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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05161-01

Fecha
17 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05161-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre del 2024 a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05161-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-05161-011
Demandante : Oliverio De Jesús Morales Betancur
Demandado : Consejo de Estado, Sección Primera
Vinculados : Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín, Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, Consejo de Estado,
Sección Cuarta, las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y
María Patricia Tobón Yagarí, Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas
Acción : Tutela (impugnación)
Derechos : Dignidad humana, debido proceso, mínimo vital, igualdad,
“reparación administrativa, los derechos que tienen los
desplazados como sujetos de protección especial”
Tema : Tutela contra providencia de la misma naturaleza
Decisión : Confirma

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por Oliverio De Jesús Morales
Betancur en contra de la sentencia del 31 de octubre del 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta2, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

Oliverio De Jesús Morales Betancur, quien actúa en nombre propio, interpuso el

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Expediente digital disponible en Samai.
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M.P. Gloria María Gómez Montoya.

Expediente: 11001-03-15-000-2024-05161-01
Demandante: Oliverio De Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, mínimo vital, igualdad,
“reparación administrativa, los derechos que tienen los desplazados como sujetos
de protección especial”, presuntamente quebrantados por el Consejo de Estado,
Sección Primera.

Por consiguiente, solicitó revocar la sentencia del 9 de agosto de 2024 dictada
dentro de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-02001-00/01, por
medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Primera revocó la del 6 de junio de
2024 proferida por la Sección Cuarta de esta corporación, y en su lugar, amparó el
derecho fundamental al buen nombre de las señoras Sandra Viviana y María
Patricia.

Como consecuencia, dejó sin efectos los autos proferidos por el Juzgado Treinta y
Cinco (35) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín el 27 de octubre y
28 de noviembre de 2023, así como los dictados el 3 de noviembre y 5 de diciembre
de la misma anualidad, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima
de Oralidad.

Hechos.

Relata el accionante que, a través de la resolución N°04102019-487807 del 13 de
marzo de 2020, le fue reconocida la medida de indemnización administrativa por
desplazamiento forzado.

Que, el 7 de junio de 2023, promovió acción de tutela contra la Unidad
Administrativa Especial de Atención Especial y Reparación Integral a las Víctimas
– UARIV [expediente 05001-33-33-035-2023-00233-00/01], encaminada a que se
le diera una respuesta de fondo a la solicitud radicada el 5 de mayo de 2023, en la
que solicitó la entrega de la indemnización administrativa que le corresponde en su
condición de víctima por el hecho de desplazamiento forzado.

Que, de ese asunto constitucional conoció el Juzgado Treinta y Cinco (35)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, quien en sentencia del 16 de
junio de 2023 negó las pretensiones elevadas por el actor, al considerar que la
respuesta brindada por la entidad frente al derecho de petición por él formulado
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05161-01
Demandante: Oliverio De Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

constituía una respuesta clara, completa y de fondo, configurándose así la carencia
actual de objeto por hecho superado.

Adujo que, inconforme con esa decisión, la impugnó, frente a lo cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, con sentencia del 2 de
agosto de 2023, la revocó, al estimar que la respuesta emitida por la UARIV
vulneraba el derecho fundamental de petición del accionante, toda vez que no le
brindó una respuesta cierta, completa y de fondo, por lo cual no se configuraba la
carencia actual de objeto por hecho superado al no ajustarse a los preceptos
constitucionales. En consecuencia, ordenó a la UARIV suministrar una respuesta
de fondo, en la que se estableciera un plazo razonable para el pago de la
indemnización administrativa solicitada por el accionante.

Que, presentó varias solicitudes de desacato ante el Juzgado Treinta y Cinco (35)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, el cual, mediante providencias
de 14 de septiembre, 27 de octubre y 28 de noviembre de 2023, declaró que las
señoras Sandra Viviana Alfaro Yara, Directora de Reparación de la entidad
accionada, y Patricia Tobón Yagarí, Directora de la UARIV, habían incurrido en
desacato de la sentencia de tutela de segunda instancia. Esta decisión fue
confirmada en sede de consulta por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad, mediante autos de 21 de septiembre, 3 de noviembre y 5 de
diciembre de 2023. Posteriormente, las funcionarias presentaron una solicitud de
inaplicación de la sanción, la cual fue resuelta desfavorablemente por el juez de
primera instancia, a través de providencias de 10 de octubre, 9 de noviembre y 11
de diciembre de 2023.

