Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05162-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05162-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05162-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05162-01
Accionante: Arnobis Tique Culma
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle de Cauca
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA /
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Carga argumentativa.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 24 de octubre de 2024, por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 24 de septiembre de 2024 el señor Arnobis Tique Culma, interpuso acción de
tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, con el fin de que se
dejara sin efectos la sentencia de 30 de agosto de 20242, dictada al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que promovió contra la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-; con la pretensión de que
se declarara la nulidad de las resoluciones4 por medio de las cuales se le negó la
reliquidación de la pensión especial de vejez de alto riesgo.
2.
A través de dicha providencia, el Tribunal revocó la decisión de primera instancia5
y negó las pretensiones. Estimó que en sintonía con los pronunciamientos del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, los empleados vinculados al INPEC con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 o el Decreto 2090 de
2003, se les aplicaba el régimen de transición sobre la edad y tiempo servicios, pero
el monto era el establecido en el artículo 21 del primer cuerpo normativo, respecto al
cálculo del IBL con base a lo cotizado durante los últimos 10 años anteriores al
1 Invocó los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital, buen nombre, dignidad humana
y familia, así como el principio de favorabilidad en materia pensional.
2 Notificada el 19 de septiembre de 2024.
3 Radicado 76-001-33-33-002-2020-00001-02.
4 Resoluciones SUB 295361 del 25 de octubre de 2019 y DPE 14696 del 16 de diciembre de 2019.
5 Sentencia del 19 de diciembre de 2023, en la que el Juzgado Segundo Administrativo de Cali accedió a las
pretensiones.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05162-01
Accionante: Arnobis Tique Culma
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle de Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
reconocimiento de la pensión. En cuanto a los factores que se deben incluir en el IBL
eran los previstos en el Decreto 1158 de 1994 y, sobre los cuales se efectuaron
cotizaciones al sistema de seguridad social.
3.
La parte actora sostuvo que la autoridad accionada le vulneró sus derechos
fundamentales por cuanto en la sentencia de segunda instancia se aplicó la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 (radicado 52001-23-33-000-2012-
00143-01); a pesar de que misma trata de un caso contrario al suyo, como
exfuncionario del INPEC, y la decisión no se refiere a la reliquidación de la pensión
de jubilación conforme la Ley 32 de 1986. Agregó que en la decisión acusada no se
aplicaron las sentencias de unificación del Consejo de Estado que eran similares a
su caso. Citó de forma extensa el fallo de 11 de abril de 2019 (radicado 11001-03-
25-000-2013-01111-00).
B. Sentencia de primera instancia
4.
En fallo de 24 de octubre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo. Explicó que el asunto no superaba el requisito
general de relevancia constitucional.
C. La impugnación
5.
El accionante indicó que el Tribunal accionado emitió una sentencia que no tuvo
en cuenta ciertos aspectos fundamentales que afectan directamente la liquidación
de la pensión, provocando la vulneración de sus derechos fundamentales.
6.
También, que la sentencia no consideró la jurisprudencia actualizada sobre la
reliquidación de pensiones y presentó inconsistencias en el análisis de los derechos
fundamentales relacionados con la igualdad y el debido proceso.
7.
Afirmó, que: (i) se le vulneró su derecho a la igualdad, porque la accionada no
aplicó la ley de manera uniforme, discriminándolo en comparación con otros casos
similares; (ii) se lesionó su debido proceso, debido a que el procedimiento seguido
por el Tribunal careció de una adecuada fundamentación en la ley, y omitió pruebas
relevantes presentadas por el impugnante; y, (iii) se desconoció su derecho a la
seguridad social, por cuanto ha sido objeto de decisiones que afectan su derecho a
una pensión digna y justa, lo cual contradice el propósito de las leyes de seguridad
social.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Análisis del caso concreto
8.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.
6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05162-01
Accionante: Arnobis Tique Culma
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle de Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
9.En esta oportunidad se confirmará la decisión de declarar improcedente el
amparo, por no estar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.
10.
