RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05209-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05209-00

Fecha
30 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05209-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05209-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05209-00
Accionante: José Fernel Mendoza Trujillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

Tema: Acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar,
por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, la igualdad, a acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos y a participar en el ejercicio del
poder político, ocurrida con ocasión de la providencia del 25
de junio de 2024 y el auto del 26 de agosto de 2024, dentro
del medio de control de nulidad electoral con radicado 13001-
23-33-000-2024-00012.

Decisión: Se rechaza por improcedente al no cumplir con el requisito
de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
la acción de tutela interpuesta por el señor José Fernel Mendoza Trujillo, a
nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, a
acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y a participar en el ejercicio
del poder político, ocurrida con ocasión de la expedición de las providencias del
251 de junio de 2024 y 262 de agosto de 2024 dentro del medio de control de
nulidad electoral con radicado 13001-23-33-000-2024-00012-00, por medio de
las cuales respectivamente se negaron las pretensiones de la demanda y se
rechazó el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera
instancia.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos3

El 29 de octubre de 2023 se realizaron en Colombia las elecciones de autoridades
locales para el periodo 2024-2027. En el municipio de Clemencia (Bolívar), se

1
Índice 44 del aplicativo SAMAI, expediente 13001-23-33-000-2024-00012-00.
2 Índice 49 del aplicativo SAMAI, ibidem.
3 Índice 2, Aplicativo SAMAI.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05209-00
Accionante: José Fernel Mendoza Trujillo

inscribieron como candidatos a la alcaldía el hoy accionante, José Fernel
Mendoza Trujillo, y los señores Miguel Samir Barrios Corneo, y Diestéfano
Corneo Ayola del partido político.

El 7 de septiembre de 2023, el actor presentó una queja ante el Consejo Nacional
Electoral (en adelante CNE), por la supuesta inscripción irregular de cédulas en
el municipio citado, que en su sentir no fue atendida adecuadamente.

Posteriormente el CNE inició de oficio4 una investigación respecto a la queja
presentada, verificando las inscripciones de cédulas en el periodo comprendido
entre el 13 de marzo de 2021 y el 29 de marzo de 2022.

Basado en diversas bases de datos, el CNE, mediante la Resolución 82025 del 7
de septiembre de 2023 anuló 125 de las cédulas inscritas para participar en las
elecciones del municipio de Clemencia, al encontrar que no eran residentes de
ese lugar, con lo que presuntamente se configuró con respecto a ellas el
fenómeno de la trashumancia.

El actor indicó que, a pesar de ello, participaron en el evento de forma irregular
402 personas, lo que creó una desventaja en la contienda electoral, que fue
determinante para que fuera elegido el actual alcalde.

Por lo anterior, instauró una demanda a través del medio de control de nulidad
electoral ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, autoridad que profirió
sentencia de primera instancia el 25 de junio de 2024, en la que no accedió a las
pretensiones, decisión que fue apelada por el accionante y rechazada mediante
auto del 26 de agosto de 2024 en consideración a que el recurso se presentó de
forma extemporánea.

2.2. Fundamento jurídico:

El actor adujo que la autoridad judicial accionada desconoció que fueron
transgredidos el artículo 316 de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 183 de la Ley 136 de 1994 y 4° de la Ley 163 de 1994, así como que no
se tuvieron en cuenta los presupuestos de la causal de anulación electoral
prevista en el numeral 7º. del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011. Por lo anterior,
consideró que las decisiones incurrieron en el siguiente defecto:

2.2.1. Defecto fáctico: pese a que en los diferentes acápites de sus fundamentos
lo denominó como: “sustantivo por exceso de ritualidad al aplicar en forma
indebida la jurisprudencia del Consejo de Estado”, “sustantivo por indebida
valoración de las pruebas” y “sustantivo por inaplicación del sistema de
ponderación” en el contenido de la demanda se advierte que reprochó la
valoración probatoria, ya que la autoridad judicial accionada no dio el alcance
que realmente tenían los documentos allegados con la demanda, entre las cuales
estaban las consultas de las bases de datos, que contrastadas con la lista de
cédulas inscritas demostraban que se configuró el fenómeno de la trashumancia,

4 Mediante auto del 2 de febrero de 2023
5 Índice 13 del aplicativo SAMAI

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05209-00
Accionante: José Fernel Mendoza Trujillo

así como su cálculo sobre las reglas de ponderación. Indicó que en su sentir, con
lo anterior se le estaba imponiendo una carga probatoria excesiva.

