Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05194-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05194-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05194-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
12 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05194-01
Demandante: Aura Donado Valega
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05194-01
Demandante: AURA DONADO VALEGA
CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y
Demandados:
OTRO
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia. No
cumple el requisito de inmediatez
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 17
de octubre de 2024, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 26 de septiembre de 20241, la señora Aura Donado Valega a nombre propio, pidió la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la salud y
a la seguridad social.
A juicio de la demandante, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del
14 de diciembre de 2016 y del 18 de febrero de 2021, dictadas por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Oralidad A, y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, respectivamente, que denegaron el reconocimiento de la
pensión suplementaria convencional en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 08001-23-33-000-2013-00875-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
1. Solicito muy respetuosamente al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, tutelar los derechos
fundamentales de IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, DEBIDO PROCESO, TERCERA EDAD, A LA
SALUD, A LA SEGURIDAD SOCIAL, VÍA DE HECHO Y DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO
vulnerados por Las sentencias demandadas de fecha 14 de diciembre de 2016, Magistrada Ponente la
Doctora JUDITH ROMERO IBARRA, que me negó las pretensiones de la demanda de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, con Radicado No. 080012333000201300087500, y de la Sentencia de
segunda instancia, de fecha 23 de julio de 2019 2 (sic), EL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A, CONSEJERO
PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ, que me negaron la PENSION SUPLEMENTARIA DE
JUBILACION POR CONVENCION, y los demás principios constitucionales a la que tengo derecho, o
cualquier otro derecho fundamental cuya violación resulte probada.
2. Que tutelados mis Derechos a mi poderdante la señora, se ordene dejar sin efecto Las sentencias
demandadas de fecha 14 de diciembre de 2016, Magistrada Ponente la Doctora JUDITH ROMERO
IBARRA, que me negó las pretensiones de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con
Radicado No. 080012333000201300087500, y de la Sentencia de segunda instancia, de fecha 23 de
1 Índice 1 Samai CE, expediente primera instancia.
2 La sentencia de segunda instancia de dicho radicado tiene por fecha 18 de febrero de 2021.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05194-01
Demandante: Aura Donado Valega
julio de 2019 (sic), EL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A, CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA
HERNANDEZ, y en consecuencia se SUSTITUYA y se condene a la Universidad del Atlántico al
reconocimiento y pago de mi PENSION SUPLEMENTARIA DE JUBILACION POR CONVENCION,
reconocida en aplicación del artículo 9°, literal C de la convención colectiva de trabajo de 1976 (vigente),
3. De acuerdo a lo anterior, Solicito muy comedidamente a los Honorables Consejeros del Consejo de
Estado, que se le ordene a la autoridad judicial accionada, dicte sentencia sustitutiva, donde se
REVOQUE, Las sentencias demandadas de fecha 14 de diciembre de 2016, Magistrada Ponente la
Doctora JUDITH ROMERO IBARRA, que me negó las pretensiones de la demanda de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, con Radicado No. 080012333000201300087500, y de la Sentencia de
segunda instancia, de fecha 23 de julio de 2019 (sic), EL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A, CONSEJERO
PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ, Que de acuerdo al artículo 27 del Decreto 2591 de
1991, se le dé cumplimiento inmediato a lo que el Honorable Consejo de Estado ordene.
3. Hechos
Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:
La señora Aura Donado Valega fue nombrada como Auxiliar III de la Universidad del
Atlántico, el 15 de diciembre de 1970. Tomó posesión del cargo el 7 de enero de 1971.
Laboró en dicho cargo hasta el 15 de septiembre de 1972, cuando fue declarada
insubsistente.
El 19 de agosto de 1975 fue nombrada en el cargo de mecanógrafa en la Universidad del
Atlántico; tomó posesión del cargo el 29 de agosto de 1975. Posteriormente fue
ascendida a nivel I.
Por medio de la Resolución 001444 del 28 de septiembre de 2009 el rector de la
universidad ordenó el retiro del servicio de la señora Donado Valega con fundamento en
el reconocimiento pensional que hizo el ISS. Trabajó hasta el 1° de noviembre de 2009.
El 30 de abril de 2013, la accionante le pidió a la Universidad del Atlántico que reconociera
y pagara la pensión suplementaria convencional desde el 29 de septiembre de 1995, de
conformidad con el artículo 9º de la Convención Colectiva de Trabajo de 1976.
La Universidad guardó silencio ante la solicitud de la demandante.
El 13 de noviembre de 2013, la actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho para que se declarara la nulidad del acto ficto presunto negativo derivado de
la petición del 30 de abril de 2013; a título de restablecimiento del derecho, solicitó el
pago de la pensión suplementaria convencional desde el 29 de septiembre de 1995.
La demanda se adelantó con el radicado No. 08001-23-33-000-2013-00875-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Oralidad A, que, por
sentencia de 14 de diciembre de 2016, denegó las pretensiones de la demanda y declaró
probada la excepción de inexistencia de la obligación.
