Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05191-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05191-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05191-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
7 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05191-00
Demandante: Municipio de Manaure Balcón del Cesar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05191-00
Demandante: MUNICIPIO DE MANAURE BALCÓN DEL CESAR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Temas: Notificación en debida forma de sentencia de primera instancia.
Reconocer personería al abogado de la parte demandada.
Garantía de la doble instancia. Incidente de nulidad.
Subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por el Municipio de Manaure Balcón del
Cesar, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 25 de septiembre de 20241, el señor Juan Carlos Araujo Orozco, obrando en
calidad de alcalde del Municipio de Manaure Balcón del Cesar interpuso acción de
tutela contra del Tribunal Administrativo del Cesar, por estimar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, por la falta de reconocimiento de personería al abogado Carlos Guillermo
Ramírez Araujo y de notificación personal de la sentencia del 15 de agosto de 2024,
dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 20001-
23-33-000-2019-00452-00.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Se solicita al señor Juez, tutelar el amparo del derecho constitucional fundamental: Al
DEBIDO PROCESO Y ACCESO ALA JUSTICIA en el trámite procesal del
RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERIA JURIDICA del apoderado del Municipio de
Manaure-Cesar y la NOTIFICACION PERSONAL, de la sentencia de primera instancia de
fecha agosto 15 de 2024, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR,
para que la sentencia sea NOTIFICADA PERSONALMENTE, al APODERADO JUDICIAL
DEL ENTE TERRITORIAL DEMANDADO y de esta manera conocer formalmente la
decisión de primera instancia y tener acceso a la doble instancia.” (Sic a toda la cita)
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1 Samai, índice 2.
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Demandante: Municipio de Manaure Balcón del Cesar
2.1. El señor Juan Carlos Araujo Orozco, alcalde del Municipio de Manaure Balcón
del Cesar otorgó poder al abogado Carlos Guillermo Ramírez Araujo para que
representara judicialmente al municipio en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00, que se
tramitó en primera instancia en el Tribunal Administrativo del Cesar.
2.2. El 26 de abril de 2024, el abogado Carlos Guillermo Ramírez Araujo remitió
con destino al mencionado proceso el poder que le había sido conferido.
2.3. El 15 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar dictó sentencia
de primera instancia accediendo a las pretensiones de la sociedad
Comunicación Celular S.A. “Comcel S.A.”. Esta providencia judicial se registró
en el sistema de gestión Samai ese mismo día a las 14:24:17.
2.4. El 16 de agosto de 2024, le fue notificada la sentencia de primera instancia al
Municipio de Manaure, pero no al apoderado.
3. Fundamentos de la acción
Del escrito de tutela se advierte que la parte actora acusó la vulneración de las
garantías a la defensa, a la doble instancia, y a los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia comoquiera que, aseguró
que el Tribunal Administrativo del Cesar nunca se pronunció sobre el
reconocimiento de personería del abogado Carlos Guillermo Ramírez Araujo (ni
antes de la sentencia, ni en el cuerpo de esta), como tampoco se le notificó
personalmente al apoderado del municipio la sentencia del 15 de agosto de 2024,
dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 20001-
23-33-000-2019-00452-00.
Al respecto, señaló que la omisión del despacho ponente de reconocer personería
al abogado del municipio constituye una vía de hecho pues “[…] la carencia de
reconocimiento de personería para actuar no corresponde a una mera formalidad, sino que es
"la negación de toda posibilidad de defensa de una de las partes comparecientes al proceso,
Maxime cuando hoy estamos frente a una sentencia de primera instancia adversa a los intereses
de la demandada.”.
Manifestó que el apoderado Ramírez Araujo dijo que la notificación de la sentencia
no le apareció en la bandeja de entrada del correo electrónico que aportó en el poder
( cgramireza@yahoo.es ), por lo que la notificación surtida al Municipio de Manaure
no puede considerarse como suficiente para que el apoderado judicial esté
debidamente notificado, pues “[…] NO HAY LA CONSTANCIA DE RECIBO de dicha
notificación. Dicho de otro modo, NO APARECE EL ACUSO DE RECIBO de ese mensaje por
parte del apoderado judicial de la demandada […]”.
