito general de subsidiariedad en el caso concreto
En relación con las tutelas presentadas por los señores José René Velásquez
Molina, Francy Astrid González Castro y Cesar Alfonso Díaz Pacheco, quienes
participaron en la convocatoria abierta para la elección de la terna presentada por el
Presidente de la República para la elección del Procurador General de la Nación, la
Sala anticipa que declarará carencia actual de objeto por las siguientes razones:
Para empezar, se encuentra que las solicitudes de amparo interpuestas por los
accionantes se dirigen a cuestionar la decisión de 19 de septiembre de 2024,
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
mediante la cual la Presidencia de la República presentó al señor Juan Gregorio
Eljach Pacheco como candidato a integrar la terna para elegir el Procurador General
de la Nación en el periodo 2025 a 2029.
En síntesis, los accionantes alegaron que la Presidencia de la República vulneró los
derechos fundamentales invocados al desconocer que adelantó una «convocatoria»
para la elección del candidato que integraría dicha terna y estableció unas reglas
para tal fin y, a pesar de lo anterior, seleccionó a una persona que no participó en el
proceso. Además, sostuvieron que el señor Eljach Pacheco, por su posición como
Secretario del Senado de la República, institución responsable de la elección del
Procurador General de la Nación, contaba con una ventaja indebida que generaba
un conflicto de intereses. Señalaron que esa situación podría derivar en una
investigación disciplinaria y, potencialmente, en la configuración del delito de tráfico
de influencias.
En consecuencia, pidieron que se revoque la postulación de Gregorio Eljach
Pacheco como candidato a Procurador General de la Nación por parte de
Presidencia de la República y que, en caso de encontrarse mérito, se compulsen
copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar la presunta conducta de
tráfico de influencias. Asimismo, pidieron que se remita copia a la Procuraduría
General de la Nación para que investigue posibles faltas disciplinarias derivadas de
su aceptación de la postulación en su rol de Secretario del Senado.
Sobre el particular, la Sala encuentra que el 2 de octubre de 2024, esto es, con
posterioridad a la interposición y admisión de las acciones de tutela, la plenaria del
Senado de la República llevó a cabo la votación para elegir al nuevo Procurador
General de la Nación, en la que resultó electo el señor Gregorio Eljach Pacheco.
En otras palabras, las pretensiones de los accionantes, encaminadas a revocar la
postulación del señor Eljach Pacheco por parte de la Presidencia de la República a
la referida terna han perdido su objeto, porque el proceso culminó con su elección
como Procurador General de la Nación.
En coherencia con lo anterior, la Sala considera relevante advertir que, como lo
señaló la Sección Quinta del Consejo de Estado6, los accionantes cuentan con otro
medio de defensa judicial para controvertir la designación realizada por la
Presidencia de la República.
Esto es, el medio de control de nulidad electoral, previsto en el artículo 139 de la
Ley 1437 de 2011, el cual permite cuestionar el acto definitivo de elección del
Procurador General de la Nación, así como los actos que le precedieron. Es decir,
de conformidad con lo señalado en la referida providencia, los actos previos a la
elección, como la designación de candidatos para integrar la terna, son susceptibles
de control en conjunto con el acto de elección definitiva, toda vez que forman parte
de una actuación administrativa de naturaleza electoral que culmina con la
declaración de elección por parte del Senado.
Por lo tanto, el medio judicial de nulidad electoral constituye un mecanismo idóneo
y principal para resolver las inconformidades presentadas por los accionantes, en
concordancia con los principios de subsidiariedad y residualidad de la acción de
tutela.
6 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 3 de octubre de 2024, expediente 11001-03-28-000-2024-00193-
00, C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
Finalmente, en cuanto a los argumentos expuestos por el señor Cesar Alfonso Díaz
Pacheco, es necesario precisar que la acción de tutela no es el mecanismo
adecuado para resolver asuntos relacionados con investigaciones disciplinarias o
procesos penales, pues la finalidad de esta es la protección de derechos
fundamentales frente a vulneraciones o amenazas que no puedan ser remediadas
por otros medios judiciales. Por lo tanto, si considera que existen elementos que
configuren faltas disciplinarias o conductas punibles, cuenta con la posibilidad de
acudir directamente ante la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría General
de la Nación para solicitar el inicio de las investigaciones respectivas y establecer
las responsabilidades a que haya lugar.
En suma, en el presente caso, se impone declarar la falta de legitimación en la causa
por activa de los señores Anthony Alfonso Castellanos Carreño, Natalia López
Navas y José Abraham Ramírez García. Además, la Sala declararán improcedentes
las solicitudes de amparo que ejercieron los señores José René Velázquez Molina,
Francy Astrid González Castro y César Alfonso Díaz Pacheco, porque no cumplen
con el requisito de subsidiariedad. […]”.
La Impugnación
27. El señor José Rene Velásquez Molina impugnó la sentencia proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo
siguiente:7
“[…] Dentro de la sustentación realizada por la honorable sala para negar la tutela
por “falta de cumplimiento del requisito general de subsidiariedad”, reducen las
motivaciones del fallo a: “Del requisito general de subsidiariedad: […]
Creemos con todo respeto que la sala debió realizar un análisis más “sesudo” para
evaluar y determinar si el mecanismo constitucional pedido era el idóneo para
otorgar la protección completa y eficaz a los derechos invocados o si una acción
ordinaria, eso es, el medio de control de nulidad electoral, previsto en el artículo 139
de la Ley 1437 de 2011, para cuestionar el acto definitivo de elección del Procurador
General de la Nación, cumpliría con el cometido de proteger unos derechos de rango
constitucional como los que se vulneraron. […]”.
