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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05189-00

Fecha
23 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05189-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por el actor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05189-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de octubre de 2024

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 5 18 9- 0 0

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05189-00
Accionante: Vladimir Murillo Lugo
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

Temas: Acción de tutela contra autos, mediante los cuales se negó el acceso a una
información allegada por la parte demandada con un informe técnico decretado de oficio en
un proceso de nulidad electoral, y se confirmó esa decisión.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Vladimir Murillo
Lugo contra el Tribunal Administrativo del Tolima con ocasión de la expedición de
los autos del 19 de julio y 11 de septiembre de 2024 en el medio de control de
nulidad electoral con radicado 73001-23-33-000-2023-00449-00.

ANTECEDENTES

La parte accionante promovió acción de tutela para que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados por la autoridad judicial accionada.

HECHOS

El actor narró que en el año 2023 a nivel nacional se llevaron a cabo las elecciones
territoriales para designar a las autoridades locales y departamentales, resultando

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electo para el municipio de San Luis, departamento de Tolima, el señor Ricardo
Andrés Acosta Salas, luego de sendas denuncias penales y disciplinarias por
irregularidades durante el proceso preelectoral y electoral.

Que, por lo anterior, instauró demanda de nulidad electoral, la cual correspondió al
Tribunal Administrativo del Tolima bajo el radicado 73001-23-33-000-2023-00449-
00.

Que el 20 de febrero de 2024 el magistrado ponente del proceso decidió proferir
sentencia anticipada, resolvió las excepciones previas y/o mixtas, fijó el litigio,
decretó pruebas, dispuso alegar de conclusión y requirió a la Registraduría Nacional
del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral para que realizaran un informe sobre
el listado de cédulas señaladas como trashumantes en la demanda, contrastadas
con las bases de datos legalmente establecidas que determinara la verdadera
residencia de esos electores y con precisión de varios aspectos relacionados con
esta, así como información adicional sobre el asunto.

Que, en cumplimiento de ese requerimiento, la Registraduría Nacional del Estado
Civil y el Consejo Nacional Electoral respondieron con los oficios DCE-GTCE-875 y
RDE-DCE-876 y radicados internos RNEC – S – 2024 – 0039828 y RNEC – S –
2024 – 0039910, respectivamente, y compartieron unos archivos con contraseña, la
cual fue proporcionada única y exclusivamente al Tribunal Administrativo del Tolima.

Que, con el objetivo de argumentar sus alegatos de conclusión, solicitó el acceso a
esos archivos, pero el 19 de julio de 2024 la autoridad judicial no lo autorizó por
contener información confidencial, por lo cual interpuso recurso de reposición, el
cual fue resuelto desfavorablemente el 11 de septiembre de 2024.

Considera que el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en un desconocimiento
del precedente judicial de la Corte Constitucional sobre el acceso a la prueba
confidencial con fines procesales de contradicción y defensa, contenido en las
sentencias T-491/07 y SU-355/22.

Adujo que la autoridad judicial debió modular el acceso a la información entregada
por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil,
puesto que los derechos a la contradicción y al acceso a la administración de justicia

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son de mayor raigambre que la reserva legal, en la medida que la información
solicitada tiene una única y exclusiva finalidad, la cual es meramente procesal para
argumentar los alegatos de conclusión, mas no para ser exhibidos públicamente,
con mayor razón cuando dichas entidades manifestaron que para el acceso a los
archivos por las partes vinculadas al proceso debía solicitarse al despacho la
autorización, por lo cual se presentó la solicitud.

Que el derecho al acceso a la información pública se rige por el principio de máxima
divulgación, lo que garantiza que las actuaciones que provienen de personas que
desempeñan una función pública y afectan a la ciudadanía o involucran recursos
estatales puedan ser objeto de revisión por cualquiera, lo cual se traduce en una
clara garantía de los principios de transparencia y publicidad.

