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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05199-00

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05199-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Desvincular al Consejo Superior de la Judicatura por las razones expuestas en esta providencia. 2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Reinel Pedroza Benítez, conforme a lo expuesto en esta providencia. 3. Prevenir a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán para que, en lo sucesivo, atienda las peticiones en los términos establecidos en los artículos 14 y 17 del CPACA. 4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05199-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

24 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05199-00
Demandante: Reinel Pedroza Benítez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05199-00
Demandante: REINEL PEDROZA BENÍTEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Temas: Derecho fundamental de petición y dignidad humana. Solicitud
incompleta.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Reinel Pedroza Benítez contra el
Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 26 de septiembre de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio,
Reinel Pedroza Benítez pidió la protección de sus derechos fundamentales de petición y
a la dignidad humana.

A juicio del demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de la omisión de las autoridades accionadas en responder la petición que radicó
el 22 de julio de 2024, orientada a que se le reconociera y ordenara el pago de los
honorarios causados como conjuez del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.

2. Pretensiones

La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales del accionante de PETICION, DIGNIDAD HUMANA y
otros derechos constitucionales conexos, violados y/o amenazados por la parte accionada, por la no
respuesta pronta al derecho de petición del 22 de julio de 2024.

SEGUNDA: Ordenar que, en el término de 24 horas, la parte accionada resolverá y notificará a la parte
accionante la respuesta completa y de fondo del derecho de petición de fecha 22 de julio de 2024.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 22 de julio de 2024 el demandante presentó solicitud en físico ante el Consejo Superior
de la Judicatura, a la que le fue asignado el radicado EXTDESAJPO24-4359 dirigida a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán y al Consejo
Superior de la Judicatura para que le reconociera y pagara los honorarios
correspondientes por haberse desempeñado como conjuez del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura y del Tribunal Administrativo del Cauca.

1 Índice 1 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05199-00
Demandante: Reinel Pedroza Benítez

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte demandante fundó la acción de tutela en el artículo 86 de la Constitución Política;
en el Decreto 2591 de 1991; en el Decreto 306 de 1992; en el artículo 1 del Decreto 1382
de 2000 y en el artículo 13 y siguientes del CPACA. Concretamente, estimó vulnerado el
derecho de petición, por cuanto no se ha resuelto la petición presentada el 22 de julio de
2024.

5. Trámite procesal

Por auto del 27 de septiembre de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del
Consejo Superior de la Judicatura y al director seccional de administración judicial de
Popayán.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 1º de octubre de
20242.

6. Intervenciones

La magistrada auxiliar del despacho de la presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura pidió ser desvinculada del trámite por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

Explicó que la autoridad que se encuentra legitimada es la División de Asuntos Laborales
de la Unidad de Recursos Humanos o Talento Humano de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Popayán, pues, conforme con el artículo 1° del
Acuerdo PSAA09-6203 de 2009, las Direcciones Seccionales se estructuran
operativamente en áreas y oficinas adscritas, dentro de las cuales se encuentra el área
de Talento Humano, que tiene taxativamente asignada esta tarea.

Indicó que las Direcciones Seccionales de Administración Judicial tienen la aptitud legal
por tener competencia «para definir el pago de los emolumentos y prestaciones sociales con
relación del personal que trabaja en los despachos judiciales de su jurisdicción territorial». Señaló
que no se aportó prueba que indique que el demandante radicó ante los canales de
comunicación de dicha corporación la petición que manifestó desatendida.

Por último, señaló dos sentencias con similitud fáctica del Consejo de Estado 3 en las
cuales el Consejo Superior de la Judicatura fue desvinculado del trámite al establecer
que a dicha corporación no le correspondía dirimir controversias relacionadas con el pago
de acreencias laborales.

La apoderada de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán pidió que se denegaran las pretensiones de la demanda y que se desvinculara
a la entidad del trámite de la acción de tutela.

Indicó que, en efecto, recibió la petición del demandante el 22 de julio de 2024 y la resolvió
el 2 de octubre de 2024, que la entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales del
accionante pues «ha desplegado toda la actividad posible para dar claridad a la solicitud y la
carga de aportar los documentos se encuentra en cabeza del mismo accionante, para continuar
con el respectivo trámite y dicha respuesta fue comunicada al interesado».

