Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05170-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05170-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05170-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05170-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
20 de febrero de 2025
1
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05170-01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05170-01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Temas: Tutela para lograr la corrección de nombres y apellidos dentro de una
sentencia de reparación directa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante en contra
de la sentencia del 21 de noviembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de tutela
2. El 25 de septiembre de 2024, Yeymi Marinela Vaca Delgado, actuando en
nombre propio y como agente oficioso de Jhon Freddy Vaca Delgado, Yasmin Marian
Vaca Delgado y Margoth Yaneth Delgado Cáceres, interpuso acción de tutela en
contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.1
1.1. La solicitud de tutela
3. La parte accionante presentó como pretensiones, las siguientes:
1 La demanda de tutela se presentó a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05170-01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
1. Se ordene al honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA, dar estudio desde el
enfoque diferencial, por tratarse de personas pertenecientes a un grupo especialmente
vulnerable y ser sujetos de especial protección constitucional, como es el de las
personas víctimas de desplazamiento forzado.
2. De conformidad con el enfoque diferencial y atendiendo a las condiciones particulares
que rodea este caso, se ordene de forma inmediata realizar las correcciones señaladas
en la sentencia dentro del radicado 81001-23-39-000-2015-00025-01 (63303), proferida
el 4 de mayo de 2022 por [el] honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA.
3. Se ordene al honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA, que se nos allegue a
nosotros la sentencia con las correcciones señaladas.
4. Se ordene al honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA, que una vez realizadas las
correcciones señaladas se oficie sobre las mismas y remita la sentencia a la Dirección
Nacional de Asuntos Judiciales de la Defensoría del Pueblo, a día de hoy en cabeza de
la señora Martha Cecilia Osorio Londoño, al correo electrónico
martosorio@defensoria.gov.co.
5. Se ordene al honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA, que una vez realizadas las
correcciones señaladas se oficie sobre las mismas y remita la sentencia a todas las
demás instituciones a las que se deba informar sobre dichas correcciones.
1.2. Los hechos
4. El 14 de abril de 2015, los señores Felimón Mendivelso, Gilberta Tauy Naranjo,
Nelson Mendivelso Tuay, Luz Mila Mendivelso Tuay, Holman Yesid Silva Mendivelso,
Lyda Isamar Silva Mendivelso y Erika Zulay Contreras Mendivelso demandaron a la
Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en ejercicio de la acción de grupo, en
orden a que se le declarara responsable por los perjuicios ocasionados por el
desplazamiento forzado de que fueron víctimas los habitantes de la vereda «La
Cabuya» del municipio de Tame (Arauca) y sus alrededores, dada la masacre
perpetrada la noche del 19 y madrugada del 20 de noviembre de 1998.
5. El 25 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo de Arauca emitió sentencia
de primera instancia en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
declarando la responsabilidad de la entidad y condenándola al pago de perjuicios a
favor de 96 personas víctimas del desplazamiento forzado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05170-01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
6. El 4 de mayo de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
modificó la decisión del a quo en el sentido de incluir a nuevas personas dentro del
grupo de víctimas, para un total de 154 personas.
7. El 17 de julio de 2023, por medio de la Resolución 2696, el Ministerio de Defensa
Nacional reconoció, ordenó y autorizó el pago de la suma de $9.513.272, en favor de
cada una de las víctimas reconocidas dentro de la referida sentencia.
8. Varios de los beneficiarios de la sentencia radicaron solicitud de corrección de
la sentencia en torno de los nombres y apellidos allí consignados, por haber sido
escritos de manera incorrecta, lo cual les impedía dar inicio al proceso administrativo
de pago de la indemnización.
9. El 14 de junio de 2024, los aquí accionantes, presentaron petición ante el
consejero de Estado Alberto Montaña Plata, ponente de la decisión de segunda
instancia, en el que solicitaron la corrección tipográfica de sus nombres y apellidos.
10. Para la fecha de presentación de la acción de tutela, 25 de septiembre de 2024,
aún no han obtenido respuesta a la petición.
