Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05098-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05098-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05098-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
5 de diciembre de 2024
Demandante: María Alcira Rosas de Vargas
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05098-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05098-00
Demandante: MARÍA ALCIRA ROSAS DE VARGAS
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara cosa juzgada e
improcedencia por falta de inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora María Alcira Rosas de Vargas, en nombre propio, interpuso acción
de tutela1 contra la Presidencia de la República de Colombia, Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, municipio de Fusagasugá, Personería de
Fusagasugá y Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de que le
sean amparados sus derechos fundamentales a la vivienda digna, al mínimo
vital y al debido proceso en conexidad con la vida.
Consideró vulneradas dichas garantías por la falta de intervención de las
accionadas en los procesos de sucesión de su compañero Rafael Enrique
Cortés Morales, de cancelación de patrimonio de familia y de afectación a
vivienda familiar del inmueble ubicado en la diagonal 25 B No. 1-81
apartamento 503 Torre 14 del municipio de Fusagasugá.
En concreto, solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental a la vivienda digna, al mínimo
1 Presentada el 20 de septiembre de 2024 en el aplicativo
repartopq@cendoj.ramajudicial.gov.co remitida a la Secretaría General del Consejo de
Estado desde el correo lvalencs@cendoj.ramajudicial.gov.co.
1
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Demandante: María Alcira Rosas de Vargas
Demandados: Presidencia de la República y otros
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vital y al debido proceso y en conexidad con el derecho fundamental a la
vida en consecuencia al despojo de mi vivienda, que es el único bien que
tengo, por lo que es mi lugar de vivienda y de mi núcleo familiar.
SEGUNDO: Ordenar a la PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ,
ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, intervenir en
beneficio de la suscrita para que no sea despojada de mi vivienda la cual ya
me oficiaron los nuevos propietarios debo entregarle y se ordene revocar los
actos registrado dado que este bien fue entregado a la suscrita como
VIVIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA PERSONAS EN POBREZA
EXTREMA Y DESPLAZAMIENTO FOROZOSO. Que es “arbitrario e “ilegal”
Por lo general, un acto de estado en mi vulnerabilidad no puede volvérseme
a afectar y desplazar de mi vivienda.
Por cuanto no se pueden alterar estas prohibiciones si una persona en
extrema pobreza está siendo despojada de una vivienda que le fue
asignada por ser víctima desplazada y se le asigno como vivienda de
interés prioritario, es decir una emergencia de techo digno.
Es una obligación para la PERSONERIA MUNICIPAL DE
FUSAGASUGÁ, ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ, MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO, hacerse parte en la defensa de los derechos de las víctimas
protegidas con una opción de vivienda de interés prioritario, pues son
estas mismas entidades quienes otorga este beneficio.
TERCERO: En atención a mi condición de desplazada se me respete el
derecho a mi vivienda gratuita, que en el amparo del derecho
fundamental a la vivienda digna también se ampare el derecho a la vida
digna. Que sea tenido en cuenta el amparo y protección jurídica que tiene
la vivienda gratuita asignada a personas en condición vulnerable.
CUARTO: Que se tenga en cuenta que en calidad de suscrita tengo a
favor Constitución de patrimonio de familia y la afectación de vivienda
familiar en calidad de cónyuge, porque se me está vulnerando mi derecho
fundamental a la vivienda que el mismo Gobierno pretendía con las
prohibiciones y constitución de patrimonio hacerme beneficiaria de una
vivienda digna ahora no tengo para donde irme a vivir2.
La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:
1.3. Hechos
Afirmó la señora María Alcira Rosas de Vargas que adquirió con su
compañero permanente señor Rafael Enrique Cortés Morales el inmueble de
2 Transcripción literal con posibles errores.
2
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interés social prioritario ubicado en la en la diagonal 25 B No. 1-81
apartamento 503 Torre 14, mediante la escritura pública 1097 del 29 de
marzo de 2016 otorgada en la Notaria 2 de Fusagasugá e identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria 157-134799 de la Oficina de Registro del
municipio de Fusagasugá.
En el mismo instrumento público el señor Cortés Morales constituyó los
gravámenes de patrimonio de familia y afectación a vivienda familiar en favor
de la señora María Alcira Rosas de Vargas y de los hijos que llegaren a
tener.