[…]
“[…] Conforme al principio de paralelismo de las formas jurídicas, un decreto puede
ser reformado por otro decreto, una ley reformada por otra ley, un acto administrativo
por otro acto administrativo, como quiera que en Derecho las "cosas se deshacen
como se hacen". No sucede lo mismo con la Constitución. Ejercido el poder
constituyente para establecerla, debe en ella misma preverse lo atinente a su
reforma si ésta resultare indispensable para adaptarla en el futuro a las nuevas
circunstancias. La Constitución por su propia naturaleza ha de estar dotada de
estabilidad, lo que no excluye que ella, sin perder su identidad sea reformada. Con
la tutela presentada no se quería reformar la constitución respecto de la forma de
elegir los candidatos al cargo de procurador general de la nación, mucho menos
quitarle la facultad al señor Presidente para elegir su candidato a tal dignidad, en las
7 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
voces del artículo 276 de la Constitución Nacional. “El Procurador General de la
Nación será elegido por el Senado, para un período de cuatro años, de terna
integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado”. Se cuestiona la forma como la Presidencia de la
república y el Departamento Administrativo de la función Pública manipuló a la
ciudadanía y a unas personas interesadas en hacer parte del proceso de selección
por méritos para la escogencia del candidato a procurador general de la nación por
parte de la Presidencia y que dicho concurso se haya abandonado sin terminar de
perfeccionarlo, derogarlo o sacarlo de la esfera jurídica, de allí la nota sobre el
principio de paralelismo de las formas arriba referidos.
Para proveer un empleo de carrera, existe en Colombia la Comisión Nacional de
Servicio Civil que establece y desarrolla un proceso de selección a través de
concursos públicos de méritos en todas las entidades públicas que tienen las
siguientes etapas: 1.Divulgación. 2.Convocatoria. 3. Inscripciones. 4.Verificación de
Requisitos Mínimos. 5. Aplicación de Pruebas .6. Listado de Elegibles.7.
Nombramiento. Con la convocatoria realizada por la Presidencia de la república
hecha el 22 de agosto de 2024 se explicaron estas etapas, las mismas que se
cumplieron hasta la etapa 5 aplicación de pruebas de integridad. Terminó el proceso
de concurso de méritos abruptamente el 19 de octubre de 2024 cuando la
presidencia anunció la selección de un candidato que no estaba dentro de los
inscritos y concursantes del proceso que se abrió el 22 de agosto de 2024,
nombrando al señor Gregorio Eljach Pacheco en la terna de aspirantes al cargo de
Procurador General de la Nación por la presidencia de la república para el período
2025-2029.
Hasta esta parte de la sustentación del recurso, se debe recordar que la tutela se
presentó el 19 de octubre de 2024 cuando se dio a conocer el nombramiento del
candidato a la procuraduría por parte del presidente, y para ello se pidieron medidas
provisionales como: […]”.
[…]
“[…] Nótese que las medidas buscaban proteger los derechos fundamentales
violados con la decisión del presidente y que requerían que se protegieran antes de
que se convocara al senado para la elección de procurador, derechos que hasta esa
etapa y fecha ya estaban siendo vulnerados, pero también buscaba ordenarle al
presidente que ponga en orden la casa y aplique el principio de paralelismo de las
formas jurídicas, respecto del acto administrativo que abrió la convocatoria de
méritos para el cargo de procurador y explicara a los participantes las razones por
las cuales se derogó o canceló el proceso y de que forma se canceló, para evitar lo
que alegaron algunos de los participantes de la tutela y los jueces en sus fallos sobre
“hecho superado”, sin embargo, el honorable magistrado sustanciador, el 27 de
septiembre de 2024 por medio de auto admite la tutela y niega las medidas
provisionales en los siguientes términos: […]”.
[…]
“[…] Y aquí nos vamos a detener sobre si “el medio de control de nulidad electoral,
previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, nos permitiría cuestionar el acto
definitivo de elección del Procurador General de la Nación, así como los actos que
le precedieron”, porque ese medio no es idóneo ni eficaz para resolver un asunto
constitucional de vulneración de derechos fundamentales como la dignidad humana,
igualdad, el estado social de derecho, de democracia participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, del debido proceso y de acceder al
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
desempeño de funciones y cargos públicos, y el principio de la buena fe, porque allí
lo que se presentaría sería una demanda que solo buscaría el derrocamiento,
destitución o nulidad de un procurador elegido sin el cumplimiento de todos los actos
de llamamiento para proveer la vacante y para demandar la designación hecha por
el senado entre otros actos, pero que dicha acción ordinaria no permite resolver la
cuestión en una dimensión constitucional o no permite tomar las medidas necesarias
para la protección o restablecimiento de los derechos fundamentales afectados a
todos los que participamos en el proceso de selección del candidato a procuraduría
y en especial de este recurrente, que a pesar de haber pedido las medidas
provisionales a tiempo, ni el juez constitucional ni los accionados tomaron las
medidas necesarias para conjurar la vulneración a los derechos fundamentales
mínimos de un ciudadano que espera ser tratado con la dignidad que predica
nuestra constitución para todos sus miembros. (Sentencia T-040 de 2016. M.P.
Alejandro Linares Cantillo).
