Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05186-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05186-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05186-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
28 de noviembre de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05186-00
Demandantes: José Yesid Botina Papamija y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05186-00
Demandantes: JOSÉ YESID BOTINA PAPAMIJA, SANDRA JANETH RUIZ
DUQUE Y MIRIA HEIDY GÓMEZ ENRÍQUEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por privación injusta de la libertad. Defectos fáctico y por
violación directa de la Constitución
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores José Yesid Botina Papamija, Sandra Janeth Ruiz
Duque y Miria Heidy Gómez Enríquez, quienes actúan por conducto de apoderada
judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cali.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Los accionantes manifestaron que el 25 de enero de 2014 se encontraban en la
Vereda La María del corregimiento El Carrusel, municipio de Palmira, Valle del
Cauca, cuando el Ejército Nacional, Fuerza de Tarea Apolo de la Brigada 18,
ordenó el bombardeo de su vivienda, con el objetivo de dar de baja a unos
subversivos de la columna móvil Gabriel Galvis de las FARC.
Afirmaron que en el ataque resultaron lesionados en su integridad física por
cuenta de los proyectiles de armas de largo alcance tipo fusil, a pesar de lo cual
fueron capturados como presuntos colaboradores de los insurgentes, “sin
detenerse a verificar que se trataba de campesinos que viven y trabajan en sus
parcelas y que para nadie es un secreto, son objeto de hostigamiento y
desplazados forzoso por cuenta de los grupos armados”.
Sostuvieron que el 29 de enero de 2014, se llevaron a cabo las audiencias
preliminares, en las que se les imputó el delito de rebelión y les fue impuesta
medida de aseguramiento intramural, por lo que fueron remitidos a los
establecimientos carcelarios de Palmira y Jamundí, respectivamente.
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Demandantes: José Yesid Botina Papamija y otros
Narraron que el 24 de abril de 2014, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Palmira revocó la medida de aseguramiento
que les había sido impuesta, por lo que fueron dejados en libertad. Añadieron que
en el proceso penal seguido en su contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Descongestión con Función de Control de Garantías de Palmira, mediante auto
interlocutorio No. 052 del 16 de septiembre de 2014, decretó la preclusión de la
investigación penal a petición de la Fiscalía General de la Nación.
Refirieron que, como consecuencia de estos hechos, se vieron forzados a
desplazarse hacia la parte urbana del municipio de Palmira, por el temor y la
presión ejercida por el Ejército Nacional y el acoso de la guerrilla, “ya que la
vivienda quedó prácticamente destruida luego del operativo del Ejército, por lo que
demandaba varias reparaciones que para el momento no se encontraban en
capacidad de cubrir y decidieron trasladarse para la ciudad”.
Indicaron que, por lo anterior, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, solicitaron la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial
de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, por los
perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fueron objeto, la
que consideran injusta, proceso del conoció en primera instancia el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cali, que en sentencia del 29 de septiembre de 2022
negó las pretensiones de la demanda, luego de considerar que no se acreditó el
daño antijurídico, pues la restricción al derecho a la libertad no fue arbitrario,
desproporcionado o injustificado, conforme a los argumentos vertidos por las
autoridades competentes para imponer la medida.
Adujeron que contra esa decisión formularon recurso de apelación en el que
manifestaron que el fallo de primera instancia no tuvo en cuenta que la preclusión
“equivale a la absolución del imputado”, pues se presenta en aquellos eventos en
los que la acción penal no puede continuar o cuando el ente investigador no
encuentra los elementos probatorios suficientes para mantener una acusación.
Por último, sostuvieron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en
sentencia del 7 de abril de 2024 confirmó el fallo desfavorable, tras considerar que
en el caso se configuró la culpa exclusiva de la víctima, en tanto los procesados
no habían hecho uso del recurso de apelación contra la decisión mediante la cual
se les impuso la medida de aseguramiento de la que reclamaban los perjuicios
irrogados.