2 Índice 7 de Samai.
3 Radicado No. 11001-03-15-000-2023-06835-00 del 7 de diciembre de 2023 C.P. Luis Alberto Álvarez Parra y

radicado No. 11001-03- 15-000-2023-07450-00 del 8 de febrero de 2024 C.P. Wilson Ramos Girón

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Demandante: Reinel Pedroza Benítez

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa – sobre la legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el caso concreto, el Consejo Superior de la Judicatura pidió ser desvinculado del
trámite por no tener competencia para el pago de salarios o prestaciones sociales y por
no tener radicada la petición en sus canales de comunicación. Por su parte, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán también alegó que carece de
legitimación en la causa por que no ha vulnerado ningún derecho fundamental del
accionante, por cuanto la petición fue resuelta el 2 de octubre de 2024 durante el trámite
de la presente acción de tutela.

La Sala desvinculará del presente trámite al Consejo Superior de la Judicatura, pues no
está acreditado que la petición fuera radicada ante el Consejo Superior de la Judicatura.

No ocurre lo mismo con la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán por cuanto la petición fue radicada ante esa autoridad y en razón de sus
funciones.

Eso quiere decir que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán sería la autoridad encargada de responder la petición solicitada por el
demandante el 22 de julio de 2024 referente al pago de honorarios como conjuez y, en
consecuencia, no resulta procedente su desvinculación de la actuación.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán vulneró los derechos fundamentales de petición y a la dignidad
humana del señor Reinel Pedroza Benítez por la falta de respuesta a la petición
presentada el 22 de julio de 2024.

La Sala anticipa que denegará las pretensiones de la acción de tutela, porque la solicitud
presentada el 22 de julio de 2024 ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán, estaba incompleta respecto de los requisitos establecidos en la
circular DEAJC22-41 del 11 de octubre de 2022.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, (ii) derecho fundamental de petición, (iii) del procedimiento para el
pago de honorarios como conjuez, y (iv) analizará el caso concreto.

3. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

4 Ver sentencias T-373 de 2015 y T-172 de 2019.

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La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.

4. Derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política prevé que el derecho de petición es fundamental
y faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y a
obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado.

El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la
solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre todos
los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad no puede responder con evasivas
o con razones que no guarden relación con los temas planteados en la solicitud.

El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los
particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna,
es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de
fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su competencia,
debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión sea o no favorable
al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la falta de competencia
para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición presentada no significa que el
destinatario quede exento de pronunciarse.

El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.

Ahora, no puede perderse de vista que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-
951 de 2014, precisó que «la resolución de la solicitud no implica otorgar lo pedido por el
interesado. Lo anterior, en razón de que existe una diferencia entre el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, que consiste en que: “el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud
y la respuesta»5. Aun así, esa Corte ha aclarado que «una respuesta es suficiente cuando
resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante»6.

5. Del procedimiento para pago de honorarios como conjuez.

A través del Decreto 1655 de 2021 el gobierno nacional fijó la remuneración de los
conjueces y modificó el artículo 9 del Decreto 2266 de 1969.

Dispuso que los conjueces de Tribunal devengarán una remuneración equivalente a dos
salarios mínimos diarios legales vigentes por cada sentencia aprobada en la sala de
decisión y remitida a la secretaría para su notificación, y los pagos se realizarán una vez
se cuente con la debida constancia secretarial.

Por su parte, la circular DEAJC22-41 del 11 de octubre de 2022, expedida por el Consejo
Superior de la Judicatura, estableció el procedimiento para reconocer los servicios de
Conjueces, de acuerdo con el Decreto 1655 de 2021.