Que las actuaciones de los jueces están sujetas al principio de publicidad, el cual
se concreta en dos escenarios, conforme a la jurisprudencia constitucional, siendo
de especial relevancia para el caso, la garantía del debido proceso, la cual exige
que en los procesos judiciales los sujetos procesales conozcan las actuaciones que
se adelanten al interior del proceso, sin que ello implique que estas deban hacerse
públicas, pues la información puede involucrar aspectos que solo interesa a los
involucrados en el pleito respectivo.

Que, en caso de no permitirse la visualización de los archivos con las respectivas
condiciones de habilitación realizadas por el despacho a cargo del proceso, podría
dejar a alguna de las partes en desventaja, pues de allí puede extraerse información
que únicamente atañen al proceso y que son necesarias para este.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó ordenar que el Tribunal Administrativo del Tolima, en el
medio de control de nulidad electoral que instauró, permita el acceso a la
información presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo
Nacional Electoral el 15 y el 16 de abril de 2024, con las restricciones frente a
terceros ajenos al debate procesal.

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ACTUACIÓN PROCESAL

El 30 de septiembre de 2024 la acción de tutela de la referencia fue admitida,
mediante proveído, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Tolima, como accionado, y al señor Ricardo Andrés Acosta Salas, como tercero con
interés, y se negó el decreto de la medida provisional solicitada.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Tolima, a través del magistrado ponente del
proceso de nulidad electoral objeto de esta acción, manifestó que en la providencia
del 19 de julio de 2024 se evidenció que los datos allegados en las bases de datos,
al ser parte del censo electoral, tienen carácter reservado, por lo cual se abstuvo de
otorgar el acceso, conforme al artículo 275 del Código General del Proceso.

Sostuvo que en esa normativa se prevé que únicamente pueden acceder a la
información los jueces y los funcionarios de policía y de seguridad para efectos
meramente investigativos, dado que los terceros no han dado autorización para
conocerla, y el proceso electoral y la conformación de los censos electorales son
asuntos de connotación nacional e interés superior del Estado, sumado al hecho de
que en el caso se trató de una prueba decretada de oficio y las partes, durante el
traslado, no solicitaron aclarar la información allí analizada a la entidad que lo rindió.

Afirmó que cuando se resolvió el recurso de reposición, advirtió que los datos
contenidos en las bases de datos permitían identificar e individualizar a quienes
están allí enlistados, por lo cual analizó si, según el artículo 213 del Decreto 2241
de 1986, en consonancia con la jurisprudencia constitucional, era viable o no el
acceso a la información y evidenció que los registros de datos del censo electoral
están clasificados como reservados, con mayor razón porque fueron el resultado
del cruce de datos con otras bases que gozan de reserva como son los regímenes
de excepción y especial.

Resaltó la autonomía del juez en sus decisiones judiciales, de acuerdo con el
artículo 230 superior, y las limitaciones de la tutela respecto a las providencias e
indicó que brindó todas las garantías formales y materiales contempladas en los
artículos 13, 29 y 229 de la Constitución.

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POSICIÓN DEL VINCULADO

El señor Ricardo Andrés Acosta Salas señaló que la acción no supera el requisito
de relevancia constitucional, ya que lo pretendido es reabrir un debate judicial que
ha sido correctamente resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima, sin que se
discuta la línea argumentativa empleada en los autos cuestionados, ni el de
subsidiariedad, debido a que el alegato del accionante se circunscribe a que se está
omitiendo la fase de alegatos en el proceso de nulidad electoral por no haber
accedido a la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo cual
cuenta con la solicitud de nulidad procesal, en los términos del numeral 6 del artículo
133 del Código General del Proceso.

Expresó que no se configuró el desconocimiento del precedente judicial invocado,
puesto que, primero, el accionante omitió explicar el por qué considera que las
decisiones de la Corte Constitucional fueron inobservadas por el Tribunal
Administrativo del Tolima, en tanto se limitó a transcribir el análisis allí efectuado, y,
segundo, la Sentencia T-928/04, transcrita en el escrito de tutela e indebidamente
identificada como T-491/07, no es una decisión vinculante para los jueces
contenciosos administrativos, sino solo un criterio auxiliar, y, además, los
pronunciamientos referenciados por el actor versan sobre supuestos fácticos
distintos al caso bajo estudio.