2. Fundamentos de la acción
Los accionantes presentaron acción de tutela con el objeto de que el juez
constitucional proteja los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por las sentencias del 7
de abril de 2024 y 29 de septiembre de 2022, mediante las cuales el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali,
en su orden, negaron las pretensiones en el marco del medio de control de
reparación directa que promovieron contra la Rama Judicial, la Fiscalía General de
la Nación y el Ejército Nacional, con el fin de que se les declarara administrativa y
patrimonialmente responsables por la presunta privación injusta de la libertad que
soportaron.
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Luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, adujeron que, a
su juicio, las sentencias objetadas incurren en i) defecto fáctico, en tanto no
analizaron que “los señores JOSE YESID BOTINA PAPAMIJA, SANDRA RUIZ
DUQUE Y MIRIA HEYDI GOMEZ ENRIQUEZ, fueron objeto de un atentado
perpetrado por el ejército nacional dentro de una operación encaminada a dar de
baja a subversivos de la columna móvil Gabriel Galvis de las FARC, dentro de la
que mis representados resultaron lesionados en su integridad física con
proyectiles de armas de largo alcance (fúsil), que en lugar de protegerlos y darles
tratamiento de víctimas, procedieron a capturados señalándolos como
delincuentes y colaboradores de ese grupo insurgente, sin considerar que se
trataba de personas que viven de las labores del campo, que son objeto de
constantes atropellos y vulneración de sus derechos por parte de estos grupos, así
como de las fuerzas militares como en el caso que nos ocupa”, lo que, en su
criterio, constituye un “falso positivo judicial”.
Indicaron que en las sentencias objetadas no se valoró que la Fiscalía General de
la Nación investigó si los accionantes realmente hacían parte de las FARC y no lo
pudo confirmar, como quiera que, pese a encontrarse en el lugar de los hechos y
al ser vistos por el Ejército Nacional junto a los subversivos, no se podía colegir
que pertenecían al grupo insurgente, más aún cuando esta zona era catalogada
como “zona roja” debido a una compleja situación de orden público.
De otra parte, sostuvieron que las sentencias objetadas incurren en ii) violación
directa de la Constitución, por cuanto, señalaron, son violatorias de derechos
fundamentales especialmente de los derechos de las víctimas que son de estirpe
constitucional, “en este caso generados por el ataque desproporcionado
perpetrado por el Ejército Nacional producto del cual resultaron lesionados en su
integridad física por cuenta de los proyectiles de armas de largo alcance tipo fusil,
contrario a lo que correspondía, que las fuerzas militares garantizarán la integridad
de estos ciudadanos en calidad de víctimas, actuaron de manera totalmente
opuesta, capturándolos como delincuentes y colaboradores de los guerrilleros, sin
detenerse a verificar que se trataba de campesinos que vivían y trabajan en el
campo, que no sólo debían lidiar con el hostigamiento de los grupos armados, sino
con los atropellos de las fuerzas militares, que a la postre derivo en un proceso
penal que los mantuvo privados de la libertad de manera injusta, sumado al
despliegue periodístico del que fueron objeto en los medios de comunicación
NOTICIAS EXTRA y en la página web del NOTICIERO CABLE NOTICIAS,
vulnerando sus derechos a la honra y al buen hombre, amen de otros derechos
fundamentales”.
Finalmente, sin manifestar la configuración de un defecto concreto, que la Sala
entiende también como una violación directa de la Constitución, expusieron
argumentos relacionados con la culpa exclusiva de la víctima declarada en la
sentencia de segunda instancia objetada, en donde, señalaron que “la falta de
interposición de recursos por parte de la víctima no puede ser utilizada como
justificación para la privación de la libertad, ya que el Estado debe actuar de
manera diligente para proteger los derechos de todas las personas” y que “la falta
de interposición de recursos puede tener varios motivos como falta de acceso a la
justicia, desconocimiento de los procedimientos legales o a la situación misma de
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vulnerabilidad de la víctima. Esto implica que no se puede culpar a la víctima por
no haber ejercido sus derechos si no tuvo la capacidad o los medios para hacerlo”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“1) Se sirvan TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso, al Acceso a la
Administración de Justicia y a los Derechos de las Víctimas de los señores JOSE
YESID BOTINA PAPAMIJA, SANDRA YANETH RUIZ DUQUE Y MIRIA HEIDY
GOMEZ HENRIQUEZ.