2.3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1 PRIMERO: Conceder el amparo constitucional de los derechos
fundamental al DEBIDO PROCESO – SEGURIDAD JURÍDICA, A ELEGIR
Y SER ELEGIDO, IGUALDAD, ACCEDER AL DESEMPEÑO DE
FUNCIONES Y CARGOS PÚBLICOS Y PARTICIPAR EN EL EJERCICIO
DEL PODER POLÍTICO, los cuales han sido vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR.

SEGUNDO: Como consecuencia, que se revoque las providencias,
Sentencia de veinticinco (25) de junio de 2024, Auto de veintiséis (26) de
agosto de 2024, por medio del cual se rechaza el recurso presentado.

TERCERO: Que se orden al Honorable Tribunal hacer la valoración de las
pruebas en debida forma y de conformidad con los presupuestos
establecidos en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Cuarto: Que se
orden al Honorable Tribunal expedir nueva sentencia aplicando
jurisprudencia del Consejo de Estado dando uso al test de ponderación.».
Sic en toda la cita

2.3. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 26 de octubre de 2024, a través
del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Bolívar y como tercero
interesado en el resultado del proceso al señor Miguel Samir Barrios Coneo.
Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

2.3.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar7, a través del magistrado Luis
Miguel Villalobos Álvarez, solicitó rechazar por improcedente la acción, por no
cumplir con los requisitos de procedencia y no agotar todos los mecanismos de
defensa judicial con los que contaba el accionante.

2.3.2. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

6 Índice 8 del aplicativo SAMAI.
7 Índice 14 del aplicativo SAMAI.

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05209-00
Accionante: José Fernel Mendoza Trujillo

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección deberá determinar si la
acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, y en el evento en que
se considere que la anterior respuesta es positiva, se procederá a establecer si
con ocasión de la providencia del 25 de junio de 2024 que negó las pretensiones
de la demanda y el auto del 26 de agosto de 2024 que rechazó el recurso de
apelación presentado contra esta, se incurrió en un defecto fáctico y con este en
la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, a
acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y a participar en el ejercicio
del poder político dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado
13001-23-33-000-2024-00012-00.

3.3. Del requisito de subsidiariedad

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Respecto del requisito de agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

«2. Igualmente, ha sostenido la Corte que el amparo no busca excluir a
la jurisdicción ordinaria del conocimiento de los asuntos que le son
propios. La tutela, por el contrario, se constituye en un mecanismo
que asegura en forma especial y excepcional la intangibilidad del
núcleo esencial de los derechos fundamentales vulnerados, cuando
no existan instrumentos ordinarios que permitan dicha protección. Por
ello, la acción de tutela resulta improcedente, en virtud de su
naturaleza subsidiaria y residual, cuando el actor tiene o tuvo a su
disposición otros mecanismos judiciales de defensa.

Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación “[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios
procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus
derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las
consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva
no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los
proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya
transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en
ocasión propicia. Es inútil, por lo tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara
de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los
daños causados por el propio descuido procesal”»8.

Como se puede evidenciar, uno de los requisitos generales de procedibilidad
consiste en que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance
de la persona afectada. En consecuencia, se debe hacer uso de estos o señalar

8 Corte Constitucional, sentencia T – 874 de 11 de julio de 2000, magistrado ponente: Eduardo

Cifuentes Muñoz.

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05209-00
Accionante: José Fernel Mendoza Trujillo

las razones por las cuales se renuncia a ello por la amenaza de que se configure
un perjuicio irremediable.

El argumento de improcedencia en comento tiene sustento en los deberes
jurídicos que tienen las partes en el trámite de los procesos judiciales para
impugnar o controvertir las decisiones con las que están en desacuerdo y cuya
oportunidad se establece en cada uno de los estatutos que rigen el proceso de
que se trate.

Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, el establecimiento de los
recursos y demás oportunidades procesales tienen por objeto que el mismo
funcionario judicial o su superior funcional reexaminen la actuación censurada y
la modifiquen o revoquen.