Que, la Sección Primera de la Corporación, en sentencia de segunda instancia del
9 de agosto de 2024, revocó la decisión del a quo3, amparando el derecho
fundamental al buen nombre de las señoras Sandra Viviana y Patricia María, y
como consecuencia dejó sin efectos los autos emitidos por el Juzgado Treinta y
Cinco (35) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín el 27 de octubre y

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Las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí interpusieron una acción de tutela contra el Juzgado Treinta
y Cinco (35) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad, con el fin de que se ordenara a las autoridades accionadas emitir una nueva decisión que estudiara de fondo las
solicitudes de inaplicación de la sanción elevada por la UARIV, teniendo en cuenta los pronunciamientos de la Corte
Constitucional en la sentencia SU034 de 2018 y el Auto 206 de 2017. Dicha tutela fue asignada por reparto a la Sección
Cuarta de esta Corporación, la cual, en sentencia de 6 de junio de 2024, declaró improcedente la acción de tutela,
considerando que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, pues las accionantes podían solicitar la modulación de los
efectos de la sentencia, para que fuera el juez de tutela de primera instancia quien decidiera si correspondía modificar la
orden.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05161-01
Demandante: Oliverio De Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

28 de noviembre de 2023, así como los dictados por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 3 de noviembre y 5 de diciembre de 2023. Además, al considerar que
la orden de amparo no era susceptible de cumplimiento tal como fue proferida,
ordenó al Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín emitir una nueva decisión, teniendo en cuenta que el pago de la
indemnización administrativa al señor Oliverio está sujeto al Método Técnico de
Priorización, el cual se aplica anualmente de manera proporcional a los recursos
asignados a la entidad en la respectiva vigencia fiscal.

Argumentos.

Alega que el método técnico de priorización es un método inconstitucional por
cuanto la UARIV lo utiliza para justificar la vulneración de derechos fundamentales
y excluir ciertos grupos o individuos al acceso a los beneficios a los que tienen
derecho. Asimismo, indica que dicho método impide que las personas accedan a la
medida de reparación previamente reconocida, ya que al no informarse sobre los
plazos y el orden en que se les indemnizará, se les deja sin una solución efectiva y
en incertidumbre sobre su derecho reconocido.

1.2 Contestaciones de la acción.

1.2.1 Consejo de Estado – Sección Primera4.

Solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por cuanto la
parte actora está controvirtiendo una sentencia de tutela, pero no demuestra ni
acredita que la decisión haya sido resultado de un fraude. Por lo tanto, no se cumple
con el requisito general de procedencia de este mecanismo, que establece que el
recurso constitucional no debe dirigirse contra fallos de tutela.

1.2.2 Consejo de Estado – Sección Cuarta5.

Solicitó no conceder amparo alguno, aduciendo que “[e]n el caso objeto de estudio,
no se reúnen las condiciones señaladas en la Sentencia SU-627 de 2015. Esto se
debe a que la sentencia de primera instancia de 6 de junio de 2024 no fue producto

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Visible en el índice 11 de Samai, primera instancia..
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Visible en el índice 12 de Samai, primera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05161-01
Demandante: Oliverio De Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

de fraude alguno. Al contrario, la decisión obedeció a que se consideró que no se
habían agotado todos los mecanismos de defensa judicial y que, en ese sentido,
no se cumplía con el requisito de subsidiariedad”. Resaltó que, la presente acción
de tutela no buscaba controvertir la sentencia de tutela de primera instancia de 6
de junio de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

1.2.3 Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas6.

Pidió negar el amparo deprecado, toda vez que la entidad ha realizado, dentro del
marco de sus competencias, todas las gestiones necesarias para cumplir los
mandatos legales y constitucionales, evitando que se vulneren o pongan en riesgo
sus derechos fundamentales. Manifestó que el señor Oliverio de Jesús Morales
Betancur, se encuentra incluido en dicho registro por el hecho de desplazamiento
forzado, declarado bajo el FUD BJ000096772. Respecto a la aplicación del Método
Técnico de Priorización, indicó que el accionante no fue incluido, por cuanto no
acreditó una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad de las
establecidas en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la
Resolución 582 de 2021. Agregó que, la orden impartida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad, no era de posible
cumplimiento, por lo que se debían denegar las pretensiones de la acción, pues lo
pretendido por el accionante es que se acatara la orden emitida por dicha autoridad.

1.2.4 Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín, Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, y
las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y María Patricia Tobón Yagarí.

Guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

1.3 Sentencia de primera instancia.

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante fallo del 31 de octubre de 2024,
declaró improcedente la acción de tutela, aduciendo que la simple afirmación de
que la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales no es suficiente

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Visible en el índice 10 de Samai, primera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05161-01
Demandante: Oliverio De Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

para permitir la excepción a la regla general, según la cual las acciones de tutela
no proceden contra decisiones de la misma naturaleza. Además, de los hechos
presentados en la acción de tutela, no se observa ningún elemento que indique
que, en el proceso constitucional con radicado 11001-03-15-000-2024-02001-
00/01, se haya incurrido en fraude. Esta circunstancia debía ser alegada y probada
de manera plena por la parte actora.