1.3. Sustento de la vulneración
11. En el caso se vulneraron sus derechos de petición y acceso a la administración
de justicia, pues a más de que no se ha dado respuesta a lo peticionado, la falta de
celeridad en el proceso de corrección de la sentencia les ha impedido gozar de la
ejecución del fallo.
1.4. Trámite de la acción
12. El 1° de octubre de 2024, el consejero de Estado Milton Chávez García
inadmitió la acción de tutela y requirió a la señora Yeymi Marinela Vaca Delgado para
que i) acreditara la calidad de apoderada de los señores Jhon Freddy Vaca Delgado,
Yasmin Marian Vaca Delgado y Margoth Yaneth Delgado Cáceres, o bien, ii) informara
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05170-01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
si actuaba como agente oficioso de estos, caso en el cual debería informar las razones
por las que los agenciados no estaban en condiciones de ejercer su propia defensa.
13. El 15 de octubre de 2024, el consejero Milton Chávez García admitió la acción
de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar i) a los demandantes; ii) al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, despacho del consejero Alberto Montaña
Plata, como demandado, iii) a la Nación–Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, y a
los demandantes e intervinientes en la acción de grupo tramitada bajo el radicado
81001-23-39-000-2015-00025-01, en condición de terceros con interés; y iv) a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 610 del Código General del Proceso; e informar a los demandados y a los
terceros con interés que, en el término de dos (2) días y por el medio más expedito,
podían rendir informe sobre los hechos objeto de tutela.
1.5. Informes
14. Realizadas las notificaciones pertinentes, se presentó la siguiente intervención:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
15. El 22 de octubre de 2024, el consejero de Estado Alberto Montaña Plata señaló
que en el expediente de la acción de grupo se encontraban los argumentos y
elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela tomara la decisión que
en derecho correspondiera.
1.6. Sentencia de primera instancia
16. El 21 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado, en atención a los siguientes
considerandos:
17. A pesar de que la parte actora invocó vulnerado su derecho fundamental de
petición, el estudio del caso debe darse a partir del análisis de la violación de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05170-01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
por tratarse de una actuación al interior de un proceso judicial, como lo es la solicitud
de corrección de sentencia.
18. Ello, atendiendo lo previsto por la jurisprudencia constitucional, según la cual «la
omisión de atender las solicitudes propias de la actividad jurisdiccional, configuran una
violación del debido proceso y del derecho al acceso de la administración de justicia,
en la medida en que dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin motivo
probado y razonable, implica una dilación injustificada dentro del proceso judicial, la
cual está proscrita por el ordenamiento constitucional».2
19. Así, en los términos de las pretensiones de la acción de tutela y de sus
fundamentos, se debería entrar a estudiar si la autoridad judicial incurrió en la
vulneración alegada, de no ser porque, de la consulta del expediente de reparación
directa con radicado 81001-23-39-000-2015-00025-01 [63303], se advirtió que, como
consecuencia de la interposición de la acción de tutela, la Subsección accionada
resolvió las solicitudes de corrección de sentencia el pasado 18 de noviembre de 2024,
por lo que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.
1.7. Impugnación
20. El 2 de diciembre de 2024, la parte actora presentó memorial de impugnación
de la sentencia de primera instancia, en el que solicitó revocar la decisión y, en su
lugar, conceder el amparo del derecho fundamental de acceso a la administración de
Justicia, dados los siguientes argumentos:
21. En el asunto no se configuró un hecho superado, puesto que en el auto del 18
de noviembre de 2024 la Subsección accionada no corrigió sus nombres y apellidos.
Aunque la providencia dio respuesta a lo peticionado, al margen de que haya sido
resuelto de manera negativa, en el caso se sigue vulnerando el derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia, puesto que con la acción de tutela no se
buscó un simple pronunciamiento sobre las correcciones solicitadas, sino que se
tutelara la materialización del acceso a la administración de justicia por tener a favor
2 Sentencias T-377 de 2000, T-178 de 2000, T-007 de 1999, T-604 de 1995, T-006 de 1992, T-173 de
1993, C-416 de 1994 y T-268 de 1996.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05170-01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
una sentencia que no han podido ejecutar por las inconsistencias encontradas en sus
nombres.
