Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05226-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05226-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05226-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
6 de marzo de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05226 01
Accionante: Karen Lizeth Romero Ávila y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05226 01
Accionantes: KAREN LIZETH ROMERO ÁVILA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B Y OTRO
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 26 de noviembre de 2024, dictado por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Los señores Karen Lizeth Romero Ávila, Juan Francisco Romero Ávila
y William Romero Ávila, en nombre propio, solicitaron el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, que estimaron vulnerados con ocasión de las providencias del
6 de septiembre de 2023 y del 23 de mayo de 2024, proferidas por el
Juzgado 64 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, respectivamente, que
rechazaron la demanda de reparación directa adelantada contra la
Contraloría Departamental de Cundinamarca por haber operado el
fenómeno jurídico de la caducidad1.
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Proceso que se identificó con la radicación 11001 334 30 64 2022 00199-00/01.
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Accionante: Karen Lizeth Romero Ávila y otros
1.2. En el referido medio de control, la señora Karen Lizeth Romero Ávila y
otros2, quienes adujeron la vocación de ser herederos del señor Francisco
Romero Silva, solicitaron que se declarara patrimonial y
administrativamente responsable a la Contraloría Departamental de
Cundinamarca por los perjuicios causados con la investigación fiscal que
adelantó contra el señor Romero Silva en el expediente de responsabilidad
fiscal número 2013 – 331, dentro del cual se generó el proceso de cobro
coactivo número 026-2018 por la suma de $26.337.349.4, en el que se
decretó como medida cautelar el embargo del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria número 176-158136.
1.3. La demanda de reparación directa se fundamentó en que, el 27 de
noviembre de 2018, dentro del proceso de responsabilidad fiscal se profirió
fallo que declaró la responsabilidad del señor Francisco Romero Silva en
razón a las funciones que desempeñó como alcalde de San Cayetano
(Cundinamarca). En la mencionada decisión se indicó que se trataba de un
proceso de única instancia y que, por tanto, solo procedía el recurso de
reposición, el cual fue presentado por la parte investigada, con el propósito
de que se le desvinculara del proceso y fuera absuelta de la responsabilidad
fiscal; además, sostuvo que dicho proceso no era de única instancia. El
recurso fue resuelto desfavorablemente por la Contraloría Departamental
de Cundinamarca mediante auto número 178 del 12 de diciembre de 2018.
Respecto del auto que resolvió el recurso de reposición, los demandantes
adujeron que este era de carácter definitivo, razón por la cual debió
notificarse personalmente y no por estado del 13 de diciembre de 2018,
como lo hizo la Contraloría Departamental de Cundinamarca. En razón a lo
anterior, presentaron incidente de nulidad, el cual fue rechazado por
extemporáneo, ya que el fallo se encontraba en firme.
2
Juan Francisco Romero Ávila, William Romero Ávila, Ronny Estiven Romero Velandia, Miler Stiven Romero
Montañ, Luz Stella Suárez Suárez, E.A.R.S y Nazly Stafany Romero Suárez (Se suprime la identidad de los
menores de edad, como una medida de protección de los derechos de los niños. Ver al respecto la sentencia
T-566 de 2023 de la Corte Constitucional).
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Finalmente, sostuvieron que la indebida operación administrativa surgida
de la incorrecta notificación del acto administrativo del 12 de diciembre de
2018 les ocasionó perjuicios que se materializaron con las decisiones
adoptadas en el proceso de Cobro Coactivo número 026-2018.
1.4. La demanda correspondió al Juzgado 64 Administrativo de Bogotá,
autoridad que, mediante proveído del 6 de septiembre de 2023, la rechazó
al considerar que la caducidad del medio de control había operado el 28
de junio de 2021, mientras que la demanda se radicó el 15 de julio de
2022:
Fecha de los hechos 12/12/2018
Caducidad inicial 13/12/18 – 13/12/20
Suspensión acuerdos PCSJA20-11517, 16/03/20 – 01/07/20 (108 días)
PCSJA20-11518, PCSJA20-11519 y
PCSJA20-11567 de 2020 del CS de la J.
Nueva caducidad 30/03/21
Suspensión conciliación (art. 21 Ley 640) 15/12/20 – 15/03/21 (3 meses)
– máximo 3 meses
Caducidad definitiva 28/06/21
Fecha de presentación 15/07/22
“
Al respecto, indicó que la inadmisión de la solicitud de conciliación y el
trámite que de ello se desprendió no extendió la suspensión del término
de caducidad, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, vigente
para la época de los hechos.
