Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05180-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05180-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05180-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
31 de octubre de 2024
Demandante: Noel Benavides Ordoñez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05180-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05180-00
Demandante: NOEL BENAVIDES ORDOÑEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, SALA DE
DECISIÓN 006.
Tema: Tutela contra providencia judicial – declara improcedencia y
niega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por el señor
Noel Benavides Ordoñez contra el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de
Decisión 006 de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 25 de septiembre de 2024 Noel Benavides Ordoñez, actuando en nombre
propio, inició acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala
de Decisión 006, en la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad.
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 29 de agosto de 2024, mediante la
cual revocó la providencia del 24 de junio de 2020 proferida por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, para en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso de
reparación directa instaurado contra Nación – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial [en adelante Rama Judicial] y Fiscalía General de la
Nación, con radicado 19001-33-33-003-2016-00050-01.
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Demandante: Noel Benavides Ordoñez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006
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1.2. Pretensiones
Con base en lo expuesto, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
Por último se ordenará al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA que dentro
de un plazo máximo de 48 horas subsiguientes a la sentencia, profiera decisión
judicial en la que se atempere a lo dispuesto por el derecho positivo colombiano,
específicamente por lo dispuesto en los artículos 2, 6, 13, 29, 95 - 7, 228 y 230 de la
Constitución Política, al igual que los artículos 1, 2 y 3 del C.P.A.C.A., 356 de la ley
600 de 2000 y artículo 139 numerales 1 y 2, 175 y 294 del Código de Procedimiento
Penal, Ley 906 de 2004, para efectos de que se profiera sentencia de fondo
atendiendo al caudal probatorio allegado al plenario y a los lineamientos
constitucionales y legales del derecho positivo, conforme han sido definidos en casos
similares por el precedente jurisprudencial del H. Consejo de Estado
1.3. Hechos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
El señor Noel Benavides Ordoñez, en compañía de su grupo familiar1, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la
Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía
General de la Nación, para que se le declarara responsable por los perjuicios que
les fueron causados con ocasión de la presunta falla en el servicio, como
consecuencia de la privación injusta de la libertad que padeció en su domicilio
desde el 22 de agosto de 2013 hasta el 14 de noviembre de 2013, por el delito
de obstrucción en vías públicas que afectan el orden público y violencia contra
servidor público.
Se tiene del proceso penal que el 6 de mayo de 2014 se realizó audiencia pública
de preclusión ante el Juzgado Penal del Circuito de Patía con Funciones de
Conocimiento, donde el Fiscal asignado al caso presentó la solicitud de
preclusión de la investigación en favor del señor Benavides Ordoñez con
fundamento en la causal 6 del artículo 332 del C.P.P. – imposibilidad de
desvirtuar la presunción de inocencia– solicitud que fue avalada y decretada por
dicho juzgado en la diligencia, la misma que no fue objeto de recursos.
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán mediante
sentencia del 24 de junio de 2020 accedió a las pretensiones de la demanda al
considerar que la privación de la libertad del demandante involucró las cargas
procesales y argumentativas en cabeza de la autoridad de persecución penal y
1Angeline Benavides Pérez, Jhonatan Andrés Benavides Pérez, Karen Andrea Benavides Pérez, Jesica
Andrea Benavides Bolaños, Olga Nira Benavides Ordoñez, Rovira Benavides Ordoñez y Elvia Ordoñez de
Benavides.
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el funcionario judicial, aquellas que contribuyeron a la causación del daño
predicado.2
La parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo del Cauca a través de sentencia del 29 de agosto de
2024, en la cual revocó la decisión del a quo, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.
Explicó que la limitación de la libertad se adecuó a los fines legales previstos, en
tanto, el demandante fue capturado en flagrancia en medio de actos que en su
momento brindaban inferencia razonable de participación en hechos delictivos;
además, los elementos de prueba dieron cuenta en grado de inferencia
razonable, para ese momento, de la conducta punible, sin que aquellos hechos
pudieran ser desvirtuados con la contundencia requerida en la etapa inicial del
proceso y la defensa del imputado se encontró conforme con dicha decisión, en
vista que no se interpusieron recursos.