22. En dicha providencia, el juez colegiado señaló que no era procedente la
corrección pretendida por algunos de los solicitantes, puesto que los nombres y
apellidos consignados en la sentencia se realizó conforme a lo señalado en las pruebas
allegadas al expediente, esencialmente, en el listado efectuado por la Personería de
Tame (Arauca), y en las bases de datos del Sistema de Información de Población
Desplazada —SIPOD— y la Red Nacional de Información —RNI—, por lo que definir que
esos nombres no eran los correctos implicaba una verificación de identidades, lo cual
era imposible de realizar a través del mecanismo de corrección de sentencia.
23. La verificación de identidades es una carga desproporcionada que ahora se les
exige como grupo de desplazados, ya que fue en el momento en el que se realizó la
ampliación del reconocimiento de víctimas cuando se debió realizar, a fin de evitar este
tipo de errores que lesionan su derecho de acceso a una justicia material. Con todo,
junto con el escrito de impugnación se allega i) el certificado de la Personería de Tame
que da cuenta que el señor Omar Leandro Vaca y su familia fueron desplazados con
fecha 9 de abril de 1999, ii) los registros civiles de nacimiento del grupo familiar, y que
confirman que residían en la Vereda la Cabuya, iii) la copia de las cédulas de
ciudadanía; y iv) los certificados del Registro Único de Víctimas —RUV—.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
24. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela
interpuesta por los señores Yeymi Marinela Vaca Delgado, Jhon Freddy Vaca Delgado,
Yasmin Marian Vaca Delgado y Margoth Yaneth Delgado Cáceres en contra del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto Ley 2591
de 1991; en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021; y en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05170-01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
2.2. Problema jurídico
26. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, la
documental aportada al plenario y los argumentos expuestos en la impugnación, esta
Sala plantea como problemas jurídicos a resolver los siguientes:
27. ¿Corresponde confirmar o revocar la decisión del a quo en cuanto declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado al encontrar que, con la adopción del
auto del 18 de noviembre de 2024 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, resolvió las peticiones de corrección de sentencia presentadas por los aquí
accionantes?
28. ¿Atañe analizar ―en el presente mecanismo de amparo― la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, al haberse negado en el
auto del 18 de noviembre de 2024, proferido por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, la corrección de sus nombres y apellidos contenidos en la
sentencia del 4 de mayo de 2022?
29. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes ítems:
i) sobre las solicitudes presentadas ante autoridades judiciales, ii) sobre la carencia
actual de objeto, y ii) caso concreto
2.3. Sobre las solicitudes presentadas ante autoridades judiciales
30. Tratándose de solicitudes presentadas ante autoridades judiciales, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que es necesario distinguir, de un lado, las
peticiones de contenido judicial, que cuentan con procedimientos expresos dispuestos
en la ley para su resolución, y de otro, aquellas de tipo administrativo, frente a las que
deben atenderse las disposiciones legales contempladas para las actuaciones
administrativas.3
31. Así, las solicitudes de contenido judicial presentadas por las partes y los
intervinientes, que involucran la actividad del juez dentro de la litis, deben ser resueltas
3 Sentencia T-334 de 1995.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05170-01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio; la
omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones formuladas por las partes
intervinientes en una actividad jurisdiccional transgrede el debido proceso y el acceso
a la administración de justicia.
32. Y, por su parte, en el ejercicio del derecho de petición ante los jueces, en
asuntos administrativos a su cargo, los operadores jurídicos están obligados a tramitar
y responder las solicitudes que se les presenten en los términos previstos dentro del
título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA),4 pues, de no hacerlo, desconocen esta garantía fundamental, la cual puede
ser cuestionada a través de la acción de tutela.
2.4. Sobre la carencia actual de objeto
33. La carencia actual de objeto se configura en casos en que la orden del juez de
tutela no tiene ningún efecto frente a las pretensiones de la acción, lo cual puede ocurrir
por i) un hecho superado, ii) un daño consumado y/o iii) el acaecimiento de una
situación sobreviniente.5
34. Tratándose del «hecho superado», se ha señalado que este tiene lugar cuando
entre la interposición de la acción de tutela y el fallo se satisface la pretensión, es decir,
«que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional desaparece la causa
que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del
peticionario»,6 resultando inocua la intervención del juzgador para proteger los
derechos invocados, en tanto ya la parte accionada los ha garantizado.