Afirmó que al omitirse la notificación de la sentencia se viola el artículo 196 y el
inciso 2 del artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, según los cuales las providencias se deben notificar
con las formalidades de esa norma, que en este caso es la notificación por medios
electrónicos, en la cual se presume que el destinatario recibió la notificación cuando
el iniciador recepcione acuse de recibo, o se pueda constatar por otro medio el
acceso del destinatario al mensaje.
Citó el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 y de él subrayó el inciso según el cual “[…]
Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se
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considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria
de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo
dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso […]”.
Referenció las sentencias T-081 de 2009 y T-025 de 2018 dictada por la Corte
Constitucional, para demostrar la importancia de que las notificaciones judiciales se
surtan en debida forma. Transcribió la intervención de Microsoft Corporation en la
acción de tutela Nro. 68001-22-13-000-2022-00389-01 tramitada por la Corte Suprema
de Justicia, en donde se le había consultado que se entendía por iniciador en
materia de transmisión de mensajes de datos, envío, recibo, y acuso de estos. Al
respecto se transcriben a continuación algunos de los apartes subrayados por el
accionante así:
“[…] De lo expuesto es dable entender por iniciador, la acción del usuario que da click a la
opción de envío del correo. Por servidor de correo, la entidad proveedora y administradora del
mismo, esto es, Hotmail, Outlook, Gmail, Yahoo -entre otros-. Por acuse de recibo del correo,
la información relativa a que el correo fue recibido, bien por el servidor de correo del remitente,
o por el servidor de correo del destinatario -que puede ser distinto al del remitente, por ejemplo,
un usuario de Hotmail que remite un correo a un usuario de Gmail-, o por el mismo destinatario
de la misiva - voluntariamente.
También es viable colegir que los servidores de correo electrónico ofrecen algunas
herramientas que permiten verificar que el correo llegó al servidor del remitente, lo cual no
necesariamente significa que llegara al servidor del destinatario, o a este último. […]
[…] Ahora, sobre la forma de acreditar el acuse de recibo -que no es otra cosa que la
constatación de que la misiva llegó a su destino- amerita reiterar que el legislador no impuso
tarifa demostrativa alguna, de suerte que, como se dijo, existe libertad probatoria, bien sea en
el trámite de nulidad o por fuera de él.
En ese sentido, tal circunstancia puede verificarse -entre otros medios de prueba- a través i).
del acuse de recibo voluntario y expreso del demandado, ii). del acuse de recibo que puede
generar automáticamente el canal digital escogido mediante sus "sistemas de confirmación
del recibo", como puede ocurrir con las herramientas de configuración ofrecidas por algunos
correos electrónicos, o con la opción de "exportar chat" que ofrece WhatsApp, o inclusive, con
la respectiva captura de pantalla que reproduzca los dos "tik" relativos al envío y recepción del
mensaje, iii). de la certificación emitida por empresas de servicio postal autorizadas y, iv). de
los documentos aportados por el demandante con el fin de acreditar el cumplimiento de las
exigencias relativas a la idoneidad del canal digital elegido. […]”
Frente al anterior punto manifestó que, con la sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia, en su caso se han vulnerado el debido proceso dado que en
el expediente no hay registros de que su apoderado haya acusado recibo de la
notificación personal de la sentencia del 15 de agosto de 2024, en los términos que
expresó Microsoft Corporation.
Finalmente, señaló que en este caso se presenta un perjuicio irremediable en razón
a que se le está privando la oportunidad de interponer el recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, garantía del derecho al debido proceso.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 1 de octubre de 20242, el despacho ponente admitió la acción de
tutela presentada por el Municipio de Manaure Balcón del Cesar, a través de
su alcalde municipal, contra el Tribunal Administrativo del Cesar; se vinculó en
calidad de tercero con interés a la sociedad Comunicación Celular S.A.
