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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05188-01

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05188-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de diciembre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la improcedencia de la tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05188-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

24 de abril de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2024 05188 01
Demandante: Ednna Carolina León Torres y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05188 01
Demandante: EDNNA CAROLINA LEÓN TORRES Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado
por el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 13 de diciembre de 2024, dictado por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los señores Ednna Carolina León Torres, María Alejandra Torres León,
Luz Dary Torres Vásquez, Catalina Isabel Aguirre Cleto, Diomedes David
Álvarez Conde, Oscar Miguel Álvarez Conde, Ester María Pacheco
Martínez, Robin Francisco Ortiz Pacheco, Edwin Francisco Ortiz Pacheco,
Tonis Antonio Torres Pacheco, Antolín José Torres Pacheco, Sandra Milena
Torres Pacheco, Ángel María Parra, Elcida Pallares Cáceres, Fredis Parra
Pallares y Eneidis Parra Pallares, solicitaron el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la seguridad jurídica y
de acceso a la administración de justicia, que estiman vulnerados con
ocasión de las sentencias del 29 de noviembre de 2019, proferida por el
Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar, que denegó las pretensiones
de la demanda, y del 25 de abril de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que modificó parcialmente la decisión de

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Demandante: Ednna Carolina León Torres y otros

primera instancia, dentro del proceso de reparación directa promovido
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y el patrullero
Carlos Alberto Daza González1.

1.2. En el referido medio de control, la señora Ednna Carolina León Torres
y otros2 solicitaron que se declarara patrimonial y extracontractualmente
responsables a los demandados por los perjuicios causados con ocasión
de la muerte de los señores Wilson Torres Vásquez, Diomedes Miguel
Álvarez Álvarez, Danis Gabriel Torres Pacheco y Mayerlis Parra Pallares,
en un accidente de tránsito ocurrido el 17 de agosto de 2010, mientras
se desplazaban en un vehículo particular sobre la vía que comunica a los
Municipios de Pelaya y Pailitas (Cesar), el cual era conducido por el
patrullero de la Policía Nacional, Carlos Alberto Daza González, quien se
encontraba en servicio activo.

1.3. La demanda de reparación directa correspondió al Juzgado Sexto
Administrativo de Valledupar, quien profirió sentencia el 29 de noviembre
de 2019, mediante la cual denegó las pretensiones al considerar que no
se acreditó que la actuación del patrullero Carlos Alberto Daza González
tuviera algún nexo o vínculo con el servicio público que prestaba, pues
aunque estaba en servicio activo, se encontraba departiendo con las
víctimas durante el día y parte de la noche, por lo que el traslado en el
que ocurrió el accidente de tránsito obedeció a un acto personal y no a
una misión oficial o inherente al servicio público.

De otra parte, frente a la responsabilidad extracontractual del agente
Carlos Alberto Daza González, consideró que no se logró probar que fuera
el conductor del vehículo accidentado, y por el contrario, en el expediente
obran pruebas de que el conductor era Wilson Torres Vásquez, quien

1
Proceso que se identificó con el radicado 20001 33 33 006 2012 00005 00/01.
2
Ednna Carolina León Torres, María Alejandra Torres León, Raquel Vásquez De Torres, Octaviano Torres Flórez,
Eddy Elena Torres Vásquez, Luz Dary Torres Vásquez, Ana Francisca Torres Vásquez, Parménides Torres
Vásquez, Sandra Susana Torres Vásquez, Henry Octavio Torres Vásquez, Ángel María Parra, Elcida Pallares
Cáceres, Fredis Parra Pallares, Eneidis Parra Pallares, Clímaco Antonio Torres Mercado, Ester María Pacheco
Martínez, Robín Francisco Ortiz Pacheco, Edwin Francisco Ortiz Pacheco, Tonis Antonio Torres Pacheco, Antolín
José Torres Pacheco, Sandra Milena Torres Pacheco, Catalina Isabel Aguirre Cleto, Diomedes David Aguirre
Conde, Oscar Miguel Álvarez Conde, Mayra Alejandra Pérez Aguirre y Arleth Patricia Pérez Aguirre.

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Demandante: Ednna Carolina León Torres y otros

falleció como consecuencia del accidente, pruebas que tuvieron plena
validez, pues no fueron tachadas de falsas o ilegales.

1.4. La parte demandante apeló la anterior decisión y, mediante
providencia del 25 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar
la modificó en el sentido de declarar probada la excepción de ausencia de
falla en el servicio de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y
de declarar la responsabilidad extracontractual de Carlos Alberto Daza
González como conductor del vehículo que se vio involucrado en el
accidente de tránsito, razón por la cual lo condenó al pago de perjuicios.