El señor Rafael Enrique Cortés Morales falleció el 8 de abril de 2017, hecho
en virtud del cual se tramitó ante el Juzgado 1º Civil Municipal de
Fusagasugá el proceso de sucesión intestada en cuya partición se adjudicó a
sus herederos Johnson Enrique Cortés Cortes en nombre propio y a la
señora Gloria Hilda Cortés Garzón en representación de sus hijos Rafael
Ignacio Cortés Cortes y Nancy Milena Cortes Cortés el inmueble ya
identificado, trabajo aprobado mediante sentencia del 30 de abril de 20213.
La accionante instauró acción de amparo que conoció el Juzgado 1º Civil del
Circuito de Fusagasugá, escrito en el cual indicó la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, vida e integridad personal como
consecuencia de la sentencia del 30 de abril de 2021 dictada por el Juzgado
1º Civil Municipal de Fusagasugá que aprobó el trabajo de partición en el
proceso de sucesión del señor Rafael Enrique Cortés Morales, el cual no fue
inscrito por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos por existir
afectación a vivienda familiar.
Así mismo, relató que, con ocasión de la nota devolutiva, los señores
Jhonson y Gloria Hilda Cortés Garzón iniciaron en su contra ante el Juzgado
1º de Familia de la misma ciudad, proceso de cancelación de patrimonio de
familia radicado con el número 2021-360.
En providencia del 7 de octubre de 2021 el Juzgado 1º Civil del Circuito de
Fusagasugá declaró improcedente la acción constitucional por no cumplir el
requisito adjetivo de la subsidiariedad por cuanto la accionante no agotó los
recursos judiciales que estaban a su alcance como era solicitar la nulidad
dentro del proceso de sucesión en el cual se ordenó la entrega del bien
adjudicado, como también intervenir ante el Juzgado de Familia de
Fusagasugá a fin de defender sus derechos en calidad de compañera.
El proceso de cancelación de patrimonio de familia referido por la señora
Rosas de Vargas se tramitó ante el Juzgado 1º de Familia del Circuito de
Fusagasugá, despacho que en sentencia del 16 de febrero de 2022,
3 Radicado 25-290-40-030-01-2020- 00090-00. Juzgado 1 municipal de Fusagasugá.
3
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consideró que con el deceso del beneficiario del subsidio de vivienda de
interés social, se entiende que desapareció la prohibición de transferencia del
bien, motivo por el cual ordenó la cancelación del patrimonio de familia,
inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 157-134799 de la Oficina de
Registro de Fusagasugá.
De igual manera, la actora formuló acción de amparo ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca Sala Civil- Familia4 en contra
de la Personería Municipal de Fusagasugá, municipio de Fusagasugá,
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, autoridad judicial que los tuvo
como accionados, siendo vinculados los Juzgados 1º Civil Municipal y 1º de
Familia de Fusagasugá.
Pretendió en su demanda que se le ordenara a la Alcaldía de Fusagasugá y
a la Personería de la misma ciudad intervenir ante los Juzgados 1º Civil
Municipal y el Juzgado de Familia para obtener la nulidad de todo lo actuado
en la sucesión y trámites conexos, los cuales consideró arbitrarios e ilegales.
Expresó que la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, vivienda digna, vida e integridad en el trámite de los procesos lo fué
porque es “propietaria” del inmueble con matrícula inmobiliaria 157-34799 de
la Oficina de Registro de Fusagasugá, por haberlo adquirido con el fallecido
Rafael Enrique Cortés Morales mediante escritura pública 1097 del 29 de
marzo de 2016,como beneficiaria del programa de vivienda gratuita en la
“Urbanización CONTIGO TODO”, lo que impide ser objeto de transferencia
de dominio en el trámite sucesoral y la existencia de los gravámenes de
patrimonio de familia y afectación a vivienda familiar.
La autoridad judicial mencionada en sentencia del 21 de octubre de 2022,
negó el amparo para lo cual advirtió en cuanto al proceso de sucesión que se
tramitó ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Fusagasugá que la accionante
contaba con el mecanismo para atacar la cosa juzgada como es el recurso
extraordinario de revisión consagrado en el artículo 354 del Código General
del Proceso, por lo que se configuró el no cumplimiento del requisito adjetivo
de la subsidiariedad.