Concluyó que resultaba evidente que la medida restrictiva de la libertad impuesta
al señor Noel Benavides Ordoñez, no desbordó los criterios de proporcionalidad
ni de razonabilidad inherentes a la adopción de este tipo de decisiones, aunado
a que durante el trámite del proceso penal no se develaron errores o
equivocaciones por parte de la autoridad judicial durante el desarrollo procesal
de imposición de medida de aseguramiento.
1.4. Sustento de la vulneración
Adujo que la decisión controvertida vulneró sus garantías constitucionales al
incurrir en los siguientes defectos:
Defecto fáctico y sustantivo: Explicó que la norma aplicable para el caso al
momento de su valoración era el artículo 356 de la Ley 600 de 2007 del Código
de Procedimiento Penal, la cual exigía que para la imposición de la detención
preventiva debían existir al menos 2 indicios graves de responsabilidad. Indicó
que, según las pruebas legalmente recaudadas dentro del proceso, se aplicó
dicha medida, muy a pesar de que existía una sola prueba en su contra (informe
policial), «la cual resultó tan débil que debí ser exonerado en razón a que nunca se
pudo demostrar mi responsabilidad o participación en los hechos».
Agregó que, «simplemente soy un ciudadano colombiano, que resulta acusado ante la
justicia con base en un informe policial incriminatorio que señala mi nombre como
supuesto autor de un delito que no pude estar cometiendo porque me encontraba
2 Frente a la tasación de perjuicios, avaló la indemnización por concepto de perjuicios morales para el grupo
demandante teniendo como base un periodo de privación de la libertad de 8 meses y 17 días, teniendo en
cuenta la reducción del 30% de la indemnización cuando la condena se cumple en el domicilio, también
accedió al lucro cesante deprecado teniendo en cuenta el valor del salario mínimo mensual vigente y 8.5
meses de privación de la libertad, sin incluir prestaciones del 25% ni periodos adicionales; por otra parte,
desestimó el reconocimiento de indemnización por daño a la salud.
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durmiendo al interior de una residencia, con la gravedad de que el referido informe
policial nunca pudo ser confrontado con otras pruebas de cargo que determinaran mi
responsabilidad, y respecto de quien no se realiza ninguna labor investigativa por parte
de la demandada FISCALIA GENERAL DE LA NACION».
Violación al principio de igualdad: Arguyó que por los mismos hechos y con
fundamento en la misma prueba (informe policial), se detuvo entre otros a los
señores Félix Sotelo Ruiz, Faviel Acosta Contreras, Julio Gómez, William
Galíndez y Yorley Daza, personas que adelantaron similares procesos de
reparación directa ante los Juzgados Administrativos de Popayán y el Tribunal
Administrativo del Cauca, corporación que sí accedió a las pretensiones de sus
demandas y condenó a las entidades demandadas, situación que vulnera su
derecho fundamental a la igualdad.
1.5. Admisión
Mediante auto de 9 de octubre de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar tanto a la parte actora3 como al Tribunal Administrativo del Cauca, Sala
de Decisión 0064, como autoridad judicial accionada.
Se vinculó, al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán5
«a quo ordinario», a la Nación, Rama Judicial6 y Fiscalía General de la Nación7
«demandadas del ordinario», Angeline Benavides Pérez, Jhonatan Andrés
Benavides Pérez, Karen Andrea Benavides Pérez, Jesica Andrea Benavides
Bolaños, Olga Nira Benavides Ordoñez, Rovira Benavides Ordoñez y Elvia
Ordoñez de Benavides «demandantes del ordinario».8
1.6. Intervenciones
1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional por carecer de
legitimación en la causa por pasiva.
1.6.2. Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006
Hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior del proceso
ordinario y estimó que la inconformidad del actor radica en la interpretación
establecida frente las disposiciones aplicables a la situación del análisis de la
3 amarodriguez1967@hotmail.com; ama_rodriguez@hotmail.com
4 stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co
5 j03admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
6info@cendoj.ramajudicial.gov.co;deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co,
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
7 jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co
8 karen1397bp@gmail.com; jhonatan1benavides@gmail.com; ruby0623@hotmail.com;
benavidezolga6@gmail.com; amarodriguez1967@hotmail.com; ama_rodriguez@hotmail.com.
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legalidad de la medida de aseguramiento conforme al precedente jurisprudencial
establecido por el Consejo de Estado en las demandas de privación de la libertad.