2) Se sirva ordenar a los despachos accionados que declaren la nulidad de los fallos
proferidos para adoptar una decisión que garantice la protección de los derechos
fundamentales de los accionantes, encaminada a declarar la Responsabilidad del
Estado por la privación injusta de la libertad de los accionantes”.
4. Trámite procesal
Por auto del 2 de octubre de 2024, el despacho sustanciador admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar a los accionantes y a las autoridades judiciales
accionadas. Igualmente, a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, a la
Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, como terceros interesados en
el resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código
General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
272288 a 272296 del 8 de octubre de 2024, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión1.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se
denegaran las pretensiones de la acción por cuanto, adujo, en el caso no existió
vulneración de derechos fundamentales en la decisión tomada por esa
corporación, ya que en esta se analizó el expediente y las pruebas allegadas para
concluir que el daño reclamado no cumplía con el requisito de la antijuridicidad,
pues se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima,
en tanto los sindicados no interpusieron los recursos con los que contaban contra
la decisión que impuso la medida de aseguramiento, aceptando tal imposición.
5.2. Respuesta del Ministerio de Justicia y del Derecho
El apoderado de la cartera ministerial rindió informe en el que solicitó que se le
desvinculara del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto, indicó, no puede asumir funciones que no le competen para cumplir
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Indice 9 de Samai.
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las pretensiones de la presente acción de tutela, y en el caso no ha existido
vulneración alguna de los derechos fundamentales del accionante de su parte.
5.3. Respuesta del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali
El titular del despacho rindió informe en el que únicamente allegó el expediente
digital contentivo del trámite ordinario de primera instancia, y no efectuó ninguna
valoración sobre los argumentos de la solicitud de tutela.
5.4. Los demás vinculados al trámite constitucional, aun cuando fueron
debidamente vinculados del auto admisorio de la demanda, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico y solución
Le corresponde a la Sala determinar si las sentencias del 7 de abril de 2024 y 29
de septiembre de 2022, mediante las cuales el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali, en su orden,
negaron las pretensiones de la demanda, en el marco del medio de control de
reparación directa que los actores promovieron contra la Rama Judicial, la Fiscalía
General de la Nación y el Ejército Nacional, incurren en i) defecto fáctico, en
tanto no analizaron que en el marco de la operación realizada por el Ejército
Nacional “resultaron lesionados en su integridad física (…) y en lugar de
protegerlos y darles tratamiento de víctimas, procedieron a capturados
señalándolos como delincuentes y colaboradores de ese grupo insurgente, lo que,
en su criterio, constituye un “falso positivo judicial”, y en ii) violación directa de la
Constitución, por cuanto, señalaron, i) las providencias censuradas son
violatorias de derechos fundamentales, especialmente, de los derechos de las
víctimas, que son de estirpe constitucional y, en tanto, sostuvieron, ii) “la falta de
interposición de recursos por parte de la víctima no puede ser utilizada como
justificación para la privación de la libertad, ya que el Estado debe actuar de
manera diligente para proteger los derechos de todas las personas”.
La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la solicitud por falta de
relevancia constitucional en relación con el defecto fáctico y el primer cargo de la
violación directa de la Constitución. Y negará las pretensiones de la acción en
relación con el segundo cargo del defecto por violación directa de la Constitución.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
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tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
2
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
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motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
Constitución14.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte
Constitucional16.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones17.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 200518, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
14
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
15
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
17
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
18
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
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frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional19.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala20, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa
de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por
los jueces competentes.
19
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
20
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. La solicitud incumple el requisito de procedibilidad de relevancia
constitucional respecto de los defectos fáctico y por violación directa de la
Constitución por violación de los derechos de las víctimas
Como primera medida, la Sala advierte que efectuará el estudio de los cargos
propuestos en la solicitud únicamente respecto de la sentencia de segunda
instancia objetada, de 7 de abril de 2024, por tratarse de la última de las
providencias proferidas en el caso que originó la controversia, y aquella que
definió la situación jurídica particular.
