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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05143-00

Fecha
23 de octubre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05143-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por María Alejandra Parra Cárdenas por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05143-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

23 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05143-00
Accionante: María Alejandra Parra Cárdenas
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05143-00
Accionante: María Alejandra Parra Cárdenas
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otro

Tema: tutela contra concepto desfavorable de traslado de empleada en carrera
administrativa. Subtema 1: improcedencia de la acción por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad. Subtema 2: solicitud de traslado de empleada de la Rama
Judicial en carrera administrativa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de tutela que presentó María Alejandra Parra Cárdenas en contra del
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y el
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.

I. SÍNTESIS DEL CASO

María Alejandra Parra Cárdenas presentó acción de tutela 1 con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la
igualdad, al acceso a cargos y funciones públicas, a la confianza legítima, a la buena
fe, a la seguridad jurídica y al trabajo, que consideró vulnerados con ocasión de las
decisiones adoptadas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura en
las que se emitió concepto desfavorable de traslado.

II. ANTECEDENTES

2.1 Hechos relevantes

La actora expuso, como fundamento de su solicitud, los hechos que se resumen a
continuación:

1 Índice 2 de SAMAI.

1

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Accionante: María Alejandra Parra Cárdenas
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otro

Sostuvo que desempeña en propiedad el cargo de «oficial mayor o sustanciador» en
el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Bucaramanga, desde el 30 de agosto de 2022,
tras haber superado el concurso de méritos convocado para tal fin. Sin embargo, el 31
de agosto de ese mismo año, le fue otorgada licencia no remunerada por 2 años para
ejercer como oficial mayor, en provisionalidad, en el Juzgado Trece Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Bucaramanga.

Indicó que mediante Resolución núm. 006 de 2023, nuevamente le fue concedida
licencia no remunerada para ocupar otro cargo en la Rama Judicial entre el 13 de
marzo de 2023 y el 13 de marzo de 2025. Desde entonces, ejerce sus funciones como
secretaria en el Juzgado Trece Penal antes mencionado.

Manifestó que, el 7 de marzo de 2024, presentó ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander solicitud de traslado del Juzgado Dieciséis Civil Municipal de
Bucaramanga al Juzgado 13 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bucaramanga.

Precisó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, mediante oficio
CSJSAO24-538 de 4 de abril de 2024, conceptuó desfavorablemente la solicitud de
traslado, tras considerar que la tabla de afinidades prevista en el artículo 24 del
Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017, modificado por el Acuerdo
PCSJA22- 11956 del 17 de junio de 2022, establece que no existe compatibilidad entre
el cargo que ostenta en propiedad en la jurisdicción civil y el empleo al cual aspira ser
trasladada en la jurisdicción penal.

Informó que presentó recurso de reposición, y en subsidio de apelación, en contra del
concepto desfavorable de traslado, el cual fue confirmado por el Consejo Seccional de
la Judicatura de Santander mediante Resolución núm. CSJSAR24-307 de 9 de mayo
de 2024, y por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura a través de Resolución núm. CJR24-0352 de 17 de septiembre de
2024.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

La accionante solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo,
igualdad, acceso a cargos y funciones públicas, confianza legítima, buena fe, seguridad
jurídica y trabajo, vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL.

SEGUNDO: En consecuencia, sírvase señor Juez, ordenar al CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL,
emitir concepto favorable a mi solicitud de traslado como servidor de carrera, en mi
condición de Oficial Mayor del Juzgado 16 Civil Municipal de Bucaramanga en
propiedad, para hacerla efectiva en el Juzgado 13 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bucaramanga2.

Como fundamento de sus pretensiones, la tutelante afirmó que no cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial que le permita solicitar el amparo de sus garantías

2 Se transcribe incluso con errores de texto.

2

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fundamentales. Además, referenció una sentencia de tutela proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado en la que se estudió un caso de similares características
y en la que fueron amparados los derechos fundamentales reclamados3.