Estimó que las consideraciones del tutelante a todas luces eran arbitrarias y
encaminadas hacia el beneficio de la parte demandante por fuera de los
parámetros aplicables al análisis jurídico pertinente.
Indicó que en ningún momento desatendió las garantías constitucionales de la
parte actora, pues aplicó en debida forma los parámetros jurisprudenciales
vigentes y aplicables a la materia analizando en su integridad la prueba obrante
en el expediente, garantizando su derecho al debido proceso.
1.6.3. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán
Solicitó desestimar cualquier pretensión encaminada en contra de dicho
despacho judicial porque no se ha incurrido en violación alguna de los derechos
fundamentales de los accionantes, ya que hace referencia a las actuaciones
propias del Tribunal Administrativo del Cauca, en segunda instancia.
1.6.4. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán Área Jurídica
Solicitó negar las pretensiones de la demanda, en su defecto se le desvincule del
trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva, en
cuanto el Tribunal Administrativo del Cauca basó su decisión contenida en la
sentencia con las pruebas debidamente allegadas al proceso.
Explicó que en el caso particular la parte accionante no cumple con los requisitos
establecidos para presentar una acción de tutela en contra de una providencia
judicial, pues para la procedencia de las acciones constitucionales se cuentan
con unas causales específicas con el fin de preservar la seguridad jurídica y
respetar la independencia de los funcionarios que administran justicia y «está
demostrado hasta el momento que la supuesta vulneración de derechos al accionante,
no se presentó.»
Los demás sujetos, pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron
informe de fondo frente al asunto.
1.7 Auto que declara infundado impedimento
Mediante auto del 31 de octubre se declaró infundado el impedimento presentado
por el Dr. Omar Joaquín Barreto Suárez al considerar que no se encontró
demostrada la causal de impedimento contenida en el numeral 1.º del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción presentada por
el señor Noel Benavides Ordoñez, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se
dirige contra el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006.
2.2. Solicitud de desvinculación
Se tiene que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán Área Jurídica solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional pues, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva.
Dicha petición será negada, ya que en el auto admisorio a quien se vinculó como
tercero con interés fue a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en
atención al interés que le asistía en las resultas del presente trámite, dado que
hizo parte del proceso ordinario.
2.3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿El Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006 vulneró los
derechos fundamentales «al debido proceso y a la igualdad» con ocasión
de la sentencia del 29 de agosto de 2024, mediante la cual revocó la
decisión del a quo, para en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda al considerar que no se configuró la privación injusta la
libertad?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial, y iii) el análisis del caso en
concreto.
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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10 y declaró
su procedencia.11
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere
la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.5. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 202212.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
12 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los
jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal13 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico14; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional15.
[…]
13 Sentencia SU-573 de 2019.
14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
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En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal16”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional
exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales17”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto18, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra
providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los
litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o
interpretativas de corrección legal19. (Resaltado de la Sala)
Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la
Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI
S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad
para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente
legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no
cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba
la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
2.6. Estudio de la relevancia constitucional respecto a los yerros
propuestos (sin incluir la violación al principio de igualdad).
Los argumentos de la parte actora apuntan a probar la presunta lesión de sus
derechos fundamentales debido a que, a su juicio, el Tribunal Administrativo de
Cauca al revocar la decisión del a quo, para en su lugar, negar las pretensiones
de la demanda incurrió en un defecto sustantivo y fáctico.
Atendiendo a dichos argumentos, estima la Sala que lo pretendido es controvertir
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-128 de 2021.
18 Sentencia SU-573 de 2019.
19 Ibid.
9
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las conclusiones asociadas a la valoración probatoria efectuada por el tribunal,
así como su inconformidad frente a la interpretación establecida frente las
disposiciones aplicables a la situación del análisis de la legalidad de la medida
de aseguramiento.
Al respecto se destaca que el tribunal, adujo que la detención preventiva que
afrontó la víctima directa, no fue injusta, toda vez que la participación en la
conducta imputada al momento de la imposición de la medida, se consideraba
como probable, bajo los preceptos de una inferencia razonable y en el entendido
de que no resultaba indispensable tener la certeza de la autoría del delito para
imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva.