Asimismo, señaló que “[…] en el sustento de la providencia proferida por la
autoridad judicial accionada, no se encuentra vicio alguno producto de una situación
fraudulenta; además que la parte actora no aporta prueba clara y suficiente de la
existencia de dicha situación para que proceda el principio fraus omnia corrumpit.
En consecuencia, al no haberse acreditado una circunstancia que haga posible el
estudio de fondo del caso en la acción de la referencia, esta Sala declarará la
improcedencia de la solicitud de amparo por no superar el requisito general de
procedibilidad concerniente a que no se trate de una tutela contra una sentencia de
la misma naturaleza, al no haberse cumplido con los requisitos exigidos por la Corte
Constitucional para el efecto.”

1.4 Impugnación.7

Inconforme con la anterior decisión, el accionante la impugnó, aduciendo que es
una víctima del conflicto armado, sujeto de especial protección por el Estado y que
contaba con una orden judicial a su favor, que había sido desacatada por la UARIV,
hecho que vulneraba sus derechos fundamentales. Por lo anterior, solicitó revocar
la decisión y amparar sus garantías fundamentales invocadas, dando cumplimiento
al fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia -
Sala Séptima de Oralidad No. 05001-33-33-035-2023-00233-01 el día 02 de agosto
de 2023.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

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Visible en el índice 21 de Samai, primera instancia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05161-01
Demandante: Oliverio De Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo 80
de 12 de marzo del 201911 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 Problema jurídico.

Le corresponde a esta Subsección determinar si la acción de tutela es procedente
para revocar la sentencia del 9 de agosto de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera, dentro de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-
000-2024-02001-00/01.

2.3 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en

8
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente (…)”.
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
10
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.”.
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“Reglamento interno del Consejo de Estado”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05161-01
Demandante: Oliverio De Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional
de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o
amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que
esto hubiese sido posible;(vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05161-01
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Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi)
decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones;
(vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales12, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201213, en el sentido de disponer que

12
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
13
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05161-01
Demandante: Oliverio De Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos14.

2.5 Caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad del tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no
procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en segunda instancia y se
encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; y (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, toda vez que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 5 de
septiembre de 202415 y la solicitud de amparo se presentó el 24 de septiembre
siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (19 días).

No obstante, se advierte que no se satisface el requisito de que la tutela no se
instaure contra una providencia que decida una acción de esa naturaleza, pues la
sentencia reprochada fue dictada dentro del trámite de tutela con radicación 11001-
03-15-000-2024-02001-01, promovido por las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara
y Patricia Tobón Yagarí contra Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad.

14
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
15
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 29 de agosto de 2024, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 2 de septiembre del mismo año, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05161-01
Demandante: Oliverio De Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

La jurisprudencia constitucional16, en principio, indicó que la tutela no es procedente
para controvertir fallos adoptados dentro de otras acciones de ese tipo, por cuanto
se afectaría su naturaleza y se originaría inseguridad jurídica y desconocimiento
del principio de cosa juzgada, puesto que las controversias conocidas por la
autoridad judicial nunca serían decididas definitivamente ante la posibilidad de
instaurar, de manera concadenada, varias solicitudes de amparo. Al respecto, la
Corte Constitucional17 sostuvo:

“3.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que la
posibilidad de interponer una acción de tutela contra providencias judiciales no incluye
aquellos casos en los cuales la providencia judicial es otra tutela. Es decir, los
precedentes han establecido que la acción de tutela dirigida contra otra tutela no es
procedente. El criterio unificado de la Corte frente a la improcedencia general de la
acción de tutela contra fallos de tutela, fue precisado en la sentencia SU-1219 de 200118.
En dicha providencia se reiteraron las razones constitucionales por las cuales no
procede la acción de tutela contra fallo de tutela.

En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la tutela contra tutela
porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la
revisión de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear
una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de
seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la
Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad,
pues “quedaría indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela
decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar
que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento, seguramente el
anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer”.

3.3. Así mismo, la sentencia de unificación de la Corte antes citada, precisó que cuando
un juez de tutela falla en la interpretación de la Constitución, incurre en una arbitrariedad
o afecta el debido proceso por configurar una vía de hecho, éstos pueden resolverse en
el proceso de eventual revisión ante la Corte Constitucional, consagrado en el artículo
241 Superior.19 En otras palabras, una interpretación errada o incompleta de la
Constitución puede ser ajustada en sede de revisión”.