35. Respecto del «daño consumado», que este se presenta cuando se ejecuta el
daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que
el juez ya no puede dar una orden para hacer cesar la vulneración o impedir que se
materialice el peligro.7 Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro,
lo único procedente es el resarcimiento del daño causado por la violación de derecho;
4 Sustituido mediante la Ley Estatutaria 1755 de 2015.
5 Sentencia SU-225 de 2013.
6 Sentencia T- 715 de 2017.
7 Sentencia SU-225 de 2013.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05170-01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
sin embargo, la acción constitucional se hace totalmente improcedente cuando se ha
consumado la vulneración, dada su naturaleza preventiva y no indemnizatoria, a
excepción de que, según lo señala el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, se «continúe
la acción u omisión violatoria del derecho».
36. Y, en torno al «acaecimiento de una situación sobreviniente», que, a diferencia
del escenario anterior, la situación sobreviniente no debe tener origen en una actuación
de la accionada, sino porque el accionante asumió la carga que no le correspondía o
porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho,8 lo cual hace que la
protección solicitada ya no sea necesaria.
2.5. Caso concreto
37. Los accionantes controvierten, en sede de impugnación, la decisión del a quo
que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. Argumentan que en el
caso no se configuró dicha figura pues, aunque en el auto del 18 de noviembre de
2024 la Subsección accionada dio respuesta a lo peticionado ―al margen de que haya
sido resuelto de manera negativa―, con la acción de tutela no se buscó lograr un
simple pronunciamiento sobre las correcciones solicitadas, sino que se tutelara la
materialización del derecho de acceso a la administración de justicia por tener a favor
una sentencia que no han podido ejecutar, dadas las inconsistencias encontradas en
sus nombres y apellidos.
38. Pues bien, se advierte que el 25 de septiembre de 2024, los accionantes
presentaron acción de tutela en orden a que el juez constitucional concediera la
protección de sus derechos fundamentales de petición y acceso a la administración de
justicia. En consecuencia, ordenara al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, i) atender un enfoque diferencial, por tratarse de personas
pertenecientes a un grupo especialmente vulnerable y sujetos de especial protección
constitucional, como es el de las personas víctimas de desplazamiento forzado; a partir
de ello, ii) realizar la corrección de los nombres y apellidos contenidos en la sentencia
del 4 de mayo de 2022; y ii) remitir la sentencia con las correcciones, tanto a los
8 Sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013 y T-481 de 2016, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05170-01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
accionantes de tutela, como a la Dirección Nacional de Asuntos Judiciales de la
Defensoría del Pueblo, y demás instituciones a que correspondiera.
39. Lo anterior, atendiendo a que el 8 de junio de 2024, presentaron derecho de
petición ante el despacho del consejero de Estado Alberto Montaña Plata, solicitando
la corrección de sus nombres y apellidos en la sentencia del 4 de mayo de 2022, sin
que para la fecha de presentación de la acción de tutela hubieran obtenido respuesta
alguna. La petición fue en los siguientes términos:
HECHOS
1. Mediante sentencia de segunda instancia proferida por el honorable Consejo de
Estado, de fecha 4 de mayo de 2022, donde incluyo otras víctimas por el hecho
desplazamiento forzado de la VEREDA LA CABUYA del municipio de TAME departamento
de (ARAUCA).
2. Entre las víctimas incluidas está en el numeral 72 JHON FREDDY VACA (HERNÁNDEZ),
desafortunadamente quedó mal escrito el segundo apellido, siendo JHON FREDDY VACA
DELGADO; en el numeral 107 está MARGOTH YANETH DELGADO también faltando mi
segundo apellido siendo MARGOTH YANETH DELGADO CÁCERES; en el numeral 147 esta
YASMIN VACA faltando mi segundo nombre y apellido el cual es YASMIN MARIAN VACA
DELGADO; en el numeral 148 está YEYMI MARINELA DELGADO faltando mi primer apellido
(VACA) siendo YEYMI MARINELA VACA DELGADO. Por lo tanto, exijo la corrección de los
errores cometidos. Art.310 modificado. Decr.2282 de 1989, art.1 mod.140 para efectos
de pago, ante el fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos. Agradezco
la atención.