La autoridad judicial explicó que la limitación de la libertad se adecuó a los fines
legales previstos, en tanto el demandante fue capturado en flagrancia en medio
de actos que en su momento brindaban inferencia razonable de participación en
hechos delictivos; además, los elementos de prueba dieron cuenta de la comisión
de la conducta punible, sin que aquellos hechos pudieran ser desvirtuado, en
vista que no se interpusieron recursos, por lo que ni la Fiscalía ni el juez de control
de garantías apreciaron otros medios de prueba que llevar a considerar diferente
a lo que se sustentó con los elementos materiales de prueba aportados a esa
instancia del proceso.
Concluyó el tribunal que, la medida restrictiva de la libertad impuesta al señor
Noel Benavides Ordoñez no desbordó los criterios de proporcionalidad ni de
razonabilidad inherentes a la adopción de este tipo de decisiones, toda vez que
existían varios indicios serios de responsabilidad y pruebas en su contra que la
justificaban.
La autoridad judicial agregó que resultaba importante referir que la Fiscalía contó
para su imputación con el informe de policía de vigilancia - escuadrón móvil
antidisturbios ESMAD, que desarrolló labores de prevención en el corregimiento
de Galíndez - Patía para evitar el taponamiento de la vía panamericana.
Dichas afirmaciones, llevan a la Sala a considerar que el tutelante buscan reabrir
el debate ya zanjado y que el juez de tutela imponga una interpretación distinta
respecto de las pruebas a la que asumió el juez natural de la causa.
Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales
le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita
de los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por el
actor dentro del trámite de tutela, toda vez que analizar puntos meramente
legales atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se
convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05180-00
En consecuencia, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito
de relevancia constitucional, en cuanto los argumentos traídos en el escrito de
tutela ya fueron desatados por el juez natural de la causa, quien concluyó que se
acreditó la existencia de los elementos probatorios o indicios mínimos exigidos
para decretar la medida de aseguramiento en contra de los imputados. En ese
orden, fueron todos los elementos probatorios llevados ante el juez de control de
garantías los que constituyeron la causa jurídica por la cual se impuso la
detención domiciliaria y que constituyeron un motivo razonablemente fundado
para inferir que el procesado penalmente era autor del delito investigado y, en
consecuencia, existía mérito probatorio para restringir su libertad.
Es pertinente señalar que el simple alegato de una vulneración no conlleva que
el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente
relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie
un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental. Esto, ya que la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de
carácter legal, económico o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.
Lo contrario generaría que el juez constitucional de tutela deba proceder con una
revisión in extenso de los elementos de convicción aportados al expediente, lo
que claramente desborda las competencias propias de esta instancia y
desconoce la función propia del juez natural de la causa.
La Sala concluye que la parte pretender utilizar la tutela como un mecanismo
para revivir la controversia ya definida, cuestión que no impacta la garantía de
los derechos fundamentales invocados, pues busca convertir el trámite en una
tercera instancia. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de
carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales.
2.7. Estudio de los requisitos de procedibilidad frente a la violación al
principio de igualdad:
2.7.1. Relevancia constitucional
Para la Sala es necesario precisar que, este requisito20 se encuentra superado
frente a este yerro por cuanto, la parte actora adujo que se le vulneró su principio
20 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00;
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05180-00
a la igualdad, ya que el Tribunal Administrativo del Cauca en otros casos de
similares supuestos facticos y jurídicos al suyo, sí accedió a las pretensiones de
la demanda al considerar que la responsabilidad del Estado por la privación
injusta de la libertad.
Así, se reitera que este asunto tiene relevancia constitucional ya que en palabras
de la Corte Constitucional la igualdad está consagrada en el artículo 13 de la
Constitución Política de 1991, simultáneamente como un valor, un principio y un
derecho fundamental. Como principio y como valor, implica que debe estar
presente en la formulación del derecho, lo que impone al legislador la obligación
de no establecer diferenciaciones arbitrarias. Como derecho fundamental, se
traduce en la posibilidad que tienen las personas de exigir un mismo trato frente
a la ley, de manera que ésta se aplique en todos los casos que caen bajo sus
supuestos de hecho.21
En consecuencia, esta Sección no percibe este mecanismo de amparo como un
medio dirigido a reabrir el debate jurídico frente a la calificación efectuada por la
autoridad judicial accionada de los hechos y las pretensiones que dieron lugar al
ejercicio del medio de control contencioso por parte del demandante.