Ahora bien, del análisis de los argumentos que soportan los defectos fáctico y por
violación directa de la Constitución alegados, este último en lo referente a la
violación de los derechos de las víctimas, la Sala observa que no cumplen con el
requisito de la relevancia constitucional, en tanto no se acompasan con las
razones de la decisión objeto de tutela, lo que hace improcedente el estudio de
fondo de la solicitud de tutela contra las providencias judiciales objetadas.
En efecto, aun cuando en el presente caso los actores indicaron que la sentencia
de 7 de abril de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda, en el marco
del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Rama
Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, incurre en i)
defecto fáctico, en tanto no analizaron que en el marco de la operación realizada
por el Ejército Nacional “resultaron lesionados en su integridad física (…) y en
lugar de protegerlos y darles tratamiento de víctimas, procedieron a capturados
señalándolos como delincuentes y colaboradores de ese grupo insurgente, lo que,
en su criterio, constituye un “falso positivo judicial”, y en ii) violación directa de la
Constitución, por cuanto son violatorias de derechos fundamentales,
especialmente, de los derechos de las víctimas, lo cierto es que la ratio decidenci
de esa sentencia no se fundamentó en la valoración probatoria en el caso, tema
que conforme con las pretensiones de la presente acción es el que se pretende
modificar por esta vía constitucional, por lo que en el caso no puede abordarse el
estudio de fondo con una expectativa de incidencia en el sentido de las decisiones
cuestionadas.
En efecto, si bien los accionantes consideran que la decisión del tribunal
accionado vulnera sus derechos fundamentales por cuanto no tuvo en cuenta las
pruebas que demostraban que su caso se trató de un “falso positivo judicial”, la
realidad es que la decisión contenida en la sentencia del 7 de abril de 2024 se
adoptó luego de evidenciarse que el daño reclamado por los demandantes no era
antijurídico, en tanto era endilgable a los mismos, quienes no interpusieron los
recursos con los que contaban contra la decisión mediante la cual el Juzgado
Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Palmira les
impuso medida de aseguramiento por el delito de rebelión, por lo que los
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argumentos que soportan los defectos fáctico y por violación directa de la
Constitución no guardan relación con la ratio decidendi de dicha decisión y, en tal
razón, se incumple con el requisito de relevancia constitucional.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela en relación con los los defectos fáctico y por violación directa de la
Constitución alegados.
5.2. Verificación de los requisitos generales de procedencia respecto del
defecto por violación directa de la Constitución en relación con la
configuración de la culpa exclusiva de la víctima
En el asunto objeto de estudio, respecto de dicho defecto, (i) la acción de tutela
cumple el presupuesto de la relevancia constitucional, pues debe definirse si se
vulneraron a los accionantes los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia con la sentencia del 7 de abril de 2024,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión
que negó las pretensiones de la demanda, en el marco del medio de control de
reparación directa que los actores promovieron contra la Rama Judicial, la Fiscalía
General de la Nación y el Ejército Nacional. Aunado a lo anterior, la Sala observa
que las razones que fundamentaron la decisión de segunda instancia fueron
diferentes a las del fallo de primera instancia, por lo que los accionantes no
tuvieron oportunidad de rebatirlas al interior del proceso ordinario.
De allí, que no se proponga un debate de estricta legalidad, sino que la discusión
se orienta a determinar si la autoridad judicial accionada desconoció las normas y
la jurisprudencia relativa a la culpa exclusiva de la víctima en los casos de
privación injusta de la libertad, lo que conllevaría, de encontrarse acreditados, la
vulneración de garantías iusfundamentales.
(ii) Los accionantes no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues en el caso
se agotó el recurso de apelación contra la sentencia del 29 de septiembre de
2022, proferida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali, y se
observa que no se configura ninguna de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión, (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez
que la providencia de segunda instancia objetada fue notificada mediante correo
electrónico enviado el 19 de abril de 2024 y la acción de tutela se presentó el 24
de septiembre de 2024, esto es, cinco (5) meses y dos (2) días después, dentro
del término prudencial precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional21;
(iv) se identificó de manera razonable los hechos que generó la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un
fallo de tutela.
Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en relación con
el defecto por violación directa de la Constitución, por lo que la Sala entrará a
efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.
21
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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5.3. La providencia objetada proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca no vulneró los derechos fundamentales invocados
5.3.1. Los accionantes consideran que la sentencia del 7 de abril de 2024,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión
que negó las pretensiones de la demanda, en el marco del medio de control de
reparación directa que promovieron contra la Rama Judicial, la Fiscalía General de
la Nación y el Ejército Nacional, vulnera sus derechos fundamentales, en tanto
desconoció las normas y la jurisprudencia relativa a la culpa exclusiva de la
víctima en los casos de privación injusta de la libertad, lo que la Sala interpreta
como un defecto por violación directa de la Constitución.
Sobre el particular, sostuvieron que “la falta de interposición de recursos por parte
de la víctima no puede ser utilizada como justificación para la privación de la
libertad, ya que el Estado debe actuar de manera diligente para proteger los
derechos de todas las personas” y que “la falta de interposición de recursos puede
tener varios motivos como falta de acceso a la justicia, desconocimiento de los
procedimientos legales o a la situación misma de vulnerabilidad de la víctima. Esto
implica que no se puede culpar a la víctima por no haber ejercido sus derechos si
no tuvo la capacidad o los medios para hacerlo”.
5.3.2. Para la Sala, la vulneración iusfundamental alegada por esta causal no se
configura, en tanto la sentencia objetada se basó en las pruebas recaudadas y las
normas y la jurisprudencia aplicable sobre la materia, a partir de lo cual concluyó
que en el caso se había configurado la culpa exclusiva de la víctima.
En efecto, en la sentencia objeto de tutela el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, sobre el particular, sostuvo lo siguiente:
“III. VI La falla del servicio y el nexo de causalidad
55. La medida de aseguramiento en contra del demandante se dio en vigencia de
la Ley 906 de 2004. Los requisitos para la imposición están en el artículo 308 y 310
C.P.P.
56. Se considera que la medida preventiva impuesta se ajustó a las disposiciones
legales citadas y no resultaba desproporcionada, irrazonable o arbitraria al
momento de su decreto.
57. Cumplió con los requisitos del artículo 308 del C.P.P. pues para el momento en
que la Fiscalía presentó a los sindicados para la legalización de la captura e
imposición de la medida contaba con el informe militar de operaciones daba cuenta
de las circunstancias en que fueron capturados.
58. En la audiencia el Juez de Control de Garantías dijo que se cumplieron los
procedimientos de captura y se dieron los elementos materiales de participación de
los hoy demandantes por la captura con el armamento incautado.
59. De lo anterior la Sala concluye que la medida de aseguramiento fue legal. Se
cumplieron los requisitos establecidos por la normativa para su imposición. Por la
conducta punible investigada y el bien jurídico protegido resultaba razonable,
necesaria y proporcional.
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60. No existe para esta Corporación responsabilidad subjetiva de las
demandadas en la privación de la libertad de la que fueron objeto los
demandantes como quiera que el daño reclamado no cumple con el requisito
de la antijuridicidad.
61. Pese a no existir falla en el servicio, tampoco existió un rompimiento de las
cargas públicas y no se puede ubicar la privación de la libertad del
demandante bajo el régimen de responsabilidad objetivo, bajo el título de
daño especial.
62. Este argumento no prospera porque se configura el eximente de
responsabilidad estatal denominado culpa exclusiva de la víctima como pasa
a explicarse:
63. En sentencia SU-363 de 2021, la Corte Constitucional explicó:
“La responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad encuentra un
eximente cuando se evidencia dolo o culpa de la víctima. El artículo 70 de la Ley
270 de 1996 consagra que el daño se entenderá como culpa exclusiva de la
víctima, cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya
interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de
responsabilidad al Estado”.
64. La Sala de Decisión resalta que los sindicados por intermedio de sus
apoderados, después de la orden de imposición de la medida y en la misma
audiencia podían presentar recurso de apelación, con el fin de expresar que
no estaban de acuerdo.