En dicha circular se establece que la solicitud de reconocimiento y pago de servicios de
los Conjueces deben ser presentadas ante las Direcciones Seccionales de
Administración Judicial, según el ámbito de la competencia funcional, y deberán estar
acompañadas de los siguientes documentos:

5 Reiterado en sentencia C-007 de 2017.
6 Corte Constitucional. Sentencias T-561 de 2007 y T-556 de 2013.

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a. Cuenta de cobro suscrita por el Conjuez, en la que se especifiquen o detallen las
sentencias proferidas y aprobadas en la Sala de Decisión, con base en la constancia
secretarial. Adicionalmente debe indicar la dirección, correo electrónico, número de
teléfono de contacto.
b. Copia del documento de identificación del Conjuez, legible y ampliado al 150% c.
Constancia secretarial donde se indique el periodo al cual corresponde, cuáles y cuántas
sentencias fueron proferidas y aprobadas en la Sala de Decisión y que fueron notificadas.
d. Certificación de la cuenta bancaria vigente donde debe realizarse el abono del pago.

6. Análisis el caso concreto

En el caso concreto, como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, la
inconformidad de la parte actora se centra en la falta de respuesta a la petición
presentada por el accionante el 22 de julio 2024 ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán para el reconocimiento y pago de honorarios como
conjuez del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Tribunal Administrativo del
Cauca.

También está probado que, para la fecha de presentación de la demanda de tutela (26
de septiembre de 2024), la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán no había resuelto la petición del accionante a pesar de que habían vencido los
15 días previstos en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011.

No obstante, de las pruebas aportadas por la Dirección Ejecutiva de Administración, la
Sala encuentra que el 2 de octubre de 2024, la mencionada Dirección Seccional de
Administración Judicial de Popayán informó al apoderado judicial del accionante que el
procedimiento para realizar el pago de los honorarios como conjuez, está reglado en la
Circular DEAJC22-41 del 11 de octubre de 2022, y para proceder con el reconocimiento
y pago de los honorarios como conjuez debía presentar los siguientes documentos:

(i) cuenta de cobro en la que se detallen las sentencias proferidas y aprobadas en sala de decisión, con
base en la constancia secretarial;
(ii) Copia ampliada del documento de identificación;
(iii) Constancia secretarial que indique el periodo al cual corresponde, cuantas y cuáles fueron las
sentencias proferidas y aprobadas en sala de decisión;
(iv) Certificación bancaria vigente.

Lo anterior demuestra que, si bien la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán no efectuó el requerimiento en los 10 días siguientes a la
presentación de la solicitud, lo cierto es que, con posterioridad, si informó al accionante
sobre los documentos requeridos, conforme a lo previsto Circular DEAJC22-41 del 11 de
octubre de 2022, para finalizar el trámite y proceder al reconocimiento y pago de los
honorarios como conjuez.

En este punto, debe tenerse en cuenta que, como se expuso en punto 5 de estas
consideraciones, las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial
resuelven de fondo las solicitudes de reconocimiento de remuneración de conjueces,
siempre que se aporten la totalidad de los documentos que se requieren para el efecto,
circunstancia que no ha ocurrido en este caso.

En este punto, debe tenerse en cuenta que, no obra prueba de que la información
requerida el 2 de octubre de 2024 por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán, para proceder con el reconocimiento y pago de los honorarios como
conjuez hubiera sido aportada.

Se resuelve, entonces, el problema jurídico planteado: la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Popayán no vulneró el derecho fundamental de petición de
Reinel Pedroza Benítez, pues la demora en resolver sobre el reconocimiento y pago de

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los honorarios como conjuez del accionante, obedece a la incompletitud inicial de la
solicitud. En consecuencia, se denegará el amparo solicitado.

Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Popayán solo requirió al demandante para que completara su
solicitud con ocasión de la acción de tutela, es decir, cuando se había superado el plazo
previsto para ello. Por lo tanto, en virtud del inciso 2 del artículo 24 del Decreto 2591 de
19917, se prevendrá a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán para que, en lo sucesivo, atienda las peticiones en los términos de los artículos
14 y 17 del CPACA.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Desvincular al Consejo Superior de la Judicatura por las razones expuestas en esta
providencia.

2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Reinel
Pedroza Benítez, conforme a lo expuesto en esta providencia.

3. Prevenir a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán
para que, en lo sucesivo, atienda las peticiones en los términos establecidos en los
artículos 14 y 17 del CPACA.

4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

7 ARTICULO 24. Prevención a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado,
o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho
conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de
acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades
en que ya hubiere incurrido.
El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición
de la misma acción u omisión.

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