Bajo esta línea argumentativa, la Sala reitera que el asunto sí reviste de
relevancia constitucional, pues se advierte que los reparos contra la providencia
bajo cuestionamiento pretenden poner de presente las irregularidades en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada que además comprometen
una serie de garantías de orden superior. Esto, más allá del debate legal surtido
en las instancias del caso, por lo que es la evidente tensión entre los derechos
fundamentales invocados y la decisión judicial que controvierte.
2.7.2. Inmediatez
83. También se acredita el cumplimiento del requisito de la inmediatez. Lo
anterior, por cuanto la sentencia que se acusa como vulneradora fue proferida el
29 de agosto de 2024. Así, sin que sea necesario establecer su fecha de de
ejecutoria, se advierte que la acción de tutela se radicó dentro del término
razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia22 (25 de septiembre de
2024.).
Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia
30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-629 de 2010
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.7.3. Tutela contra tutela
La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al interior
del proceso de reparación directa identificada con radicado 19001-33-33-003-
2016-00050-01.
2.7.4. Subsidiariedad
En consideración a dicho requisito, por tratarse de una providencia que resolvió
en segunda instancia el proceso de reparación directa, es evidente el
agotamiento de los recursos ordinarios. Asimismo, no proceden los recursos
extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia, comoquiera que la
inconformidad señalada por la parte actora no se adecúa a las causales
establecidas en los artículos 250 y 257 de la Ley 1437 de 2011.
Así pues, superado el cumplimiento de los requisitos adjetivos respecto del cargo
de violación al principio de igualdad, esta Sala entrará a estudiar el caso concreto.
2.7.5 Caso concreto
Se tiene que la parte actora adujo que el Tribunal Administrativo del Cauca en
casos de similares23 supuestos fácticos y jurídicos se accedió a las pretensiones
de la demanda, al considerar que la privación de la libertad sí fue injusta.
No obstante, los fallos invocados fueron dictados por magistrados diferentes de
los que fallaron la sentencia controvertida24. En tal sentido, dichas conclusiones
no puedes ser impuestas al Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión
006, pues los funcionarios judiciales gozan de autonomía funcional e
independencia, de tal manera que no le resultan vinculantes ni obligatorias.
Frente al punto, la Corte Constitucional ha indicado que la autonomía e
independencia judicial comporta tres atributos básicos en nuestro ordenamiento
superior: i) la posibilidad del juez de aplicar el derecho libre de interferencias
tanto internas como externas; ii) la materialización del principio de separación
23 Radicados:
-19001-33-33-007-2015-00500-01: David Fernando Ramírez Fajardo, Jairo Restrepo Cáceres Y Carlos
Leonel Buitrago Chávez.
-19001-33-31-003-2016-00036-01: Naun Mirawal Muñoz Muñoz, David Fernando Ramírez Fajardo Y Jairo
Restrepo Cáceres
-19001-33-33-003-2016-00037-01 Naun Mirawal Muñoz Muñoz, David Fernando Ramírez Fajardo, Jairo
Restrepo Cáceres.
-19001-33-31-007-2016-00027-01 Carlos Hernando Jaramillo Delgado, David Fernando Ramírez Fajardo Y
Naun Mirawal Muñoz Muñoz.
-19001-33-31-006-2016-00021-01; Carlos Hernando Jaramillo Delgado, Naun Mirawal Muñoz Muñoz Y
David Fernando Ramírez Fajardo.
24 La sentencia controvertida fue suscrita por los siguientes magistrados: Jairo Restrepo Cáceres, Marino
Coral Argoty, Carlos Leonel Buitrago Chávez.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05180-00
de poderes, el derecho al debido proceso y de acceso, a la administración de
justicia; y, finalmente, iii) constituye un principio estructural de la Carta Política de
199125.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Popayán Área Jurídica.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción instaurada por el señor
Noel Benavides Ordoñez y NEGAR el cargo relativo a la violación al principio de
igualdad.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
25 Sentencia T-450/18 de la Corte Constitucional.
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