“Comcel S.A.”; se ofició al Tribunal para que remitiera copia del expediente
2 Samai, índice 4.
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Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00; y se dispuso a efectuar las notificaciones
correspondientes.
4.2. El Tribunal Administrativo del Cesar3, a través de su Secretaría, rindió
informe en el que manifestó que allí se surte el trámite del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00, en donde
el demandante es Comunicación Celular S.A. y el demandado es el Municipio
de Manaure Balcón del Cesar.
Que el 15 de agosto de 2024 se dictó sentencia de primera instancia (Samai,
índice 42), luego el expediente se remitió a la Secretaría para que se surtieran
las notificaciones (Samai, índice 43), las cuales se realizaron en debida forma
a las direcciones de correo electrónico de los sujetos procesales, entre ellos al
Municipio de Manaure Balcón del Cesar y a su apoderado judicial a los correos
electrónicos:
notijudicialesmanaure@gmail.com,
cgramireza@yahoo.es,
alcaldia@manaurebalcondelcesar-cesar.gov.co (Samai, índice 44 y 45).
Adicionalmente, puso de presente que con posterioridad se recibieron
memoriales relativos al reconocimiento de personería por parte del abogado
del municipio, y de parte del demandante solicitud de expedición de la
constancia de ejecutoria de la sentencia (Samai, índice 46 y 47), solicitudes a
las cuales la Secretaría les dio trámite pasando el expediente al despacho para
la petición del Municipio y elaborando la constancia de ejecutoria. El 9 de
octubre de 2024, el despacho ponente profirió auto en el que se ordenó correr
traslado del incidente de nulidad que formuló el apoderado del municipio,
trámite que a la fecha de elaboración de este informe está sigue en trámite
(Samai, índice 55).
Dijo que el encargado de sistemas en ese Tribunal elaboró un informe en el
que señala que la notificación de la sentencia del proceso Nro. 20001-23-33-
000-2019-00452-00, se dio en debida forma, pues al doctor Carlos Guillermo
Ramírez Araujo se le notificó al correo: cgramireza@yahoo.es, dirección de la
cual se obtuvo un acuse de notificación. Como evidencia de lo anterior adjuntó
el informe rendido por el Técnico de Sistemas.
Finalmente adjuntó el enlace de consulta del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho en Samai y en OneDrive, y copia del auto del 9
de octubre de 2024, por medio del cual el despacho ponente dio traslado al
incidente de nulidad.
4.3. La sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.4, manifestó que no ha
desplegado ninguna acción u omisión que afecte o ponga en riesgo los
derechos fundamentales del accionante debido a que esa compañía solo actuó
como demandante en el proceso ordinario, razón por la cual, los hechos objeto
del presente trámite le son ajenos y eso conlleva a que se le desvincule del
presente proceso. Adicionalmente aseguró que esta acción no gira en torno a
un asunto iusfundamental, tampoco cumple con el requisito de la inmediatez,
ni la subsidiariedad, de ahí que deba ser declarada improcedente y se nieguen
las pretensiones.
3 Samai, índice 8.
4 Samai, índice 9.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos corresponde a la Sala establecer
si esta acción interpuesta por el Municipio de Manaure Balcón del Cesar cumple a
cabalidad con las causales de procedencia, particularmente la subsidiariedad.
Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si en el marco del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00, se
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión a la ausencia de reconocimiento de
personería del abogado Carlos Guillermo Ramírez Araujo y a la falta de notificación
personal de la sentencia del 15 de agosto de 2024.
3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa
judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que estos
sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela sólo procede cuando no
existen otros medios de defensa idóneos para amparar los derechos fundamentales
invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.