Visto lo anterior, el juez de tutela no podrá declarar procedente una solicitud de
amparo en donde la parte interesada en controvertir la decisión judicial no ejerció
su derecho en tiempo o simplemente dejó de cumplir con los formalismos
establecidos en la legislación procesal, por desconocimiento o falta de diligencia.

3.3.1. Análisis del caso concreto

En el asunto objeto de estudio, es preciso determinar, si la parte accionante
cumplió con el requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela, con respecto
a las decisiones que hoy censura.

Al respecto, es preciso poner de presente que la sentencia de primera instancia
fue proferida el día 25 de junio de 2024 y notificada el 2 de agosto de 2024.

En ese entendido, es necesario establecer, cuál era la oportunidad procesal que
tenía el accionante para presentar su recurso de apelación contra la decisión
anterior, por lo que debemos remitirnos a lo dispuesto por el artículo 292 de la
Ley 1437 de 2011 que estableció lo siguiente:

«Artículo 292. Apelación de la sentencia. El recurso se interpondrá y
sustentará ante el a quo en el acto de notificación o dentro de los
cinco (5) días siguientes, y se concederá en el efecto suspensivo. Si el
recurso no es sustentado oportunamente el inferior lo declarará
desierto y ejecutoriada la sentencia. Sustentado el recurso, se enviará
al superior a más tardar al día siguiente para que decida sobre su
admisión. Si reúne los requisitos legales, será admitido mediante auto en
el que ordenará a la Secretaría poner el memorial que lo fundamente a
disposición de la parte contraria, por tres (3) días. (…) »

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo citado en precedencia y teniendo en
cuenta que la parte accionante presentó su recurso el día 20 de agosto de 2024,
la autoridad judicial, mediante auto del 26 de agosto de la presente anualidad
procedió a rechazarlo, al encontrar que la parte actora evidentemente sobrepasó
los términos para presentarlo.

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05209-00
Accionante: José Fernel Mendoza Trujillo

En ese orden de ideas, se advierte que respecto de la sentencia de 25 de junio
de 2024, no se cumplió con el requisito de la subsidiariedad, puesto que no se
presentó el recurso de apelación de forma oportuna.

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que, en el caso en el que la parte
accionante hubiera considerado que estuvo mal denegada la apelación, tenía a
su disposición el recurso de queja, consagrado en el artículo 245 de la Ley 1437
de 2011, que al efecto dispone:

«Artículo 245. Queja. Este recurso se interpondrá ante el superior cuando
no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación, para que
esta se conceda, de ser procedente. Asimismo, cuando el recurso de
apelación se conceda en un efecto diferente al señalado en la ley y
cuando no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y
unificación de jurisprudencia previstos en este código. Para su trámite e
interposición se aplicará lo establecido en el artículo 353 del Código
General del Proceso. (…) »

Visto lo anterior, lo que se advierte es que el Tribunal Administrativo de Bolívar
hizo un estudio plausible de las normas que rigen la ritualidad del proceso de
nulidad electoral y las reglas específicas respecto de la proposición de recursos,
desde la perspectiva de la preclusividad, lo que en manera alguna se puede
considerar como una vulneración de derechos fundamentales.

Cabe recordar entonces, que las etapas procesales son preclusivas y perentorias
y la acción de tutela no se puede utilizar como una tercera instancia para resolver
debates ya zanjados en sede de instancia, ni se puede abusar de su ejercicio,
pues de hacerlo, el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales
se quebraría.

Así las cosas, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que
permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda
de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva
de sus derechos.

En ese entendido, no resulta procedente un estudio de fondo, puesto que el
accionante no utilizó adecuadamente el medio de defensa judicial que tenía a su
disposición para controvertir las decisiones censuradas.

Por lo expuesto en precedencia, la Sala declarará que la presente acción de
tutela es improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad, pues, se
reitera, dentro de las facultades del juez constitucional no se encuentra la de
sustituir las herramientas judiciales idóneas para obtener la protección
iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se
convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de
amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05209-00
Accionante: José Fernel Mendoza Trujillo

cumplimiento de las funciones que le encomendó la Constitución a los jueces de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.