También dice la jurisprudencia, “sobre el perjuicio irremediable en cuanto a la
segunda hipótesis, que su propósito no es otro que el de conjurar o evitar una
afectación inminente y grave a un derecho fundamental. De este modo, la protección
que puede ordenarse en este evento es temporal […] creo con toda certeza que el
desconocimiento de los méritos y profesionalismo de todos los inscritos al concurso
de procurador general de la nación, que le dio la Presidencia a los participantes del
mismo, efectó (sic) de manera inminente y grave Mi credibilidad como profesional,
Mi idoneidad para ejercer cualquier cargo público, Mi confianza en las instituciones,
la seriedad de los actos y propuestas de una entidad como la presidencia de la
república, pero en especial el tratamiento que como seres pensantes y humanos
merecemos de las autoridades cuando se les crean falsas expectativas que la
misma autoridad por simple capricho o jugadas políticas tratan como fichas de
dominó, una acción ordinaria no permitiría la protección a esos derechos
fundamentales. Sentencias: T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-789
de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) […]”.
[…]
“[…] Tampoco se puede inferir que hay carencia actual de objeto por acaecimiento
de una situación sobreviniente, que se configura o presenta en aquellos casos en
que tiene lugar una situación sobreviviente, que a diferencia del escenario anterior,
no debe tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la
protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el accionante asumió la carga
que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el
derecho. El nombramiento del Procurador por el Senado de la República no hizo
innecesario conceder los derechos a la igualdad, dignidad humana, etc, etc violados
por la Presidencia contra el Demandante y demás personas que se acogieron al
llamado de la presidencia a participar en el proceso de selección por méritos y
demás reglas de juego de selección. Puede dictarse un fallo para conminar a los
responsables de la violación a que cumplan con el concurso y le den cierre y
terminación al mismo, como puede ordenarse que se den las explicaciones
necesarias sobre los cambios en las reglas de juego como se pidieron en las
pretensiones, 3,4,5 y 6 de la tutela, ver: […]”.
[…]
“[…] Para los casos de carencia actual de objeto, la jurisprudencia ha decantado que
el juez constitucional deberá de manera perentoria pronunciarse de fondo sobre el
asunto y caso en lo que es. Por lo que procede se revise la actuación de la sala
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
porque en definitiva no se pronunció de fondo si existía o no carencia actual de
objeto […]”.
[…]
“[…] Solicito al señor Presidente y a la Honorable Corte, con todo respeto, que
estudie esta impugnación, y se considere si con la decisión del Presidente de
cambiar las reglas de juego para seleccionar el candidato a procurador de la nación
por parte de la presidencia, se configuraron los fenómenos de “pal mamon no hay
ley”, “todo el mundo se patrasea”, “se deshonró la palabra empeñada” todo el mundo
algún día queda mal”, “ni la justicia, ni la trampa se reconocen, sino que se toleran”,
y si con alguno de esos “efectos” de los hechos facticos de la tutela, debiera
suponerse que no pase nada y que la decisión tomada por el presidente de elegir a
un ciudadano que no estaba en lista ni participo en el proceso que el mismo inició,
no tenga ningún efecto jurídico, tal vez porque es la primera vez que ocurre en el
país en 200 años de historia republicana, solicito sentar un precedente
jurisprudencial que proteja mis derechos conculcados. […]”.
28. El señor Cesar Alfonso Díaz Pacheco impugnó la sentencia proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo
siguiente:8
“[…] en mi caso particular participe en un proceso democrático convocado por el
Departamento Administrativo de la Presidencia “DAPRE” y fui evaluado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, cumpliendo con todos los
requisitos exigidos; sin embargo, se evidencia que dicho proceso “democrático y
participativo”, fue desconocido en su totalidad al proceder a elegir al señor
GREGORIO ELJACH PACHECO, sin haber participado en el mismo.
Igualmente se vulnera el principio de la participación ya que el suscrito y otros 41
aspirantes al cargo, participamos con la idea de que se trataba de un proceso
transparente que nos permitirá participar para ser elegidos como uno de los
candidatos a conformar la terna para la elección del Procurador General de la Nación
periodo (2025-2029). Teniendo en cuenta lo anterior, y al evidenciar que el señor
Presidente de la República el día 19 de septiembre del 2024, firmó carta dirigida al
presidente del Senado, donde postula como candidato al señor GREGORIO
ELJACH PACHECO, desconoció el proceso participativo en el cual estuve presente
con los demás aspirantes. […]”.
[…]
“[…] Honorables Magistrados, al ser elegido el señor GREGORIO ELJACH
PACHECO como el candidato del Presidente de la República, para integrar la terna
para el cargo de Procurador General de la Nación, sin haber participado en el
proceso público de convocatoria, se me vulnero mi derecho fundamental a la
igualdad, y el de los otros 20 aspirantes que llegamos a la parte final del mencionado
proceso.
8 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
Como accionante, no tuve la misma oportunidad en condiciones de igualdad que
tuvo el señor GREGORIO ELJACH PACHECO para ser postulado a la terna para
elegir Procurador General de la Nación.
Así mismo, a la presente fecha 24 de septiembre de 2024, no han sido publicados
los resultados de evaluación de mi hoja de vida y de la prueba de integridad,
realizada por el Departamento de la Función Pública, y que se estableció en el
numeral sexto de la convocatoria pública que realizó Presidencia de la República.
[…]”.
[…]
“[…] TRAFICO DE INFLUENCIAS COMPULSA DE COPIAS Teniendo en cuenta los
hechos y la sustentación fáctica y jurídica de la presente Acción de Tutela, el señor
GREGORIO ELJACH PACHECO en su calidad de secretario general del Senado de
la República, presuntamente usando su cargo público y sus influencias políticas,
presuntamente incurrió en Tráfico de Influencias, conducta tipificada en el artículo
411 de la ley 599 de 2000
ARTÍCULO 411. Tráfico de influencias de servidor público. […]”.
[…].