Este requisito ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional, quien ha
establecido que se incumple, por lo menos, en tres eventos8: (i) cuando el asunto
está en trámite; (ii) cuando no se han agotado los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios; y (iii) cuando se usa para revivir etapas procesales en
5 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. No
obstante, estas normas facultan al juez de tutela para valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales
del actor.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un
perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, dado que el sistema jurídico permite a las personas
valerse de diversos medios de defensa que pueden ser eficaces para la defensa de
sus derechos6.
Y si bien la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para
determinar la procedencia de la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar
a intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe otro medio de
defensa; que a pesar de existir no es idóneo, ni eficaz; que se pretende evitar un
perjuicio irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional. Lo anterior, en consideración a que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de derechos fundamentales.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e idoneidad del
otro medio o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable. Circunstancias que
son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del amparo constitucional.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues de lo
contrario la tutela deviene improcedente.
4. Análisis del caso concreto
4.1. La parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia por parte del Tribunal
Administrativo del Cesar, por dos motivos a saber: (i) por la ausencia de
reconocimiento de personería al abogado Carlos Guillermo Ramírez Araujo,
como apoderado del Municipio de Manaure Balcón del Cesar, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 20001-23-33-000-2019-
00452-00, y (ii) por la falta de notificación personal de la sentencia de primera
instancia del 15 de agosto de 2024, dentro del mismo proceso. Pues
argumentó que tales vulneraciones le impidieron acceder a la doble instancia.
4.2. Ahora bien, corresponde a la Sala establecer si esta acción cumple a cabalidad
con el requisito de subsidiariedad. Para ello se analizará el expediente del
proceso Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00, aportado por la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Cesar en su contestación.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-301 de 2009.
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Se observa que con posterioridad a la sentencia de primera instancia del 15
de agosto de 20247 y de su correspondiente notificación del 16 de agosto de
la misma anualidad8, el Tribunal recibió algunos memoriales y dio trámite a los
mismos como se describe a continuación:
(i) El 3 de septiembre de 2024, se allegó la solicitud de constancia de
ejecutoria presentada por el abogado Francisco Bravo González.
Petición reiterada el 20 de septiembre de 20249.
(ii) El 19 de septiembre de 2024, el abogado Carlos Guillermo Ramírez
Araujo envió memorial10, en el cual manifestó la vulneración al debido
proceso de él y de su poderdante en razón a la ausencia de
reconocimiento de personería en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y en la falta de notificación a él de la
sentencia de primera instancia, privándolo de la oportunidad de la doble
instancia. Esto en los siguientes términos:
“[…] CARLOS GUILLERMO RAMIREZ ARAUJO, mayor de edad, identificado como
aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de apoderado del Municipio
de Manaure-Balcón del Cesar, atentamente acudo a su despacho con el fin de elevar
la siguiente PETICIÓN, previo los siguientes:
HECHOS
1. En fecha, abril 26 de 2014, hice llegar al Despacho, a través de mensaje de correo
electrónico y la plataforma SAMAI, el poder para actuar he dicho proceso, otorgado
por el Alcalde del Municipio de Manaure-Balcón del Cesar.
2. EL despacho dictó sentencia de primera instancia en fecha agosto 15 de 2024,
cargada en SAMAI, el mismo día, a las 14:24 17 sg
3. Según el correo institucional de la demandad, dicha sentencia fu notificada a la
entidad ( Municipio de Manaure, en fecha 16 de agosto de 2024
4. El despacho nunca se pronunció sobre el reconocimiento de la personería jurídica
al nuevo abogado apoderado de la demanda, no obstante de haberse radicado el
poder previamente ( abril 26 de 2024), según parece el registro en SAMAI ni antes
de la sentencia, ni en el cuerpo de la misma, lo cual compromete el derecho de
este al debido proceso.
Dicho en otras palabras, por parte del Despacho, la Omisión del reconocimiento de
personería del apoderado del Municipio de Manaure, constituyeron una clara vía
de hecho, pues, la carencia de reconocimiento de personería para actuar no
corresponde a una mera formalidad, sino que es "la negación de toda posibilidad
de defensa de una de las partes comparecientes al proceso, Maxime cuando hoy
estamos frente a una sentencia de primera instancia.