Sostuvo que los autos discutidos en esta sede son razonables, por lo cual no
pueden ser dejados sin efectos por parte del juez de tutela, en la medida que las
bases contienen datos sensibles que las convierten en reservadas, que no se limitan
a números de cédulas de ciudadanía, como lo quiere hacer ver el solicitante, sino,
por ejemplo, información atinente a hogares víctimas de desplazamiento forzado,
que no pueden ser ventilados a las partes de un proceso judicial, en el que no
participan los titulares de la información y que pueden generarles riesgos de
discriminación y revictimización.

Aseveró, en todo caso, que el acceso a la base de datos no es necesario para la
formulación de los alegatos de conclusión, puesto que en el expediente reposan
pruebas que suplen la información que ellas contienen y en el informe elaborado
por la Registraduría está debidamente detallada toda la información.

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Concluyó que al tratarse de decisiones judiciales razonables las controvertidas en
esta acción no hay lugar a su invalidación y solicitó declarar improcedente la tutela
o, en su defecto, negar el amparo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

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II. Caso concreto

En síntesis, el accionante considera que el Tribunal Administrativo del Tolima, en
los autos del 19 de julio y 11 de septiembre de 2024, incurrió en un desconocimiento
del precedente judicial, concretamente, de las sentencias T-491/07 y SU-355/22 de
la Corte Constitucional, porque le negó el acceso a la información allegada por la
parte demandada en el proceso de nulidad electoral que instauró, la cual requiere
para fines procesales de contradicción y defensa.

A esta Subsección le corresponde, en primer lugar, verificar si se superan los
requisitos generales de procedencia que habilitan el estudio de la providencia
discutida en esta sede, pues solo en el evento de encontrarse reunidos habría lugar
a analizar los disensos esgrimidos.

La Sala encuentra satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la
presente acción de tutela para discutir la sentencia censurada en esta sede, pues
1) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida en
que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los
derechos fundamentales reclamados en protección, por la incursión del defecto
señalado; 2) la acción se presentó con inmediatez; 3) la parte accionante agotó
todos los mecanismos idóneos y eficaces con los que contaba; 4) no se está
invocando una irregularidad procesal, por lo que no hay lugar al análisis de esa
exigencia; 5) el solicitante identificó claramente los hechos generadores de la
vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata de una sentencia de tutela.

Revisados los autos que dieron lugar a la instauración de esta acción, se advierte
que la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Tolima analizó la jurisprudencia
de la Corte Constitucional sobre la información reservada y evidenció que los
archivos digitales que fueron anexados a la respuesta al requerimiento ordenado en
el auto del 20 de febrero de 2024, los cuales correspondían a la información obrante
en el censo electoral que reposaba en las bases de datos de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, tenían carácter reservado, de conformidad con los
artículos 24 de la Ley 1437 de 2011 y 213 del Decreto 2241 de 1986, sumado a que
se trataba de información de terceros que no han autorizado el acceso a ella y, a
que el proceso electoral y la conformación de los censos electorales son asuntos de

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connotación nacional e intereses superiores del Estado.

La Sala referida también explicó que los datos contenidos iban desde el nombre,
apellidos, direcciones de residencia o domicilio, número de celular, hasta el lugar de
votación, por lo que la información permitía identificar e individualizar a cada una de
las personas que allí figuraban, y resaltó que esta era resultado del cruce de varias
bases de datos que gozaban de reserva como los regímenes de excepción y
especial conformado por el Magisterio, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares,
Ecopetrol y algunas universidades públicas, por lo que su desconocimiento afectaría
derechos fundamentales.

Así mismo, la autoridad judicial aquí accionada precisó que la prueba documental
fue decretada de oficio, ante la escasa solicitud probatoria y se limitó al informe
técnico aportado, el cual puso en conocimiento de las partes, sin que solicitaran
aclaración o complementación; se presumía legal, según los artículos 244 y 275 del
Código General del Proceso; y contenía una interpretación técnica de la información
reservada. Concluyó, entonces, que la negativa de acceso a la información buscaba
garantizar tanto derechos y bienes fundamentales y constitucionales como el orden
público.