65. Sin embargo, en las actas y audios de las audiencias se evidencia que no
se interpuso los recursos de ley y se aceptó la imposición de la medida y las
consideraciones que el Juez de Garantías sustentó en la audiencia.
66. Se considera que la parte del demandante al no interponer los recursos
de ley, generó la causal exonerativa de responsabilidad estatal de “culpa
exclusiva de la víctima” frente a la privación injusta de la libertad porque los
demandantes debieron actuar con diligencia en el momento que se les
impuso la medida de aseguramiento.
67. Por tal razón no podría imputarse a las entidades el daño por la privación
de la libertad de los demandantes, ya que a pesar de que la investigación
penal precluyó a su favor, al momento en que fue impuesta la medida de
aseguramiento tenían a su disposición los recursos de ley para oponerse y
no los utilizaron, configurándose una de las causales exonerativas de
responsabilidad estatal del artículo 70 de la Ley 270 de 1996”.
Conforme con lo anterior, para la Sala el defecto por violación directa de la
Constitución por desconocer las normas y la jurisprudencia relativa a la culpa
exclusiva de la víctima en los casos de privación injusta de la libertad no se
configura, pues la sentencia objeto de tutela se baso en las normas aplicables,
mismas que daban cuenta de que en la audiencia en la que les fue impuesta la
medida de aseguramiento de la que reclaman los perjuicios los accionantes no
interpusieron el recurso de apelación con el que contaban, por lo que, conforme
con la jurisprudencia de unificación sobre la materia, se configuró el eximente de
responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima, bajo el supuesto de que no
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interponer los recursos de ley se ajusta al sentido del artículo 70 de la Ley
Estatutaria 270 de 199622, en los casos de privación injusta de la libertad.
La Corte Constitucional, en la mencionada sentencia SU-363 de 2021, sobre la
culpa exclusiva de la víctima por no interponer los recursos contra las decisiones
que tienen mérito para reemplazar la causa del daño en los casos de privación
injusta de la libertad, indicó lo siguiente:
“173. El ámbito de apreciación del juez de la responsabilidad no se extiende en
estos casos a valoraciones directas respecto de la conducta naturalística del
implicado, pues estas competen exclusivamente al juez natural. Aun cuando dicha
conducta constituya antecedente o sustrato de la decisión judicial causante del
daño (privación de la libertad), el juez de la responsabilidad no está llamado a
evaluarla de nuevo, pues en lo que se investiga penalmente, tal función es propia
del juez de la causa.
174. Esta interpretación se ajusta al sentido del artículo 70 de la LEAJ, al
entender que el supuesto de no interponer los recursos de ley, como causa
exonerativa de la responsabilidad estatal frente a privación injusta de la
libertad, se aviene al criterio contenido en la norma, conforme al cual las
conductas incidentes para este resultado de exclusión de responsabilidad
son aquellas de carácter procesal, esto es, acciones u omisiones que tienen
mérito para reemplazar la causa del daño, pues son las que determinan,
inducen o provocan la medida restrictiva, en este caso, por actuar con dolo o
culpa grave.
175. Este criterio resulta congruente con las determinaciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y con las orientaciones de la Comisión
Interamericana, conforme las cuales consideraciones sobre peligro para la
comunidad no representan un fin legítimo de la medida de aseguramiento”.
En este sentido, si bien en la solicitud de amparo constitucional los accionantes
manifiestan que “la falta de interposición de recursos por parte de la víctima no
puede ser utilizada como justificación para la privación de la libertad, ya que el
Estado debe actuar de manera diligente para proteger los derechos de todas las
personas” y que “la falta de interposición de recursos puede tener varios motivos
como falta de acceso a la justicia, desconocimiento de los procedimientos legales
o a la situación misma de vulnerabilidad de la víctima. Esto implica que no se
puede culpar a la víctima por no haber ejercido sus derechos si no tuvo la
capacidad o los medios para hacerlo”, lo cierto es que no soportan dichas
manifestaciones con pruebas, normas o jurisprudencia que apoyen su tesis, por lo
que lo decidido por la autoridad judicial accionada con base en la jurisprudencia
vigente sobre la materia no se observa vulnerador de los derechos fundamentales
invocados.