5. La notificación de la sentencia, no aparece en la bandeja de entrada del correo
aportado por el abogado apoderado del municipio, en el texto del poder:
cgramireza@yahoo.es
La notificación realizada al Municipio No pude considerarse como suficiente para
que el apoderado judicial del municipio este debidamente notificado, , puesto que
NO HAY LA CONSTANCIA DE INVIO, ni mucho menos DE RECIBO. Dicho de otro
modo, NO APARECE EL ACUSO DE RECIBO de ese mensaje por parte del
apoderado judicial de la demandada, Maxime cuando no se le ha reconocido
personería jurídica para actuaren el proceso. Lo anterior es violatorio
abiertamente del inciso 2 del artículo 205 de la ley 1437 de 2011, que señala:
7 Samai, índice 42. Expediente Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00.
8 Samai, índice 44 y 45. Expediente Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00.
9 Samai, índice 48. Expediente Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00.
10 El memorial se encuentra en el índice 47 y 48 de Samai del expediente Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-
00. La anotación 47 es “clasificada”, sin embargo, en la anotación 48 es posible visualizar el contenido.
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Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador
recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del
destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente.
8. Los hechos expuestos constituyen una clara violación del derecho fundamental al
“Debido Proceso”, toda vez que se me está privando tanto a mi persona en calidad
de apoderado como a mi poderdante judicial de ejercer el derecho de defensa y
contradicción y de tener la oportunidad procesal de la doble instancia, garantizados
en el artículo 29 de la norma superior. Anexo: Memoria en archivo formato pdf” (Sic
a toda la cita).
(iii) El 23 de septiembre de 202411, la Secretaría del Tribunal Administrativo
del Cesar expidió la constancia de ejecutoria de la sentencia del 15 de
agosto de 2024, la cual fue enviada al solicitante y posteriormente
corregida12.
(iv) El mismo 23 de septiembre de 202413, el expediente pasó al despacho
del magistrado José Antonio Aponte Olivella para que proveyera respecto
de las solicitudes de las partes. En este índice se dejó la siguiente
anotación: “ALR-informando que la sentencia del 15 de agosto de 2024, fue notificada
el 16 de agosto de 2024, a las partes al buzón de correos para notificaciones, ver índices
00044 y 00045. Una vez venció el término de ejecutoria, no se observó recurso contra
la misma, por lo que se encuentra debidamente ejecutoriada, ver índice 00050. Al
respecto, obran solicitudes por el apoderado judicial del ente accionado, a índices 00047
y 00048 Samai. Se informa, que a índices 00046 y 0049 el apoderado de la parte
accionante solicitó por D. Petición la ejecutoria de la misma,ver Respuesta a índice
00051. Provea”.
(v) El 9 de octubre de 202414, el despacho ponente del Tribunal
Administrativo del Cesar dictó auto dentro del proceso Nro. 20001-23-33-
000-2019-00452-00 en el que ordenó correr traslado del incidente de
nulidad formulado por el apoderado de la parte demandada. Como
antecedentes de esta providencia señaló que el apoderado del Municipio
de Manaure presentó un escrito “solicitando, principalmente, la notificación de la
sentencia proferida el 15 de agosto de 2024, con el fin de tener acceso a la doble
instancia, alegando una indebida notificación y violación al debido proceso; frente la
cual, la Secretaria de la Corporación emitió constancia de ejecutoria. Así las cosas, a
juicio del Despacho, si bien es cierto, no se manifiesta expresamente, dicho escrito se
considera que obedece a un incidente de nulidad”. Ese mismo día el expediente
pasó a la Secretaría15.
(vi) El 10 de octubre de 202416, se fijó estado en este proceso, se comunicó
el auto que corrió el traslado17; el 16 de octubre de 2024 se fijó en lista
con un término que iniciaba y terminaba el 17 de octubre de 2024; y el 18
de octubre de 2024 se dio el traslado del incidente de nulidad término
que iba hasta el 22 de octubre de 202418.