“[…] Teniendo en cuenta lo anterior y las pruebas que resulten en el trámite de la
presente Acción de Tutela, si hay mérito se compulsen copias a la Fiscalía General
de la Nación, para que investigue la presunta conducta punible.
Así mismo si hay mérito se compulse copias a la Procuraduría General de la Nación,
para que se investigue las presuntas faltas disciplinarias cometidas por el señor
GREGORIO ELJACH PACHECO en su calidad de secretario general del Senado de
la República, al aceptar la postulación para integrar la terna de elección del
Procurador General de la Nación periodo 2025-2029.
SUSPENSIÓN PROCESO ELECCIÓN PROCURADOR
Decreto 2591 de 1991
ARTÍCULO 7-MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO
[…]”.
[…]
“[…] el mencionado señor GREGORIO ELJACH PACHECO, debe ser excluido de
la terna para elegir Procurador General de la Nación, para el periodo 2025 – 2029,
ya que dicho proceso está viciado por vulneración a normas constitucionales ya
mencionadas, y normas legales como es el caso de la presunta conducta punible
plasmada en el artículo 411 de la ley 599 de 2000, respecto del delito de tráfico de
influencias, lo cual conllevaría a que si el Senado de la Republica, decide continuar
dando tramite al proceso de elección del Procurador General de la Nación, teniendo
como ternado al señor GREGORIO ELJACH PACHECO, podría estar incurriendo el
senado presuntamente en la comisión de la conducta punible plasmada en el
artículo 413 de la ley 599 de 2000. […]”.
[…]
26
Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
“[…] Honorables Magistrados, teniendo en cuenta los hechos y la argumentación
fáctica y jurídica de la presente acción de Tutela, queda en clara evidencia que el
acto de postulación del señor GREGORIO ELJACH PACHECO, por parte del
presidente de la república de Colombia, desconoce y vulnera flagrantemente la
Constitución Política de Colombia, en especial el numeral 416, y en aras de proteger
el Estado de Derecho en Colombia, solicitó de manera respetuosa, se aplique la
excepción de inconstitucionalidad, procediendo de manera urgente a declarar que
la postulación del señor GREGORIO ELJACH PACHECO, por parte del presidente
de la república, como candidato a integrar la terna, para elegir Procurador General
de la Nación, para el periodo 2025 - 2029, vulnera flagrantemente la Constitución
Política de Colombia. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
29. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19919, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
202110 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201911, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
30. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
10 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
11 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
Cuestión previa
Legitimación en la causa por pasiva
31. Advierte la Sala que, si bien la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el Departamento Administrativo
de la Función Pública, no fue objeto de pronunciamiento por parte del a quo en el
trámite de la primera instancia, esta Sala entrará a realizar el respectivo análisis.
32. Visto el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por
pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
33. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 200612, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute
en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
12 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
28
Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[13].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
34. La Sala advierte que el Departamento Administrativo de la Función Pública
solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa
por pasiva.
35. Al respecto, es preciso indicar que dicha autoridad fue notificada como
accionada, en la medida en que, los actores elevaron reparos en su contra; es decir
que a dicha entidad le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.
36. En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia anteriormente
citada, la Sala concluye que al Departamento Administrativo de la Función Pública
le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera.
37. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva alegada.
13 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por las sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-
562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
29
Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
Problemas jurídicos
38. En el caso sub examine, de conformidad con los argumentos expuestos en los
escritos de impugnación, corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de la subsidiariedad.
39. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) el requisito general de procedencia de subsidiariedad de la acción de
tutela; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a elegir y ser elegido; procediendo posteriormente a resolver
el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se
satisfagan los requisitos generales.
Requisito general de procedencia de subsidiariedad de la solicitud de tutela
40. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 14, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
41. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios que
existen en el ordenamiento jurídico para controvertir la causa de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta que la acción de
tutela es un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se
encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso
14 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
30
Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
concreto que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de
sus derechos.
42. Asimismo, esta Sección15 respecto de este requisito de subsidiariedad ha
considerado:
“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201316, advirtió que al analizar
el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha culminado o
está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez constitucional está
en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio
irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite17; (ii) no se
han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios18; y (iii) se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”19”.20 […]”.
43. Al respecto la Corte Constitucional ha considerado21:
“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico
de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir
lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta
regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no
procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se
han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional
esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un
perjuicio irremediable […]”.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
16 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
18 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones
de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla
jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre
otras.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
21 Sentencia T-030 26 de enero de 2015
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
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44. Así las cosas, de acuerdo con el requisito general de subsidiariedad, la tutela
resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los
medios ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general
encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o
amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
45. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
46. Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
22 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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y 110010315000202405156-00)
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esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
47. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
48. Atendiendo a que la Corte Constitucional23 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
23 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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y 110010315000202405156-00)
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a
elegir y ser elegido
49. Visto el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras
formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna;
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la
Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta
excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los
niveles decisorios de la Administración Pública […]”. (Resaltado de la Sala)
50. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a
elegir y ser elegido es “[…] un derecho de doble vía, en el entendido de que se
permite al ciudadano concurrir activamente a ejercer su derecho al voto o, también,
a postular su nombre para que sea elegido a través de este mecanismo […]”24; y
ha resaltado que “[…] Bien sea como elector o candidato, deberán observarse las
reglas para acudir a las votaciones y participar en cualquiera de tales calidades,
así como las que el mismo ordenamiento establece para el control administrativo y
judicial de los actos de elección y nombramiento, pues todas ellas, en su conjunto
y no de forma aislada, garantizan la institucionalidad misma y el respeto de los
principios de participación democrática previstos en la Constitución […]”25.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-232 de 9 de abril de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-232 de 9 de abril de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
Análisis del caso concreto
51. Los actores, en nombre propio, presentaron acción de tutela contra la
Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública,
porque, a su juicio, con ocasión a las presuntas irregularidades en la postulación de
Juan Gregorio Eljach Pacheco como candidato para integrar la terna de la que el
Senado debía elegir al Procurador General de la Nación, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
52. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
53. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
54. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
54.1. Anexos que allegaron los actores con sus escritos de tutela.
54.2. Informes rendidos por las autoridades accionadas y los terceros con interés
legítimo, con sus respectivos anexos.