1.5. Contra la anterior decisión, los demandantes presentaron recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, a través de providencia
del 23 de mayo de 2024, que confirmó la decisión de primera instancia,
pero en razón a que el medio de control idóneo para plantear la
controversia era el de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a
que ni el fallo de responsabilidad fiscal 014 de 2018 ni el auto 178 de
2018 fueron actos de ejecución, sino documentos que constituyeron el
título ejecutivo a favor de la administración.
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Conforme lo anterior, consideró que el fallo 014 de 2018 de
responsabilidad fiscal quedó ejecutoriado el 13 de diciembre de 2018 y la
demanda fue radicada el 17 de julio de 2022, es decir, por fuera del
término de cuatro meses establecido legalmente para interponer el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.6. Los accionantes manifestaron en la tutela que las decisiones atacadas
incurrieron en defecto procedimental absoluto, pues al rechazar la
demanda se apartó de la sentencia de tutela del 20 de mayo de 2022,
dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del radicado
número 25000 2315 000 2022 00120 01, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
que se refirió a las reglas aplicables a la conciliación como requisito de
procedibilidad en los casos en los que es pertinente cambiar el medio de
control de reparación directa por el de nulidad y restablecimiento del
derecho.
1.7. Señalaron asimismo que la decisión atacada incurrió en defecto
fáctico porque no tuvo como apoyo probatorio la citada sentencia de tutela.
1.8. Adujeron que las providencias objeto de debate incurrieron en error
inducido, pues, si bien no hubo ninguna injerencia o engaño, las
autoridades judiciales “dieron un contexto diferente a la demanda,
argumentando primeramente que hubo caducidad de la acción de
reparación directa, y posteriormente que no se hizo la escogencia adecuada
de dicha acción”.
1.9. Sostuvieron que se incurrió en decisión sin motivación, pues las
decisiones se motivaron en forma inadecuada o incorrecta al rechazar la
demanda.
1.10. Manifestaron que las decisiones atacadas incurrieron en
desconocimiento del precedente en razón a que no atendieron las
“diversas jurisprudencias” sobre las irregularidades que limitan el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia. No obstante, en este
punto no invocó ningún pronunciamientos en particular.
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1.11. Por último, arguyeron que se incurrió en violación directa de los
artículos 29, 228, 229 y 230 de la Constitución.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 3 de octubre de 2024, el juez de primera instancia
admitió la tutela y vinculó como terceros con interés a la Contraloría
Departamental de Cundinamarca, a Ronny Estiven Romero Velandia, Miler
Stiven Romero Montaño, Luz Stella Suárez Suárez y Nazly Stefany
Romero Suárez, quienes actuaron como partes en el proceso de
reparación directa.
2.2. El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá adujo que la solicitud de
amparo es improcedente porque no se evidencia la configuración de un
perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez
constitucional. Además, sostuvo que la decisión cuestionada no fue
caprichosa o arbitraria, y que lo pretendido por la parte accionante es
volver sobre la controversia que ya fue objeto de debate por el juez
natural de la causa.
2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, la Contraloría de Departamental de Cundinamarca y
los señores a Ronny Estiven Romero Velandia, Miler Stiven Romero
Montaño, Luz Stella Suárez Suárez y Nazly Stefany Romero Suárez,
guardaron silencio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 26 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, declaró improcedente el amparo solicitado
al considerar que la solicitud no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, pues carece de la argumentación mínima que se
exige cuando se controvierte una providencia judicial. Además, estimó que
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lo pretendido por la parte accionante es reabrir un debate que ya fue
zanjado a través de la actuación administrativa adelantada por la
Contraloría Departamental de Cundinamarca, en el marco del proceso de
responsabilidad fiscal.
IV. IMPUGNACIÓN
Los accionantes impugnaron la sentencia de primera instancia y
argumentaron que la acción de tutela sí cumple el requisito de relevancia
constitucional porque la decisión atacada incurrió en una indebida
interpretación normativa y en una amenaza directa del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. La señora Karen Lizeth Romero Ávila y otros3 presentaron demanda
de reparación directa donde pretendieron que se declarara patrimonial y
administrativamente responsable a la Contraloría Departamental de
Cundinamarca por los perjuicios causados con el fallo de responsabilidad
fiscal dictado el 27 de noviembre de 2018 y el posterior proceso de cobro
coactivo número 026-2018, dentro del cual se decretó medida cautelar de
embargo sobre un bien inmueble.
3
Ver nota al pie 2.
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5.2.2. El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, a través de auto del 6 de
septiembre de 2023, rechazó la demanda al considerar que había operado
la caducidad del medio de control de reparación directa.