Manifestó que su experiencia en el área penal debe ser analizada por las entidades
accionadas, pues su vinculación como oficial mayor en el Juzgado Dieciséis Civil
Municipal de Bucaramanga solo ha sido por un espacio de tres 3 días, debido a las
licencias no remuneradas para ocupar otros cargos en la Rama Judicial. Añadió que
su amplio conocimiento en el área penal es un aspecto que debe estudiarse al
momento de verificar el cumplimiento del requisito de especialidad para el traslado que
solicitó.

Finalmente, la señora Parra Cárdenas afirmó que el concurso de méritos convocado
en el año 2017 fue abierto para el cargo de oficial mayor o sustanciador de juzgado
municipal, en el que se incluían las especialidades relacionadas con el derecho penal,
laboral y civil - familia. A su juicio, fue esa circunstancia la que le permitió acceder al
cargo de carrera, pues si el elemento de especialidad hubiese sido considerado en su
momento, no habría podido acceder al cargo que ocupa en carrera administrativa en
el Juzgado Dieciséis Civil Municipal, ya que toda su experiencia laboral aparece
certificada en los juzgados penales municipales con función de control de garantías.

2.3. Trámite procesal

El despacho ponente, mediante auto de 26 de septiembre de 20244, admitió la acción
de tutela; y, ordenó notificar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander. Asimismo, puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Dieciséis
Civil Municipal de Bucaramanga y al Juzgado Trece Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bucaramanga, como terceros interesados y negó la medida
provisional solicitada.

2.5. Intervenciones

El Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Control de Garantías, en escrito
presentado el 2 de octubre de 20245, solicitó la desvinculación del presente trámite
constitucional, por cuanto de los hechos que fundamentan la acción de tutela y los
documentos que la acompañan no se logra inferir que haya realizado una conducta
específica que amanece o atente contra las garantías fundamentales de María
Alejandra Parra Cárdenas.
3 Radicado 11001-03-15-000-2019-02714-00, sentencia del 1° de agosto de 2019. La actora sostuvo que, en esa

decisión, la Sección Cuarta del Consejo de Estado precisó en relación con las solicitudes de traslado que « 4.6.
Las calidades de la accionante y su experiencia son en el área penal, pues la realidad es que su vinculación en la
Sala Laboral pese a ser el empleo que ocupa en carrera administrativa ha sido prácticamente por dos días, y, por
el contrario, su amplio conocimiento en el área penal es un aspecto que debe analizarse al momento de verificar el
cumplimiento del requisito de la ‘especialidad’ para poder optar por el traslado pretendido. También debe
considerarse que la Convocatoria en la que participó la actora fue abierta para los cargos de Oficial Mayor o
Sustanciador de Tribunal, en la que se incluía las especialidades de penal, laboral y civil– familia, y que fue
precisamente esto lo que le permitió acceder a su cargo en propiedad, pues si el elemento ‘especialidad’ hubiera
sido considerado en su momento, la señora Gutiérrez Aristizábal no habría podido acceder al cargo que ocupa en
propiedad en la Sala Laboral, ya que su experiencia laboral aparecía certificada en el área penal. Por tanto, resulta
contradictorio el argumento que planteó el Consejo Superior de la Judicatura, y el entendimiento que se le dio al
requisito de “especialidad”, para dar concepto desfavorable de traslado a la actora».
4 Índice 5 de SAMAI.
5 Índice 9 de SAMAI.

3

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Informó que, el 23 de septiembre de 2024, el despacho fue notificado del oficio núm.
CSJSAO24-567 del 4 de abril de 2024 a través del cual se comunicó el concepto
favorable para el traslado de Silvia Juliana Guerrero Cárdenas, en su condición de
oficial mayor del Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Funciones de Conocimiento
de Bucaramanga en propiedad, para hacerla efectiva en ese despacho judicial.