Con relación al proceso de cancelación de patrimonio de familia tramitado
ante el Juzgado 1º de Familia del Circuito de Fusagasugá la encontró
improcedente por no atender el postulado de la inmediatez, por haber
transcurrido un término superior a seis meses contados desde 16 de febrero
de 2022 día del pronunciamiento de la sentencia cuestionada al 4 de octubre
del mismo año fecha en el cual se presentó la acción de amparo.
4 Radicado 25000-22-13-000-2022-00490-00
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Con posterioridad a la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, Sala Civil- Familia, con citación de la señora
María Alcira Rosas de Vargas el Juzgado de Familia de la misma ciudad en
proceso de cancelación del gravamen de afectación a vivienda familiar5, en
providencia del 3 de noviembre de 2023 accedió a la pretensión al establecer
que de conformidad con el artículo 2 de la Ley 854 de 2003, el fallecimiento
de uno de los cónyuges extingue de pleno derecho la afectación a vivienda
familiar, sin que se haya acreditado la existencia de herederos menores que
habitaran el inmueble.
1.4. Sustento de la vulneración
La accionante afirmó que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales a la vivienda digna, al mínimo vital y al debido
proceso en conexidad con la vida por no haber realizado actuación alguna
para la defensa de sus derechos en los trámites judiciales adelantados ante
los Juzgados 1º Civil Municipal y 1º de familia del Circuito de Fusagasugá
como fueron la sucesión de su compañero permanente Rafael Enrique
Cortés Morales, la cancelación del patrimonio de familia y de la afectación
familiar, gravámenes con los cuales se encontraba afectado el inmueble con
matrícula inmobiliaria 157-134799 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Fusagasugá.
Indicó que el despojo de su vivienda como beneficiaria del auxilio ordenado
por el gobierno para la población vulnerable y caracterizada como
desplazada por medio de la sentencia en la sucesión intestada de su
compañero permanente, así como también el levantamiento de las
afectaciones de patrimonio de familia inembargable y a vivienda familiar
vulnera su derecho fundamental a la vivienda digna, pues la propiedad de
tipo Vivienda de Interés prioritario, no es transferible ni siquiera mediante el
proceso de sucesión en un término inferior a los 10 años, mucho menos
cuando tiene derecho al 50 % como integrante del núcleo familiar y
beneficiaria del derecho que asignó el Gobierno Nacional.
Afirmó que la vivienda se encuentra protegida en su favor y el de su núcleo
familiar, sin que sea posible someter el bien a una sucesión ya que se
encuentra viva y necesita la vivienda para vivir y mucho menos asignar a los
herederos quienes ya cuentan con vivienda propia; motivo por el cual debe
hacerse parte la Personería Municipal de Fusagasugá, municipio de
Fusagasugá, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Presidencia de la
República de Colombia, Superintendencia de Notariado y Registro en
amparo de su derecho, entidades que hacen el filtro y efectiva la asignación
de vivienda digna para población en extrema pobreza.
5 Radicado cancelación afectación a vivienda familiar 25-290-31-10-001-2022-00201-00
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1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 25 de septiembre de 2024, el despacho ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la Presidencia de la República, al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, al municipio y Personería de Fusagasugá, y
a la Superintendencia de Notariado y Registro como accionadas.
De igual manera, vinculó como terceros con interés al Departamento de
Prosperidad Social, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la
Víctimas, a Fonvivienda, a los señores Jhonson Enrique Cortés, Gloria Hilda
Cortés Garzón, al Juzgado 1º Civil Municipal y 1º de Familia de Fusagasugá
y a los herederos indeterminados del señor Rafael Enrique Cortés Morales.
Concedió a las accionadas y terceros con interés el término de 3 días para
que se pronunciaran y acompañaran los documentos que pretendan hacer
valer como pruebas.