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110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
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Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad
55. Los actores, en nombre propio, presentaron acción de tutela contra la
Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública,
porque, a su juicio, con ocasión a las presuntas irregularidades en la postulación de
Juan Gregorio Eljach Pacheco como candidato para integrar la terna de la que el
Senado debía elegir al Procurador General de la Nación, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
56. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 21 de
noviembre de 2024, resolvió lo siguiente:
[…] 1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejercieron los señores Anthony
Alfonso Castellanos Carreño, Natalia López Navas y José Abraham Ramírez García,
por falta de legitimación en la causa por activa.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores José René
Velázquez Molina, Francy Astrid González Castro y César Alfonso Díaz Pacheco,
por falta de cumplimiento del requisito general de subsidiariedad. […]”.
57. El señor José Rene Velásquez Molina impugnó la sentencia proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo
siguiente:26
“[…] Dentro de la sustentación realizada por la honorable sala para negar la tutela
por “falta de cumplimiento del requisito general de subsidiariedad”, reducen las
motivaciones del fallo a: “Del requisito general de subsidiariedad: […]
Creemos con todo respeto que la sala debió realizar un análisis más “sesudo” para
evaluar y determinar si el mecanismo constitucional pedido era el idóneo para
otorgar la protección completa y eficaz a los derechos invocados o si una acción
ordinaria, eso es, el medio de control de nulidad electoral, previsto en el artículo 139
de la Ley 1437 de 2011, para cuestionar el acto definitivo de elección del Procurador
General de la Nación, cumpliría con el cometido de proteger unos derechos de rango
constitucional como los que se vulneraron. […]”.
[…]
26 Transcripción literal del texto.
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110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
“[…] Conforme al principio de paralelismo de las formas jurídicas, un decreto puede
ser reformado por otro decreto, una ley reformada por otra ley, un acto administrativo
por otro acto administrativo, como quiera que en Derecho las "cosas se deshacen
como se hacen". No sucede lo mismo con la Constitución. Ejercido el poder
constituyente para establecerla, debe en ella misma preverse lo atinente a su
reforma si ésta resultare indispensable para adaptarla en el futuro a las nuevas
circunstancias. La Constitución por su propia naturaleza ha de estar dotada de
estabilidad, lo que no excluye que ella, sin perder su identidad sea reformada. Con
la tutela presentada no se quería reformar la constitución respecto de la forma de
elegir los candidatos al cargo de procurador general de la nación, mucho menos
quitarle la facultad al señor Presidente para elegir su candidato a tal dignidad, en las
voces del artículo 276 de la Constitución Nacional. “El Procurador General de la
Nación será elegido por el Senado, para un período de cuatro años, de terna
integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado”. Se cuestiona la forma como la Presidencia de la
república y el Departamento Administrativo de la función Pública manipuló a la
ciudadanía y a unas personas interesadas en hacer parte del proceso de selección
por méritos para la escogencia del candidato a procurador general de la nación por
parte de la Presidencia y que dicho concurso se haya abandonado sin terminar de
perfeccionarlo, derogarlo o sacarlo de la esfera jurídica, de allí la nota sobre el
principio de paralelismo de las formas arriba referidos.
Para proveer un empleo de carrera, existe en Colombia la Comisión Nacional de
Servicio Civil que establece y desarrolla un proceso de selección a través de
concursos públicos de méritos en todas las entidades públicas que tienen las
siguientes etapas: 1.Divulgación. 2.Convocatoria. 3. Inscripciones. 4.Verificación de
Requisitos Mínimos. 5. Aplicación de Pruebas .6. Listado de Elegibles.7.
Nombramiento. Con la convocatoria realizada por la Presidencia de la república
hecha el 22 de agosto de 2024 se explicaron estas etapas, las mismas que se
cumplieron hasta la etapa 5 aplicación de pruebas de integridad. Terminó el proceso
de concurso de méritos abruptamente el 19 de octubre de 2024 cuando la
presidencia anunció la selección de un candidato que no estaba dentro de los
inscritos y concursantes del proceso que se abrió el 22 de agosto de 2024,
nombrando al señor Gregorio Eljach Pacheco en la terna de aspirantes al cargo de
Procurador General de la Nación por la presidencia de la república para el período
2025-2029.
Hasta esta parte de la sustentación del recurso, se debe recordar que la tutela se
presentó el 19 de octubre de 2024 cuando se dio a conocer el nombramiento del
candidato a la procuraduría por parte del presidente, y para ello se pidieron medidas
provisionales como: […]”.
[…]
“[…] Nótese que las medidas buscaban proteger los derechos fundamentales
violados con la decisión del presidente y que requerían que se protegieran antes de
que se convocara al senado para la elección de procurador, derechos que hasta esa
etapa y fecha ya estaban siendo vulnerados, pero también buscaba ordenarle al
presidente que ponga en orden la casa y aplique el principio de paralelismo de las
formas jurídicas, respecto del acto administrativo que abrió la convocatoria de
méritos para el cargo de procurador y explicara a los participantes las razones por
las cuales se derogó o canceló el proceso y de que forma se canceló, para evitar lo
que alegaron algunos de los participantes de la tutela y los jueces en sus fallos sobre
“hecho superado”, sin embargo, el honorable magistrado sustanciador, el 27 de
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y 110010315000202405156-00)
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septiembre de 2024 por medio de auto admite la tutela y niega las medidas
provisionales en los siguientes términos: […]”.