5.2.3. Contra la anterior decisión los demandantes interpusieron recurso
de apelación y, mediante proveído del 23 de mayo de 2024, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, la
confirmó, pero al estimar que el medio de control procedente era el de
nulidad y restablecimiento del derecho, el cual también se encontraba
caducado.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación4,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
4
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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Con la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional5 hizo énfasis en
“la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales
satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su
razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”.
Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar si la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.
5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primer requisito general de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
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M. P. Natalia Ángel Cabo.
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Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta decisión, el concepto de la relevancia ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573
de 20196, el alto tribunal explicó que este requisito busca tres objetivos:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 7.
6
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
7
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
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5.3.1.3. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho8:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita
de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios
[…]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
8
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
5.3.2. Caso concreto
5.3.2.1. En este caso, de acuerdo con los argumentos planteados en la
tutela y en la impugnación, la Sala observa que la parte accionante se
encuentra inconforme con las providencias atacadas, pues, a su juicio,
incurrieron en: (i) defecto procedimental absoluto y defecto fáctico
porque al rechazar la demanda desconocieron la sentencia de tutela del
20 de mayo de 2022, dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del radicado 5000 2315 000 2022 00120 01, M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, relacionada con la conciliación prejudicial como requisito
de procedibilidad, (ii) error inducido, porque “dieron un contexto diferente
a la demanda”, (iii) decisión sin motivación, pues estuvieron motivadas de
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manera inadecuada, (iv) desconocimiento del precedente relacionado con
las irregularidades que limitan el derecho de acceso a la administración
de justicia, y (v) violación directa de los artículos 29, 228, 229 y 230 de
la Constitución.
La Sala considera que, pese a que los demandantes invocan los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia y mencionan algunas causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, lo cierto es que los
argumentos que exponen carecen de una perspectiva constitucional, es
decir, no están encaminados a demostrar que las decisiones acusadas
hayan infringido el núcleo esencial de las referidas prerrogativas ius
fundamentales.
En este escenario la Sala debe enfatizar que, por más informal que sea la
acción de tutela, cuando se controvierten decisiones judiciales, el
interesado está en la obligación de ejercer adecuadamente el derecho de
acción y, en tal sentido, de presentar serios y fuertes argumentos para
demostrar que estas vulneran derechos fundamentales y que, por tanto,
deben ser dejadas sin efectos, máxime cuando, prima facie, se observan
razonablemente sustentadas y dictadas con el previo agotamiento de los
procedimientos reglados.
Siendo así, la Sala estima que los demandantes simplemente buscan
ventilar sus inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el
juez natural del asunto sobre el caso planteado. Es decir, pretenden que
el juez constitucional analice nuevamente la controversia y emita una
nueva y distinta resolución sobre el particular, lo que hace evidente que
sólo quieren acceder a una instancia adicional, finalidad para la cual no
es procedente este mecanismo excepcional de protección.
5.3.3.2. Es más, si bien los demandantes invocan como supuestamente
desconocida una providencia de tutela dictada por esta corporación, lo
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cierto es que no exponen en torno a esta ninguna argumentación que
amerite el estudio constitucional.
En efecto, esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 20219,
sostuvo que en las acciones de tutela contra providencia judicial en las
que se alega el desconocimiento del precedente se exige, como carga
argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables
al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares.
En este caso, además de mencionar la sentencia de tutela del 20 de mayo
de 2022, ya referenciada, los demandantes hicieron una manifestación
genérica sobre “diversas jurisprudencias” que se han referido a las
irregularidades que limitan el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Empero, no identificaron los problemas jurídicos
que allí se resolvieron, ni efectuaron una comparación entre los hechos
estudiados en esos asuntos y el sub lite, para acreditar que las reglas y
subreglas contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables a su caso
particular.
De acuerdo con lo expuesto, la acción de tutela no cumple con la carga
argumentativa mínima que se exige en los casos en los que se alega que
una providencia judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente
judicial. Para la Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora
simplemente se encuentra inconforme con la decisión que adoptó la parte
accionada, y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional
realice un nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado
en el proceso ordinario.
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Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05226 01
Accionante: Karen Lizeth Romero Ávila y otros
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
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Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en asunto que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que la autoridad judicial accionada
se haya desviado de los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino
que se limita a cuestionar la decisión a la que llegó, buscando que el juez
de tutela realice una nueva interpretación que resulte favorable a sus
pretensiones.
En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con los derechos
fundamentales cuya protección se solicitó en este caso.
Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia
impugnada, que declaró improcedente la presente acción de tutela, al
constatar la ausencia del requisito de relevancia constitucional respecto
de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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Accionante: Karen Lizeth Romero Ávila y otros
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de noviembre de 2024,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
declaró la improcedencia del amparo.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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