Con fundamento en lo anterior formulo lo siguiente:
PETICIONES
1. Corrección de nombres y apellidos.
2. Pago perjuicios morales
PRUEBAS Y ANEXOS
1. Fotocopia C.C YEYMI MARINELA VACA DELGADO
2. Fotocopia C.C JHON FREDDY VACA DELGADO
3. Fotocopia C.C. MARGOTH YANETH DELGADO CÁCERES
4. Fotocopia C.C YASMIN MARIAN VACA DELGADO
5. Certificados individuales unidad de víctimas.
40. Es decir, que, ante la mora de la autoridad accionada en resolver sobre el
pedimento de corrección, los accionantes presentaron acción de tutela a fin de que el
juez constitucional ordenara al juez ordinario atender un enfoque diferencial y, a partir
de ello, realizara la corrección de los nombres y apellidos contenidos en la sentencia
del 4 de mayo de 2022.
41. Sobre el particular, es de advertir que el anterior pedimento se torna
improcedente, pues el juez de tutela no puede inducir al juez ordinario en la adopción
de sus decisiones, en tanto ello invadiría el campo propio de su autonomía e
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05170-01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
independencia judicial. Es al juez natural, atendiendo la ritualidad que competa al caso,
al que le corresponde tomar la determinación que corresponda.
42. De ahí que la jurisprudencia constitucional sea clara en señalar que al tratarse
de peticiones y/o reclamaciones que requieran una actuación judicial, tanto el juez,
como las partes y los intervinientes están sometidos a las reglas que rigen cada juicio,9
siendo lo que corresponde al juez constitucional en tales asuntos es analizar si en el
caso concreto existe un motivo probado y razonable para no atender, en los términos
de ley, lo requerido por las partes.10
43. Entonces, aunque es cierto que en el auto del 18 de noviembre de 2024, la
autoridad accionada ya resolvió sobre la solicitud de corrección presentada por los
aquí accionantes, en el caso no puede hablarse de carencia actual de objeto por hecho
superado, en tanto su pedimento no solo se sintetizaba a ello, sino también a que la
solicitud se resolviera atendiendo un enfoque diferencial por tratarse de personas
pertenecientes a un grupo especialmente vulnerable y sujetos de especial protección
constitucional ―como lo es el de las personas víctimas de desplazamiento forzado―,
pedimento que, al ser improcedente a través del mecanismo de amparo, según se
explicó, lo que deviene en el caso es una ausencia de la vulneración invocada y, por
tanto, en la negativa de este juez constitucional en conceder el amparo en los términos
en que fue solicitado.
44. En esa misma línea, en el escrito de impugnación, los accionantes también
cuestionaron lo resuelto en el auto del 18 de noviembre de 2024 ―que resolvió las
solicitudes de corrección presentadas en contra de la sentencia del 4 de mayo de
2022―. Señalaron que con la referida providencia se vulnera su derecho de acceso a
la administración de justicia y su efectiva materialización, en tanto se negó la
corrección de sus nombres y apellidos bajo el sustento de que, para proceder a ello,
era necesario realizar una verificación de identidades, lo cual era imposible de realizar
a través del mecanismo de corrección de sentencia, carga que, manifiestan, es
desproporcionada, puesto que fue en el momento en el que se realizó la ampliación
9 Sentencia T-334 de 1995.
10 Sentencias T-377 de 2000, T-178 de 2000, T-007 de 1999, T-604 de 1995, T-006 de 1992, T-173 de
1993, C-416 de 1994 y T-268 de 1996.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05170-01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
del reconocimiento de víctimas cuando se debió hacer la verificación de identidades;
y que, en tal sentido, en el asunto no se configuró la existencia de un hecho superado,
según lo refirió el a quo.