16
Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2003, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
17
Sentencia T-272 de 2014, M. P. María Victoria Calle Correa.
18
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa). La posición unificada que contiene esta sentencia, ha sido reiterada por las diferentes
Salas que han integrado esta Corporación: T-174 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-192 de 2002 (MP. Eduardo
Montealegre Lynnet), T-217 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-354 de 2002 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-
444 de 2002 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-200 de 2003 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-536 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández), T-059 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-104 de 2007 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-210 de 2008 (MP. Jaime
Araujo Rentería), T-282 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-137 de 2010 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), T-151 de 2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), y T-813 de 2010 (MP. María Victoria Calle Correa).
19
Artículo 241: A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los
estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: 9.revisar, en la forma que
determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Por su parte,
el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución,” señala: revisión por la Corte Constitucional: La Corte Constitucional designará dos de sus Magistrados para
que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier
Magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando
considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean
excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses.
Sobre el propósito de la eventual revisión ante la Corte Constitucional, en la sentencia SU-1219 de 2001 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. SV. Clara Inés Vargas Hernández) la Sala Plena explicó: “(…) el deber de remisión de todos los fallos de
tutela a la Corte Constitucional obedece a la necesidad de que sea un órgano centralizado al cual se le confió la guarda de
la integridad y supremacía de la Constitución el que finalmente determine cuáles son los fallos de tutela que representan una
aplicación adecuada de los derechos constitucionales y así ejerza la tarea de unificación jurisprudencial en materia de
derechos fundamentales y de desarrollo judicial de la Constitución. Con esta decisión el Constituyente ha creado el
mecanismo más amplio, y a la vez eficaz, para evitar que los derechos fundamentales no obtengan la protección que merecen
como principios medulares de la organización política colombiana. Es así como la Corte Constitucional debe mirar la totalidad

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05161-01
Demandante: Oliverio De Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

Cabe destacar que el alto tribunal constitucional flexibilizó20 la postura de
improcedencia de la tutela contra sentencia de amparo en varios pronunciamientos,
al punto de que, en el fallo SU-627 de 201521, dijo que a ello hay lugar siempre que
se cumplan ciertos presupuestos, en los siguientes términos:

“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que
no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude
y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia
de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii)
no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación
[…]”. (Énfasis propio).

Al aplicar las exigencias precisadas por la Corte Constitucional para que la tutela
sea procedente contra providencias que decidan otra de similar raigambre, en el
asunto sub examine la Sala concluye que no se colman, pues no se evidencia que
la decisión reprochada corresponda a una situación de fraude, es decir, que se
configure lo que ese alto tribunal ha denominado cosa juzgada fraudulenta,
entendida como la “[…] intención dolosa de servirse de la justicia para alcanzar
fines inicuos […]”22. Además, porque los motivos de inconformidad del accionante
atañen al fondo de la decisión adoptada por la autoridad accionada, en sede de
tutela, lo cual no es procedente a través de esta acción constitucional.

Ahora bien, la afirmación del actor, según la cual se vulneraron sus derechos
fundamentales, no se encuentra ajustada a los postulados delimitados por la citada
providencia SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional, en razón a que lo que se

de las sentencias de tutela, bien sea para seleccionar las sentencias que ameritan una revisión o para decretar su no
selección pero en cualquiera de estos dos eventos debe estudiar el fallo de instancia y adoptar una decisión al respecto.”
20
Sentencias T-218 de 2012, M. P. Juan Carlos Henao Pérez, y T-951 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21
M. P. Mauricio González Cuervo.
22
Sentencia T-218 de 2012, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05161-01
Demandante: Oliverio De Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

debe probar es que haya existido fraude en la decisión que se cuestiona, lo que no
acontece en el sub lite, pues solamente se limitó a cuestionar la decisión a través
de la cual, se dejó sin efectos las providencias a través de las cuales se sancionó
a las señoras Alfaro Yara y Tobón Yagarí por haber incurrido en desacato de la
sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad.

III. DECISIÓN

Comoquiera que en el presente asunto no se cumple el requisito general de
procedibilidad de la tutela consistente en que el fallo objeto de censura no sea
proferido dentro de una acción de la misma naturaleza, esta Sala estima que las
circunstancias propias del asunto no colman los preceptos legales ni
jurisprudenciales para la procedencia del amparo constitucional, por lo que la
acción de tutela resulta improcedente. Por tal motivo, se confirmará la sentencia de
primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre del 2024 a través de la
cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró improcedente la acción de
tutela, por las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05161-01
Demandante: Oliverio De Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

14

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