1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones respectivas6, se presentaron las siguientes:
1.6.1. Juzgado 1º de Familia del Circuito de Fusagasugá
Mediante escrito remitido a la Secretaría General del Consejo de Estado, la
titular del despacho judicial manifestó que tramitó los procesos de
cancelación de patrimonio de familia con radicado 360 de 2021 y
levantamiento de patrimonio de familia con radicado 201 de 2022 que
culminaron con sentencia favorable a las pretensiones de la demanda,
procesos que han sido objeto de solicitudes de nulidad y de tutela ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas.
Manifestó que la accionante invocó su calidad de compañera permanente del
señor Cortés Morales pero que ante requerimiento efectuado para manifestar
su estado civil por ser su apellido “de Vargas”, guardó silencio.
De igual manera expuso que en la escritura de enajenación del inmueble
objeto del levantamiento de los gravámenes se afirma que el estado civil del
señor Cortés Morales es el de casado con sociedad conyugal vigente sin que
se haya probado tal calidad, motivo por el cual los procesos fueron
adelantados por sus herederos.
6 Mediante notificación enviada a los correos electrónicos de las accionadas del 30 de
septiembre y a los terceros con interés en comunicaciones del 24 de octubre y 12 de
noviembre de 2024. Índices 7, 25 y 31. Samai.
6
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También allegó copia de los expedientes que le fueron requeridos en el auto
admisorio.
1.6.2. Municipio de Fusagasugá
En comunicación suscrita por la secretaria jurídica del municipio conforme a
delegación del alcalde, manifestó que el ente territorial acorde con la política
vigente otorgó los beneficios de la vivienda gratuita a aquellas personas
desplazadas y de la tercera edad que cumplieron con los requisitos exigidos.
Indicó que del texto de la escritura pública 1097 del 29 de marzo de 2016 se
establece que el señor Rafael Enrique Cortés Morales se identificó como una
persona casada con sociedad conyugal vigente sin que se haya plasmado
que la señora María Alcira Rosas de Vargas fuera su compañera
permanente, quien también se identificó como casada con un señor de
apellido Vargas. Por lo tanto, el propietario llenó los requisitos requeridos
para ser beneficiario del programa de vivienda.
Así mismo, manifestó no realizar pronunciamiento alguno del trámite del
proceso sucesoral, por no tener competencia ni conocimiento de los hechos
relatados en la demanda, por lo cual se opone a las pretensiones propuestas
por la accionante y en consecuencia solicitó su desvinculación.
De manera adicional expuso que la accionante no cumplió con el requisito de
la inmediatez por cuanto las sentencias dictadas en el proceso de sucesión
intestada y en el levantamiento de las limitaciones al dominio del predio
materia de la acción constitucional, se encuentran ejecutoriadas alrededor de
hace tres años, por lo que no es posible su procedencia debido al paso del
tiempo y firmeza del acto que adjudicó los bienes.
En consecuencia, solicitó que las pretensiones fueran desestimadas en
contra del municipio de Fusagasugá declarando la improcedencia de la
acción constitucional, por no cumplir los principios de inmediatez y
subsidiariedad.
1.6.3. Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda
Por intermedio de mandataria judicial del Fondo Nacional de Vivienda-
Fonvivienda, indicó que no existe un nexo causal entre los hechos que
sustentan la petición de amparo con las competencias de la entidad
asignadas en el Decreto 555 de 2003, motivo por el cual se presenta
ausencia de imputación jurídica.
Expuso que de conformidad con el “. . .artículo 1.2.1.1.2 del Decreto 1077 de
2015, en concordancia con el artículo 2.1.1.1.1.1.5 ibidem, el Fondo Nacional de
Vivienda - Fonvivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
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Territorio, tiene como objetivo principal la ejecución de las políticas del Gobierno
Nacional en materia de vivienda de interés social, así como la atención de la
postulación de hogares y la asignación de subsidios familiares de vivienda de
interés social dirigidos prioritariamente a la población más vulnerable. En virtud de lo
anterior, ni el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ni Fonvivienda viabilizan
ni ejecutan directamente proyectos de vivienda y tampoco entregan predios para
su desarrollo”.
Informó que con base en el número de la cédula de ciudadanía de la
accionante se estableció que se postuló al programa de vivienda gratuita
como miembro del hogar encabezado por Rafael Enrique Cortés Morales,
siéndoles asignado un subsidio en la modalidad de adquisición de vivienda-
subsidio en especie en el proyecto Urbanización “Contigo con Todo“, ubicado
en el municipio de Fusagasugá- Cundinamarca-, legalizado mediante
escritura pública 1097 del 29-03-2016, inscrita en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Fusagasugá el día 25 de abril de 2016.