Indicó que para el 30 de junio de 1997 la demandante no consolidó su situación pensional
a la luz del literal c) del artículo 9.º de la convención, como quiera que (i) tenía cumplidos
51 años de edad, (ii) había prestado más de 20 años de servicios en la Universidad del
Atlántico (iii) pero no se había retirado del servicio y la regla convencional exigía que se
hubiera terminado el contrato.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05194-01
Demandante: Aura Donado Valega
Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, por sentencia del 18 de febrero de 20213, confirmó la sentencia
de primera instancia, básicamente por las mismas razones.
Aclaró que para el 30 de junio de 1997 la demandante «no consolidó su situación pensional
a la luz del literal c) del artículo 9º de la convención, como quiera que (i) tenía cumplidos 51 años
de edad, (ii) había prestado más de 20 años de servicios en la Universidad del Atlántico (iii) pero
no se había retirado del servicio». Que se requería de los tres elementos para el
reconocimiento de la pensión convencional, pero al continuar prestando sus servicios
hasta el año 2009 no había configurado un derecho adquirido.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la actora expuso las razones por las que la acción de tutela cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la providencia objeto de tutela incurrió
en:
Defecto fáctico por indebida valoración probatoria del material allegado con la demanda.
Señaló que estaba probado que cumplió con el tiempo de trabajo exigido en el artículo
9º, literal C de la convención colectiva de trabajo de 1976 y, por lo tanto, era merecedora
de la pensión suplementaria.
Defecto sustantivo ya que, a su juicio, no se aplicó el artículo 146 de la Ley 100 de 1993,
en el cual se establece el derecho que tienen a pensionarse, quienes con anterioridad a
la vigencia de dicha ley, hayan cumplido requisitos estipulados en la Convención
Colectiva de Trabajo. Además, señaló que las sentencias del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho eran contrarias a lo estipulado en el numeral 2 del artículo
16 del Código Sustantivo del Trabajo.
Desconocimiento del precedente establecido en la sentencia de unificación del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 29 de septiembre de 2011 4 en
la cual se estipuló la aplicación del principio de favorabilidad, especialmente el principio
in dubio pro operario, al momento de interpretar las disposiciones contenidas en las
convenciones colectivas de trabajo.
Violación directa de la Constitución por cuanto las sentencias cuestionadas le dieron
un trato diferente a otras personas en igualdad de condiciones a las que si les
reconocieron esa pensión5.
5. Intervenciones
3 Se notificó electrónicamente el 5 de marzo de 2021.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado No. 08001-23-31-000-2005-02866-03 (2434-10)
C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila
5 La accionante menciona las sentencias:
i) Corte Constitucional Sentencia SU-221 de 2024. Expediente T-9.651.981
ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado No. 08001-23-31-000-2005-03732-0 C.P. Dr. Víctor
Hernando Alvarado Ardila
iii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado No. 08001-23-31-000-2005-02866-03 C.P. Dr. Víctor
Hernando Alvarado Ardila
iv) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado No. 11001-03-15-000-2019-00430-00 C.P. Dr.
Gabriel Valbuena Hernández
v) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado No. 08001-23-31-000-2006-02529-02 C.P. Dr. Víctor
Hernando Alvarado Ardila
vi) Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de oralidad A, Radicado No. 08001-23-33-000-2014-00066-00 M.P. Judith
Romero
vii) Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de oralidad B, Radicado No. 08001-33-33-008-2013-00342-01 M.P. Oscar
Eliécer Wilches Donado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05194-01
Demandante: Aura Donado Valega
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, titular del
despacho que expidió la sentencia cuestionada, solicitó que se declarara improcedente
la solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
Que la accionante reitera argumentos que fueron expuestos en la demanda y en el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, que ya fueron resueltos en
el proceso ordinario. Que acción de tutela no cumple el requisito general de inmediatez,
por cuanto la sentencia del 18 de febrero de 2021 fue notificada debidamente el 5 de
marzo de 2021.
Que en la acción de tutela no se advierte la configuración de alguna de las causales de
procedibilidad específicas de la acción de tutela contra providencias judiciales y no se
presentó vulneración de derechos fundamentales o existencia de un perjuicio
irremediable.
La asesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público pidió que se declarara la falta
de legitimación en la causa por pasiva y, subsidiariamente, solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de inmediatez.
El apoderado de la secretaría jurídica de la Gobernación del departamento del
Atlántico solicitó ser desvinculado del trámite de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva pues no tiene la facultad de interferir en las decisiones
judiciales.
Señaló que la entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.
La directora (A) de acciones constitucionales de la dirección de acciones constitucionales
de la Administradora Colombiana de Pensiones solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela pues no cumple el requisito de relevancia constitucional
pues la demandante pretende revivir un tema que ya fue objeto de estudio judicial y que
hizo tránsito a cosa juzgada.
Que, si se decidieran de fondo las pretensiones del accionante, el juez de tutela invadiría
la órbita del juez ordinario.
Manifestó que no se evidencia ninguna vulneración a los derechos fundamentales
alegados por la accionante por dicha entidad.