[…]
“[…] Y aquí nos vamos a detener sobre si “el medio de control de nulidad electoral,
previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, nos permitiría cuestionar el acto
definitivo de elección del Procurador General de la Nación, así como los actos que
le precedieron”, porque ese medio no es idóneo ni eficaz para resolver un asunto
constitucional de vulneración de derechos fundamentales como la dignidad humana,
igualdad, el estado social de derecho, de democracia participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, del debido proceso y de acceder al
desempeño de funciones y cargos públicos, y el principio de la buena fe, porque allí
lo que se presentaría sería una demanda que solo buscaría el derrocamiento,
destitución o nulidad de un procurador elegido sin el cumplimiento de todos los actos
de llamamiento para proveer la vacante y para demandar la designación hecha por
el senado entre otros actos, pero que dicha acción ordinaria no permite resolver la
cuestión en una dimensión constitucional o no permite tomar las medidas necesarias
para la protección o restablecimiento de los derechos fundamentales afectados a
todos los que participamos en el proceso de selección del candidato a procuraduría
y en especial de este recurrente, que a pesar de haber pedido las medidas
provisionales a tiempo, ni el juez constitucional ni los accionados tomaron las
medidas necesarias para conjurar la vulneración a los derechos fundamentales
mínimos de un ciudadano que espera ser tratado con la dignidad que predica
nuestra constitución para todos sus miembros. (Sentencia T-040 de 2016. M.P.
Alejandro Linares Cantillo).
También dice la jurisprudencia, “sobre el perjuicio irremediable en cuanto a la
segunda hipótesis, que su propósito no es otro que el de conjurar o evitar una
afectación inminente y grave a un derecho fundamental. De este modo, la protección
que puede ordenarse en este evento es temporal […] creo con toda certeza que el
desconocimiento de los méritos y profesionalismo de todos los inscritos al concurso
de procurador general de la nación, que le dio la Presidencia a los participantes del
mismo, efectó (sic) de manera inminente y grave Mi credibilidad como profesional,
Mi idoneidad para ejercer cualquier cargo público, Mi confianza en las instituciones,
la seriedad de los actos y propuestas de una entidad como la presidencia de la
república, pero en especial el tratamiento que como seres pensantes y humanos
merecemos de las autoridades cuando se les crean falsas expectativas que la
misma autoridad por simple capricho o jugadas políticas tratan como fichas de
dominó, una acción ordinaria no permitiría la protección a esos derechos
fundamentales. Sentencias: T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-789
de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) […]”.
[…]
“[…] Tampoco se puede inferir que hay carencia actual de objeto por acaecimiento
de una situación sobreviniente, que se configura o presenta en aquellos casos en
que tiene lugar una situación sobreviviente, que a diferencia del escenario anterior,
no debe tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la
protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el accionante asumió la carga
que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el
derecho. El nombramiento del Procurador por el Senado de la República no hizo
innecesario conceder los derechos a la igualdad, dignidad humana, etc, etc violados
por la Presidencia contra el Demandante y demás personas que se acogieron al
llamado de la presidencia a participar en el proceso de selección por méritos y
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y 110010315000202405156-00)
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demás reglas de juego de selección. Puede dictarse un fallo para conminar a los
responsables de la violación a que cumplan con el concurso y le den cierre y
terminación al mismo, como puede ordenarse que se den las explicaciones
necesarias sobre los cambios en las reglas de juego como se pidieron en las
pretensiones, 3,4,5 y 6 de la tutela, ver: […]”.
[…]
“[…] Para los casos de carencia actual de objeto, la jurisprudencia ha decantado que
el juez constitucional deberá de manera perentoria pronunciarse de fondo sobre el
asunto y caso en lo que es. Por lo que procede se revise la actuación de la sala
porque en definitiva no se pronunció de fondo si existía o no carencia actual de
objeto […]”.
[…]
“[…] Solicito al señor Presidente y a la Honorable Corte, con todo respeto, que
estudie esta impugnación, y se considere si con la decisión del Presidente de
cambiar las reglas de juego para seleccionar el candidato a procurador de la nación
por parte de la presidencia, se configuraron los fenómenos de “pal mamon no hay
ley”, “todo el mundo se patrasea”, “se deshonró la palabra empeñada” todo el mundo
algún día queda mal”, “ni la justicia, ni la trampa se reconocen, sino que se toleran”,
y si con alguno de esos “efectos” de los hechos facticos de la tutela, debiera
suponerse que no pase nada y que la decisión tomada por el presidente de elegir a
un ciudadano que no estaba en lista ni participo en el proceso que el mismo inició,
no tenga ningún efecto jurídico, tal vez porque es la primera vez que ocurre en el
país en 200 años de historia republicana, solicito sentar un precedente
jurisprudencial que proteja mis derechos conculcados. […]”.
58. El señor Cesar Alfonso Díaz Pacheco impugnó la sentencia proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo
siguiente:27
“[…] en mi caso particular participe en un proceso democrático convocado por el
Departamento Administrativo de la Presidencia “DAPRE” y fui evaluado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, cumpliendo con todos los
requisitos exigidos; sin embargo, se evidencia que dicho proceso “democrático y
participativo”, fue desconocido en su totalidad al proceder a elegir al señor
GREGORIO ELJACH PACHECO, sin haber participado en el mismo.