1.5. Los accionantes alegaron en la tutela que la decisión de segunda
instancia incurrió en defecto fáctico por interpretación errónea de las
pruebas allegadas al proceso, en concreto, de la declaración del agente
de Policía Carlos Alberto Daza González, quien manifestó que era él quien
conducía el vehículo accidentado y que tal acción fue realizada con el fin
de brindar protección a las personas que se desplazaban en este, frente
a grupos armados que se encontraban en la zona.

1.6. Sostuvieron que la decisión del Tribunal accionado incurrió en
desconocimiento del precedente fijado en las sentencias C-33 de
1996, C-430 de 2000, C-286 de 2017 y C-410 de 2015, referentes a la
responsabilidad patrimonial del Estado establecida en el artículo 90 de la
Constitución y las condiciones de su procedencia.

Además, manifestaron que, si los jueces administrativos consideraron que
no había suficiente material probatorio para resolver sobre el asunto,
debieron hacer uso de sus facultades para decretar pruebas de oficio y,
al no hacerlo, desconocieron las sentencias: (i) del 3 de febrero de 2011,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, bajo el radicado
11001 03 15 000 2010 00951 01, y (ii) del 2 de mayo del 2011, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, bajo el
radicado 11001 03 15 000 2011 00388.

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1.6. Con fundamento en lo expuesto, la parte actora formuló las
siguientes pretensiones3:

“1. Que se ampare los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, JUEZ
NATURAL, LA VIDA, SEGURIDAD JURIDICA, EL RESPETO AL PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL, A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, que invocamos en la
presente acción de tutela.

2. Que se deje sin efectos las providencias dictadas por el Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo del
Cesar, de fecha 29 de noviembre del año 2019 dentro del expediente No: dentro
del expediente No: 20-001-33-33-006-2012- 00005-00 y modificada mediante
sentencia de fecha 25 de abril del año 2024 dictada por el Tribunal
Administrativo del cesar, M.P. Dra. DORIS PINZÓN AMADO, dentro del
expediente No: dentro del expediente No: 20-001-33-33-006-2012-00005--01.
Ya que en ellas se están violando los derechos constitucionales fundamentales
al DEBIDO PROCESO, JUEZ NATURAL, LA VIDA, SEGURIDAD JURIDICA, EL
RESPETO AL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA y demás derechos constitucionales conexos.

3. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Cesar, Magistrado Ponente Dra.
DORIS PINZÓN AMADO, que dentro de los 10 días siguientes emita una
sentencia siguiendo los lineamientos jurisprudenciales dados el por Consejo de
Estado Sección Tercera, en lo referente a la figura jurídica del DEBIDO
PROCESO, JUEZ NATURAL, LA VIDA, SEGURIDAD JURIDICA, EL RESPETO AL
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y demás
precedentes. Pero sobre todo al art 90 de la Constitución Política de Colombia
ya que dicho art regula única y exclusivamente la Responsabilidad patrimonial
del Estado”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 4 de octubre de 2024, el juez de primera instancia
admitió la tutela y ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y al señor Carlos Alberto
Daza González.

2.2. El Tribunal Administrativo del Cesar hizo un resumen de las
actuaciones realizadas en segunda instancia y manifestó que no existe
vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, pues en la
decisión atacada se valoraron las pruebas conforme a las reglas de la sana
critica y se realizó un pronunciamiento sobre cada uno de los reparos
realizados en el recurso de apelación. Por lo tanto, estimó que no existen
elementos suficientes que conduzcan a declarar la prosperidad de las

3
Se transcribe del texto original aun con posibles errores.

4
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pretensiones de la solicitud de amparo y solicitó se declarara su
improcedencia.

2.3. El Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar expuso las
consideraciones de la decisión de primera instancia y manifestó que de
estas no se desprende violación de los derechos fundamentales de la parte
accionante.

2.4. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, manifestó
que la decisión atacada fue producto del correcto análisis de las pruebas
allegadas al expediente, las cuales llevaron a concluir que la Policía
Nacional no tuvo responsabilidad en los hechos ocurridos. Además, adujo
que la solicitud de amparo es improcedente, en razón a que los
accionantes no acreditaron la existencia de un perjuicio irremediable.

2.5. El señor Carlos Alberto Daza González guardó silencio.

III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente la acción de tutela
por falta del requisito de relevancia constitucional, pues busca revivir un
debate ya agotado por las autoridades judiciales accionadas, es decir,
acceder a una instancia adicional. Además, porque los argumentos
esgrimidos por los accionantes giran en torno a cuestiones de carácter
netamente legal y probatorio, relacionadas con la imputación de
responsabilidad extracontractual en el proceso de reparación directa.

IV. IMPUGNACIÓN.

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y reiteró
los argumentos de la demanda. Agregó que la tutela es de evidente
relevancia constitucional, pues el Tribunal accionado dio una
interpretación errónea del artículo 90 de la Constitución Política.