Indicó que la condición resolutoria que pesaba sobre el inmueble en los
términos de la Ley 2079 de 2021 que modificó el artículo 21 de la Ley 1537
de 2012, el plazo fijado para su ejercicio cesó el 25 de abril de 2021, fecha a
partir de la cual el hogar se encuentra facultado para disponer y transferir el
inmueble sin lugar a autorización de la entidad de levantar las anotaciones
efectuadas en la escritura de adquisición.
En ese orden, solicitó la desvinculación de la entidad al no vulnerar el
derecho fundamental a la vivienda de la accionante, ya que la asignación y
desembolso del subsidio fueron realizados.
1.6.4. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
En escrito del 3 de octubre de 2024, el coordinador del grupo interno de
trabajo de Acciones Constitucionales expuso que de la lectura de los
documentos remitidos se entiende que se trata de un asunto respecto del
cual prosperidad social carece de competencia, ya que las funciones de la
entidad, consisten de conformidad con el Decreto 2094 de 2016 en promover
la articulación de la inclusión social y la reconciliación con las autoridades
territoriales para la eficiente implementación de políticas, planes, programas,
estrategias y proyectos, ninguna de las cuales se enmarca en lo pretendido
por la accionante.
En consecuencia, advirtió la falta de legitimación en la causa por pasiva y
solicitó su desvinculación.
1.6.5. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Por intermedio de la apoderada judicial debidamente constituida, la entidad
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en aras de clarificar la intervención indicó la diferencia entre la cartera
ministerial y Fonvivienda instituciones que en materia de asignación de
subsidios de vivienda son autónomas, con personería jurídica independiente.
En ese orden, expuso que de conformidad con los Decretos 1829 de 2019 y
1604 de 2020 su representada es la encargada de formular la política pública
en materia de subsidios de vivienda mientras que el Fondo Nacional de
Vivienda- Fonvivienda es quien administra los recursos y asigna los auxilios
en la materia.
Indicó que, el subsidio otorgado se legalizó con la suscripción de la escritura
pública 1097 del 29 de marzo de 2016 de la Notaria 2 de Fusagasugá-
Cundinamarca- sin que la firma del instrumento por parte de un solo miembro
del grupo familiar no es justificación para no reconocer los derechos que les
asiste a todos los demás miembros a quienes se les asignó el subsidio
familiar de vivienda mediante la Resolución 659 del 11 de septiembre de
2013 con el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 019 de 2011
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Manifestó que al no tener competencia la autoridad para intervenir en el litigio
que envuelve a la accionante se establece la falta de legitimación en la causa
por pasiva y en consecuencia su desvinculación del trámite constitucional.
1.6.6. Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral
a la Víctimas
En escrito del 28 de octubre de 2024 la representante judicial de la entidad
vinculada informó que los señores María Alcira Rosas de Vargas y Rafael
Enrique Cortes Morales se encuentran incluidos desde el 21 de febrero de
2005 en el RUV por el hecho victimizante de desplazamiento forzado
declarado con radicado 366877, bajo el marco normativo de la Ley 387 de
1997.
Solicitó se declare improcedente o en su defecto denegar la acción de
amparo por no haber vulnerado los derechos invocados por la actora ni
existir petición alguna en tal sentido, así como también carecer de
competencia legal7 para interferir o realizar pronunciamiento respecto de los
procesos tramitados sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria 157-
134799, por lo cual requirió su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
1.6.7. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
En su escrito de intervención la delegada del Departamento Administrativo de
7 Ley 1448 de 2011, Decretos 4800 de 2011 y 1084 de 2015.
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la Presidencia de la República expuso que, la entidad no tiene competencia
para dirimir los conflictos originados en los procesos civiles relacionados, por
el contrario, indicó que las autoridades a quienes compete lo son la
Superintendencia de Notariado y Registro y la UARIV, ya que son las
encargadas de atender las reclamaciones de la accionante.