45. Pues bien, sin ser procedente en el caso revisar lo resuelto por el juez natural
en el auto del 18 de noviembre de 2024, sí vale la pena destacar lo referido por la
Subsección, en cuanto a que la grafía con la cual fueron consignados los nombres y
apellidos en la sentencia se tomó de las pruebas allegadas al expediente,
específicamente, del listado efectuado por la Personería de Tame (Arauca) y en las
bases de datos del Sistema de Información de Población Desplazada ― SIPOD― y la
Red Nacional de Información –RNI―.
46. Ello, por cuanto de manera implícita puede extraerse el procedimiento a seguir
por los peticionarios a efectos de lograr la corrección de la sentencia, en los términos
por estos requeridos.
47. En efecto, es oportuno que los accionantes se presenten ante la Personería de
Tame (Arauca) y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas a fin de
pedir información para lograr la corrección de sus nombres y apellidos dentro de sus
bases de datos ―en orden a hacer efectivo el cobro de la sentencia de la cual fueron
beneficiarios―, y luego de contar con la información pertinente, procedan a realizar la
petición formal de corrección en sus bases de datos, aportando las pruebas y/o
documentación requerida por las autoridades para ello.
48. Una vez ello haya ocurrido, pueden acudir nuevamente ante al juez de la acción
de grupo, con la prueba de que sus nombres y apellidos fueron efectivamente
corregidos en las bases de datos de la Personería de Tame (Arauca), del Sistema de
Información de Población Desplazada ―SIPOD― y de la Red Nacional de Información
–RNI―, con fundamento en lo cual adoptó su decisión, y solicitar la respectiva
corrección de la sentencia.
49. Ello, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 286 del CGP, que señala:
«Artículo 286: Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético
puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05170-01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
de parte, mediante auto. Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el
auto se notificará por aviso. Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos
de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén
contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella».
50. Así las cosas, en aras de lograr la materialización de su derecho de acceso a la
administración de justicia por tener a favor una sentencia que no han podido ejecutar,
esta Sala instará al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, para que, una
vez los señores Yeymi Marinela Vaca Delgado, Jhon Freddy Vaca Delgado, Yasmin
Marian Vaca Delgado y Margoth Yaneth Delgado Cáceres alleguen solicitud de
corrección de la sentencia, con los respectivos documentos de verificación y/o
corrección de identidades dentro de las bases de datos con las cuales se fundamentó
la sentencia, proceda a resolverla sin dilación injustificada, atendiendo lo dispuesto en
el artículo 286 del CGP, que otorga la posibilidad de presentar la solicitud de corrección
de la sentencia en cualquier tiempo.
51. Bajo dichos derroteros, la Sala revocará la sentencia impugnada que declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado y, en su lugar, negará el amparo
solicitado, e instará a la autoridad accionada para que una vez los accionantes
interpongan solicitud de corrección de la sentencia, proceda a resolverla sin dilación
injustificada, atendiendo lo dispuesto en el artículo 286 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
3. F A L L A:
Primero. REVOCAR la sentencia del 21 de noviembre de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, dadas las consideraciones que preceden. En su
lugar, se dispone: NEGAR el amparo solicitado por los señores Yeymi Marinela Vaca
Delgado, actuando en nombre propio y como agente oficioso de Jhon Freddy Vaca
Delgado, Yasmin Marian Vaca Delgado y Margoth Yaneth Delgado Cáceres, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05170-01
Accionante: Yeymi Marinela Vaca Delgado y otros
Segundo. INSTAR al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, para que
una vez los señores Yeymi Marinela Vaca Delgado, Jhon Freddy Vaca Delgado,
Yasmin Marian Vaca Delgado y Margoth Yaneth Delgado Cáceres presenten solicitud
de corrección de la sentencia, con los respectivos documentos de verificación y/o
corrección de identidades dentro de las bases de datos con las cuales se fundamentó
la sentencia, proceda a resolverla sin dilación injustificada, atendiendo lo dispuesto en
el artículo 286 del CGP.
Tercero. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.