Además, indicó que también fue notificado del Acuerdo núm. CSJSAA24-113 de 22 de
marzo de 2024 «[p]or medio del cual se formula ante el Juzgado Trece Penal Municipal
con Función Control de Garantías de Bucaramanga, la lista de elegibles para proveer
el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado Municipal, Grado Nominado, para
los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios
de los Distritos Judiciales de Bucaramanga y San Gil, y Administrativo de Santander».

La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura pidió negar la solicitud de amparo porque no ha vulnerado ni afectado los
derechos fundamentales invocados por la accionante6. Ello, en consideración a que la
Resolución núm. CJR24-0352 de 17 de septiembre de 2024, por medio de la cual
confirmó el concepto desfavorable de traslado adoptado por el Consejo Seccional de
la Judicatura de Santander, fue expedida acorde con las disposiciones legales y
reglamentarias que rigen el sistema de traslados de los servidores judiciales.

Agregó que los requisitos para emitir el concepto previo de traslado se examinan desde
el cargo en el cual se encuentra escalafonado el servidor judicial al momento de la
solicitud y desde el cual se predica la propiedad, sin que sea posible considerar la
situación o el interés particular del peticionario, o realizar interpretaciones no
permitidas en el ordenamiento jurídico, toda vez que el legislador, en el artículo 134 de
la Ley 270 de 1996, estableció los requisitos para tener derecho al traslado. Indicó que
actuar en contrario sería desconocer la ley, el reglamento y la igualdad de condiciones
de ingreso para todos los servidores judiciales.

La directora de la entidad accionada afirmó que, de conformidad con la tabla de
afinidad de funciones, el traslado solicitado por la actora de un juzgado civil municipal
para un juzgado penal municipal no es procedente porque no es similar.

Por último, aseguró que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir
los actos administrativos que decidieron de manera desfavorable la solicitud de
traslado.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, mediante memorial de 3 de
octubre de 20247, requirió que se declarara improcedente la tutela al considerar que
no vulneró los derechos fundamentales de la accionante. Manifestó que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, la acción
es improcedente en la medida que existen otros medios de defensa judicial, como lo
es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Precisó que el traslado solicitado por la accionante no cumple con los requisitos del
artículo 24 del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017, proferido por
el Consejo Superior de la Judicatura, razón por la cual no es procedente emitir

6 Índice 10 de SAMAI, oficio núm. CJO24-6681 de 2 de octubre de 2024.
7 Índice 11 de SAMAI.

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concepto favorable de este. Ello, porque no existe afinidad entre el cargo que la actora
ejerce en propiedad y al que aspira ser trasladada, toda vez que el primero es de
especialidad civil y el segundo de especialidad penal.

El Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Bucaramanga guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander.

3.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa de María Alejandra Parra Cárdenas se
encuentra acreditada, por cuanto fue quien solicitó el traslado a un cargo de carrera
administrativa y respecto del cual se profirió concepto desfavorable por falta del
cumplimiento del requisito de afinidad de funciones, concepto al que le atribuye la
vulneración de sus derechos fundamentales.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo Seccional
de la Judicatura de Santander y de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, en la medida en que son las autoridades que
profirieron los actos administrativos que resolvieron de manera desfavorable la
solicitud de traslado, y, por lo tanto, a quienes se les atribuye la vulneración de los
derechos al debido proceso administrativo, a la igualdad, al acceso a cargos y
funciones públicas, a la confianza legítima, a la buena fe, a la seguridad jurídica y al
trabajo.

3.3. Problema jurídico

En el caso objeto de análisis, le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela
supera el requisito de subsidiariedad, es decir, si a través de este mecanismo
constitucional resulta procedente analizar los actos administrativos que decidieron de
manera desfavorable la solicitud de traslado de una servidora judicial.