Igualmente se vulnera el principio de la participación ya que el suscrito y otros 41
aspirantes al cargo, participamos con la idea de que se trataba de un proceso
transparente que nos permitirá participar para ser elegidos como uno de los
candidatos a conformar la terna para la elección del Procurador General de la Nación
periodo (2025-2029). Teniendo en cuenta lo anterior, y al evidenciar que el señor
Presidente de la República el día 19 de septiembre del 2024, firmó carta dirigida al
presidente del Senado, donde postula como candidato al señor GREGORIO
ELJACH PACHECO, desconoció el proceso participativo en el cual estuve presente
con los demás aspirantes. […]”.
27 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
[…]
“[…] Honorables Magistrados, al ser elegido el señor GREGORIO ELJACH
PACHECO como el candidato del Presidente de la República, para integrar la terna
para el cargo de Procurador General de la Nación, sin haber participado en el
proceso público de convocatoria, se me vulnero mi derecho fundamental a la
igualdad, y el de los otros 20 aspirantes que llegamos a la parte final del mencionado
proceso.
Como accionante, no tuve la misma oportunidad en condiciones de igualdad que
tuvo el señor GREGORIO ELJACH PACHECO para ser postulado a la terna para
elegir Procurador General de la Nación.
Así mismo, a la presente fecha 24 de septiembre de 2024, no han sido publicados
los resultados de evaluación de mi hoja de vida y de la prueba de integridad,
realizada por el Departamento de la Función Pública, y que se estableció en el
numeral sexto de la convocatoria pública que realizó Presidencia de la República.
[…]”.
[…]
“[…] TRAFICO DE INFLUENCIAS COMPULSA DE COPIAS Teniendo en cuenta los
hechos y la sustentación fáctica y jurídica de la presente Acción de Tutela, el señor
GREGORIO ELJACH PACHECO en su calidad de secretario general del Senado de
la República, presuntamente usando su cargo público y sus influencias políticas,
presuntamente incurrió en Tráfico de Influencias, conducta tipificada en el artículo
411 de la ley 599 de 2000
ARTÍCULO 411. Tráfico de influencias de servidor público. […]”.
[…].
“[…] Teniendo en cuenta lo anterior y las pruebas que resulten en el trámite de la
presente Acción de Tutela, si hay mérito se compulsen copias a la Fiscalía General
de la Nación, para que investigue la presunta conducta punible.
Así mismo si hay mérito se compulse copias a la Procuraduría General de la Nación,
para que se investigue las presuntas faltas disciplinarias cometidas por el señor
GREGORIO ELJACH PACHECO en su calidad de secretario general del Senado de
la República, al aceptar la postulación para integrar la terna de elección del
Procurador General de la Nación periodo 2025-2029.
SUSPENSIÓN PROCESO ELECCIÓN PROCURADOR
Decreto 2591 de 1991
ARTÍCULO 7-MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO
[…]”.
[…]
“[…] el mencionado señor GREGORIO ELJACH PACHECO, debe ser excluido de
la terna para elegir Procurador General de la Nación, para el periodo 2025 – 2029,
ya que dicho proceso está viciado por vulneración a normas constitucionales ya
mencionadas, y normas legales como es el caso de la presunta conducta punible
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
plasmada en el artículo 411 de la ley 599 de 2000, respecto del delito de tráfico de
influencias, lo cual conllevaría a que si el Senado de la Republica, decide continuar
dando tramite al proceso de elección del Procurador General de la Nación, teniendo
como ternado al señor GREGORIO ELJACH PACHECO, podría estar incurriendo el
senado presuntamente en la comisión de la conducta punible plasmada en el
artículo 413 de la ley 599 de 2000. […]”.
[…]
“[…] Honorables Magistrados, teniendo en cuenta los hechos y la argumentación
fáctica y jurídica de la presente acción de Tutela, queda en clara evidencia que el
acto de postulación del señor GREGORIO ELJACH PACHECO, por parte del
presidente de la república de Colombia, desconoce y vulnera flagrantemente la
Constitución Política de Colombia, en especial el numeral 416, y en aras de proteger
el Estado de Derecho en Colombia, solicitó de manera respetuosa, se aplique la
excepción de inconstitucionalidad, procediendo de manera urgente a declarar que
la postulación del señor GREGORIO ELJACH PACHECO, por parte del presidente
de la república, como candidato a integrar la terna, para elegir Procurador General
de la Nación, para el periodo 2025 - 2029, vulnera flagrantemente la Constitución
Política de Colombia. […]”.
59. De conformidad con lo expuesto en los escritos de impugnación, la Sala
considera, al igual que el A quo, que no se cumple con el requisito general de
procedencia de la subsidiariedad, toda vez que, de conformidad con lo previsto en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los
actores contaron, previo al cumplimiento de los requisitos legales, con el medio de
control de nulidad electoral para solicitar ante el juez natural lo relativo a los actos
previos junto con el de la elección de Juan Gregorio Eljach Pacheco como
Procurador General de la Nación .
60. Al respecto, la Sala advierte que frente a la demanda del acto mediante el
cual el presidente de la República presentó a Juan Gregorio Eljach Pacheco como
el candidato que integraría la terna para elegir al Procurador General de la Nación,
periodo 2025-2029; lo Sección Quinta del Consejo de Estado, en auto de 3 de
octubre de 2024, consideró que:
“[…] 15. Nótese entonces que, la postulación de los candidatos por parte del
presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, es
una facultad constitucional dirigida a que el Senado de la República elija al director
del Ministerio Público.