5
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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. La señora Ednna Carolina León Torres y otros4 interpusieron
demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional, con la finalidad de obtener la indemnización del daño
causado por la muerte de los señores Wilson Torres Vásquez, Diomedes
Miguel Álvarez Álvarez, Danis Gabriel Torres Pacheco y Mayerlis Parra
Pallares, que tuvo lugar en un accidente de tránsito ocurrido el 17 de
agosto de 2010, mientras se desplazaban en un vehículo conducido por
un patrullero de la Policía Nacional.

5.2.2. El Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar, mediante sentencia
del 30 de noviembre de 2019, denegó las pretensiones de la demanda al
considerar que el accidente ocurrió en un acto personal del uniformado
del cual no se acreditó vínculo o nexo con el servicio público que prestaba.

5.2.3. La parte demandante apeló la anterior decisión y, mediante
providencia del 25 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar
la modificó, en el sentido de declarar probada la ausencia de falla en el
servicio por parte de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y
de declarar la responsabilidad extracontractual del agente que conducía
el vehículo, por lo que lo condenó al reconocimiento y pago de perjuicios.

4
Ver nota al pie 2.

6
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5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación5,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20226, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.

5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
6
M. P. Natalia Ángel Cabo.

7
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Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y
para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado
para el efecto.

5.3.1.1.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

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A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20197, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 8.

5.3.1.1.2. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho9:

7
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022.
8
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
9
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

9
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“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita
de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios
[…]”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

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Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

5.3.2. Caso concreto

La Sala recuerda que los argumentos de la tutela y la impugnación giran
en torno a las inconformidades de la parte actora con las sentencias del
29 de noviembre de 2019, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo
de Valledupar y del 25 de abril de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar, pues consideran que incurrieron en: (i) defecto
fáctico por errónea interpretación de las pruebas que, a su juicio,
acreditaban que la responsabilidad por la muertes ocurridas en el
accidente de tránsito recaía sobre la Policía Nacional, pues uno de sus
agentes en servicio activo era quien conducía el vehículo donde se
transportaban al momento del siniestro, y (ii) desconocimiento del
precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C-33 de
1996, C-430 de 2000, C-286 de 2017 y C-410 de 2015, frente a la
responsabilidad patrimonial del Estado, y del precedente de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, fijado en las sentencias del 3 de febrero
de 2011, radicado 11001 03 15 000 2010 00951 01, y del 2 de mayo del
2011, radicado 11001 03 15 000 2011 00388, que se refirieron al deber
de decretar pruebas de oficio cuando las allegadas resulten insuficientes
para decidir el asunto.

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5.3.2.1. La Sala considera que, en cuanto al supuesto defecto fáctico, el
debate propuesto por la parte demandante constituye simplemente la
reiteración del que ya se agotó en el proceso ordinario, lo que deja en
claro que sólo busca ventilar sus inconformidades frente a las
conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto sobre el caso
planteado.

Por lo tanto, es claro que la actora sólo busca que el juez constitucional
analice nuevamente la controversia y emita una nueva y distinta
resolución sobre el particular, lo que hace evidente que sólo quiere
acceder a una instancia adicional, finalidad para la cual no es procedente
este mecanismo excepcional de protección.

5.3.2.2. Frente al desconocimiento del precedente, se advierte que esta
Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 202110, sostuvo que en las
acciones de tutela contra providencia judicial en las que se alega el
desconocimiento del precedente se exige, como carga argumentativa
mínima, que se identifiquen: (i) la providencia desconocida, (ii) las reglas
y subreglas jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi de la
sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a resolver, y
(iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o
similares.

En el caso objeto de estudio, la parte demandante se limitó a invocar y a
citar sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, pero
sin identificar los problemas jurídicos que allí se resolvieron y sin efectuar
una comparación entre los hechos estudiados en ese asunto y el sub lite,
para acreditar que las reglas y subreglas contenidas en la ratio decidendi
le eran aplicables a su caso particular.

Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la

10
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05188 01
Demandante: Ednna Carolina León Torres y otros

Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó la parte accionada, y
que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de reparación directa.

A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,

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excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.

Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
controvertir el análisis probatorio efectuado por las autoridades de la
jurisdicción, como si este mecanismo pudiera emplearse como una
instancia adicional.

Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el tercero de los presupuestos
estudiados, razón por la cual resulta completamente innecesario el
estudio sobre el posible cumplimiento de los restantes requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.

5.3.3. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado,
que declaró improcedente la tutela, por encontrar configurada la ausencia
del requisito de relevancia constitucional.

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Demandante: Ednna Carolina León Torres y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de diciembre de 2024,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que
declaró la improcedencia de la tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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