Si la Sala encuentra superado el mencionado requisito, deberá analizar si el Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander y la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura vulneraron los derechos fundamentales
al debido proceso administrativo, a la igualdad, al acceso a cargos y funciones
públicas, a la confianza legítima, a la buena fe, a la seguridad jurídica y al trabajo de
María Alejandra Parra Cárdenas con ocasión de los actos administrativos que
resolvieron de manera desfavorable su solicitud de traslado.

Para el efecto se estudiará: i) el requisito de subsidiariedad en la acción de tutela
cuando se controvierten actos administrativos que emiten conceptos desfavorables de
traslado de servidores públicos de la Rama Judicial y, ii) el caso concreto.

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3.4. Procedencia de la acción de tutela

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona
cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la acción o
la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley. Este
mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia a saber: la
subsidiariedad y la inmediatez8.

El primero, exige que el perjudicado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable9; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en
entredicho, […]»10.

3.5. De la subsidiariedad de la acción de tutela cuando se controvierten actos
administrativos que emiten conceptos desfavorables de traslado de servidores
públicos de la Rama Judicial

El requisito de subsidiariedad exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6.°
del Decreto 2591 de 199111, que el juez constitucional, por un lado, verifique que el
accionante no cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos
fundamentales; y, por otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y
eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo invocado, de acuerdo con las
particularidades de cada caso12.

En el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que estos no sean
idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de derechos
fundamentales, así como, en los eventos en que se configura un perjuicio irremediable,
el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección impostergables13.

De conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el
ámbito del derecho administrativo «la acción de tutela es improcedente como
mecanismo principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que
resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos
administrativos»14, porque el legislador estableció diferentes medios de control en la
jurisdicción contencioso-administrativa para controvertir la legalidad de estos, que se
presumen idóneos para restablecer el derecho quebrantado.

No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la acción de tutela se torna procedente como mecanismo transitorio y,
8 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
9 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
10 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
11 ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
[…].
12 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
13 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-427 de 2015.

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en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del acto
administrativo u ordenar que no se ejecute, mientras se surte el respectivo proceso
judicial.

Teniendo en cuenta que la jurisprudencia no ha sido uniforme con el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela cuando se trata de actos administrativos que
emiten conceptos desfavorables de traslado de servidores públicos de la Rama
Judicial, la Sala estima oportuno exponer brevemente, algunos de los
pronunciamientos más relevantes que esta corporación y la Corte Constitucional han
proferido sobre el asunto.

En este punto, es preciso recordar que la actora relacionó una sentencia de tutela de
primera instancia proferida el 1.° de agosto de 2019, mediante la cual la Sección
Cuarta15 del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al debido
proceso, los derechos de carrera y los principios de confianza legítima y buena fe y,
en consecuencia, dejó sin efectos los actos administrativos contentivos de los
conceptos desfavorables de traslado.

Para ello, encontró superado el requisito de subsidiariedad de la acción de amparo
porque consideró que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
no era un mecanismo idóneo ni eficaz. Esta decisión fue revocada y, en su lugar, se
declaró la improcedencia por ausencia del requisito general de subsidiariedad16.

Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia T-125 de 2024 estudió un caso
de similares características al aquí expuesto, en el cual la parte accionante planteó
como pretensión que se revocara el concepto desfavorable de traslado.

En ese caso, la Corte precisó que tanto la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado17, en primera instancia, como la Sección Primera, en segunda
instancia, negaron la protección constitucional solicitada con el argumento de que no
se cumplía el requisito de subsidiariedad, pues «(i) en cuanto a las pretensiones
dirigidas a que se revoque la decisión de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial de negar el concepto favorable de traslado solicitado por la accionante, ambos
despachos sostuvieron que las resoluciones en cuestión podían ser impugnadas por
vía del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues no
encontraron elementos que indiquen la inminencia de un perjuicio irremediable […]».