Aunque la parte accionante censura la aplicación de una sentencia de unificación,
se limita a exponer -en forma poco clara- que el caso estudiado en aquella no se
refiere a funcionarios del INPEC, ni trata de la Ley 32 de 1986. Pese a ello, es claro
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado sentó su
postura frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra
el régimen de transición pensional, y determinó que los factores salariales que se
deben incluir en el Ingreso Base de Liquidación (IBL) para la pensión de vejez de los
servidores públicos beneficiarios del régimen de transición (inciso 3º del artículo 36
de la Ley 100 de 1993) son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado
los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
11.
Es decir, la misma se aplica al caso de los servidores públicos que se encuentren
inmersos en dicho régimen de transición, y respecto de los cuales no se haya
adoptado una decisión. Frente a ello, la exigua argumentación del actor relacionada
con que la señalada decisión no le era aplicable por no ser casos similares, sin
presentar una explicación debidamente sustentada sobre las razones por las cuales
se debía inaplicar un precedente, deviene en improcedente la pretensión de amparo.
12.
Sumado a lo anterior, el actor agrega que no se aplicaron las sentencias de
unificación del Consejo de Estado que eran similares a su caso; citando de forma
extensa el fallo de 11 de abril de 2019. No obstante, omite explicar cuál o cuáles
fueron las sentencias dejadas de aplicar por la autoridad judicial accionada, que eran
obligatorias para la solución del caso. Tampoco expuso el motivo por el cual la
sentencia traída a colación debía ser considerada en su caso, de forma prevalente
al fallo de unificación.
13.
Por otra parte, en el escrito de impugnación, el actor afirmó que en la sentencia
cuestionada se presentaron, adicional al presunto desconocimiento jurisprudencial
reseñado en el escrito de tutela inicial, inconsistencias en el análisis de los derechos
fundamentales, y explicó la razón por la cual consideraba lesionados los mismos.
14.
Sin embargo, en relación con estos cargos nuevos, la Sala no se pronunciará,
toda vez que vulneraría las garantías de defensa y contradicción de las accionadas
y de los demás sujetos procesales vinculados al presente trámite, quienes
fundamentaron sus intervenciones en los hechos alegados en la solicitud de amparo.
Cabe agregar que la impugnación es el mecanismo por medio del cual se expresan
las inconformidades con el fallo de tutela de primera instancia, mas no una
oportunidad para presentar nuevos hechos y pretensiones que no fueron expuestos
en el escrito de tutela.
15. Bajo ese escenario, es evidente que el accionante no cumplió con el deber de
indicar con rigor demostrativo el yerro que, en su sentir, se produjo en la decisión de
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05162-01
Accionante: Arnobis Tique Culma
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle de Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
segunda instancia reprocha, pues sus argumentos son exiguos y generales en contra
de aquel, al punto que ni siquiera encuadra aquellos en algún defecto.
16. En ese contexto, la Sala insiste que no basta con que la parte accionante enuncie
los derechos presuntamente vulnerados y los defectos en que incurrió la autoridad
accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada con una dimensión de
orden constitucional, es decir, tener una carga argumentativa mínima, en la que se
exprese con suficiencia las razones y motivos que revelan un juicio de desvalor de
los derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición
que ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho
con clara expresión de los motivos de la presunta vulneración.
17.
Por último, se debe destacar que la decisión sometida a examen no comporta una
actuación arbitraria o abusiva y, por el contrario, se encuentra que la misma fue
proferida dentro del marco de la sana crítica, autonomía e independencia judicial,
sustentándose en disposiciones jurisprudenciales claramente aplicables al caso
concreto y con apoyo en el material probatorio aportado al proceso, sin que pueda
decirse que la decisión vulnera derechos fundamentales de la parte actora. Aunado
a que la controversia que pretende suscitar el accionante no pasa de ser un debate
legal sobre el régimen normativo que rige su caso, sin que se adviertan contornos
constitucionales en sus objeciones.
18.
En los términos precedentes, se estima que el debate propuesto en la demanda
de tutela no se proyecta de manera directa como una afectación a algún derecho
fundamental. Por lo expuesto anteriormente, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de
24 de octubre de 2024 proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera.
19.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de octubre de 2024 por el
Consejo de Estado – Sección Primera.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05162-01
Accionante: Arnobis Tique Culma
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle de Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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