En consecuencia, solicitó se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva, y, por ende, su desvinculación, por no ser la entidad competente para
atender las peticiones y muchos menos violar o amenazar la vulneración de
derecho fundamental alguno a la accionante.
1.6.8. Superintendencia de Notariado y Registro
En escrito remitido a la Secretaría General del Consejo de Estado la jefe de
la Oficina Asesora de la entidad relató que una vez ordenado por parte del
Juzgado 1º de Familia del Circuito de Fusagasugá la cancelación de las
medidas restrictivas que afectaban el dominio del único bien adjudicado en la
sucesión del señor Rafael Enrique Cortes Morales, se inscribió el trabajo de
partición en el folio de matrícula inmobiliaria 157-134799 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá-Cundinamarca.
Afirmó que la Superintendencia no vulneró derecho fundamental alguno a la
accionante, ya que conforme a las competencias asignadas por Ley a la
entidad8, su misión es la orientación, inspección, vigilancia y control de los
servicios públicos que prestan los notarios, los registradores de Instrumentos
públicos y los curadores urbanos.
Indicó que la solicitud de amparo de intervenir las autoridades convocadas
para que se revoquen los actos registrados con el fin de evitar el desalojo de
la vivienda que consiguió con su compañero permanente no son de
competencia de la Superintendencia de Notariado y Registro.
En consecuencia, solicitó se declare la falta de legitimación por pasiva con
relación a las pretensiones invocadas en la acción constitucional.
1.6.9. Johnson Enrique Cortés Cortés y Gloria Hilda Cortés Garzón
En calidad de herederos del señor Rafael Enrique Cortés Morales
manifestaron que iniciaron el proceso de sucesión, trámite en el cual se citó a
la señora María Alcira Rosas de Vargas, quien presuntamente convivía con
el causante no acreditó ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Fusagasugá su
estado civil para con el fallecido.
Indicaron que, en los procesos de cancelación de patrimonio de familia y de
8 Decreto 2723 de 2014, Leyes 1579 de 2012 y 1796 de 2016.
10
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afectación familiar, gravámenes que soportaba el inmueble adjudicado,
también intervino la accionante que culminaron con las sentencias favorables
a la parte demandante.
Expusieron que, con anterioridad a la presente acción constitucional, la
señora María Alcira Rosas de Vargas instauró una de igual categoría que fue
decidida por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Fusagasugá en sentencia del
7 de octubre de 2021, la que se declaró improcedente y cuya copia
acompañaron con su escrito.
Solicitaron que se niegue la tutela ya que la accionante pretende revivir los
términos ya vencidos.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer, en primera instancia, de la acción
de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el numeral
12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de
la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestiones Previas
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Notariado
y Registro, solicitaron su desvinculación por no ser las competentes para
atender las peticiones de la accionante, solicitudes que se negarán por tener
la calidad de accionadas, cuya vulneración se resolverá en la sentencia.
De igual manera, el Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, y la alcaldía de Fusagasugá solicitaron su
desvinculación por no tener competencia para pronunciarse respecto de los
procesos tramitados sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria 157-
134799, solicitudes que se negarán por haber sido convocados como
terceros con interés, a quienes podría afectar la sentencia que se profiera.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, se deberá
verificar si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la
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vivienda digna, al mínimo vital y al debido proceso en conexidad con la vida
por no haber realizado actuación alguna para la defensa de sus intereses por
el despojo de su inmueble y que se pretende como consecuencia del trámite
del proceso de sucesión de su compañero fallecido Rafael Enrique Cortés
Morales y los de cancelación de los gravámenes de patrimonio de familia y
afectación a vivienda familiar cursados ante el Juzgado 1º de Familia de
Fusagasugá.
Para el efecto, se estudiará: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) el estudio sobre la cosa juzgada e inmediatez y, iii) el
caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20129, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema10.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales11.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.
9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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2.5. El fenómeno de la cosa juzgada constitucional
La Corte Constitucional13 ha señalado que, como regla general, cuando el
juez constitucional resuelve un asunto y, posteriormente, dicha corporación
decide sobre su selección, aquella decisión judicial se torna definitiva,
inmutable y vinculante. En este sentido, si la Corte decide seleccionar el caso
para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria
del fallo de la propia Corte y, en los casos en los que no se selecciona el
asunto en cuestión, el fenómeno opera desde la ejecutoria del auto en que
se decide la no selección.