16. En otras palabras, la elección del procurador general de la Nación se surte
mediante distintas etapas de manera separada e independiente, una de ellas, la de la
postulación de los candidatos. En efecto, le corresponde, como dijimos antes, a las
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
dos altas cortes y al jefe del ejecutivo poner en consideración el nombre de un
candidato y así conformar una terna para efectos de la elección enunciada.
17. Así las cosas, el proceso de elección culmina cuando la autoridad encargada
(Senado de la República) selecciona de la terna presentada al procurador o
procuradora general de la Nación, conforme lo dispuesto en la Constitución y la ley.
18. De allí que, la designación de los candidatos por parte del presidente de la
República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado es un trámite previo
que tiene la única finalidad de configurar la terna para la elección del procurador
general de la Nación. Dicho procedimiento, se reitera, se convierte en definitivo una
vez el órgano legislativo ejerce su función electoral y plasma su voluntad en el acto
correspondiente.
19. Conforme lo expuesto, en el caso concreto se pretende el ejercicio del medio de
control de nulidad contra el acto mediante el cual, el presidente de la República,
presentó el candidato que integrará la terna para elegir al procurador general de la
Nación, periodo 2025-2029, Juan Gregorio Eljach Pacheco
[…]
20. En ese orden, el acto a través del cual el presidente de la República, Gustavo
Francisco Petro Urrego, designó a su ternado para que el Senado elija al procurador
general de la Nación, periodo 2025-2029, consiste en un acto de mero trámite que no
puede ser objeto de control judicial28.
21. Contrario a lo expuesto, se impone concluir que aquel hace parte de una actuación
administrativa de naturaleza electoral, la cual finaliza con la declaración de la
elección29 por parte del Senado de la República del procurador general de la Nación.
22. Finalmente, conviene precisar que las censuras traídas a colación por el
accionante, en la presente demanda, pueden ser sometidas a control judicial junto
con el acto de elección definitivo. En ese orden de ideas, el despacho rechazará la
demanda con sustento en el ordinal 3.° del artículo 169 del CPACA, esto es, por
cuanto el asunto no es susceptible de control judicial […]”.
61. En ese orden de ideas, al no haber agotado el respectivo medio de control,
la Sala advierte que no corresponde al juez de tutela adoptar decisiones que
corresponden al juez de lo contencioso administrativo en el marco de su
competencia, según lo previsto por la Ley.
28 Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del
6 de junio de 2019, rad. 11001-03-28-000-2019-00023-00, MP. Alberto Yepes Barreiro. En esta providencia se
señaló: «En efecto, la Sección ha establecido que aspectos como la postulación de un candidato y su
consiguiente inscripción como tal por parte de las autoridades electorales, se erige como un mero acto de
trámite que no puede ser controlado judicialmente, porque no es un acto electoral propiamente dicho; cosa
distinta, ocurre por ejemplo con el acto que niega la inscripción de la candidatura, pues ese se torna en
definitivo, en tanto impide que determinado ciudadano pueda participar en la contienda electoral. En
consecuencia, como lo relacionado con los avales y la inscripción de candidatos por el partido Unión Patriótica
en el año 2015 y 2018 fueron en su momento actos de trámite, es evidente que no son pasibles de control
judicial, razón por la que en aplicación del numeral 3º del artículo 169 del CPACA se rechazará la demanda
presentada contra estos actos» [negrilla del original].
29 Sobre este punto, se puede examinar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, auto del 9 de marzo de 2012, rad. 68001-23-15-000-2011-00717-01, MP. Mauricio Torres Cuervo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
62. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la ley, en
el caso sub examine, existía otro mecanismo de defensa judicial para garantizar la
protección de los derechos fundamentales de los actores, previo al cumplimiento de
los requisitos legales, para poner en conocimiento del juez natural sus
inconformidades relacionadas con las presuntas irregularidades en la postulación
de Juan Gregorio Eljach Pacheco como candidato para integrar la terna de la que
el Senado debía elegir al Procurador General de la Nación.
Análisis del perjuicio irremediable
63. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
64. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela, la Corte Constitucional30 ha considerado que:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”31[…]”.
65. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que los actores se
encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
30 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405086-01 (Acumulados
110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
66. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
67. Finalmente, frente a los reparos expuestos en los escritos de impugnación
relacionados con que: i) “[…] se revise la actuación de la sala porque en definitiva
no se pronunció de fondo si existía o no carencia actual de objeto […]”; ii) se
compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de
la Nación, para que investiguen las conductas de Juan Gregorio Eljach Pacheco; y
iii) “[…] se aplique la excepción de inconstitucionalidad, procediendo de manera
urgente a declarar que la postulación del señor GREGORIO ELJACH PACHECO,
por parte del presidente de la república, como candidato a integrar la terna, para
elegir Procurador General de la Nación, para el periodo 2025 - 2029, vulnera
flagrantemente la Constitución Política de Colombia. […]”.
68. La Sala considera, respectivamente, que: i) en el caso sub examine no se
configuró la carencia actual de objeto, en la medida en que no se dan los
presupuestos fácticos y jurídicos para advertir que hubo un hecho superado, un
hecho sobreviniente o un daño consumado32; ii) si los actores consideran que
existen elementos que configuren faltas disciplinarias o conductas punibles, cuentan
con la posibilidad de acudir directamente ante la Fiscalía General de la Nación o la
Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia; y iii) no se advierte
una contradicción manifiesta entre una norma constitucional y legal.
Conclusiones de la Sala
69. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 21 de noviembre de
32 Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-200 de 6 de junio de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual
resolvió declarar improcedente la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 21 de noviembre de 2024
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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110010315000202405141-00,110010315000202405159-00, 110010315000202405140-00
y 110010315000202405156-00)
Actores: José René Velásquez Molina y otros
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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