(vii) El 15 de octubre de 202419, el apoderado de la parte demandante se
pronunció respecto de la solicitud de nulidad.
11 Samai, índice 50 y 51. Expediente Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00.
12 Samai, índice 54. Expediente Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00.
13 Samai, índice 52. Expediente Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00.
14 Samai, índice 55. Expediente Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00.
15 Samai, índice 56. Expediente Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00.
16 Samai, índice 57. Expediente Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00.
17 Samai, índice 59. Expediente Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00.
18 Samai, índice 61. Expediente Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00.
19 Samai, índice 62. Expediente Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05191-00
Demandante: Municipio de Manaure Balcón del Cesar
(viii) El 24 de octubre de 202420, el expediente entró al despacho del
magistrado ponente para proveer respecto del incidente de nulidad.
Visto lo anterior, es posible establecer que el 19 de septiembre de 2024 el
apoderado del Municipio de Manaure Balcón del Cesar presentó memorial
dirigido al Tribunal Administrativo del Cesar alegando los mismos argumentos
que son el fundamento de esta acción, es decir la falta de reconocimiento de
personería y la ausencia de notificación de la sentencia de primera instancia.
Frente a este escrito el Tribunal le dio trámite de incidente de nulidad corriendo
el correspondiente traslado, y actualmente se encuentra pendiente de ser
resuelto por el despacho ponente.
Esto quiere decir que, el hoy accionante y su apoderado presentaron
paralelamente esta acción de tutela, y la solicitud de nulidad que se tramita por
el magistrado José Antonio Aponte Olivella dentro del proceso Nro. 20001-23-
33-000-2019-00452-00, respectivamente.
En ese sentido, de los argumentos traídos al caso objeto de análisis no se
advierte porque el juez constitucional debe irrumpir en la esfera de autonomía
del juez natural de la causa, para evaluar los fundamentos que están siendo
estudiados paralelamente en el medio de control. Estas circunstancias
implican la improcedencia de esta acción de tutela, dado que se encuentra en
trámite el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se
solicitó la nulidad por la indebida notificación de la sentencia del 15 de agosto
de 2024.
Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso
adicional que reemplace las herramientas procesales ordinarias, “ la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales y no a
problemas de carácter legal”21.
4.3. Para la Sala, en el caso concreto no se configuran los eventos excepcionales
que habilitan la intervención del juez de tutela, debido a que en el caso no se
presenta una afectación grave, inminente y que requiera medidas
impostergables, ya que el accionante no demostró que se le ocasionara un
daño grave que debiera ser conjurado mediante acciones urgentes, más aún
cuando su único argumento para manifestar la existencia de un perjuicio
irremediable es que la indebida notificación le generaba una pérdida de
oportunidad para interponer el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, argumentos que planteó en el incidente de nulidad que se
encuentra en trámite. Por esta razón, no se configuran las condiciones
necesarias para que la tutela proceda incluso como mecanismo transitorio.
Debe recordarse que la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela
tiene por propósito impedir que se convierta en un mecanismo judicial
alternativo que pueda ser utilizado para desconocer los mecanismos de
defensa previstos por la Constitución y la Ley.
20 Samai, índice 63. Expediente Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
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Demandante: Municipio de Manaure Balcón del Cesar
De esa manera se evita que el juez de tutela decida asuntos que deben ser
estudiados en su escenario natural. Así pues, esta Sala considera
improcedente la acción de tutela de la referencia al no cumplir con el requisito
de la subsidiariedad.
5. Conclusión
En armonía con lo anterior, al no evidenciarse el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad toda vez que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
Nro. 20001-23-33-000-2019-00452-00 se encuentra aún en trámite, no es posible
verificar aspectos relacionados con el fondo del asunto, razón por la que, la Sala
declarará improcedente esta acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el Municipio de
Manaure Balcón del Cesar, al no superar el requisito de la subsidiariedad
dados los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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