Posteriormente, la decisión adoptada por el juez constitucional queda
ejecutoriada desde el punto de vista formal y material, por lo que no es
posible que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, ya
que eso desconocería el principio de seguridad jurídica. De conformidad con
lo anterior, la jurisdicción constitucional no está autorizada para estudiar de
fondo tutelas sobre las cuales pesa ya la cosa juzgada constitucional.
2.6. Inmediatez
Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe
ejercerse en un plazo razonable14, el cual debe ser ponderado por el juez en
cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por
el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección
actual, inmediato y efectivo15.
De acuerdo con lo anterior, esta Sección16 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses, contados desde la ocurrencia del hecho
generador, cual es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada que da
13 Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-1219 del 21.11.01. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa. Expediente: T-388435; Corte Constitucional, Sala Séptima
de Revisión, Sentencia T-001 del 13.01.16. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Expediente:
T- 5158521.
14 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
de fecha 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-
Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia del 15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente:
Alberto Yepes Barreiro.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
16 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01,
Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-
000-2012-01891-01, 12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00,
Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No.
11001-03-15-000-2013-00142-01, 12 de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-
2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016,
Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate entre
otras.
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lugar a la solicitud de protección y la consecuencia de su presentación
cuando se sobrepasa este límite es que se declara su improcedencia.
Ahora bien, en relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo
para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-256
de 2015, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó
que la acción de tutela será procedente
“[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que
generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la
inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados;
o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y
que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable de la actora derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”17.
2.7. Caso concreto
La accionante afirmó que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales a la vivienda digna, al mínimo vital y al debido
proceso en conexidad con la vida por no haber realizado actuación alguna
para la defensa de sus derechos en los trámites judiciales adelantados ante
los Juzgados 1º Civil Municipal y 1º de Familia del Circuito de Fusagasugá
como son la sucesión de su compañero permanente Rafael Enrique Cortés
Morales, la cancelación del patrimonio de familia y afectación familiar
respectivamente, gravámenes con los cuales se encontraba afectado el
inmueble con matrícula inmobiliaria 157-134799 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Fusagasugá.
La señora María Alcira Rosas de Vargas instauró acción de tutela en contra
del Juzgado 1º Civil Municipal de Fusagasugá con el fin de obtener que
fuera revocada la sentencia del 30 de abril de 2021, dictada en el proceso de
sucesión del señor Rafael Enrique Cortés Morales en cuyo trámite se
desconocieron sus derechos como también que el único inmueble
relacionado no se podía transferir por ser un beneficio de vivienda gratuita,
amparo que en sentencia proferida por el Juzgado 1º Civil del Circuito de la
misma ciudad el día 7 de octubre de 2021 se declaró improcedente por no
cumplir con el requisito adjetivo de la subsidiariedad.
Con posterioridad, la accionante formuló acción de amparo ante el Tribunal
de Cundinamarca, Sala Civil- Familia en contra de la Personería Municipal de
17 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005,
T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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Fusagasugá, Alcaldía Municipal de Fusagasugá, Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, trámite dentro del cual se vinculó a los Juzgados 1º Civil
Municipal y 1º de Familia de Fusagasugá.
Invocó la accionante como pretensiones
“SEGUNDO: ORDENAR a la ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ Y LA
PERSONERIA DE FUSAGASUGÁ intervenir ante los Juzgados Primero Civil
Municipal y el Juzgado de Familia de Fusagasugá, para Revocar las
sentencias por estos proferidas en contra de la suscrita de fecha 29 de abril
de 2021 resultado de la sucesión intestada No. 2020-009000, así como, se
declare en el amparo de mi derecho fundamental al debido proceso LA
NULIDAD DE TODO LO ACTUADO en esta sucesión y trámites conexos,
toda vez, que es “arbitrario”, e “ilegal”. . “
.......
CUARTO: Que se tenga en cuenta que en calidad de suscrita tengo a
favor patrimonio de familia inembargable y la afectación a vivienda familiar
en calidad de cónyuge, porque se me está vulnerando el derecho
fundamental al debido proceso Art. 29 C. P..”