Realizado el anterior recuento de los razonamientos que llevaron a la Sala Unitaria
del Tribunal Administrativo del Tolima a denegar la solicitud de acceso al insumo
aportado con el informe técnico, esta Subsección observa que la decisión
cuestionada en esta sede estuvo sustentada en el análisis de la naturaleza
reservada de la información solicitada, conforme al ordenamiento jurídico y a las
sentencias C-037/96 y C-491/07 dictadas por la Corte Constitucional.

Ahora bien, aunque el accionante no discute el carácter reservado de la información
que le fue negada por la autoridad judicial, sí considera que esta debió dar
prevalencia al derecho de contradicción y defensa, en tanto requería de dichos
datos para argumentar los alegatos de conclusión, conforme a las sentencias T-
491/07 y SU-355/22 de la Corte Constitucional.

Al respecto, lo primero que se observa es que, como lo indicó el tercero vinculado
a esta acción, el primero de los pronunciamientos, acorde con la transcripción
realizada por el accionante, realmente corresponde a la providencia identificada

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como T-928/04, en la cual el máximo tribunal constitucional estudió el caso de un
alumno que fue retirado del DAS con base en un informe reservado de inteligencia,
el cual, según la propia entidad, no existía. En esa oportunidad, la Corte
Constitucional determinó que la desvinculación referida fue arbitraria y estuvo
falsamente motivada porque no existió dicho informe y, aun en caso de aceptarse
que este sí se presentó, lo cierto es que la reserva del documento no podía oponerse
al actor, en atención a su derecho fundamental de defensa.

A su vez, en la Sentencia SU-355/22, la Corte Constitucional se pronunció acerca
de un asunto relacionado con la publicación en internet de una pieza procesal,
concretamente, de una demanda de reconvención presentada en un proceso de
cesación de efectos civiles de un matrimonio católico, por lo cual, según concluyó,
se vulneró el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar de la allí
solicitante del amparo.

Lo expuesto permite evidenciar que los supuestos fácticos de los dos casos
referenciados por el accionante no guardan similitud fáctica con el que ahora es
objeto de análisis y, si bien en esas ocasiones la Corte Constitucional aludió a que
el principio de publicación en la actuación de las autoridades es la regla general y
la reserva es la excepción, por lo que esta última no es absoluta, lo cierto es que
también precisó que corresponde al juez valorar tanto la norma legal que prevé la
reserva como los derechos, principios y valores constitucionales que se verían
afectados con la limitación a la información, con el fin de determinar cuáles deben
prevalecer, lo cual no fue inadvertido u obviado por el Tribunal Administrativo del
Tolima.

En efecto, en los autos discutidos a través de este mecanismo, la Sala Unitaria de
esa corporación, en su condición de juez natural, tuvo en cuenta tanto la naturaleza
reservada de la información aportada como el derecho de contradicción y defensa
del demandante, análisis que lo llevó a concluir que este último no se vería afectado,
dado que podía acceder al informe que contenía la interpretación técnica de la
información solicitada y que se presumía legal, sumado al hecho de que en la
oportunidad procesal oportuna no se solicitó ningún tipo de aclaración o
complementación frente a aquel.

En ese orden de ideas, no se observa que la autoridad judicial accionada haya

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dejado de analizar las particularidades del caso ni de ponderar los intereses que
estaban de por medio en el asunto, de acuerdo con los parámetros fijados
jurisprudencialmente, sino que, dentro del marco de la autonomía e independencia
de los cuales está revestida, determinó que en el caso debía garantizarse la reserva
de la información, máxime cuando no existía una afectación en la contradicción
probatoria.

A juicio de esta Sala la conclusión antecedente no es arbitraria ni caprichosa ni
desatiende los pronunciamientos constitucionales sobre la materia y tampoco
implica un desconocimiento del precedente judicial invocado, por lo cual se negará
el amparo solicitado por el accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por el actor, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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