El tribunal constitucional, en la sentencia mencionada, afirmó que, en principio, la
acción de tutela no es la vía idónea para solicitar la revocatoria de un acto
administrativo que niega el traslado laboral de un trabajador, puesto que ese tipo de
actos pueden ser demandados ante la jurisdicción contencioso-administrativa a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, fijó unas
reglas para la procedencia excepcional de la acción de tutela en estos asuntos, las
cuales sintetizó, de la siguiente manera:

15 Radicación núm. 11001-03-15-000-201902714-00 (AC).
16 Sentencia del 20 de noviembre de 2019 Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.
17Mediante decisión adoptada el 1º de junio de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

declaró la improcedencia de acción la tutela por incumplir el requisito de subsidiariedad. Argumentó que el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho puede ser usado para demandar las decisiones administrativas
cuestionadas (11001-03-15-000- 2023-02354-00).

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[P]ara que sea procedente una solicitud de tutela contra cualquier decisión de la
administración de trasladar, o negar el traslado, de un empleado público, es necesario
que el juez de tutela verifique prima facie que (i) se trata de una decisión
ostensiblemente arbitraria; (ii) genera un rompimiento de la unidad familiar del
trabajador o pone en peligro la vida, la salud, o la integridad personal del trabajador o
de su familia; e (iii) impone una carga desproporcionada e irrazonable para el trabajador
o su familia.

De conformidad con el precedente jurisprudencial descrito, la Corte estimó que en
aquellos casos en que el accionante pretenda dejar sin efecto un concepto
desfavorable de traslado, el juez debe verificar alguna de las siguientes circunstancias:
i) la inexistencia de un mecanismo de defensa judicial idóneo, salvo que se trate de
evitar la configuración de un perjuicio irremediable; ii) que el acto administrativo sea
manifiestamente arbitrario; iii) provoque la ruptura de la unidad familiar del trabajador
o amenaza la vida, la salud o la integridad personal del trabajador o de su familia; o,
iv) se imponga una carga desproporcionada e irrazonable sobre el trabajador o su
familia.

3.6. Del caso concreto

En el presente asunto, la accionante, quien ocupa en propiedad el cargo de oficial
mayor en el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Bucaramanga, (Santander),
interpuso acción de tutela en contra del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso administrativo, a la igualdad, al acceso a cargos públicos, a la
confianza legítima, a la buena fe, a la seguridad jurídica y al trabajo, que consideró
vulnerados por las entidades accionadas con ocasión del concepto desfavorable18 que
éstas expidieron en relación con la solicitud de traslado al Juzgado Trece Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga.

Pues bien, la Sala considera que la acción de tutela se torna improcedente porque lo
pretendido por la actora es controvertir la legalidad de los actos administrativos19 por
medio de los cuales se profirió concepto desfavorable de traslado por no cumplir con
el requisito de afinidad de funciones previsto en los artículos 134 de la Ley 270 de
199620 y 24 del Acuerdo núm. PCSJA17- 10754 de 2017, modificado por Acuerdo
PCSJA22-11956 del 17 de junio de 2022; asunto que, como quedó expuesto en las
consideraciones de esta providencia, puede ser debatido en la jurisdicción contenciosa
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así pues, con la finalidad de garantizar el acceso efectivo a la administración de
justicia, el cual se puede ver afectado por la duración de los procesos ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, a petición del interesado, el juez podrá

18 Contenido en el Oficio CSJSAO24-538 de 4 de abril de 2024, confirmado mediante la Resolución CSJSAR24-

307 del 9 de mayo de 2024 y en sede de apelación con la Resolución CJR24-0352 del 17 de septiembre de 2024.
19 oficio CSJSAO24-538 de 4 de abril de 2024, Resolución CSJSAR24-307 de 9 de mayo de 2024 y Resolución

CJR24-0352 de 17 de septiembre de 2024
20 «ARTÍCULO 134. TRASLADO. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 771 de 2002. El nuevo texto es el

siguiente:> Se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad
otro de funciones afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan
distinta sede territorial. Nunca podrá haber traslados entre las dos Salas de los Consejos Seccionales de la
Judicatura.».