La autoridad judicial mencionada en sentencia del 21 de octubre de 2022,
negó el amparo para lo cual advirtió que la accionante contaba con
mecanismo para atacar la cosa juzgada como es el recurso extraordinario de
revisión consagrado en el artículo 354 del Código General del Proceso, por
lo que se configuró el no cumplimiento del requisito adjetivo de la
subsidiariedad. Así mismo con relación al proceso de cancelación de
patrimonio de familia tramitado ante el Juzgado 1º de Familia del Circuito de
Fusagasugá la encontró improcedente por no atender el postulado de la
inmediatez.
En ese orden, tenemos que la accionante tanto en el escrito de amparo
decidido por el Tribunal de Cundinamarca, Sala Civil- Familia como en el
presente, solicitó la intervención de las autoridades accionadas con el fin de
que obtener la revocatoria de la sentencia del 30 de abril de 2021 dictada por
el juzgado 1º Civil Municipal de Fusagasugá que aprobó la partición en la
sucesión del señor Rafael Enrique Cortés Morales y la proferida el 16 de
febrero de 2022 por parte del Juzgado de Familia de la misma ciudad que
ordenó la cancelación del patrimonio de familia.
Por lo tanto, tenemos que se presenta identidad de pretensiones, partes y
objeto con relación al proceso de sucesión tramitado ante el Juzgado 1º Civil
Municipal con radicado 2020- 00090-00 y cancelación de patrimonio de familia
que cursó ante el Juzgado 1º de Familia de Fusagasugá con radicado 2021-
0036, con lo que se establece que ha operado la cosa juzgada constitucional.
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Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela al
configurarse la cosa juzgada como consecuencia de las sentencias dictadas
por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Fusagasugá el 7 de octubre de 2021 y
del 21 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal de Cundinamarca, Sala
Civil- Familia.
Ahora, se resolverá el amparo con relación al trámite del proceso de
cancelación del gravamen de afectación a vivienda familiar constituido
mediante la escritura pública 1097 del 29-03-2016 de la Notaria 2 de
Fusagasugá inscrito al folio de matrícula inmobiliaria 157-134799 de la
Oficina de Registro del municipio de Fusagasugá, que fue cancelado por el
Juzgado 1º de Familia de Fusagasugá en sentencia del 3 de noviembre de
2023, proceso no decidido al momento del fallo en la acción de tutela
presentada ante el Tribunal de Cundinamarca, Sala Civil- Familia.
Entonces, la pretensión de intervención de las accionadas para que se
revoque la sentencia dictada en el proceso de cancelación de la afectación a
vivienda familiar, tenemos que, desde su pronunciamiento a la fecha de
formulación del amparo, transcurrió un término superior a 6 meses, lo cual
desatiende el plazo que, tanto la Corte Constitucional como esta Sección han
considerado como prudencial para presentar la solicitud de amparo
constitucional.
Ahora, no obra en el expediente prueba alguna, que justifique la omisión en
la presentación de la acción de tutela, o algún hecho o manifestación que
permita demostrar que la parte accionante estuvo imposibilitada para ejercer,
de manera oportuna, este mecanismo de protección constitucional.
Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por
no cumplir con el requisito de la inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NIÉGASE la falta de legitimación en la causa por pasiva
solicitada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la
Superintendencia de Notariado y Registro, por la razón expuesta en esta
providencia.
SEGUNDO: NIÉGASE la desvinculación del Fondo Nacional de Vivienda-
Fonvivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, La Unidad Administrativa Especial
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Demandante: María Alcira Rosas de Vargas
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05098-00
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y la Alcaldía de
Fusagasugá, por el motivo indicado en la presente sentencia.
TERCERO: DECLÁRASE la cosa juzgada en cuanto a las pretensiones de la
accionante conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: DECLÁRASE improcedente la acción de tutela presentada por la
señora María Alcira Rosas de Vargas por no cumplir el requisito adjetivo de
la inmediatez con relación a la petición de intervención en el proceso de
cancelación de afectación familiar tramitado ante el Juzgado 1º de Familia de
Fusagasugá con radicado 25-290-31-10-001-2022-00201-00.
QUINTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
17
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