Adicionalmente, en la sentencia objetada se observa que, en todo caso, la
autoridad judicial accionada hizo referencia a los elementos que llevaron al juez de
control de garantías a imponer la medida de aseguramiento, para concluir que fue
razonable, necesaria y proporcional, entre los que destacó los siguientes:
22
ARTÍCULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva
de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.
En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.
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“44. Para imponer la medida el juez de control de garantías se amparó en los
siguientes argumentos:
• Delito de rebelión tiene pena privativa de la libertad superior a 4 años y se
investiga de oficio. Dio por cumplido el requisito objetivo para imponer la medida.
• Consideró que existía una inferencia razonable de autoría de los delitos
imputados, derivada de los elementos materiales probatorios y evidencia
física recaudada hasta ese momento que advertía una probabilidad de
participación en los hechos.
• Se refirió al material bélico y de comunicación (armas de fuego, fusiles,
pistolas, granadas, teléfonos avantel) que se encontró en la escena de los
hechos, indicativo de un actuar contrario a la ley y de la presunta militancia
de los sindicados en grupos al margen de la ley.
• También se refirió a los informes oficiales rendidos por las autoridades del
Ejército Nacional, frente a los que aplicó presunción de buena fe y concluyó que no
existían evidencias para considerarlos como informes amañados o falsos positivos.
• Se refirió a la connotación del delito de rebelión y sus repercusiones en la
seguridad y tranquilidad de la comunidad como factor a tener en cuenta para la
imposición de la medida.
• Planteó que teniendo en cuenta que en el delito imputado la pena mínima era de
8 años era probable que los involucrados no ofrecieran garantías de
comparecencia al juicio”.
De otra parte, si bien se observa que los accionantes hacen referencia a que el
proceso penal adelantado en su contra culminó con decisión de preclusión, como
ya lo ha expresado reiteradamente esta Sala23, y lo indicó la Corte Constitucional
en la referida sentencia SU-363 de 2021, las valoraciones que se efectúan en el
proceso penal son distintas a aquellas que se hacen en el contencioso
administrativo, pues en el primero van encaminadas a determinar si la conducta es
típica, antijurídica y culpable, mientras que en el contencioso en los casos de
privación injusta de la libertad, se realiza un análisis con elementos de juicio
propios del dolo y la culpa civil, a tal punto que el hecho de que no se declare la
responsabilidad penal, no establece per se la responsabilidad del Estado, como
ocurrió en el caso.
Sobre el particular, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado ha
precisado que al juez de la responsabilidad no le corresponde desvirtuar la
presunción de inocencia sino analizar la culpa civil, de modo que existe una
“separación entre la investigación penal y la absolución y la indemnización que
debe ordenar el juez de la responsabilidad del Estado, esto último siguiendo los
parámetros del artículo 90 Constitucional bajo los lineamientos de los artículos 2,
83 y 95 del mismo ordenamiento”24.
Por las razones anteriores, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
promovida por los señores José Yesid Botina Papamija, Sandra Janeth Ruiz
Duque y Miria Heidy Gómez Enríquez, quienes actúan a través de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cali, en lo relativo al defecto por violación directa de
23
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de mayo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-
04479-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. N º 11001-03-
15-000-2019-05114-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” sentencia de 10 de mayo de 2018, exp. Nº 27001-23-
31-000-2009-00163-01, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.
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la Constitución por desconocer las normas relativas a la culpa exclusiva de la
víctima en los casos de privación injusta de la libertad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los
señores José Yesid Botina Papamija, Sandra Janeth Ruiz Duque y Miria Heidy
Gómez Enríquez, quienes actúan a través de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Cali, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NEGAR las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por los
señores por los señores José Yesid Botina Papamija, Sandra Janeth Ruiz Duque y
Miria Heidy Gómez Enríquez, en relación con el segundo cargo del defecto por
violación directa de la Constitución.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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