8

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decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia21.

En este orden, el interesado podrá solicitar con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso –
Administrativo, (CPACA), las medidas cautelares de urgencia que el juez o magistrado
puede adoptar desde la presentación de la solicitud, sin previa notificación a la otra
parte, siempre y cuando se evidencie que por la urgencia no es posible agotar el
procedimiento previsto en el artículo 233 de la referida disposición.

En suma, la acción de tutela no es el medio judicial idóneo para debatir la legalidad de
actos administrativos que contienen el concepto desfavorable a la solicitud de traslado
de la actora, pues, para el efecto, el CPACA establece diferentes mecanismos de
control en los que son procedentes las medidas cautelares previstas en dicha
normativa como una alternativa de defensa provisional, idónea y eficaz si lo que se
pretende es evitar un perjuicio irremediable, razón por la que es deber de la actora
agotar dicho medio, debido a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela.

Solo en casos excepcionales, en los que sea evidente la configuración de un perjuicio
irremediable o que el mecanismo de defensa judicial ordinario no tenga la idoneidad
requerida, le corresponde al juez constitucional restablecer los derechos
fundamentales vulnerados, sin embargo, en el presente asunto la accionante no
demostró dicho presupuesto de procedencia de la acción como mecanismo transitorio
de protección.

Aunado a lo anterior, la Sala observa, luego de revisar el contenido de los actos
administrativos atacados, que la actora cuestionó la motivación de la decisión
administrativa y manifestó su inconformidad frente a los argumentos jurídicos dados
por las entidades accionadas para emitir concepto desfavorable de traslado.

En efecto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura no
encontraron viable el traslado solicitado por la demandante, por no cumplir con el
requisito de afinidad de funciones entre el cargo que ostenta en propiedad [oficial
mayor en el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Bucaramanga] y el cargo al cual
aspira ser trasladada [oficial mayor en el Juzgado Trece Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Bucaramanga].

En ese sentido, las entidades accionadas fueron claras en afirmar que la tabla de
afinidades prevista en el artículo 24 del Acuerdo núm. PCSJA17- 10754 de 2017,
modificado por Acuerdo PCSJA22-11956 del 17 de junio de 2022, no establece como
similares las funciones para el traslado de un juzgado civil municipal a un juzgado
penal municipal con funciones de control de garantías.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala, en armonía con las reglas fijadas por el órgano
de cierre constitucional en la sentencia T-125 de 2024, concluye que la presente acción
de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad en razón a lo siguiente:

21 Artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05143-00
Accionante: María Alejandra Parra Cárdenas
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otro

i) Existe un mecanismo de defensa judicial idóneo, es decir, el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual puede promover la
actora debido a que no ha vencido el término de cuatro meses, pues el último
acto administrativo fue la Resolución núm. CJR24-0352 de 17 de septiembre
de 2024;
ii) los actos administrativos proferidos por las entidades accionadas no son
arbitrarios pues, en principio, dieron aplicación a la normativa que regula los
traslados de servidores públicos de la rama judicial;
iii) la actora no evidenció que el concepto desfavorable de traslado le hubiese
provocado una ruptura de su unidad familiar o una amenaza a la vida, la
salud o su integridad personal o la de su familia;
iv) tampoco se impuso una carga desproporcionada e irrazonable sobre la
actora o su familia, más aún si la licencia no remunerada para desempeñar
el cargo de secretaria en el Juzgado Trece Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bucaramanga vence el 13 de marzo de 2025.

IV. CONCLUSIÓN

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que no es procedente el estudio de
fondo de la solicitud de amparo, toda vez que no se cumple el requisito de la
subsidiariedad, razón por la cual se declarará improcedente la acción de tutela
instaurada por María Alejandra Parra Cárdenas.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por María
Alejandra Parra Cárdenas por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de no ser impugnada.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05143-00
Accionante: María Alejandra Parra Cárdenas
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otro

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

RAMB/SEJV

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