Los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico y la Universidad del
Atlántico, no se pronunciaron pese a que fueron debidamente notificados.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 17 de octubre de 2024,
declaró improcedente la tutela por no cumplir con el requisito general de inmediatez.
Explicó que la sentencia cuestionada fue notificada el 5 de marzo de 2021, mientras que
la solicitud de amparo fue presentada el 26 de septiembre de 2024, es decir, 3 años, 6
meses y 17 días después, lapso que supera los 6 meses que ha fijado la jurisprudencia
de la Corporación como término razonable para promover la acción. Y agregó que no se
presentaron razones válidas para la inactividad de la parte actora o que justificaran la
demora en la presentación de la solicitud de amparo.
Señaló que acorde a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 5 de agosto
del 20146 y a las sentencias T-374 de 2012 y T-315 de 2005 de la Corte Constitucional,
se ha establecido que el término de 6 meses puede variar en circunstancias especiales
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Aura Donado Valega
como cuando se trata de prestaciones periódicas; pero que esa flexibilización del
requisito de inmediatez solo opera cuando se cumplan dos criterios: i) que se demuestre
que la vulneración de derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, y ii) que
el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta.
Que, si bien la parte actora alega que la vulneración de sus derechos fundamentales es
continua y actual, que tiene 78 años, un cuadro clínico de hipertensión, que no cuenta
con conocimientos en leyes y que confió en su apoderado, no demostró un estado de
debilidad manifiesta ni las circunstancias alegadas justifican la tardanza en la
presentación de la solicitud de amparo.
7. Impugnación
La demandante impugnó la sentencia de primera instancia y pidió revocarla, en razón a
los principios de congruencia y de constitucionalidad. Que si el fallo no era revocado, que
se enviara a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró
improcedente la acción de tutela presentada por la señora Aura Donado Valega, por no
cumplir el requisito de general de inmediatez.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado comoquiera que la acción de tutela no
cumple el requisito general de inmediatez. En efecto, no fue presentada de un término
razonable pues se formuló 3 años, 6 meses y 17 días después de la notificación de la
providencia cuestionada.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la inmediatez y, finalmente, (iii) analizará el caso
concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
En la sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales7 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos8 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La inmediatez
La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.
La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
7 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
8 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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Demandante: Aura Donado Valega
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable y prudencial y sin demora.
Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda 9,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.
Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios
contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las
situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad»10.
4. Análisis del caso concreto.
Para la Sala la acción de tutela no cumple el requisito general de inmediatez. En efecto,
consultado el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado No. 08001-23-33-000-2013-00875-01 en el aplicativo Samai, se advierte
que la providencia del 18 de febrero de 2021 fue comunicada electrónicamente a las
partes el 5 de marzo de 202111, por lo que se entiende notificada el 9 de marzo de 2021,
en atención al numeral 2 del artículo 20512 del CPACA.
Por su parte, la tutela fue presentada el 26 de septiembre de 202413, esto es, 3 años, 6
meses y 17 días después de notificarse el fallo cuestionado, término que supera el plazo
límite previsto por la Sala Plena de esta Corporación para formular el amparo
constitucional contra providencias judiciales.
La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que
vulnera los derechos fundamentales sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen
que la violación sea siempre actual.
En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia de modo, tiempo o lugar
que justifique la demora en presentar la acción de tutela.
Si bien la demandante en el escrito de tutela afirma que el requisito de inmediatez puede
flexibilizarse dadas las circunstancias particulares de cada caso y que en el suyo
específico se presenta que: i) es una adulta mayor de 78 años, ii) tiene un cuadro clínico
«de larga data de HIPERTENSIÓN», iii) en el año 2020 y hasta el año 2022 tuvo lugar la
pandemia por el COVID 19, y iv) que por su desconocimiento en leyes y el obrar
negligente de su abogado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no se
enteró de las resultas de su proceso.
9 Sentencia T- 123 de 2007.
10 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Índice 16 de Samai en el proceso 08001-23-33-000-2013-00875-01
12 «La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:[…] 2. La notificación de la
providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
13 Índice 1 de Samai, expediente de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05194-01
Demandante: Aura Donado Valega
La Sala advierte, que no se aportó prueba de la existencia de una condición médica que
le impidiera a la accionante promover la acción de tutela; los términos judiciales
estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 202014 por la pandemia
del COVID 19, lo cual ocurrió con anterioridad a la sentencia de segunda instancia del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, en todo caso, durante dicho periodo
se podían presentar acciones de tutela a través de los canales virtuales habilitados, y en
lo referente al apoderado en el proceso ordinario, al margen de las acusaciones que hace
en su contra, lo cierto es, que el poder permaneció vigente y la decisión fue notificada al
correo electrónico del abogado que la representaba.
Si la parte demandante estimaba que la providencia 18 de febrero de 2021 vulneró
derechos fundamentales, lo propio era que presentara la acción de tutela tan pronto como
fue notificada. Cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la
solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la providencia
acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.
Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de
inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
14 Acuerdo PCSJA20-11517 de 2020 y Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura.
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